miércoles, 17 de noviembre de 2021

Economía mundial, el riesgo de una tormenta perfecta. [Caguenláus rediela maño. ¿Pues cuantica dureza mollera tien algunos? Pa mí kaquí locai es mucho miedo y muy poco vergüenza, aparte cantidubi dubi dubida ignorancia ilustrada que es la peor ignorancia de todas. La ignorancia laureana o laureada con título sobre título más cinta y medalla colgada del pescuezo más carro y medio de dinero en billetes de los grandes, la hostia de mala, tío –de este tipo de ignorancia y de cualquier otra a mi juicio quedan excluidos los profesores Torres, Vicenç Navarro y unos pocos más, que por cierto, a ver cuando los movimientos de pensionistas y otros echan mano de ellos en vez de otros jarautillas del meneo de la lengua o el bolígrafo-. Pero vamos a ver, parientes míos y demás personal. Que el modo de producción capitalista es un modo de producción histórico, y como cualquier otro tiene su correspondiente ciclo de vida: nacimiento, desarrollo, maduración y, a tomar polculo, chiquet, que va y se muere, para dar lugar a otro nuevo modo de producción más desarrollado y perfecto, que en este caso es el socialismo (que ahora estamos hablando en serio, de manera que en el PSOE actual no hay ni que pensar). Esto se sabe desde mediados del siglo XIX. Pero lo sabe quien lo sepa, quien haya leído y comprendido los textos de Marx y sus seguidores (que seguimos hablando en serio, y por ello las camisetas y las gorras del Ché, promocionadas por Coca Cola, por si no lo sabía, puños en alto para la foto y los sermones beatificantes en nombre del marxismo, caca de la vaca, sobran ahora). Sabiendo esto que a niveles generales se sabrá cuando se sepa (maño, a leer, a analizar, a discutir tocan, que no hay otra y que no me seas tozudico, que el tren no se puede apartar, que el que se tiene que apartar eres tú que vas por mitad de la vía, zoquete. Que no te enteras Contreras, que si quieres te lo digo al son de la Marsellesa o al ritmo de Él es el Novio de la muerte o, incluso por peteneras que puede que sea más de andar por casa) se sabría que la crisis de 2008 representa el punto culminante del modo de producción capitalista a partir del cual se inicia su proceso de extinción y que pro muchas jotas que se le canten a la Virgen del Pilar no se puede salvar y en consecuencia hay que estar viendo como se puede sustituir (y no mantener en el tiempo) por el nuevo modo de producción socialista. Y ahí va la despedida: mía que te digo, maño: ñaque se te cae la casa por andar pintándola arriba abajo, abajo arriba, cuando lo que fallan son los cimientos y sus va a joder a tú y a tu familia. Coño, que dejes de pintar y te pongas a hacer lo que hay que hacer. ¡Hala ver maño pues!]

 

Economía mundial, el riesgo de una tormenta perfecta

 

Por Juan Torres López

Rebelion

15/11/2021 

Fuentes: Ganas de escribir

Cuando las economías se hundieron a causa de la Covid-19, los líderes políticos y los economistas de los grandes organismos internacionales decían que no se sabía cuándo llegaría la recuperación pero que, una  vez que comenzara, las economías registrarían una recuperación muy potente y duradera. Otros, por el contrario, dijimos que eso no iba a ocurrir porque la economía internacional no estaba afectada tan solo por los efectos del confinamiento sino también por una crisis muy profunda que se había comenzado a manifestar ya antes de la pandemia.

Los datos macroeconómicos que se han ido conociendo en las últimas semanas nos han dado la razón. Los precios están registrando las mayores subidas de las últimas tres décadas y el crecimiento del PIB es bastante más bajo del estimado tan solo hace unos pocos meses.

En España nos sorprendió la subida de precios interanual a finales de septiembre (5,5%) por haber sido la más elevada de los últimos 29 años, pero es justo el mismo record que la de Alemania (4,5%) y un año menos que la de Estados Unidos (4,4%), la más alta desde 1992, según los datos del Banco Mundial.

Los datos de evolución del Producto Interior Bruto también han mostrado que las economías han perdido ya el fuelle que se disparó con enorme potencia al acabar el confinamiento.

