Municipios y Hacienda: la caja de los truenos
KAOS EN LARED
Ago 10, 2020
El pasado lunes 3 de agosto, la Junta de Gobierno
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobaba, gracias
al voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo y miembro del PSOE,
Abel Caballero, un pacto con el Ministerio de Hacienda sobre el destino de los
superávits municipales. Solo los 12 votos del PSOE apoyaron la propuesta.
Unidas Podemos se abstuvo (1), mientras PP (10), C’s (1) y PdCat (1) votaron en
contra.
El acuerdo, lejos de sentar unas bases que permitan
resolver los El acuerdo, lejos de sentar unas bases que permitan resolver los
serios problemas de financiación y competencias locales en un momento
particularmente duro como el actual, ha reabierto la caja de los truenos.
serios problemas de financiación y competencias locales en un momento particularmente
duro como el actual, ha reabierto la caja de los truenos. Salvo que el gobierno
invente nuevas fórmulas legales que faciliten puentes de diálogo, la aprobación
en el Congreso de los Diputados del decreto que lo avala el próximo septiembre
se halla amenazada.
El pacto comporta una nueva crisis entre el
gobierno y la mayoría que invistió a Sánchez. ERC, EH Bildu, BNG, Compromis,
PNV y Unidas Podemos -Comuns en Barcelona- lo rechazan abiertamente o bien
solicitan serias mejoras para así posibilitar su apoyo en sede parlamentaria.
Del mismo modo, otros posibles aliados, sin representación en las Cortes, pero
con presencia municipal, caso de las Mareas municipalistas gallegas o
Adelante Andalucía, también se desmarcan del mismo. La guinda al pastel llegó
el día 7 con la reunión de 10 alcaldes de 8 partidos diferentes (desde Cádiz,
Valencia y Bilbao a Zaragoza) en la que, por razones diversas, se rechazó el
acuerdo y se reclamó una nueva negociación.
El documento adoptado, que afloja algo de dinero
para algunos ayuntamientos y la propia regla de gasto para este ejercicio,
señala que, con carácter voluntario los Ayuntamientos, Diputaciones y Consejos
insulares que posean y pongan a disposición de la Administración General del
Estado (AGE) sus remanentes de caja realmente disponibles para la constitución
de un préstamo a favor de la primera podrán: (1) recuperar íntegramente en un
plazo de 10 años desde el año 2022 (o sea, en 12 años) y en 10 anualidades el
importe de lo prestado; (2) el Estado, además de los intereses por el
empréstito (0,3% precio del coste financiación del Tesoro público a 10 años),
les entregará en el año 2020 una cifra igual al 40% del total de la cantidad
transferida (hasta un máximo de 2.000 millones) y en el año 2021 otra igual al
60% también del total (hasta un máximo de 3.000 millones); (3) las cantidades
que se libran a los ayuntamientos estos dos años (no las que éstos prestan al
Estado) deberán emplearse forzosamente en proyectos relacionados con proyectos
en el área de agenda urbana y movilidad sostenible, transición energética,
cuidados de proximidad y cultura; (4) el gasto financiado con estos fondos, al
ser finalista, no computará para la regla de gasto. Es decir, permitirá que los
consistorios gasten más sin por ello incurrir en más déficit; (5)
independientemente de ello, es decir, ponga o no ponga el ayuntamiento sus
remanentes, si es que los tiene, a disposición de la AGE, el Estado de manera
excepcional permitirá que este año a las corporaciones locales el no cumplimiento
de la llamada “regla de gasto”.
Detrás del enrevesado debate sobre números,
déficits, reglas de gasto y préstamos, se ocultan en realidad problemas
democráticos muy profundos, asociados al papel de una institución política
clave para cualquier democracia, como son los municipios. La tormenta desatada
por el acuerdo no representa un problema administrativo más, sino la expresión
de una de las incapacidades centrales dentro del marco del régimen del 78 para
garantizar que sea la voluntad del pueblo quién mande y tenga la última
palabra. Dicho de otra forma, es una prueba de encogimiento de la democracia y
de la falta de libertades en la que vivimos.
Formalmente, las leyes reconocen plenas
competencias a los municipios en aquellos aspectos que les son propios, pero a
la hora de la verdad, faltos de recursos suficientes, intervenidos por
“habilitados nacionales” como secretarios e interventores y sometidos a
regulaciones que constantemente limitan sus capacidades de decisión, nuestros
consistorios se ven obligados a diario a pelear para no verse reducidos a
simples unidades administrativas. Una situación profundamente empeorada con el
giro neoliberal austeritario que se fraguó aprovechando la crisis anterior y el
cambio constitucional del artículo 135. Un entramado legal al que Zapatero
abrió la puerta, pero que organizó el PP de la mano del tándem Rajoy- Montoro y
que llegó a su cénit, para el caso que nos ocupa, con la Ley Orgánica 2 /2012
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su límite de gasto.
