jueves, 5 de febrero de 2015

UE - EE.UU. ELLOS A LO SUYO, QUE NO ES LO NUESTRO


El TTIP amenaza la seguridad alimentaria en Europa

05.02.2015

Esta semana continúa negociándose a puerta cerrada el Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE, conocido como TTIP. Según un nuevo análisis de expertos en alimentación y comercio, las decisiones que se adopten en el documento pueden amenazar la salud pública, los derechos de los consumidores y las condiciones de vida de los animales. A estas alturas de las negociaciones, las críticas van en aumento: cientos de personas se manifiestan en Bruselas contra el tratado, acompañados de un caballo de Troya de ocho metros, que formará parte de otras protestas en diferentes países de la UE, y que también visitará España.

Un documento publicado recientemente por la UE muestra cómo los negociadores están planificando situar los intereses comerciales por encima de la seguridad alimentaria [1].

El análisis del capítulo sobre seguridad alimentaria muestra que las propuestas europeas reducirían la posibilidad de restringir los alimentos transgénicos, así como el uso de hormonas y otros químicos a los que estarían expuestos los animales en las granjas. El establecimiento de un organismo transatlántico controlaría las futuras normas de seguridad alimentaria y de bienestar animal, lo que facilitará el comercio por encima de los intereses generales.

Las decisiones sobre seguridad alimentaria se desplazarían a este nuevo organismo comercial, fuera del alcance de políticos estatales y europeos, coartando a su vez el derecho de los estados a inspeccionar la importación de alimentos en los puertos de entrada, una medida de seguridad utilizada para salvaguardar la salud pública.

Si se llegasen a homologar los estándares internacionales de seguridad alimentaria a ambos lados del Atlántico, estas medidas provocarían más escándalos alimentarios. A su vez minaría la posibilidad de que un estado pudiese establecer niveles más altos de seguridad, como prohibir los cultivos transgénicos o restringir el uso de antibióticos en granjas.

“Este tratado es un caballo de Troya que pondrá en peligro nuestra alimentación y medio ambiente. El principal objetivo de los negociadores es incrementar el comercio e inflar los beneficios de grandes corporaciones, y justo serían estos negociadores los primeros en decidir sobre las futuras normativas de seguridad alimentaria. Hay que recordar a la Comisión Europea que un acuerdo de comercio no es el documento indicado para decidir sobre la alimentación de la ciudadanía”, ha señalado Sandra Espeja, responsable del área de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.

Hoy cientos de personas han participado en una concentración en Bruselas para exigir el fin del Caballo de Troya. El acto organizado por Amigos de la Tierra y Global Justice Now ha tenido de protagonista a la sociedad civil y a un caballo de Troya de 8 metros, representando al TTIP [2]. Esta misma semana ha tenido lugar un encuentro europeo de activistas de distintos países para debatir y decidir diferentes acciones para frenar el Tratado de Troya.
Amigos de la Tierra reclama que no se firme el TTIP y que se centren esfuerzos en la agricultura y alimentación local y sostenible, un modelo que beneficia a la ciudadanía y al medio ambiente y promueve la economía local [3]. 

Notas: 
[1] Propuesta: Medias sanitarias y fitosanitarias (SPS) http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/153026.htm


TRATADO "LIBRE"COMERCIO UE-EE.UU (NUEVA TRAICIÓN A LA PATRIA DE NUESTROS "REPRESENTANTES" POLÍTICOS)



Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP)

La vuelta al siglo XIX

Rebelión
Fundación Rosa de Luxemburgo
03.02.2015


EL nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo. Tiene como principales objetivos llegar a un acuerdo que entre permita la superación de la soberanía de las naciones igualando a las multinacionales jurídicamente con los estados, imponer un modelos socioeconómico que no pueda poner trabas a las avaricias de poder social y económico de las casta neoliberales que atreves de organizaciones antidemocráticas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización mundial de comercio. Instituciones claves para el proyecto neoliberal.

¿Qué se pretende? Eliminar las barreras arancelarias entre los dos socios y las barreras reglamentarias - las normativas básicas en materia social, medioambiental… - que limitan la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones.

¿Por qué ahora? EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.