En España, el crecimiento ha estado muy por debajo del previsto. El Instituto Nacional de Estadística registró un crecimiento interanual del 17,5% de mayo a junio de este año. Sin embargo, el estimado para el periodo de junio a septiembre solo ha sido del 2,7%, lo que da idea del frenazo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el consumo de los hogares ha caído en el trimestre veraniego (-0,5%), aunque no la inversión (2%), ni las exportaciones (6,4%).

En Alemania ha ocurrido más o menos lo mismo. El PIB solo creció el 1,8% en el tercer trimestre de este año, casi la mitad de lo previsto en abril y dos décimas menos que España. Y una investigación reciente de David Blanchflower, profesor de Dartmouth y ex miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, y Alex Bryson, profesor de la University College de Londres, sugiere que Estados Unidos entrará en recesión a final de año.

Quienes antes decían que la recuperación sería potente y sin reservas, ahora señalan que nos encontramos ante problemas «transitorios». Dicen que no hay que preocuparse demasiado por la subida de precios porque se debe a circunstancias pasajeras como el alza en los costes de la energía o los desajustes provocados por la presión de la demanda retenida durante el confinamiento. La ralentización de la actividad parece haberles sorprendido tanto que no terminan de explicarla.

A mi juicio, es un error creer que nos encontramos ante un simple incidente como consecuencia de la pandemia y, por tanto, pasajero y resoluble a poco que todo se vaya normalizando.

Para entender lo que nos está sucediendo hay que poner los datos que ahora se están empezando a registrar en todo el mundo junto a los que teníamos antes de la pandemia.

Al hacerlo, se podrá descubrir que no estamos sufriendo solamente el impacto de un simple trastorno, por muy grave que haya sido el provocado por la Covid-19 y el confinamiento que paralizó a gran parte de la actividad económica.

Sufrimos lo que los médicos llaman «morbiilidad asociada». Es decir, la confluencia, no necesariamente al mismo tiempo, de otros males con la enfermedad primaria.

El error es creer que las economías han padecido o siguen padeciendo el efecto de la pandemia como única enfermedad, cuando la realidad es que fue una patología económica asociada a otra -la primaria- que ya se estaba padeciendo con anterioridad.

Es verdad que el confinamiento ha producido un bloqueo en los canales de suministro por diferentes razones: muchas empresas productoras tuvieron que cerrar y no han tenido capacidad material de recuperar el ritmo de producción anterior, otras compradoras aumentaron sus pedidos excesivamente por prevención mal gestionada, produciendo acaparamiento; y las de logística y transporte se han visto afectadas por los cambios tan imprevistos y rápidos en la oferta y la demanda cuando, además, hay problemas de rotación en los mercados laborales. Y también es verdad que la demanda, en casi todas las economías, rebotó inicialmente con fuerza tras el confinamiento, produciendo una inevitable presión sobre los precios.

Pero la prueba evidente de que no se trata tan solo de problemas de ajuste coyuntural  es que afectan de modo muy desigual a diferentes sectores. Y la complejidad del desajuste lo demuestra el hecho de que no se esté resolviendo como dice la economía convencional que debiera resolverse, mediante el mecanismos de los precios. Estamos comprobando, efectivamente, que la subida de precios no solo no reduce el exceso de demanda sino que incluso este aumenta a medida que se van elevando.

Para entender el presente hay que analizar lo que estaba ya sucediendo justo antes de la pandemia.

En primer lugar, un proceso que venía de largo de caída de la tasa de beneficio en la industria como consecuencia del freno en la inversión productiva y de la constante retención de la demanda de consumo a causa de la caída de la masa salarial,

En segundo lugar, el resquebrajamiento de la globalización dominante en las últimas décadas como consecuencia de las asimetrías y brechas cada vez más grandes que ha venido produciendo, no solo entre grupos sociales y naciones sino incluso entre las diferentes franjas del capital, de las empresas.

En tercer lugar, un acortamiento del ciclo económico como consecuencia de la continuada aplicación de políticas económicas inadecuadas que frenan la extensión de las fases expansivas o de recuperación y así impiden que se pueda crear suficiente producción y empleo.

