lunes, 2 de septiembre de 2024
La financiación del sindicalismo de colaboración de clases
La financiación del sindicalismo de colaboración de
clases
José María Alfaya González y Miguel Medina Fernández-Aceytuno
HOJAS
PARA EL DEBATE
19.08.2024
La
alternativa no puede ser otra que el sindicalismo de clase sostenido
exclusivamente con las cuotas de la afiliación al objeto de no perder
independencia de clase (económica, política y social) y que sea dinamizador de
la lucha de clases, combinando de forma simultánea negociación con movilización
(huelgas, concentraciones, muestras diversas de solidaridad entre trabajadores
etc.).
Si queremos
hablar racionalmente del sistema que sostiene la actividad sociopolítica en
España a golpe de subvenciones, nos encontraremos con la necesidad de conocer
los límites funcionales de determinadas cuestiones que les dan carácter y
desvelan los intereses no siempre confesables, relacionados con tantas
decisiones políticas. Por ejemplo, tenemos evidentes y significativos signos de
la existencia de una corrupción pura y dura que conlleva el intercambio de
favores entre grupos dominantes o entre los que son poderosos y los aspirantes
al ascenso social. Nos despistan el entendimiento de cómo funciona el tinglado
con la falta de transparencia y conocimiento de la gestión y de los
beneficiarios de los fondos públicos que se entregan, disimulando lo que el
sistema reparte como botín entre disciplinados colaboradores, compinches o
cómplices, que lo reciben sin que tengamos facilidad para conocer los
entresijos, lo que nos hace difícil llegar a conocer el alcance de estos
“defectos de fábrica” de nuestra “democracia” tan participativa ella en el
reparto de beneficios.
Dicho lo anterior hay que señalar que, si nuestros antepasados marineros
miraban a los cielos para orientarse con las estrellas, ahora escudriñamos el
ciberespacio y es posible orientarse con una captura de datos que nos facilita
dibujar un mapa orientativo de cómo está la situación. Por ejemplo, podemos
consultar con Laboro. un ente que se
presenta como un lugar de encuentro en Internet publicado y alojado por Blogger
en EE.UU.
Aunque la legislación vigente y aplicable prohíbe toda reproducción no
autorizada de cualquier contenido publicado en Laboro, es libre y gratuita la copia o distribución
solamente del enlace a los contenidos publicados, lo que nos lleva a poder
hacer referencia al espinoso tema de las subvenciones que los directivos de
CC.OO. y UGT han cobrado en los últimos años, totalizadas y desglosadas por sus
federaciones, fundaciones y otros organismos. En cifras redondas, según Laboro, a fecha de 12 de junio de 2024 y en los
cuatro años anteriores UGT ha cobrado 202 millones de
euros y CC.OO. 179.
También se explicita quién cobra las subvenciones exactamente y quién las concede. Esta
información también la podemos obtener en el rotativo The Objetive, entre otras tantas publicaciones.
La lectura de los datos ofrecidos por Laboro y
dedicados a este tema nos hace posible entender que el destino de las
subvenciones está mal detallado en los datos ofrecidos en los documentos
oficiales, lo que hace difícil comprobar si el dinero de la subvención fue bien
empleado, acorde a derecho, para los fines previstos.
Todo lo cual nos lleva a recomendar una atenta lectura de lo que legalmente
se puede consultar en esta constelación de datos, para ofrecernos una reflexión
sobre la financiación del sindicalismo reformista o de
colaboración de clases en España y una cuidadosa conclusión
sobre la función que desempeña este sindicalismo subvencionado.
Por otra parte, a los afiliados de estos sindicatos “mayoritarios” no se
les ofrece puntual información anual de los ingresos y gastos de estas
organizaciones, ni del origen de las mismas del total de las subvenciones
recibidas y su destino. En Google aparecen datos parciales, pero no un
compendio completo de todas las que perciben de las diferentes
administraciones públicas, ni tampoco de las aportaciones que obtienen de su
participación en los planes de pensiones de empleo y otros ingresos, por vía
indirecta, que, en algunos casos, han provocado sonadas intervenciones
judiciales por presunta corrupción, como el conocido asunto de los ERES de la Junta de Andalucía o el de los dirigentes
de UGT de Asturias condenados a prisión por fraude de
subvenciones públicas, por citar algún ejemplo.
