domingo, 29 de mayo de 2016

ELECCIONES EN ESPAÑA 26J: PP (Jefes); NARANJOS (Mr. X) Y EMPRESARIOS DE CATEGORÍA, MAQUINAN PARA QUEDARSE CON LA RIQUEZA DE LA "PROVINCIA" ESPAÑOLA DE VENEZUELA


CONTENIDO DEL PROGRAMA IU-PODEMOS

1/10

50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS
Las próximas elecciones generales no serán unas elecciones más. Dada la trascendencia política que tendrán, concurrimos con un amplio acuerdo. Las fuerzas políticas que hemos participado en este acuerdo acudiremos a las elecciones generales del próximo 26 de Junio de 2016 con los mismos programas electorales con los que nos presentamos a las elecciones del 20D.

No obstante, hemos elaborado un documento programático común destinado a comunicar a la sociedad española los principales espacios de intersección de los distintos programas electorales y, sobre todo, las principales líneas de actuación del gobierno de progreso y cambio que aspiramos a liderar tras el 26J. Se trata de una ruta en cincuenta pasos con los que responderemos a los grandes problemas de nuestra sociedad en el corto y en el mediano plazo.

El texto se titula “Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos” y está organizado en torno a cinco ejes temáticos: económico, social, político-institucional, medioambiental e internacional.

Hoy nada es más urgente que poner en pie un gobierno capaz construir un nuevo futuro para nuestro país. Un nuevo futuro para los millones de trabajadores precarios y para los cientos de miles de jóvenes que han tenido que marcharse por falta de un futuro. Nada es más urgente que ayudar a las familias que han perdido su casa, a los que han tenido que cerrar su negocio, a quienes lo han pedido todo durante esta crisis. Nada es más urgente que proteger a quienes echan horas que nadie les paga por salarios de miseria, a quienes quieren formar su propia familia y no tienen ni para empezar, a los enfermos que a duras penas llegan a pagarse sus medicamentos y a los jubilados que han tenido que volver a sostener a sus familias, esta vez con su pensión. Nada es más urgente que recuperar los inversión sustraída a la sanidad pública y a la educación pública; a los servicios sociales y a las personas dependientes; a la I+D+i, a las infraestructuras, a la cultura y al deporte. Nada más urgente que poner fin al robo sistemático de dinero público que unas élites políticas corruptas han llevado a cabo durante décadas con total impunidad.

Hoy nada es más urgente que poner en pie un gobierno que trabaje para defender unas condiciones de vida y trabajo dignas para las grandes mayorías de nuestro país y garantice que los corruptos se sentarán en los banquillos de los juzgados y no en los consejos de administración de las grandes empresas estratégicas del país.

Estos son nuestros objetivos y estas nuestras propuestas.

CAMBIAR ESPAÑA:  

50 PASOS PARA GOBERNAR JUNTOS

I.                  DEMOCRACIA ECONÓMICA

1. Plan nacional de transición energética (PNTE)
El desarrollo de este PNTE tiene como objetivo la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París. Debe ir encaminado a mejorar la eficiencia energética de nuestro modelo productivo y de consumo, y a reducir su consumo global de energía, reducir el coste del factor energía para empresas y hogares, disminuir las emisiones de CO2 así como la factura importadora de combustibles fósiles. Debe estar estructurado alrededor de dos ejes:

 1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios de la Administración, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas que vienen del sector de la construcción.

2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.

El PNTE estará acompañado por una reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluirá:

Una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia).

El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical.

La modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes reales de producción.

La aprobación de una legislación del autoconsumo de modo que a) la energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición, b) la energía vertida al sistema eléctrico sea

justamente retribuida por la empresa comercializadora, c) los trámites administrativos sean ágiles, d) se permitan instalaciones compartidas

Adopción de medidas para la reducción del precio de la energía para la industria (especialmente las electrointensivas) en consonancia con los principios de la transición energética defendida (renovables, ahorro y eficiencia, cogeneración) y de transparencia tarifaria (auditoría de costes).

La sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables, garantizando en todo caso una transición justa de los empleos hacia nuevos sectores no contaminantes

El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024

La recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.

Se prohibirá el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral.

2. Nueva senda de reducción del déficit

El próximo gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía: apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios sociales y el Estado del Bienestar para luchar contra las desigualdades.

Esto exige un ritmo de reducción del déficit significativamente más paulatino que el planteado por la Comisión Europea, y que en todo caso se produzca como consecuencia de una mejora en la financiación del Estado y no gracias a nuevos recortes del gasto público. El ritmo de reducción del déficit debe trasladar al final de la legislatura el cumplimiento de los umbrales de déficit que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, dado que un ritmo superior podría fácilmente traducirse en una nueva asfixia económica y en la imposibilidad de fortalecer la cohesión social en nuestro país.