En cuarto lugar, el continuado privilegio de la actividad financiera que ha creado una economía drogo-deuda-dependiente con millones de empresas zombis que han de dedicar todos sus beneficios, si es que llegan, a pagar la deuda, y que paralizan el aumento de la productividad y la innovación. Un estudio de Bloomberg calculó que así se encuentran 527 de las 3.000 mayores firmas de Estados Unidos y algunas estimaciones señalan que a nivel global podrían estar en esa situación más del 20% de las empresas.

En ese contexto y por esas causas, ya antes de la pandemia se venía produciendo un proceso de relocalización empresarial, de búsqueda de nuevos nichos de aprovisionamiento y ventas y, sobre todo, el inicio de una auténtica revolución en el sistema global de logística.

Esto último es, en realidad, lo que explica (y no la pandemia) la mayor parte de los cuellos de botella que vienen provocando la escasez de suministros que lleva consigo tantas pérdidas (110.000 millones de dólares se calcula que está suponiendo para la industria mundial del automóvil) y que está obligando a muchas empresas a realizar movimientos estratégicos de gran calado para no desaparecer si las perturbaciones prosiguen.

Durante el confinamiento se observaron los primeros síntomas de la perturbación (desacoplamientos, bloqueos de rutas, retraso de contenedores, aumento de tarifas, escasez de transportistas..) y muchas empresas tuvieron que diversificar rápidamente sus cadenas de aprovisionamiento para evitar riesgos. Eso exacerbó los desajustes, ciertamente, pero si todo ello está resultando tan problemático es porque se estaba produciendo un cambio crucial desde antes. Y la prueba es que las cosas, en lugar de ir a mejor a medida que se han ido recuperando los intercambios, están empeorando.

El sistema global de logística había estado respondiendo a la crisis industrial y de la globalización que he mencionado generando una auténtica revolución tecnológica orientada a automatizar las redes globales mediante la digitalización y la inteligencia artificial, un proceso desarrollado a través de estrategias diferentes y con distintas velocidades y resultados, sobre todo, entre China y Estados Unidos. Y aquí está la clave.

La pandemia ha acelerado el proceso (tal y como ha ocurrido en otros momentos de la historia en que se han producido shock inesperados) pero lo ocurrido con la pandemia no es el proceso mismo.

Lo que está sobre la mesa y genera los problemas que están sufriendo las empresas y las economías en su conjunto no es la normalización del sistema de aprovisionamiento anterior a la crisis de la Covid. Este no va a volver a ser lo que era. Ahora se trata de algo más importante. La globalización ya no se va a seguir guiando por la misma lógica de competencia anterior. El coste y el precio van a dejar de ser determinantes de la ganancia y pasarán a serlo la inmediatez y la seguridad y las empresas han de modificar sus estrategias de producción, aprovisionamiento y localización. Este es el desorden en el nos empezamos a mover y el que provoca la escasez y subidas de precios y por eso es ingenuo creer que se va a resolver en cuestión de unos meses.

Lo que está en juego es el rediseño y el control del nuevo sistema logístico global digitalizado y automatizado gracias a la inteligencia artificial que está en proceso de desarrollo y la readaptación productiva y espacial de las empresas para adaptarse al cambio. La nueva guerra fría tendrá allí uno de sus escenarios principales Quien lo domine, dominará el mundo en la nueva fase de la historia cuyo nacimiento ha acelerado la Covid-19.

Muy pronto vamos a ver cómo este tema pasa a primer plano de las agendas internacionales, aunque de manera cada día más conflictiva entre las dos grandes potencias y sin solución a corto plazo para los bloqueos en el suministro y la subida de precios. Estos van a ir a más porque ni los gobiernos ni los bancos centrales están en condiciones de poner orden para aliviarlos sin quebrar la lógica que guía a un capitalismo neoliberal herido por su fracaso para hacerse sostenible (concentrando la renta y la riqueza ha triunfado plenamente). De hecho, han agudizado el problema al no haber tenido presente el cambio que se estaba produciendo a la hora de inyectar los recursos tan cuantiosos que han proporcionado a las economías. Si se siguen equivocando y desatan una crisis de deuda tendremos la combinación que provocará una tormenta perfecta.