Hay que añadir que el origen de estas subvenciones proviene de las
diferentes administraciones públicas, unas dirigidas por el Partido Popular y
otras por el PSOE. Así, la Junta de Andalucía en manos del PP ha subvencionado a
CCOO y a UGT con un millón setecientos mil euros “para financiar su acción
sindical”. También la Xunta de Galicia, que controla la derecha, subvencionó a
CCOO y a UGT con 970.000 euros. En consecuencia, tanto la derecha como la
socialdemocracia, ambas comprometidas en su apoyo a la OTAN, al belicismo y
pringadísimas en la aplicación de políticas económicas neoliberales, muestran
mucho interés en entregar importantes sumas de dinero a CCOO y UGT, cantidades
que provienen de la recaudación de impuestos a la ciudadanía.
¿Por qué y para
qué? La respuesta, atendiendo además a la práctica diaria de la actividad
sindical que promueven los responsables de los sindicatos autodenominados
“mayoritarios”, no puede ser otra que la imperiosa necesidad que tiene el gran
capital, tutelante de las administraciones públicas donantes en el modo de
producción capitalista, de contar con la colaboración sindical de los
responsables de las organizaciones de trabajadores para que, a cambio, fomenten
el sindicalismo de colaboración de clases. Un tipo de sindicalismo que tiene
estas características:
– Provoca la
desmoralización de la clase trabajadora, cuando sus miembros se percatan que
sus cuadros y máximos responsables, al practicar el pacto social, se muestran
complacientes con la patronal.
– Sus valedores
boicotean todo intento obrero de defender los intereses de clase inmediatos y
estratégicos mediante una actividad sindical digna de ese nombre.
– Fortalece a
los empresarios que se crecen ante ejecutivos sindicales débiles y dóciles a
sus intereses.
– Fomentan la
dispersión sindical, la desorganización de los trabajadores y debilitan su toma
de conciencia de clase, estimulando tendencias de tipo corporativista.
– Las
burocracias sindicales suscriben acuerdos con la patronal al margen de la
voluntad de los trabajadores, propiciando un sindicalismo amarillo carente de
democracia.
– Contribuye a
dividir a los trabajadores según su estatus laboral y profesional, provocando
enfrentamientos perniciosos.
– Promueve, en
términos políticos, el desclasamiento y el auge de posiciones populistas y
reaccionarias en la clase asalariada, favoreciendo el sometimiento a la
ideología de la clase dominante, con la renuncia a todo esfuerzo y perspectiva
de transformación social hacia el socialismo y haciendo florecer todo tipo de
pensamientos y actitudes oportunistas.
– Sus
dirigentes se hacen permeables a la corrupción, desprestigiando la validez, la
necesidad y la oportunidad de las organizaciones sindicales para la defensa de
los intereses de clase.
– Ofrece
verdaderos balones de oxígeno al capital y apuntalan gobiernos reaccionarios y
políticas antiobreras.
– Receptividad
a la financiación de las organizaciones sindicales mediante subvenciones que
controlan los gobiernos del capital.
Así es el sindicalismo de clase.
La alternativa no puede ser otra que el sindicalismo de clase sostenido
exclusivamente con las cuotas de la afiliación al objeto de no perder
independencia de clase (económica, política y social) y que sea dinamizador de
la lucha de clases, combinando de forma simultánea negociación con movilización
(huelgas, concentraciones, muestras diversas de solidaridad entre trabajadores
etc.).
Debe, por
tanto, practicarse un sindicalismo socio-político, no economicista, ni
reformista ni burocrático, que reclame mejoras condiciones de vida y trabajo de
los trabajadores y al mismo tiempo luche por transformaciones sociales
profundas en defensa de sus intereses de clase.