¿Quién y cómo se está negociando? De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…

Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la ciudadanía, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.

¿Qué regulará? Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.

Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.

¿Qué supondrá? Se ahondará en los recortes en los derechos laborales , justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a www.troikaparty.eu/es] (Comisión Europea, FMI, BCE).

La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas. La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:
Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.

La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.

Resumen. El Acuerdo TTIP, es un extenso tratado sobre libre comercio e inversión que están negociando (en secreto. El objetivo es llevar a cabo las conversaciones lo más rápidamente posible y sin que los detalles lleguen a la opinión pública, con la esperanza de poder cerrar las negociaciones antes de que la ciudadanía en Europa y EE.UU. descubra la verdadera envergadura de la amenaza que supone el TTIP.

Como ya han admitido funcionarios de ambas partes, el objetivo principal del TTIP no es estimular el comercio eliminando aranceles entre la UE y los EE.UU., pues son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Su principal finalidad es, como ellos mismos han reconocido, eliminar las “barreras” reguladoras que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos lados del Atlántico.

Estas “barreras” son en realidad algunas de nuestras normativas más preciadas en materia de derechos sociales y medio ambiente, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria (incluidas las restricciones a los OGM), la enseñanza, la sanidad, las regulaciones sobre el uso de substancias químicas tóxicas, las leyes de protección de la privacidad en internet e incluso las nuevas garantías en el ámbito bancario introducidas para prevenir otra crisis financiera como la de 2008. En otras palabras, no podría haber más en juego.

El TTIP también anhela crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la contratación pública a las empresas transnacionales, lo que amenaza con provocar nuevas olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad o la educación.

El TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje ad hoc, son los ‘tribunales’ de arbitraje, comisiones formadas por tres abogados privados que resuelven demandas de grandes empresas… a su favor. Sin legitimidad alguna porque solo son abogados caros, además de una verdadera amenaza para la democracia. para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública . En la práctica, este mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al del Estado nación y amenaza con minar los principios más básicos de la democracia tanto en la UE como en los EE.UU. Permite que las corporaciones privadas actúen, en defensa de sus genéricos intereses, contra los poderes públicos nacionales, autonómicos, regionales y locales. Se pueden recurrir las decisiones políticas que atenten contra el Tratado, siendo sus decisiones de aplicación inmediata y sin apelación. Así, la decisión el Consejo Constitucional de Francia, al declarar conforme a la constitución la ley que prohíbe el gas esquisto, puede dar lugar a la interposición - por un potencial inversor o conjunto de inversores favorables al gas esquisto- de una queja por atentar contra el contenido del TTIP. Es un sistema de arbitraje privado que sustrae de competencias a las instituciones del Estado para el ejercicio de las políticas públicas.

El TTIP que forma parte de la armadura jurídica que limita el ejercicio de la democracia y de la soberanía de los pueblos. La herencia normativa del capitalismo global - los contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral y resoluciones de los tribunales arbitrales que conforman la nueva normativa condiciona el devenir de las mayorías sociales. El TTIP no es sólo un acuerdo comercial, es un nuevo tratado fundacional al servicio de las corporaciones transnacionales.

La técnica jurídica utilizada por el TTIP no es neutral: es una arquitectura construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del Tratado; además, su opacidad, su falta de transparencia y la reinterpretación de los elementos formales que constituyen el Estado de Derecho, deben ser conocidos, desmontados y reapropiados por las mayorías sociales.

Contexto jurídico sobre el que actúa el TTIP . Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y favorables a las empresas multinacionales.

Los componentes fundamentales del TTIP son el acceso al mercado, las normas regulatorias, las cuestiones reglamentarias y las barreras no arancelarias; abarca aspectos materiales y formales.

Entre las cuestiones materiales nos encontramos con propuestas relacionadas con la quiebra de los derechos laborales y la normativa europea medioambiental, la desregulación del sector financiero, la apertura al mercado privado de los servicios públicos –el agua, la electricidad, la educación, la salud, el trasporte, la protección social…-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos modificados genéticamente, la contratación pública…

El TTIP forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judiciales.