Fuente: https://juantorreslopez.com/economia-mundial-el-riesgo-de-una-tormenta-perfecta/

*++

 

La oposición social a la reforma laboral del PP

 

La oposición social a la reforma laboral del PP

 

Por Antonio Antón

Rebelio / España

17/11/2021 


Fuentes: Rebelión


Analizo desde un punto de vista sociológico e histórico la reforma laboral del PP del año 2012, todavía en vigor, así como la respuesta cívica y sindical frente ella. Se trataba de deslegitimar su carácter agresivo con la mayoría social y generar las condiciones sociopolíticas para su derogación, con la garantía de los derechos sociolaborales.

Las direcciones confederales de CCOO y UGT convocaron una huelga general para el día 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno del PP y su política de recortes sociales. Tal como he explicado en un artículo reciente, La reforma laboral del PP, es una norma que facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo; no crea empleo y prolonga la crisis; perjudica a la mayoría de la sociedad y desequilibra las relaciones laborales con un fuerte incremento del poder empresarial. Junto con las medidas de restricción del gasto público y el recorte de prestaciones y servicios públicos, trata de imponer una fuerte regresión en los derechos sociolaborales y consolidar unas condiciones de vida y empleo precarias para la mayoría y, especialmente, para los sectores más vulnerables.

Había, por tanto, una motivación clara para una fuerte y masiva oposición social que, vista desde ahora, conviene recordar. Es la base de su deslegitimación actual y el emplazamiento cívico que tiene el actual Gobierno progresista de coalición, el conjunto de fuerzas progresistas y, particularmente, el sindicalismo para derogarla y aprobar un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales.

La amplitud y la profundidad de esa política regresiva liberal-conservadora, su pretensión de generalización y persistencia, en una situación de agravamiento del desempleo y las consecuencias sociales de la crisis económica, exigían una respuesta social masiva y contundente. Era preciso un amplio respaldo popular, una firme participación ciudadana. Había que poner un freno consistente a estas medidas antisociales para forzar su cambio.

Se trataba de una acción de reafirmación democrática y de progreso que, tras todo el proceso de protesta social, la formación de un espacio sociopolítico de cambio y la configuración de un acuerdo progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, terminó por desalojar del Gobierno al Partido Popular. Se abrió un periodo de cambio de progreso, en el que la agenda social y laboral era fundamental, tal como detallo en el libro “Perspectivas del cambio progresista”.

Veamos algunas características de esa experiencia colectiva de movilización social que está condicionando las dinámicas actuales de legitimación social para garantizar un cambio profundo del actual y regresivo modelo laboral.

La deslegitimación cívica de la reforma laboral del PP

Al descontento social por la situación socioeconómica y de empleo, en ese momento se añade el desacuerdo ciudadano con aquella reforma laboral. Según encuestas de opinión (ver Barómetro de marzo de Metroscopia, diario El País, 4 de marzo de 2012), casi dos tercios (62%) de la población desaprueba la reforma laboral del Gobierno, porcentaje mucho más amplio entre los votantes del PSOE (91%); hay que destacar que incluso el 28% de los votantes del PP también la desaprueba. Por otro lado, la consideran adecuada sólo el 24% de la población (el 47% de los votantes del PP), mientras el 74% creen que no va a ayudar a crear empleo y el 61% que responde a presiones externas.

El Gobierno del PP, a pesar de su reciente victoria electoral, tenía un grave problema de legitimidad para imponer su agresiva reforma laboral. No calaban sus argumentos de que son reformas equitativas y medios imprescindibles para la creación de empleo. Perjudica a las capas trabajadoras y desfavorecidas, y la gente desconfiaba, con razón, de que esos sacrificios fueran el camino para eliminar el paro y crear puestos de trabajo.

Por tanto, en un primer aspecto, el grado de desacuerdo con esa medida, la mayoría ciudadana estaba con la posición de los sindicatos y en contra de la decisión gubernamental (y la mayoría parlamentaria). Ello ofrecía una gran legitimidad social a los objetivos de la huelga general: retirar esa reforma laboral que hoy se transforma en su derogación.

