Ardor
guerrero
Miguel Medina Fernández-Aceytuno, abogado laboralista
HOJAS DE DEBATE
¿Resulta
sensato un compromiso de inversión en armamento de varios miles de millones de
euros por un ejecutivo, ninguno de cuyos miembros ha puesto la más mínima
objeción, desatendiendo las más importantes necesidades de la mayoría social?
Margarita Robles, titular del
ministerio de defensa, anunció a primeros de este año un nuevo ciclo inversor
que incluye 13 nuevos programas de adquisiciones de material de guerra por un
valor de 17.200 millones de euros. Los presupuestos de defensa para
este año gestionarán 12.800 millones de euros, un 25% más que en 2022. Estos
programas incluyen un nuevo helicóptero antisubmarino y buques hidrográficos,
la modernización de los misiles Patriot y la adquisición de misiles contracarro
Spike LR2, junto con un nuevo lanzacohetes de alta movilidad, así como nuevos
aviones de patrulla C-295 y el reemplazo de los aviones de combate F-18 y
Harrier. Se trata de un nuevo capítulo general de inversión para el periodo 2023-2028 que
pretende justificarse en un contexto internacional marcado por la guerra de
Ucrania y por el envío de armas al régimen autoritario de Zelensky.
Entre los proyectos más importantes destaca la compra
de 25 aviones de combate Eurofighter para reemplazar a la flota de aeronaves
F-18.
Según Infobae, en su edición del
pasado 14 de septiembre, para cazas, lanzacohetes, buques y misiles, el
Gobierno invertirá 6.800 millones para fortalecer a las Fuerzas Armadas.
En el periodo del actual ejecutivo
en funciones, el gasto militar se dispara. Se inicia con un acuerdo por importe
de 23,7 millones de euros para la adquisición de 11.000 fusiles y
pistolas y la compra de nueve millones de cartuchos por importe
de 8,2 millones de euros. Para los F-18, el Ejército del Aire destinará 50 millones de euros para
la adquisición de repuestos y componentes de estos aviones de combate.
A finales de agosto último, el
gobierno aprobó un contrato de 92,5 millones para
apoyo logístico al sistema de defensa aérea. Asimismo, el ministerio de defensa
comprará por 30,6 millones un sistema de comunicaciones para los nuevos satélites Spainsat-NG,
cierra contratos a través de la OTAN por 81 millones el primer semestre de 2023
y la Armada adquiere a
H&K fusiles y lanzagranadas para
la Infantería de Marina por 1,2 millones de euros. En fecha reciente, el Ejército de Tierra compra
7.500 minas contracarro a Expal por 1,6 millones, el consejo
de ministros da luz verde a la adquisición de hasta 1.680
misiles anticarro israelíes Spike LR2 y acuerda ampliar la flota Vamtac sanitarios
de Uro por importe de 6,8 millones de euros. Ya en el presente mes de octubre, el ejecutivo ha
acordado invertir 1.000 millones de euros en munición para obuses y un nuevo
lanzacohetes.
Según señala el diario La Razón, el
plan de la Armada para renovar su flota auxiliar alcanzará
la cifra de casi 400 millones en siete buques para la renovación de las
embarcaciones hidrográficas y de intervención subacuática, los remolcadores y
los barcos de transporte logístico. Este mismo medio informativo señala que
España aumentará su poder naval con dos nuevos buques de transporte logístico con
un presupuesto conjunto de 41,5 millones de euros para la compra de estas
embarcaciones.
Por otra parte, la suma de los nuevos contratos para el Ejército del
Aire alcanza los 7.000 millones. De esta forma, el Gobierno da
luz verde al contrato de 16 C295 y aprueba el techo de gasto para 25 nuevos
Eurofighter. Sobre este extremo, el diario LaMarea informa de
que en el consejo de ministros del pasado 12 de septiembre, el Gobierno en
funciones ha autorizado un gasto militar extra de casi 9.000 millones de euros.