Este
sindicalismo revolucionario podemos caracterizarlo del modo siguiente:
– Es en la lucha sindical combativa y de clasedonde
la clase asalariada asume la importancia de su organización y su unidad, toma
conciencia y descubre que sus intereses resultan antagónicos e incompatibles
con los de la patronal y alcanza a comprender que los procesos de producción
podrían funcionar en un régimen de propiedad colectiva y democracia económica,
en ese extraordinario proceso de aprendizaje que encierra la lucha sindical en
sí misma. La actividad sindical de clase significa que nada útil puede
arrancársele a la patronal que no sea con la más amplia movilización y presión
de los trabajadores y las trabajadoras a condición de que la lucha económica
vaya inseparablemente unida a la lucha política. El sindicalismo de clase es
contrario, por tanto, al pacto social.
– Es un sindicalismo sociopolítico,
es decir, aquél que tiene por finalidad la defensa de los intereses de la clase
asalariada en la lucha por la transformación de la sociedad hacia el
socialismo. La actividad sindical que se limita a la lucha económica
-sindicalismo reformista- sin cuestionar el régimen de explotación coloca a la
clase trabajadora a remolque del capital y la condena a la opresión y al
sometimiento de la clase dominante, sin posibilidad alternativa de emancipación
social. La defensa de los intereses inmediatos —lucha económica— y la de
los intereses estratégicos —lucha por el socialismo— debe realizarse no con un
material humano fantástico ni especialmente creado por nosotros, sino con el
que nos ha dejado como herencia el capitalismo. Con sus limitaciones, con las
influencias negativas de valores propiciados por la burguesía para asegurar su
dominio —individualismo, consumismo, etc.—, pero también con su innata rebeldía
frente a la opresión y la explotación.
– Es también un sindicalismo democrático y asambleario.
La primacía de la asamblea como órgano de toma de decisiones en el desarrollo
de la actividad sindical es un principio básico del sindicalismo de clase. Es
el instrumento fundamental para poder suscribir acuerdos con la patronal. Este
proceder democrático otorga el protagonismo a los miembros de la clase
asalariada, con total independencia de su afiliación, de sus ideas o
pensamiento, de su cualificación profesional. Es la forma más eficaz de
acumular fuerzas en las batallas contra el capital. La representación obrera
—delegados de personal y miembros de Comité de Empresa—, actúa frente a la
empresa no en sustitución de sus compañeros de trabajo, sino como portavoces de
estos.
– Un sindicalismo unitario y de masas. La movilización y la presión como instrumentos
imprescindibles para arrancar derechos y mejoras en las condiciones de trabajo
o, como ahora ocurre con frecuencia, para frenar la agresividad del capital en
la crisis del sistema, obligan a buscar la unidad del proletariado y a
establecer vínculos con los movimientos sociales resistentes a los recortes de
prestaciones y derechos que promueven los gobiernos reaccionarios. La
solidaridad resulta primordial en el sindicalismo de clase, ya que aquel es
sobre todo un sentimiento humano profundo que unifica voluntades y contribuye a
que la clase trabajadora se sientan parte de un todo. Parte de una misma clase
social. Deja constancia de ser víctimas de una misma y única explotación y
opresión. Y ayuda a comprender que el proletariado tiene un mismo enemigo de
clase. La solidaridad hace sentir, además, un legítimo orgullo de pertenencia
común a la clase social obrera.
– Finalmente,
es un sindicalismo independiente de la burguesía. El sindicalismo reformista o burgués que, desde
la transición hasta hoy, promueven cierta dirigencia de las organizaciones sindicales
“mayoritarias”, ha sido posible, entre otros factores, por la financiación de
esas entidades sindicales mediante subvenciones de los gobiernos de la
burguesía. La entrega de estos cuantiosos fondos no es nunca altruista. Es
radicalmente interesada. Han colocado y colocan a los dirigentes de los
sindicatos mayoritarios a remolque de la patronal. Se pierde toda independencia
de clase. Las subvenciones abren, además, el camino al oportunismo incrustado
en las filas sindicales para la práctica de irregularidades, algunas con
merecido reproche penal. Ese sindicalismo de colaboración de clases es una
auténtica desgracia para la clase obrera.
La transformación de los periodistas en apéndices de la policía: el caso Earl Caldwell
La transformación de los
periodistas en apéndices de la policía: el caso Earl Caldwell
DIARIO OCTUBRE / septiembre 2, 2024
En el otoño de
1968 el periodista Earl Caldwell regresaba a la sede del New York Times después
de un reportaje en California. No llevaba en su escritorio más de cinco minutos
cuando una recepcionista le dijo que había dos hombres en la oficina que
querían hablar con él. Eran del FBI.