La falta de legitimidad democrática del TTIP. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes del TTIP. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos los negociadores, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

El TTIP combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la regulación europea. Si la legislación laboral es más tuitiva en la Unión Europea, se aplican las normas de EEUU que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. La compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones. 

Toda la tramitación del TTIP quiebra los principios básicos del Estado de Derecho, es decir, las garantías procesales de la ciudadanía transparencia, separación de poderes, debates parlamentarios. 

La tramitación del TTIP fulmina los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión - provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones.

Por otra parte, la inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de los anexos al TTIP, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.

Esta técnica clásica del modelo neoliberal se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con el TTIP se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales europeas y estadounidenses. El Estado es imprescindible para la acumulación de riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. El TTIP fortalece los derechos de las mismas.

El modelo institucional de la UE no se adapta a los modelos tradicionales de democracia parlamentaria. El papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales es secundario en el devenir del TTIP. Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que “sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación”. Es decir, se están saltando su propia legalidad. Las prácticas en torno a la elaboración del TTIP colisionan con la propia normativa comunitaria.

Si a esto le unimos el verdadero golpe de Estado ha supuesto , el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad; estos dos textos actúan como vasos comunicantes, ya que, por un lado elevan a la cúspide de la pirámide normativa comunitaria el déficit público y la deuda pública –y, por tanto, la generalización de medidas de ajuste en contra de las mayorías sociales- y, por otro, se establece una intervención técnica de las instancias comunitarias al margen de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. El debate parlamentario y la deliberación quedan subordinados a reglas rígidas y automáticas establecidas en el diseño de las políticas presupuestarias.

Juan Hernández Zubizarreta. Profesor de la Universidad del País Vasco

*++

DEUDA GRIEGA (EN ESPAÑA SE HUNDIRÁ EL BARCO SI VOTAMOS MAYORITARIAMENTE PP O PSOE)



La deuda: ¿qué estrategias podemos desarrollar en Europa?

ENEKO/REBELIÓN

Rebelión
CADTM
05.02.2015

El martes 20 de enero de 2015, Syriza y Podemos organizaron una sesión de reflexión y de debate en el Parlamento Europeo con la participación del CADTM y del Bloco de Esquerda para tratar las diferentes estrategias que se podrían desarrollar para hacer frente a la trampa de la deuda pública en Europa. Esta sesión, que duró dos horas y media y estuvo moderada por la eurodiputada Teresa Rodríguez, fue la ocasión para tener una discusión agradable y sin cortapisas entre las diferentes formaciones políticas y el CADTM sobre algunos puntos de divergencia y otros de convergencia con respecto a la estrategia que se debería seguir frente a los acreedores.

La experiencia de las reestructuraciones nos muestra que los actos unilaterales son necesarios

Éric Toussaint, portavoz del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y doctor en Ciencias Políticas, hizo una introducción sobre las experiencias de reestructuración, auditoría, suspensión de pagos y anulación de deudas en las últimas décadas.

Sin extenderse sobre los detalles de esas experiencias, compiladas en una entrevista disponible en la web del CADTM (verhttp://cadtm.org/Reestructuracion-auditoria) se expusieron ejemplos de:
  • 1.- Reestructuraciones con condiciones favorables a los países deudores por razones geopolíticas (Alemania occidental en 1957, Polonia con gobierno de Lech Walesa en 1991, Egipto con gobierno de Mubarak en 1991, e Iraq bajo dominio estadounidense en 2004).
  • 2.- Una excepción en la que una reestructuración fue aprovechada, por error, por un gobierno alternativo (Bolivia en 2005).
  • 3.- Suspensiones unilaterales de pago de la deuda, seguidas de negociaciones, como en el caso de Argentina, o sin negociaciones, como en el caso de Ecuador.
Una enorme mayoría de reestructuraciones (hubo 600 entre 1950 y 2010) resultaron desfavorables a las economías y a los pueblos de los países afectados. Éric Toussaint muestra que la reestructuración constituye una expresión y un mecanismo forjados por los acreedores. Considera que vale más no escoger la reestructuración como solución ya que es un terreno minado por los acreedores, que lo balizaron a su favor.