En el segundo aspecto, el tipo de respuesta ciudadana conveniente ante esta agresión, la posición de la población también era ambivalente, pero de signo distinto. Según la citada encuesta solo el 28% del conjunto de la sociedad justificaría una huelga general que forzará al Gobierno a cambiarla y suavizarla (8% entre los votantes del PP, y 45% entre los del PSOE -y se supone que todavía mayor entre los votantes del resto de las izquierdas-). En sentido contrario, el 67% de las personas encuestadas (90% entre los votantes del PP y 50% entre los del PSOE) expresaba que una huelga general no serviría de nada y podría empeorar aún más la situación económica. El argumento del Presidente Rajoy de que ‘no va a servir de nada’ y se iba a aplicar toda la reforma tiene credibilidad, incluso entre la mitad de la base electoral PSOE de entonces, y es un motivo poderoso que utilizó la derecha para desactivarla. Esta sería la peor de las hipótesis.

No obstante, se pueden hacer diversas matizaciones. Primera, que la encuesta reflejaba la opinión del total de la sociedad (incluyendo empresarios, autónomos y capas directivas, así como personas inactivas); no había datos desagregados, pero si se comparan con la situación similar de la huelga general del 29 de septiembre del año 2010, el porcentaje de justificación entre la población asalariada aumentaría varios puntos más respecto de la media, es decir, podría alcanzar un tercio (y ser mayoritario entre la gente de izquierdas).

Segunda, tiene que ver con el tipo de pregunta y la interpretación de la respuesta. En esa encuesta se ponía en primer plano el grado de ‘realismo’ sobre la eficacia inmediata de la huelga no sobre su legitimidad (o simpatía). Tampoco se asociaba con otras motivaciones para apoyar la movilización social, por sus efectos positivos en diversos campos expresivos, de refuerzo de la ciudadanía y reequilibrio en las relaciones laborales, como expresión democrática de una indignación y un malestar social que hay que escuchar. No se preguntaba si podía ser útil para todo ello.

Pero tampoco era neutra o inútil en la apuesta por su cambio: la deslegitimación de la reforma abrirá un camino para que pierda fuerza y agresividad y se comience a generar dinámicas para su reversión. Forzar la respuesta sobre la actitud hacia la huelga por las posibilidades inmediatas de su modificación sustancial era reducir su significado a un utilitarismo extremo y cortoplacista, desconsiderando sus consecuencias de fondo para debilitarla y modificarla, así como toda la dimensión social, democrática y expresiva del sindicalismo, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa.

En consecuencia, deducir que dos tercios de la población estaban en contra de la huelga era excesivo; con esos datos y a pesar de esa pregunta tan sesgada, un tercio de los asalariados estaban en contra de la reforma laboral y justificaban la huelga general y otro tercio también estaba en contra de la misma reforma, pero creían que con los paros no la iban a poder cambiar ya (y pueden tener consecuencias contraproducentes). La cuestión no es que esa valoración no sea realista, que parcialmente lo es, sino que es unilateral. Ese factor no debía ser el determinante para la no participación porque había más planos, realidades y objetivos para justificar y expresar el rechazo a esa reforma: su carácter injusto, la exigencia de su cambio y construir los cimientos para conseguirlo.

La tercera apreciación tiene que ver con una valoración realista de los apoyos sociales iniciales a la huelga general para superar algunas dificultades y fortalecer la participación y la simpatía hacia la misma. Ya se conocía previamente el resultado de otra encuesta de primeros de febrero de la misma empresa Metroscopia (diario El País 12-2-2012) donde el 46% de la población (67% de los votantes del PSOE) estaría de acuerdo con la convocatoria de la huelga general. Es decir, más de la mitad de la población trabajadora asalariada y más de dos tercios del conjunto de la base electoral de las izquierdas la consideraban justificada –dando por supuesto que del resto de votantes de la izquierda y parte de la abstención su apoyo sería superior-.

En definitiva, fue un proceso movilizador justo y legítimo, el rechazo a la reforma laboral y los recortes sociales de la derecha era apoyado por la mayoría de la sociedad; fue un cauce de expresión de la indignación y el malestar social, y sus objetivos incluyeron el freno a la involución social y la exigencia de rectificación de la política sociolaboral y de empleo. Supuso la reafirmación del movimiento sindical en su capacidad dinamizadora y representativa, y un reequilibrio de la capacidad contractual de las capas trabajadoras en las empresas, todavía débil ante el refuerzo del poder empresarial que suponía esa reforma laboral.