Los policías
querían saber más sobre un artículo que Caldwell acababa de escribir sobre el
armamento de los Panteras Negras. Recientemente la redacción había asignado a
Caldwell a cubrir a los Panteras Negras para el New York Times. Era su primer
artículo sobre el movimiento político. Los policías le dijeron que querían más
información sobre las armas sobre las que había escrito y más información sobre
los Panteras en general.
El preriodista
les dijo que todo lo que necesitaban saber estaba en el reportaje. Un año y
medio después recibió una citación para comparecer ante un gran jurado y
testificar sobre todo lo que sabía sobre los Panteras Negras, incluidas sus
fuentes confidenciales.
En ese momento
de su carrera, Caldwell ya era el pionero de los periodistas negros. Fue el
único reportero que estuvo en Memphis cuando Martin Luther King fue asesinado
el 4 de abril de 1968. Ocurrió durante la primera misión de Caldwell con él.
Fue también la primera vez que el New York Times enviaba a un reportero negro
para cubrir las conferencias del defensor de los derechos de los negros.
“Le dije a mi
editor que no quería estar en el sur”, recuerda Caldwell, por los prejuicios y
la violencia raciales, “pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad de
cubrir a King. Fue surrealista estar allí y ver cómo se desarrollaba todo
aquello”.
Después del
asesinato de King, Caldwell pasó a cubrir los disturbios raciales que se
estaban produciendo en todo el país para el New York Times. Fue durante aquella
época cuando empezó a cubrir a los Panteras Negras, centrándose en San
Francisco. Pasó más de un año informando sobre la organización en California.
“Los Panteras
Negras eran realmente buenos difundiendo su mensaje”, dice Caldwell. “Me dieron
un buen acceso porque querían que la gente supiera de qué iban”. Cubrió una
amplia gama de historias sobre ellos, incluido su trabajo de divulgación,
enfrentamientos con los antidisturbios y con otros movimientos negros.
“Realmente me
llevé bien con ellos y estaba orgulloso de las historias que pude contar”,
dice.
A medida que la
cobertura de Caldwell sobre los Panteras Negras se hizo más intensa, también
creció el interés del FBI en su trabajo. La policía siguió solicitando
reuniones con él, con vistas a obtener información sobre el movimiento.
Intentaron persuadirlo de que los Panteras Negras eran peligrosos.
Los derechos
siempre se enredan en los pleitos
Caldwell se
mantuvo firme y se negó. El New York Times contrató a un bufete de abogados
para defender la publicación de las noticias, pero pronto se preocupó por la
posición del bufete en la defensa de la libertad de expresión, ya que se dio
cuenta de que los abogados querían entregar parte de la información al FBI.
Caldwell dice que no había forma de que se convirtiera en un soplón de la
policía. “Va en contra de todo lo que uno defiende en el periodismo”, dijo.
Cuando Caldwell
recibió la citación del FBI, consultó con otros periodistas negros y finalmente
buscó el asesoramiento del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, que lo puso en
contacto con el abogado Anthony Amsterdam. Por su propia voluntad, se negó a
comparecer ante el gran jurado, y Amsterdam compareció en su lugar. Argumentó
que no debía comparecer y que la Primera Enmienda protege las fuentes y la
información, así como la elaboración del reportaje. Amsterdam también defendió
la importancia del trabajo de los periodistas negros y “cómo podríamos traer
una respuesta y contarle a Estados Unidos sobre estas preguntas que eran tan
importantes en ese momento”, recordó Caldwell.
El caso llegó
al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, que falló a favor de Caldwell y
acordó que no tenía que compartir su información confidencial con la policía.
Sin embargo, fue una victoria efímera, ya que el gobierno apeló ante el
Tribunal Supremo, que lo abordó junto con otros dos casos similares sobre el
derecho a la libertad de expresión en febrero de 1972.