Éric Toussaint terminó el relato histórico, particularmente interesante, con el caso de la reestructuración griega realizada en 2012, bajo el único interés de los acreedores. Esa operación recuerda dramáticamente la experiencia de las reestructuraciones de las deudas del Tercer Mundo. Hay que sacar conclusiones de esa experiencia reciente para el gobierno griego dirigido por Syriza, que acaba de constituirse.

En el escenario actual, los acreedores públicos —que tanto en el caso de Grecia o como en el de Portugal y en otros países sometidos a un memorándum, son los principales acreedores— no tienen la voluntad de adoptar la actitud que tuvieron, aunque los tiempos no son comparables, ante el trato de favor otorgado a la Alemania occidental de la posguerra. «Varios partidos de la izquierda radical (como Podemos, Syriza y el Bloco de Esquerda) proponen ahora una reestructuración y declaran que “quieren negociar con los acreedores”. El debate no es tanto sobre la actitud de apertura o no a una negociación, sino sobre si esa negociación puede acabar en un resultado realmente positivo para el país y el pueblo. Sin suspensión de pagos, sin auditoría, sin otras acciones soberanas de desobediencia a los acreedores, no vemos muy bien cómo una negociación puede dar un buen resultado. Y, de todas maneras, puede ser que sea necesario actuar con la máxima energía si la negociación no se consigue o no acaba favorablemente.»

La auditoría de la deuda es a la vez un instrumento de sensibilización, de demostración y un ejercicio que permite fundamentar una decisión soberana por parte de un Estado.

Después de haber señalado que es importante —como lo hace el documento de los amigos portugueses— incluir la cuestión de los bancos, del control de los movimientos de capitales y de una reforma fiscal radical, cuando se desarrolla una estrategia frente a la deuda pública, Toussaint nos insiste finalmente en la importancia que tiene como arma una auditoría de la deuda: «El ejemplo de la auditoría ecuatoriana de 2007-2008 muestra que es una herramienta importante. Es un acto soberano que tiene como objetivo analizar la deuda reclamada para comprender los procesos de endeudamiento e identificar las partes ilegales / ilegítimas / insostenibles /odiosas. Una auditoría es un instrumento de sensibilización, de demostración, y al mismo tiempo un ejercicio que permite fundamentar una decisión soberana de un Estado sobre la base de argumentos de derecho interno e internacional, o sobre la base de los principios generales del Derecho.»

Una propuesta concreta de un plan de reestructuración

Francisco Louçã, ex coordinador del Bloco y doctor en economía, expuso un plan de renegociación de la deuda redactado por él mismo y otros tres economistas portugueses. Este informe permite impulsar un debate político sobre la base de propuestas concretas. El documento propone que la reestructuración se haga mediante un alargamiento del pago del capital, en hasta 30 años, y una disminución del tipo de interés al 1 %. Propone también una política discriminatoria a favor de los pequeños inversores, de otros pequeños ahorradores, que podrían verse afectados por la reestructuración, así como a favor de la administración pública local. Finalmente aboga por una reforma radical del sector bancario, que pasaría integralmente al sector público después de haber obligados a los accionistas a aceptar una pérdida total.

«El carácter sólido y concreto de las propuestas es muy importante para el debate público. Pensamos que puede haber otras posiciones, y puede ser que mejores, pero ninguna ha sido presentada hasta este momento.»

Según Francisco Louçã, el programa de compra de deuda anunciado por el Banco Central Europeo no será suficiente, por el contrario será necesaria una anulación parcial de la deuda mediante un proceso de negociación y de reestructuración. «Puede pasar de todo, para bien o para mal, y eso dependerá de la actitud de un gobierno de izquierda que podrá —y deberá— tomar, con total evidencia, medidas unilaterales.»

Debemos pensar en lo que haremos después de realizar los actos unilaterales
Ignacio Álvarez, miembro de Podemos y profesor de Economía Aplicada, deseaba precisar en primer lugar que Podemos no tiene todavía una posición tan afirmada sobre la deuda como los otros participantes del debate. Sin embargo, Podemos votó una resolución que permitió abrir dicho debate.

