De nuevo
soplan en Bolivia vientos que impulsan a la secesión de una parte de su
territorio. Vientos contrarrevolucionarios con epicentro en Santa Cruz. País
rico en recursos, Bolivia es un bocado apetitoso para los servidores del
Imperio.
Bolivia en combate contra el secesionismo, el golpismo
y el imperialismo
El Viejo Topo
20 noviembre, 2022
El interés secesionista
No ha sido un
secreto político el interés secesionista de corrientes políticas dentro de
Bolivia desde hace muchos años, incluso antes del proyecto plurinacional. El
oriente del país, la región de Santa Cruz ha sido la zona con más tendencia en
procesos de corte secesionista. Desde otros departamentos y regiones como Beni,
Pando y Tarija también se han impulsado procesos afines a lo largo de la
historia. La media luna boliviana.
En estas
regiones o sectores han sido recurrentes las pujas separatistas, justamente
porque son regiones con más fuerza en la agroindustria, la ganadería y la
extracción de hidrocarburos. Luis Britto (2008) resalta que todas esas regiones
representan en territorio más de la mitad del país.
Sin duda si hay
un liderazgo en este proyecto de secesión lo tiene la oposición derechista
santacruceña. Aunque sus argumentos rayan en el endoracismo al refererirse a
las diferencias culturales o étnicas como elementos disparadores del
separatismo, la verdad es que ha quedado clara su intención de controlar uno de
los territorios más grandes y poderosos económicamente del país.
Para orientar
el proyecto separatista se creó el Comité Cívico pro Santa Cruz para ejercer lo
que ellos mismos denominan “el Gobierno Moral de los cruceños”, velando
por el engrandecimiento moral y material del departamento como su fin supremo,
tal como lo establece el Artículo 1 de sus estatutos.
En su portal
web queda expreso que el Comité es una organización cívica institucional con la
mayor jerarquía en el departamento. Agregando que es “esencialmente
apartidista, sin fines de lucro y de bien común” aunque es vox populi que está
conformada por miembros de partidos de ultra derecha, instituciones religiosas,
organizaciones ultra conservadoras y grandes consorcios empresariales. Desde su
fundación en 1950 siempre ha estado dirigido por importantes políticos o
empresarios del departamento, todos de derecha.
Los proyectos
secesionistas empezaron a ser el programa de unificación del Comité, es por eso
que en su haber se cuentan grandes movilizaciones contra los gobiernos
nacionales, participación en golpes de estado como el ejecutado contra la
fórmula Evo Morales y García Linera durante el año 2019, campañas mediáticas
desestabilizadoras y lo que Britto García calificó como “promoción de la
ingobernabilidad” a través de huelgas y protestas, o a través de la
desobediencia tributaria al desvincularse de procesos fiscales, o incluso a
través de la política de desobediencia a la institucionalidad del Estado.
La autonomía controlada por la derecha conservadora
Desde el Comité
Cívico de Santa Cruz es justamente que en la actualidad se está impulsando una
campaña por la imposición del federalismo, fase primaria o previa del proyecto
separatista. Y aunque Bolivia es un país unitario con autonomías, el gobernador
del departamento, abogado y empresario Luis Fernando Camacho, anterior
presidente y miembro activo del Comité Cívico ha arreciado contra el gobierno
nacional de Luis Arce por su “centralismo asfixiante”, promoviendo un discurso
de odio contra la institucionalidad democrática boliviana y lanzando los que
podrían denominarse como insumos narrativos que arengan la lucha por la
secesión de la región.
La
administración de los recursos centralmente es para éste un robo a los recursos
que se genera desde las regiones, por eso ha hecho sistemáticos llamados
públicos a que las regiones de la media luna emulen el modelo de desarrollo
cruceño, y se sumen a la erradicación del centralismo, reemplanzándolo por un
Estado Federal.
No podremos
dejar de recordar que este mismo personaje, Luis Fernando Camacho, lideró la
violencia en las calles de Santa Cruz que iniciaron el golpe de Estado del año
2019, que además de dejar más de 37 muertos según investigaciones hechas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmanteló así mismo al
Estado Plurinacional.
La impunidad
sobre la participación de Camacho en estos hechos permitió que ascendiera a
gobernador del departamento durante el año 2021, a pesar de los numerosos
escándalos que le envuelven relacionados al lavado dinero, a la evasión de
impuestos, al ocultamiento de fortunas, publicados en los polémicos Pánama
Papers, así como a la particpación de su padre y de él mismo en el golpe de
estado del 2019.