Los otros dos
casos involucraban a Paul Pappas, un reportero de televisión de Massachusetts
que también cubría a los Panteras Negras y que también había rechazado una
citación para informar sobre ellos a la policía, y a Paul Branzburg, un
reportero del Louisville Courier Journal que había estado informando sobre el
cultivo de hachís. En su reportaje Branzburg entrevistaba a personas que lo
cultivaban, pero sin revelar su identidad. Al igual que Caldwell y Pappas, se negó
a informar a la policía después de que lo llamaran a comparecer ante un gran
jurado.
¿Deben los
periodistas hacer el trabajo de la policía?
El 29 de junio
de 1972 en la sentencia del caso Branzburg, el Tribunal Supremo falló contra de
los periodistas porque era inapropiado “conceder a los periodistas un
privilegio testimonial del que no gozan otros ciudadanos”. Pero los jueces
estaban divididos 5 contra 4 sobre la resolución, y los que disentían argumentaban que la policía no tiene derecho a utilizar a los periodistas para que hagan un trabajo
que les corresponde a ellos.
La sentencia
significaba que Caldwell podía ir a la cárcel, pero el gobierno había
conseguido lo que quería. No lo volvió a perseguir. El periodista continuó
trabajando en el New York Times, cubriendo el juicio de Angela Davis en 1970,
los “asesinatos de niños en Atlanta” y la campaña presidencial del reverendo
Jesse Jackson en 1984. En 1979 se convirtió en el primer periodista negro en
tener su propia columna en un periódico importante, tras pasarse al New York
Daily News.
Tras la
sentencia se desató un movimiento de protestas en todo Estados Unidos para
proteger el derecho de los periodistas al secreto profesional.
Fuente: mpr21.info
ONG denuncian las complicidades del Estado español y la banca en el genocidio de Gaza
Naciones Unidas contabiliza el asesinato de 130 palestinos al día desde
octubre de 2023
ONG denuncian las
complicidades del Estado español y la banca en el genocidio de Gaza
Por Enric Llopis
Rebelion / España
02/09/2024
Fuentes: Rebelión [Imagen: agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas palestinas (UNRWA)]
Se suceden las
denuncias (una media de 130 personas al día asesinadas -por el ejército
israelí- en la Franja de Gaza durante los diez últimos meses, informó el 15 de
agosto Naciones Unidas); Human Rights Watch remarcó el 26 de agosto, en un
informe, las torturas perpetradas por el Estado de Israel al personal médico en
Gaza; uno de los testimonios recopilados es el de Eyad Abed, cirujano de 50
años, detenido mientras laboraba en un hospital gazatí:
“Cada minuto
nos golpeaban. Por todo el cuerpo, en zonas sensibles entre las piernas, el
pecho, la espalda. Nos daban patadas por todo el cuerpo y en la cara.
Utilizaban la parte delantera de las botas, que tenía una punta de metal, y
luego sus armas. Tenían mecheros (…)”.
El mismo día,
60 organizaciones de periodistas y derechos humanos remitieron una carta al
Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Josep Borrell (PSOE), en la que se reclamaba la ruptura del Acuerdo de
Asociación de la UE con Israel; entre otros motivos, por el asesinato de más de
un centenar de periodistas y los crímenes de guerra en Gaza (Agencia Efe).
¿Existen
complicidades en los actos de barbarie? Diputados del Grupo Sumar presentaron
en el Congreso español, el 9 de julio, diferentes preguntas a la Presidencia
del Gobierno -y los ministerios con competencias- sobre la compraventa de armas
al Estado de Israel desde el comienzo del genocidio, en octubre de 2023.
El portavoz
Enrique Santiago, de Izquierda Unida (IU), detalló que la iniciativa se
sustentaba en los datos del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y diversos medios
informativos; así, “España ha seguido importando armas de Israel y adjudicando
contratos a empresas de seguridad y defensa israelíes o a sus filiales” (en el
estado español); por ejemplo, la exportación de municiones en los meses de
noviembre y diciembre, así como la compra de armas a empresas de Israel.
La pregunta
parlamentaria incluía casos concretos; como la adjudicación de contratos –por
parte del Estado español- a importantes compañías israelís de la producción
bélica: el sistema de lanzacohetes SILAM (empresa Elbit) o los misiles SKIPE
(empresa pública Rafael y su filial española PAP Tecnos).