Junto con los precedentes del proceso de protesta social de los años 2010 y 2011 y su continuidad hasta el año 2014, fue un inicio, no el fin del camino del cambio. Expresó un freno a la ofensiva del Gobierno del PP que limitó su alcance regresivo. Consiguió el agrietamiento de la legitimidad de esa política de recortes sociolaborales y el reforzamiento de la izquierda social o la ciudadanía activa. Ese proceso constituyó la condición para su modificación y contribuyó a formar un nuevo campo sociopolítico transformador que luego, entre los años 2014-2016, se configuró como espacio político electoral con las fuerzas del cambio de progreso.

Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor del libro “Perspectivas del cambio progresista”.

 *++

La renovación del Tribunal Constitucional como síntoma.

 

Según la cúpula de Unidas Podemos no había alternativa al pacto acordado con el PP. Al llegar al punto de tener que aceptar semejante chantaje, ¿se ha entrado a fondo en la lógica gobernista en la que ya no hay líneas rojas?


La renovación del Tribunal Constitucional como síntoma

 Jaime Pastor

El Viejo Topo

17 noviembre, 2021



“Hay una ley no escrita por la que los gobiernos del PP se cargan de un plumazo nada más llegar las leyes progresistas, mientras los de izquierda se eternizan para apenas modificar las pautas conservadoras”. Esto escribía recientemente Rosa María Artal en eldiario.es y, si aceptamos la generosa definición del PSOE como partido de izquierda, no faltan ejemplos que corroboran esa tesis en la ya larga historia del régimen del 78 y, más recientemente, en los dos años de vida del gobierno de coalición de ese partido con Unidas Podemos (UP).

Limitándonos a esta última etapa, por no hablar del tímido pellizco fiscal o de la impotencia mostrada ante el oligopolio eléctrico, bastaría con referirnos a cuestiones que, aun estando dentro del acuerdo de gobierno entre ambos partidos, siguen siendo claves y, sin embargo, todavía están pendientes de concretar, como la derogación de la reforma laboral del PP de 2012 o de la ley mordaza de 2015. En relación con ambas, pocas esperanzas quedan de que se llegue más allá de la suavización o los retoques de algunos artículos, como ya se está reconociendo incluso desde las filas de UP. De concluir el proceso parlamentario con tan modestos resultados, tendremos nuevas pruebas de que, pese a las trabas que puedan poner la derecha y la patronal -siempre intransigentes frente a la menor concesión-, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la concepción autoritaria de orden público heredada del franquismo seguirán imperturbables su rumbo, aunque vayan acompañadas de algunas medidas paliativas.

Pero es que, además, la rectificación (otra más…) de Pedro Sánchez respecto a las derogaciones prometidas se inserta dentro de una mayor voluntad de reconstruir espacios de consenso bipartidista con el PP, como quedó escenificado en el Congreso del PSOE mediante su reconciliación con Felipe González, icono de la vieja política. Obviamente, ese consenso ha existido siempre en lo que afecta a la obediencia a la UE neoliberal y a la defensa de la monarquía y de la unidad de España (por mucho que exagere Casado con su sobreactuación electoralista), pero tenía que extenderse a la superación del bloqueo en instituciones como el Tribunal Constitucional y la cúpula del poder judicial. Lo nuevo ahora es que UP se está dejando arrastrar por esa tendencia a reconstruir el viejo bipartidismo.

UP, ¿muleta del bipartidismo?

El ejemplo más relevante y reciente de esa deriva es el relacionado con la renovación del Tribunal Constitucional, en cuyo desenlace final hemos podido comprobar cómo UP ha acabado aceptando no sólo el método empleado (que ha dejado fuera a los aliados de la periferia), sino, sobre todo, el chantaje del PP al incluir un candidato corrupto, Enrique Arnaldo, como miembro de esa institución. La justificación que se ha querido dar desde las filas de UP –y claro, también desde el PSOE- era que había que tragarse ese sapo como condición necesaria para acabar con el secuestro de esa y otras instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, por el PP. Ahora bien, no hay ninguna garantía de que eso vaya a ocurrir cuando precisamente es el PP quien sale fortalecido con esa estrategia. Pero aún si hubiese sido el caso,  no todo vale para un fin presuntamente bueno.