La cantidad total aprobada es más del doble del gasto militar autorizado en los
tres consejos de ministros anteriores. Casi 4.600 millones se destinarán a la
compra de 25 aviones de combate. Otros 2.034 millones serán para la adquisición
de 16 aeronaves. A lo que hay que añadir otros siete contratos por 400
millones para designadores, espoletas, camiones o buques
logísticos, así como un millón de euros para cargas explosivas y
otro millón de euros más para la compra de dos sistemas optrónicos Argos 16HD.
Finalmente hay que destacar la
modernización de fusiles, retroexcavadoras y realidad mixta para mantener
vehículos con un presupuesto de 11,5 millones,
la remodelación de la sala de reuniones y conferencias del Estado Mayor del
Ejército del Aire y del Espacio por un valor estimado de más de 500.000 euros,
otro millón de euros para el diseño del prototipo de vehículo Pitón, 850.000
euros para la reparación de cajas de cambio de los carros de combate Leopard 2 A4 del
Ejército de Tierra, la compra de morteros sobre
vehículos por más de ocho millones de euros y 28 millones de euros para sostenimiento de los helicópteros del
Ejército del Aire.
Además, el Gobierno en funciones en fecha reciente ha aprobado la compra de más de 500 misiles antiaéreos Mistral 3 por 324,6 millones, 650.000 euros para adecuar el búnker CARS para acoger el centro de operaciones aéreas, 135 millones de euros para modernizar seis cazaminas, 260 millones de euros más para granadas de mortero, munición de artillería y mangueras explosivas y la adquisición del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (Silam) por importe de 576,4 millones de euros, ampliada con otra partida de 1.166 millones de euros también para lanzacohetes, munición y repuestos.
Ilustración: Fernando Francisco
Serrano.
Otro aspecto importante a tener en
cuenta es el relativo a la aportación económica y militar de España al régimen
ucraniano. Según LaMarea «el
Estado español está colaborando principalmente con dinero y armas. No es fácil
detallar la aportación española. De hecho, está entre los países con menos
transparencia (el 33 de 40) a la hora de informar acerca de su contribución,
según uno de los índices incluidos en el Rastreador de Apoyo a
Ucrania (Ukraine Support Tracker), desarrollado por el Instituto Kiel
para la Economía Mundial. Concretamente, recibe una puntuación de 1,9 sobre 5.
En esta herramienta también se cifra, de forma aproximada, el importe del apoyo
de cada país. En el caso de España –entre el 24 de enero de 2022 y el 24 de
febrero de 2023– la ayuda militar ascendió a 320 millones de
euros (el 18 de 40), la financiera fue de 350 millones (11 de 40), y la
humanitaria de 50 millones (23 de 40).»
Según Euronews, Occidente ha
remitido a Ucrania material militar desde el 24 de febrero de 2022 por valor de
80.000 millones de euros. Para el periodo 2.024 a 2.027, Bruselas plantea un “fondo Ucrania” de 50.000
millones de euros con aportaciones de los países de la UE, mostrando de paso,
con descaro, una voluntad belicista de alargar la cruenta guerra de Ucrania al
menos cuatro años más.
Por otra parte, a muchos ucranianos
les preocupan los escándalos de corrupción en los que se ven envueltas las
“autoridades” del régimen de capitalismo salvaje de Zelensky y comienzan a
temer que los gobiernos occidentales cuestionen la conveniencia de enviar ayuda
cuando una parte puede terminar en el bolsillo de funcionarios corruptos. La
destitución reciente del ministro de defensa Oleksii Reznikov y su sustitución
por Rustem Umerov, forma parte de una “política” que pretende lavar la cara a
un poder corrupto y autoritario. El reclutamiento de soldados ucranianos ha
constituido otro caso gravísimo de corrupción que ha obligado a la destitución
de todos los comisarios militares regionales encargados de la leva. Uno de
ellos es el antiguo comisario militar de Odessa, Yevhen Borisov, sospechoso de
enriquecimiento ilícito por valor de millones de dólares, así como de violar
las leyes de reclutamiento, destinando parte de estos ingresos a la adquisición
de inmuebles de lujo en España y autos caros desde el comienzo de la
guerra. Numerosos registros en oficinas de reclutamiento de Kiev y otras diez
regiones han revelado pruebas de que se vendían certificados médicos de
incapacidad para evitar ir al frente. La detención, en mayo
último, del ya expresidente del Tribunal Supremo, Vsevolod Knyazev, por su
presunta implicación en una turbia red multimillonaria de
sobornos puso en evidencia, una vez más, la naturaleza corrupta del
aparato de estado en Ucrania. A este alto representante del poder judicial le
intervinieron casi 450.000 euros repartidos entre su casa y su oficina, pero la
Fiscalía cree que la red ha movilizado en total 2,7 millones para conseguir
favores. Queda por determinar cuántos más de los 168 miembros del tribunal
pueden estar involucrados.
