sábado, 28 de octubre de 2017

POR QUÉ UN PROBLEMA NO CATALÁN LO TIENEN QUE PAGAR LAS CLASES TRABAJADORAS CATALANAS (y las no catalanas), LAS QUE SE DECLARAN INDEPENDENTISTAS Y LAS QUE SE DECLARAN NO INDEPENDENTISTAS?




LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL ROMPE EL PACTO CONSTITUCIONAL DEL 78

28.10.2017


O de cómo pagar la clase obrera española, el déficit a priori de 13.000 millones de euros, que anuncia el gobierno de PP que tiene de coste el asunto catalán a las arcas del estado, una amenaza que conlleva estrategia para las futuras elecciones, responsabilizando ante el pueblo español, al pueblo catalán de los recortes futuros en salarios y pensiones, con el objetivo de que paguemos la crisis. La burguesía catalana aplaude con las orejas, porque también participa del postín, dentro de la propiedad y acciones de las empresas y sociedades financieras que comparten con la española, la europea y del resto del planeta.

Resulta irritante la pretensión de dar como cierta por histórica, una explicación de confrontación entre élites burguesas por revisionista, dando igualdad a todas las personas desde conceptos abstractos como pueblo y ciudadanía, con una burguesía vendepatrias, sin fronteras financieras y de paraísos fiscales como las del PP y PDeCAT, que autoproclamada como pueblo por el constitucionalismo del 78, situó la contradicción en la recuperación de “sus” derechos históricos como pueblo catalán dentro del estado español, cuando es un problema sin solución entre burgueses, como propietarios de la industria, el comercio, entidades financieras y desde siglos, de la tierra, de sus poderes fácticos y del gobierno.

Esta posverdad de hacer para la clase obrera como pueblo el problema de los propietarios burgueses, además de manida en la historia de la lucha de clases, nos viene dada por el abandono del marxismo del PCE y el PSOE en los años setenta, posibilitando que la izquierda que representaba a la clase obrera y al pueblo (que engloba a todas las clases sociales menos a la oligarquía dominante) acordara en la constitución del 78, darnos unos derechos genéricos (dentro del pacto social de estado de bienestar que se nos ofertaba) en trabajo, sanidad, enseñanza, servicios sociales, dependencia y de libertades en la calle y el trabajo y para ellos que no olvidan la lucha de clases, firmeza en los derechos fundamentales que salvaguardan la propiedad privada y el libre mercado, bajo una monarquía parlamentaria como estado de derecho, todo ello sobre la base del mantenimiento del aparato fascista del estado franquista, lo cual explica el poder y corrupción de los poderes fácticos y la escasa independencia del poder judicial.

Este acuerdo que también era entre oligarquías, encubierto como derechos históricos, es el que salta fruto de la presión que ejerce la competencia por el control del libre mercado y de los instrumentos del estado burgués de apropiación de los ahorros, salarios, pensiones y propiedades de la clase trabajadora, especialmente los de la clase media, que abarca desde la clase obrera con trabajo fijo, al profesional, autónomos y pequeños empresarios, que inexorablemente ven avanzar su proceso de proletarización con sus hijos y nietos en trabajos precarios, sin salario estable y con sus propiedades y la de los avalistas hipotecadas, cuando no embargadas por las entidades financieras, por un extractivismo salvaje de los bienes y propiedades, amasadas durante los treinta años de pacto social de estado de bienestar.

La crisis global