Como han escrito recientemente dos diputadas y un ex diputado de UP,

Durante mucho tiempo el pensamiento bipartidista se ha ido deslizando hacia el todo vale, en una suerte de negociación basada en no vetar a los incapaces propuestos por otro partido mientras tú no me vetes a los míos. Esto al final ha derivado en no pocas ocasiones en un criterio de selección adversa, con brillantes excepciones. Primero se amenaza con bloquear y después se pacta para alivio de todo el mundo. Qué se pacta y a quién se coloca es lo de menos [1].

Finalmente, eso es lo que ha ocurrido a pesar de la “brillante excepción” del juez Ramón Sáez. Ahora, el “pensamiento bipartidista” se ha convertido en tripartidista, confirmándose así un nuevo paso adelante en la aceptación por parte de UP de esa vieja política corrupta que tanto había criticado. Una decisión que no es sino la consecuencia de una involución política que le ha conducido de su vocación inicialmente rupturista con el régimen del 78 a la frustración de las esperanzas de regeneración del mismo que se abrieron desde su llegada al gobierno. Porque ni siquiera esto último cabe esperar ya de una formación política que, pese a la larga cantidad de sapos que ha ido tragando durante todo este tiempo, ha hecho de su permanencia en el gobierno a toda costa su único objetivo.

En esta ocasión, también es significativo que a medida que las noticias sobre la trayectoria corrupta de Enrique Arnaldo han ido saliendo en los medios (y en las que no ha faltado su relación con la fábrica de corrupción en que se fue convirtiendo la Universidad Rey Juan Carlos, haciendo sobradamente honor al rey ladrón), el malestar haya ido más allá de la izquierda social, y haya llegado a alcanzar a medios como los del Grupo Prisa y otros afines. En esos espacios de opinión, a pesar de su identificación con el régimen, lo ocurrido tampoco ha sido considerado un mal menor en nombre de un bien mayor, sino todo lo contrario: ha sido percibido como un mal mayor a la credibilidad del Tribunal Constitucional, ya bastante deteriorada en el pasado reciente y no sólo por sus sentencias respecto al conflicto catalán. Por tanto, su legitimidad no sale reforzada, sino todo lo contrario, en unos tiempos en los que su papel va a continuar siendo fundamental en medio de una guerra política y cultural que no tiene visos de superarse a la vista del desgaste de este gobierno y del envalentonamiento del PP y su aliado Vox, ambos ansiosos por entrar en el ciclo electoral que se va a iniciar con las elecciones andaluzas el próximo año.

Vuelve la cultura de la transición

Frente a esa ofensiva, lo más preocupante de la deriva actual de UP es que con su fiel comportamiento ha dado un paso más en su contribución a reconstruir esa cultura de la transición contra la que nació el 15M y ante a la que Podemos quiso erigirse como exponente de una cultura política alternativa, la de la centralidad del protagonismo popular a favor de un cambio que no fuera un mero recambio de elites. De esa nueva cultura (y nueva política) ya queda poco en esta formación, más allá de la retórica y de las posibles disidencias que puedan llegar a manifestarse públicamente en el futuro (como ahora con las pensiones), pero mucho me temo que este caso del TC sea presentado como un accidente de recorrido en el objetivo de debilitar una mayoría conservadora judicial que, sin embargo, no dejará de contar con recursos suficientes para continuar con su lawfare.

Disfrazar la decisión tomada, como ha hecho algún dirigente de UP, con el argumento de la ética de la responsabilidad es pura demagogia, ya que el mismo Max Weber abogaba por conciliar una ética de la responsabilidad con una ética de la convicción[2], y no cabe duda de que ésta última ha sido simplemente relegada al olvido, salvo en el caso de quienes, rompiendo la disciplina, dieron su voto negativo en el parlamento.

En realidad, es a la gobernabilidad del régimen a la que parece supeditar su labor una UP que además, en boca de su figura en ascenso, Yolanda Díaz, no deja de insistir en su defensa de la política como diálogo, negociación, consenso, al igual que hacen las direcciones de CC OO y UGT,  cuando lo que urge hoy es poner de nuevo en el centro de la política la movilización y el conflicto social como único camino para frenar el deterioro de la relación de fuerzas a favor de las derechas y la patronal.