A comienzos de
2024, Amnistía Internacional (AI) informó que –durante el primer semestre de
2023- el Estado español había autorizado 22 licencias para la exportación de
material de defensa a Israel por una suma de más de 44 millones de euros (datos
del Ministerio de Economía y Comercio).
Se trata, en
concreto, de sistemas de dirección de tiro, blindados, material para
la aviación o equipos electrónicos y de formación de imágenes; en cuanto a las
exportaciones realizadas (más de 700.000 euros entre enero y junio de 2023), AI
destaca los sistemas de dirección de tiro (636.637 euros) y las bombas,
torpedos, cohetes, misiles, otros dispositivos y cargas
explosivas, por valor de 76.760 euros.
¿Existe alguna
responsabilidad atribuible a la banca española? Promovida en 2006 por el Centre
Delàs, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y la ONG Setem, la
Campaña Banca Armada denunció en las juntas de accionistas de las cuatro
grandes entidades financieras –BBVA, Banco Santander, Caixabank y Banco
Sabadell- “sus vínculos con empresas de armamento, incluyendo empresas que
venden armas a Israel”.
En la Junta del
BBVA, celebrada el pasado 15 de marzo, activistas de Banca Armada y el
Movimiento de Solidaridad con Palestina detallaron la financiación del banco a
empresas que colaboran con los asentamientos ilegales en
Cisjordania y Gaza, además de compañías de armamento que producen y venden a
Israel (préstamos y títulos financieros a Boeing –bombas, Cazas F-15, y
helicópteros Apache AH-64-; General Dynamics –bombas y munición de artillería-;
Leonardo y Rolls Royce).
También con
datos del informe Untenable Investments, de Don’t Bank on the Bomb
(febrero de 2024), los activistas hicieron una denuncia similar en la junta del
Banco Santander (22 de marzo); dieron cuenta de la concesión de préstamos
–entre 2021 y 2023- a Boeing; Rolls Royce –fabricación de tanques; y Leonardo
–cañones instalados en buques de guerra-; se trataría de empresas “que
contribuyen y se están beneficiando de la guerra contra Gaza”.
Las
implicaciones pueden comprobarse, asimismo, en el informe La
complicidad del sector financiero español en la ocupación de Palestina. El caso
de la energía solar y el greenwasing, de los investigadores Nora Miralles,
Carlos Díaz y Felip Daza (Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en la
Mediterrànea –ODHE-, 2023); el reporte detalla que el ejecutivo israelí ha
establecido como objetivo alcanzar el 30% de la energía –en 2030- a partir de
fuentes renovables.
Los proyectos
de energía solar de Israel se concentran en el territorio ocupado palestino
(TPO) del Valle del Jordán, también en el desierto del Naqab; en ese contexto,
el documento señala la relación entre los bancos españoles y la empresa israelí
SolarEdge (“proveedora de proyectos solares en Shdemot Mehola y Petza’el en el
Valle del Jordán, fue financiada en el año 2009 por General Electric, que
mantiene vínculos con el Banco Santander”).
Además, según
el informe, SolarEdge consta en los fondos de inversión de Ibercaja, forma
parte de los activos en Bolsa de Bankia (desde 2021 Caixabank) y en la cartera de
inversiones del BBVA.
Otra de las
compañías israelís mencionadas es Arava Power (participada por la multinacional
alemana Siemens), que desarrolló el proyecto de campo solar Ketura Sun en el
desierto del Naqab; en esta iniciativa, “efectuó una operación de financiación
de la deuda de 5 millones de dólares desde el fondo de crédito israelí Viola
Credit, que opera con el Banco Santander”.
Respecto a
Siemens AG, “está presente en la cartera de inversiones de la
mayoría de los grandes bancos españoles y las aseguradoras Mapfre y Catalana
Occidente”; la multinacional ha actuado como proveedora de la israelí Enlight
Renewable Energy, responsable del proyecto solar de Halutziot, así como de
parques de energía eólica en el desierto del Naqab y en los TPO de Cisjordania,
subrayan Nora Miralles, Carlos Diaz y Felip Daza.