TeleSur.net señala
que: «un informe dado a conocer por la organización
Transparencia Internacional signa a Ucrania como el país más corrupto de Europa
-ocupa el lugar 122 entre 180 países-. Tal realidad se ha incrementado con
altísimos niveles de corrupción con tráfico de armas, alimentos y una sociedad
absolutamente desmembrada, que hará imposible el sueño de Zelensky de cumplir
las obligaciones para lograr el ingreso a la Unión Europea. En el tema tráfico
de las armas entregadas por occidente a Ucrania, se pueden encontrar en los
mercados negros que tienen por destino a países africanos, organizaciones
criminales y hasta países europeos como Albania donde se transan públicamente
fusiles de asalto, misiles, equipos de vigilancia entre otros.»
Pese a que parte de los impuestos
que los países europeos recaudan a la ciudadanía acaban en manos privadas con
destinos ajenos a los marcados por los gobiernos donantes, Josep Borrell, Alto
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
manifiesta la disposición de la UE de seguir financiando a Zelensky en la
guerra de Ucrania [1]. El mandatario se jacta de que nos hemos endeudado en 700.000 millones de euros por
renunciar a las materias primas rusas y depender durante décadas del gas
natural licuado de los Estados Unidos mucho más caro. Mientras, el déficit en
los países de la UE crece sin parar y el gobierno en funciones en España
anuncia recortes drásticos en gastos sociales que tendrían un impacto inicial
en la recaudación de 8.300 millones de euros, según indica elEconomista.es en su
edición del pasado 2 de octubre.
Según el rotativo Estrategias de Inversión,
las cinco mayores empresas de Wall Street de armamento acumulan una
revalorización media contando dividendos acumulada en los últimos diez años del
416%. Desde que empezara la guerra de Ucrania los gigantes del sector acumulan
subidas en cotización por valor de 24.000 millones de euros. La industria
de Defensa en España facturó casi 7.000 millones de euros anuales en 2019,
cifra última dada a conocer. España es el séptimo exportador de armas del
mundo.
Con un paro registrado que
alcanza al 13,3% y que mantiene a España a la cabeza de los países con más
desocupados de toda Europa, un crecimiento del 15,4% en el precio promedio de
la cesta de la compra, 38.266 desahucios en 2022 y alquileres que
alcanzan a más del 43% del salario de los
arrendatarios, una subida en las hipotecas variables que oscila
entre 1.900 y 4.700 euros anuales, el deterioro creciente de la sanidad pública
(y privada) y listas de espera kilométricas y la imposición por la UE de una
reducción de 24.000 millones de euros para 2.023 y 2.024 del gasto público,
mientras los grandes bancos españoles -Santander, BBVA,
CaixaBank, Bankinter, Sabadell y Unicaja- registran unas ganancias
agregadas de 12.385 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que
supone un 20,7% más con respecto al mismo periodo de 2022, ¿resulta
sensato un compromiso de inversión en armamento de varios miles de millones de
euros por un ejecutivo, ninguno de cuyos miembros ha puesto la más mínima
objeción, desatendiendo las más importantes necesidades de la mayoría social?
Entre cañones y mantequilla el
ejecutivo ha optado por lo primero. Tal forma de actuar solo es posible en un
gobierno insensatamente impregnado de ardor guerrero.
Notas
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⇧1 |
A petición de España, como presidenta del Consejo,
se plantea considerar como una atenuante la inversión de Defensa cuando
el déficit público se dispare. |
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Notas |
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