Desde la cúpula de UP se nos dice que no había alternativa al pacto acordado con el PP, pero se oculta que si se ha llegado al punto de tener que aceptar semejante chantaje de ese partido y, no lo olvidemos, del PSOE, es porque se ha entrado a fondo en la lógica gobernista de que ya no hay líneas rojas ante los sucesivos males menores que se van asumiendo durante ese camino. Un camino que, insistimos, no hace más que contribuir a la recomposición del régimen y a la recuperación de la centralidad que los dos principales partidos habían perdido desde 2014.

Esa alternativa existía antes, al principio de esta legislatura, si se hubiera optado por estar fuera del gobierno, como en Portugal, donde dos fuerzas políticas a la izquierda del PS (el Bloco y el PCP), aun con sus diferencias y contradicciones, supieron apoyar desde el parlamento lo que de positivo pudo hacer ese partido desde el gobierno y, a la vez, mantener su autonomía desde la oposición en el parlamento y en la calle para criticar y rechazar todo lo que les separaba[3].

Por ello nos reafirmamos en que una orientación semejante debía haber sido la adoptada por UP desde el principio y en que, de continuar en la actual, el daño que está haciendo a la necesaria recomposición de la izquierda social y política está siendo enorme. Porque, como escribió el amigo Daniel Bensaïd, “la dura ley de las derrotas quiere que no todos compartan las responsabilidades, pero que todos sufran las consecuencias”. Y las consecuencias de las derrotas sufridas, por mucha exhibición que se haya hecho de algunas modestas victorias, están siendo muy negativas, como estamos viendo con el aumento de la desafección ciudadana hacia la política y el auge de la ultraderecha.

Más que nunca, es la política como asunción del conflicto (de intereses, de valores, de razones…), en una relación de fuerzas estructuralmente desfavorable, la que debería ser reivindicada desde la izquierda si queremos reconstruir nuevos sujetos políticos que demuestren que existe un horizonte alternativo posible. La necesidad de esta política tiene más razón de ser aún en estos tiempos en los que la situación que estamos viviendo en esta provincia española se está dando en un contexto general de gran atasco, emergencia ecosocial global y guerras frías, con la población que reclama su derecho de asilo como víctima principal, tal y como ocurre en la frontera entre Bielorrusia y la UE. Y no será gobernando con el social-liberalismo, aquí o en Alemania, aunque se tinte de verde, como se podrá hacer frente a ese libertarianismo autoritario (Trump, Bolsonaro, Ayuso…) que trata de erigirse hoy como solución de recambio ante el declive de las viejas formas de dominación capitalistas. Será, más bien, recuperando la cultura del descontento movilizador[4], como ocurrió con el ciclo abierto por el 15M, en torno a propuestas impugnadoras de las causas que explican el ascenso de ese bloque reaccionario, como podremos ir recobrando fuerzas y credibilidad entre las clases trabajadoras.

Notas

[1] Gloria Elizo, Meri Pita y Eduardo Santos, El Periódico de España, 10/11/2021, https://www.epe.es/es/opinion/20211110/o-juristas-o-soldados-12829283

[2] “Si se hacen concesiones al principio de que el fin justifica los medios, es imposible conciliar una ética de la convicción con una ética de la responsabilidad, así como es imposible establecer éticamente qué fines pueden justificar tales o cuales medios”, Max Weber, La política como profesión.

[3] Me remito al artículo de Adriano Campos en https://vientosur.info/salud-pensiones-y-trabajo-son-los-impasses-de-la-izquierda/ y a la entrevista de Brais Fernández al diputado del Bloco de esquerda Jorge Costa en https://vientosur.info/la-izquierda-ante-las-elecciones-en-portugal/

[4] Tomo prestada esta fórmula del estudio empírico El descontento movilizador. Cultura y discursos sobre la política en un marco de crisis (2011-2013), de María Jesús Funes, Ernesto Ganuza y Patricia García-Espín (eds.), CSIC, 2020, Madrid.

Artículo publicado originalmente en Viento Sur.

*++