Los remanentes que poseen cientos ayuntamientos y
que suman miles de millones conforman dinero propio de esos municipios, fondos
que tenían prohibido gastar debido al armazón normativo que aún a día de hoy
garantiza el dominio de la política de austeridad y que constituye la base del
legado del PP. Es esa autoridad legal de la anterior legislatura (todavía no
derogada) la que usa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para forzar
a la FEMP a un acuerdo por el que aquellos ayuntamientos que tengan remanente
podrán gastarse parte del mismo siempre que, a cambio de ello, lo presten por
más de dos lustros al Estado y acepten, además, condicionar el gasto de las
cantidades que se les entregarán a cambio a determinados planes. Planes que
nadie niega que puedan ser muy útiles, pero que llegan impuestos desde fuera y
sin decidir comúnmente.
A estas alturas a nadie se le escapa que el acuerdo
con la FEMP representa un mal paso que sería mucho mejor desandar por varios
motivos:
En primer lugar, genera más rechazos que apoyos al
sustentar su avance en el marco legal construido por el PP. Un marco que somete
la voluntad popular, sus necesidades e instituciones básicas como son los
ayuntamientos a la lógica de la austeridad neoliberal marcada por los recortes
en derechos y servicios. Se trata de un camino muerto del que precisamente se
suponía que el cambio de gobierno nos iba (al menos en sus peores aspectos) a
liberar.
En segundo lugar, para fraguarlo se usa una ley
orgánica, la 2 /2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
y su límite de gasto que es imprescindible derogar para empezar a satisfacer
las enormes necesidades sanitarias, sociales, económicas y democráticas que la
pandemia ha puesto de manera brutal sobre la mesa. Una ley que se afloja de
manera solo muy parcial, pero que se piensa mantener.
Por otro lado, la vía para modernizar y cambiar el
modelo productivo (por el ejemplo, desarrollar el suelo de derechos
establecidos en la agenda 2030) parte de revertir la austeridad. Es decir,
cambiar la gobernanza significa dar voz y autoridad a la gente y a los
ayuntamientos como unidades básicas de representación política y de
planificación autónoma en el territorio. El municipio constituye el espacio
primero en el que se desarrollan todas las relaciones y se accede a los
servicios que garantizan la condición de ciudadanía y los derechos asociados a
la misma. El pacto de ahora, que deja a unos fuera (los que más lo necesitan) y
a otros dentro, y que somete su autonomía a filtros no acordados comúnmente, no
resolverá ni una sola de las cuestiones que pretende.
Es imposible trabajar contra la despoblación,
avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, hacia esa “modernización”
de la que se habla sin liberar a la sociedad de las ataduras de austeridad que
la someten en lo legal y la asfixian en lo social y económico.
El pacto entre la FEMP y Hacienda representa un
ejemplo más de la crisis del régimen del 78. El empeño por mantener el marco
legal e institucional actual no solo no genera consensos amplios, sino que,
sobre todo, impide encarar con garantías las necesidades materiales de la
mayoría de la población. No reverdece, no hace más eficaces a las
instituciones, no da más protagonismo a las personas. Al contrario, mantiene el
peso de lo no libremente decidido, de lo que no debe responder ante el pueblo,
por encima de éste.
El cinismo actual del PP, responsable directo de
toda esta asfixia intentando capitalizar la oposición, puede todavía funcionar,
no solo por el poder institucional y económico que tiene, sino porque su
entramado legal sigue en vigor. Avanzar decididamente contra esas normas,
denunciarlas y derogarlas es el medio más directo para restarle fuerza, para
debilitarlo. Hasta para eso los parches de la ministra Montero y Abel Caballero
son una mala receta.
Por ello, la
queja y protesta municipal de la izquierda frente al acuerdo, dispar y diversa
hoy, debe insistir en la necesidad de derogar las normas que el PP impuso,
presionar en la participación del poder local en todos los marcos básicos de
decisión y establecer espacios de coordinación transversal entre los propios
ayuntamientos a partir de la realidad común compartida. Por ese camino,
la caja de los truenos abierta ahora encontrará en los valores republicanos
asociados indisolublemente al municipalismo y a lo común una respuesta
satisfactoria a lo que demanda.
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