Debe acordarse igualmente la modificación sustancial de aquellos aspectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que más dificultan la aplicación de políticas fiscales adecuadas a la posición cíclica de la economía y a las necesidades de reforzamiento del Estado de Bienestar, y debe revertirse la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Además, un gobierno de cambio impulsará una profunda reforma de dicho Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y de las reglas fiscales en la Eurozona, flexibilizando el objetivo de equilibrio presupuestario en los términos que plantea este acuerdo en el apartado “democracia internacional”, para adaptarlo a las necesidades de las distintas economías nacionales.

3. Reforzar el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos y reformar el artículo 135 de la constitución

La situación económica, laboral y social exige un cambio en la política presupuestaria para la próxima legislatura. No puede existir agenda social, ni política de inversiones, sin una dotación presupuestaria suficiente. Sin un impulso de la actividad económica no se creará más empleo. Proponemos por ello incrementar la ratio ingresos/PIB para asegurar el mantenimiento de la ratio gasto/PIB en su nivel actual (43,3%). Creemos que puede alcanzarse el objetivo de elevar la ratio ingresos/PIB en 3 puntos porcentuales al final de la legislatura a través de las medidas que se proponen más adelante.

La mayor parte del paquete de expansión fiscal iría destinada a educación y sanidad, de forma que en los dos primeros años de la legislatura se recupere el nivel de gasto nominal previo a los recortes, y al final del mandato se haya alcanzado el peso sobre el PIB de 2009 (4,6% y 6,8%, respectivamente).

El gasto en protección social se mantendría 1,1 puntos porcentuales por encima de lo que prevé la política diseñada por el Partido Popular. Esto permitiría poner en marcha el Plan de Renta Garantizada, la extensión de la atención a la dependencia y la revalorización de las pensiones propuesta.

El desarrollo de la inversión pública estaría centrado en financiar la transición energética vinculada al cambio de modelo productivo.

El resto de la diferencia con el Programa de Estabilidad se destinaría a políticas medioambientales, vivienda y servicios comunitarios,ocio y cultura.

El resto de partidas (servicios públicos generales, defensa, orden público y asuntos económicos) sí mantendrían la reducción prevista en el Programa de Estabilidad actual.

Es decir, el peso del gasto en el PIB quedaría de la siguiente forma: Clasificación funcional, % PIB
2015
2019
Prog. Estab.
Propuesta
Total
43.3%
40.1%
43.3%
Servicios públicos generales
6.5%
5.7%
5.5%
Defensa
1.0%
0.9%
0.8%
Orden público y seguridad
2.0%
1.9%
1.7%
Asuntos Económicos
4.2%
4.0%
3.7%
Protección del medio ambiente
0.8%
0.8%
1.1%
Vivienda y suministros comunitarios
0.5%
0.5%
0.7%
Salud
6.2%
5.7%
6.8%
Cultura, ocio y religión
1.1%
1.1%
1.4%
Educación
4.0%
3.8%
4.6%
Protección social
17.0%
15.9%
17.0%

4. Plan de lucha contra el fraude fiscal

De forma reiterada los técnicos de la Agencia Tributaria han reiterado que la mayor parte del fraude fiscal de nuestro país se concentra en las grandes empresas y grandes fortunas del país. Necesitamos un plan de lucha contra el

fraude que tome en consideración esta realidad y que incluya, entre otras, las medidas siguientes:

i.Aprobar un paquete de medidas contra los paraísos fiscales en el que se aborden los siguientes aspectos: medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos fiscales, medidas sobre transparencia financiera, medidas de supervisión y control, y medidas sancionadoras. Estas medidas se desarrollarán con especial atención para el caso de los grupos multinacionales.

ii.Eliminar pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV, las SOCIMI, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal. Se revisará la redacción de los convenios con el fin de evitar la doble imposición para incorporar normas antielusión.

iii.Aprobar una Ley anual tributaria.

iv.Incrementar gradualmente el personal de la AEAT.

v.Elaborar un Estatuto básico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para garantizar su autonomía, una dirección profesional y la erradicación del uso partidario de la institución. El desarrollo de este Estatuto básico contemplará que en el futuro será el Parlamento quien nombre al director de la AEAT.

5. Reforma tributaria progresiva

El objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la capacidad recaudatoria de la Hacienda española, que recordemos se encuentra a 8 puntos del PIB por debajo de la media de la UE.

Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos porcentuales la ratio de ingresos/PIB a lo largo de la siguiente legislatura. El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser, además de la lucha contra el fraude fiscal, la ampliación de las bases tributarias. Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, deberá instaurarse un tipo efectivo mínimo para las grandes empresas (del 15%), habrá que desarrollar un impuesto sobre Transacciones Financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose además el mínimo exento en el Impuesto de patrimonio). Habrá de reducirse además la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro. Debe instaurarse un Impuesto de Solidaridad a las entidades financieras privada con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector.

Esta reforma debe hacerse además reforzando la progresividad de nuestro sistema. Para ello se aplicará el tipo superreducido del 4% de IVA a un mayor número de alimentos y productos sanitarios de primera necesidad, y el tipo reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) que actualmente no lo tienen. 

*++