Esa resolución deriva de dos constataciones: el programa económico de Podemos no podrá aplicarse sin atacar el problema de la deuda (tanto pública como privada). El marco institucional en el que se inscribe (la Unión Europea y sus tratados) es muy importante y se lo debe tener en cuenta. «Las economías periféricas, si quieren vivir en el interior de ese marco, deberían producir en los próximos años unos superávits primarios superiores al 3,5 %, al 4 %, incluso al 7 %. Lo que es insoportable e imposible.»

En cuanto la auditoría ciudadana de la deuda y la reestructuración, Ignacio Álvarez explica que para Podemos «estas dos cosas deben coordinarse pero no necesariamente excluirse. La reestructuración debe hacerse aunque la auditoría no haya podido terminarse o no haya llegado a las conclusiones. Vemos a la auditoría como un instrumento de sensibilización y de politización. Es así como Éric lo ha afirmado, un instrumento que debe ayudar a definir lo que es ilegítimo.» Y luego precisa la forma que debería tener la reestructuración: «Debe permitir alcanzar una reducción efectiva: tipos de interés, calendario de amortizaciones, servicio de la deuda durante los primeros como proponen nuestros amigos portugueses, y evidentemente el stock de la deuda.»

Podemos propone hablar de reestructuración porque permite dirigirse a una parte mucho más amplia de la población: «Lo que cuenta no son las palabras que utilicemos sino lo que nosotros ponemos por detrás. Estoy totalmente de acuerdo que hay que llevar a cabo actos soberanos. Por otro lado, el debate sobre la deuda no avanzará si no se hacen estos actos por parte de los países endeudados, que deben establecer soluciones colectivas. Pero no podemos financiarnos de la noche a la mañana, no tenemos posibilidades monetarias via nuestro banco central, y eso lo debemos tener en cuenta. Hay que pensar en lo que pasará después de cada uno de nuestros actos unilaterales.»

Los acreedores utilizan su poder para imponer condiciones a las reestructuraciones

Georgios Katrougalos, diputado europeo por Syriza y profesor de Derecho Constitucional, recordaba que todavía no hay nada previsto en el derecho internacional para tratar las cuestiones que plantean las reestructuraciones. Por el momento existen dos grupos informales: el Club de París (acreedores públicos) y el Club de Londres (acreedores privados). Tanto uno como otro utilizan su poder para imponer condiciones particulares a las reestructuraciones con el fin de que sirvan a sus intereses y no a los de las poblaciones deudoras.

«Después de la reestructuración de 2012, el 90 % de nuestra deuda no estaba más en las manos de los acreedores privados (en gran parte, bancos alemanes y franceses) sino en manos de Estados, del BCE y del FMI. Es otro ejemplo de socialización de pérdidas de los bancos. Por consiguiente, quizás sea necesaria una negociación.» Sin olvidar que actualmente la deuda griega se encuentra bajo la jurisdicción del derecho británico y no del griego.

Afirmó que la posición de Syriza es que es imposible pagar la deuda. Pero la razón principal para desobedecer es política y no técnica. La deuda es una herramienta de dominación que no es más un problema sólo de Grecia o de los países periféricos, sino un problema de la Unión Europea. «Es imprescindible llegar a una solución a través de una conferencia internacional, como se hizo para Alemania. Proponemos incluir la necesidad de una moratoria y una cláusula de crecimiento mínimo por debajo del cual el servicio de la deuda quedaría suspendido.»

Que Syriza le tome la palabra a la Unión Europea

Como conclusión, Éric Toussaint explicó que existe un reglamento de la Unión Europea, con fecha del 21 de mayo de 2013, cuyo articulo 7§9 preconiza la realización de una auditoría completa en los países que necesitaron un plan de ajuste macroeconómico.[1] Que Syriza le tome pues la palabra y lo utilice para identificar las responsabilidades en el endeudamiento de Grecia y la deuda que el pueblo no puede pagar.

Nota
[1] Artículo 7, punto 9: Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y detectar cualquier posible irregularidad. Reglamento (UE) nº 472 / 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades.

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ...
Fuente: http://cadtm.org/La-deuda-Que-estra...
Traducción: Griselda Piñero

*++