El Censo Nacional de Población y Viviendas como excusa para actuar al
margen
Desde la
gobernación, además de la campaña federalista, Camacho inició recientemente una
convocatoria a paro indefinido, tal como lo hizo en 2019, esta vez bajo la
excusa de no permitir la reprogramación del Censo Nacional de Población y
Viviendas, pautado originalmente para el año 2022, y trasladado ahora para el
año 2024 al no contar con todas las garantías técnicas para su desarrollo.
Camacho desde
la Gobernación junto al Comité Cívico de Santa Cruz y la Unión Juvenil
Cruceñista –esta última catalogada como una organización paramilitar–, ha
obligado a la aplicación de este método de agresión, presionando al Gobierno
Plurinacional a realizar el Censo en el 2023, justificando que de no realizarlo
el departamento perdería una gran cantidad de recursos provenientes de la
distribución de los tributos, así como perdería puestos en la Cámara de
Diputados que dan por ganados, esto debido a que en Bolivia la información que
ofrece el Instituto Nacional de Estadística INE, acopiada en los censos
nacionales, sirve por ley para la toma de decisiones en materia de distribución
de recursos públicos y redistribución de los escaños de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
El punto
central es que la ultra derecha cruceña vuelve a ponerse al margen del sistema
democrático boliviano deslegitimando al Estado Plurinacional, en lo que Emira
Lindo (2022) determina como una política basada en agotar institucionalmente el
Estado, hastiando a la población y haciéndola dudar de absolutamente todo, como
las denuncias sobre fraudes electorales, fiscales, políticos y hasta censales
pues “cuando la mecánica ya se ha instalado, todo es objeto de sospecha”.
Se trata de
inocular en la población que el gobierno toma la decisión de postergar la
realización del Censo para sabotear la aparente posibilidad de los partidos de
oposición de ampliar su participación en el parlamento, manteniéndose la
mayoría de los curules oficialistas actuales, influenciando también las
elecciones generales y presidenciales del 2025.
Las geopolítica del poder y los intereses externos
Decenas de
pruebas existen en la realidad geopolítica de América Latina que exponen la
injerencia imperialista norteamericana en asuntos soberanos e internos a las
naciones de esta parte del continente. Bolivia no es la excepción.
Lo que
denominamos anteriormente como la cristalización de una oposición de
ultraderecha conservadora caracterizada por una praxis generalmente al margen
del sistema democrático, secesionista, racista y corrompida no es solo fruto de
la voluntad de grupos nacionalistas, está clara la participación de intereses y
hasta financiamientos exógenos.
Dominar el
territorio boliviano, desgajarlo y expoliarlo es materia de definición política
del imperialismo europeo y norteamericano. El interés permanente de los
gobiernos y transnacionales europeas y estadounidenses por reprivatizar la
industria gasífera, la segunda reserva más importante del hemisferio, así como
la industria de hidrocarburos, o la propia industria agrícola y ganadera, está
demostrado a lo largo de la historia política del país.
Según datos del
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (Center for Economic and
Policy Research, CEPR), “Bolivia es un importante receptor de ayuda monetaria
de la USAID. La agencia canaliza millones de dólares a varios grupos”, a pesar
de que la Cancillería en un comunicado publicado en septiembre de este año
aseguró que la USAID fue expulsada de Bolivia desde el año 2013 por actos de
presunta injerencia en los asuntos internos del país. Aquí las ONG´s,
Fundaciones afines y Think Tanks como el Instituto Interamericano para la
Democracia (IID) son las fachadas para las transferencias. La Fundación
Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED) y
organizaciones relacionadas han financiando también el golpismo y el
secesionismo en Bolivia, como es el caso del propio Comité Cívico de Santa Cruz
y la Unión Juvenil Cruceñista, que ha recibido formación directa en institutos
norteamericanos.
El contexto de
tensión producto del paro indefinido promovido desde Santa Cruz de Bolivia
presionando por la realización del Censo, no es espontáneo. El Gobierno
Plurinacional de Luis Arce ha llamado a diferentes mesas de diálogo, encuentros
y consultas para canalizar la situación, escuchar a las partes y lograr un
consenso, pero Camacho se niega a participar. Se conoce también que el paro se
ha concentrado en las zonas clases altas y medias altas debido a que han
perdido capacidad de convocatoria, por lo que algunos autores han reseñado el
paro como un encierro de la oposición “en su propia desestabilización”. Las
grandes pérdidas económicas mantienen preocupados a los sectores productivos y
comerciales. A pesar de esto el llamado golpista se ha mantenido ¿qué otra
demostración de que el imperialismo tiene las manos metidas se necesita?
Fuente: Segundo paso.
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