lunes, 7 de julio de 2014

FELIPE VI, COMO ESTÁ MU PREPARAO SIGUE CON SU PREPARACIÓN, Y AQUÍ NO PASA NADA.

En el Felipato VI de los Felipes de Borbón, algunos que no han hecho más que darle al chupe de la borrega desde que sus madres los parieran, quitándoselo a los trabajadores, que son los que producen la riqueza, siguen viviendo muy por encima de sus posibilidades, a cuerpo sexto afelipado podría decirse
 *
El escándalo persigue a Carlos Dívar: su seguridad cuesta 385.000 euros al año

Jueces y fiscales consideran vergonzosa su "exagerada" escolta, dos años después de su dimisión: 11 guardias civiles y cuatro policías nacionales

ELPLURAL.COM | 07/07/2014
  


El expresidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. EFE/Archivo
Sus affaires marbellíes a cargo del Consejo General del Poder Judicial le costaron el puesto. Al final todo quedó en nada, entre otras cosas, por la rapidez con que la fiscalía archivó la denuncia y la normativa interna del Poder Judicial en la que se amparó para no explicar sus viajes a todo tren, algunos de cuatro días para acudir a un acto público a 200 kilómetros de distancia. Divar explicó entonces que su cargo se extendía las 24 horas del día y que los viajes eran de carácter “reservado”.
15 escoltas y coche oficial
Ahora vuelve el escándalo. Según revela la cadena SER, dos años después de su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, mantiene una escolta de 11 guardias civiles y cuatro policías nacionales. Además, tiene a su disposición un coche oficial con el que se desplaza una vez al mes a Torremolinos acompañado de dos de sus escoltas. El coste anual es de unos 385.000 euros al año, según las fuentes consultadas por la Cadena SER.

Rajoy retiró la protección a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional
Su dispositivo de seguridad es muy superior al de su sustituto o los exministros en situación de riesgo. Se da la circunstancia, además, de que Mariano Rajoy decidió hace dos años retirar la protección policial a casi todos los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que son los que investigan y sentencian causas de terrorismo, narcotráfico, mafias o crimen organizado. La decisión provocó protestas de la judicatura.