martes, 8 de enero de 2019

CHINA. EL CAPITALISMO CAPITALISMO ES



China

Una economía renqueante y la desigualdad obligan al gobierno a cambiar de prioridades

Lily Kuo
Vientosur
03.01.2019

En 2019, los dirigentes de la segunda economía nacional más grande del mundo se enfrentan a las decisiones políticas más difíciles en muchos años.

Para que le salgan las cuentas, Xu Yuan, de 33 años, tiene que compartir una cama con su mejor amiga en Shanghái, donde trabaja en márketing. Una cortina delimita su mitad de la cama. Todos los días sale del trabajo lo más tarde posible y solo va a casa a dormir. “Ninguna de nosotras es feliz, pero hemos de ser tolerantes”, dice. Liu Xun, de 26 años, editor de vídeos en Pekín, no va al cine, ni se compra ropa nueva, ni queda con amigas. “A decir verdad, pienso que tener novia es demasiado caro”, dice. Hillary Pan, que trabaja en medios de comunicación, dice que ya no come en restaurantes y casi cada día se compra la comida en la tienda 7-Eleven.

La economía china flojea y son personas como Xu, Liu y Pan quienes notan el efecto. Figuran entre los muchos chinos corrientes que han tenido que recortar gastos ahora que la segunda economía nacional más grande del mundo experimenta su peor retroceso desde la crisis financiera mundial de 2008. “La gente ha comenzados a reducir el gasto de dinero porque no prevé que la economía marche bien”, dice Ye Tan, un economista independiente que reside en Shanghái. “Las empresas y las personas recelan de la economía.”

A comienzos de 2019, China se enfrenta no solo a una economía renqueante, sino también a una prolongada guerra comercial con EE UU, una deuda que supone una amenaza para la economía mundial y el sistema financiero chino y una población que reclama una mejor protección del medio ambiente, del trabajo y la salud. Este año, los dirigentes chinos afrontan algunas de las decisiones políticas más difíciles que han tenido que adoptar en años. Los analistas dicen que tendrán que optar entre el impulso del crecimiento mediante las palancas tradicionales del gasto en infraestructuras financiado con deuda, o dolorosas reformas que rebajen el riesgo financiero, pero incrementen la posibilidad del desempleo y, en última instancia, de inestabilidad social.

Oficialmente, la economía china va viento en popa. Se prevé que el crecimiento económico se reduzca al 6,3 % el año que viene, después de alcanzar el 6,6 % en 2018. La economía se expandió un 6,5 % en el tercer trimestre, el de crecimiento más lento desde 2009. Sin embargo, indicadores económicos como las ventas de automóviles o la actividad del sector de fabricación tocan a rebato. En noviembre, el crecimiento del sector de fabricación chino se estancó por primera vez en más de dos años. Las ventas anuales de automóviles en el mercado de coches más grande del mundo van camino de contraerse por primera vez desde 1990.

Las acciones de empresas chinas, que miden más la confianza que la economía real, han vivido uno de los peores años, perdiendo dos billones de dólares. Hay fábricas que han enviado a casa a trabajadores meses antes de las vacaciones de año nuevo, que en China se celebra en febrero. El mercado inmobiliario, uno de los pocos ámbitos en que la gente de la calle puede invertir, también ha sufrido, haciendo que los promotores rebajen drásticamente los precios. La desaceleración económica es particularmente sensible en China, donde se suele pensar que la estabilidad social depende de la capacidad del gobierno para asegurar el crecimiento continuo. En septiembre, funcionarios del departamento de propaganda ordenaron a periodistas chinos que se abstuvieran de informar de cualquier señal de desaceleración de la economía, de la guerra comercial con EE UU o de cualquier aspecto que refleje las “dificultades de la gente”.

Pero esas dificultades son difíciles de silenciar. Puesto que los promotores inmobiliarios han rebajado los precios para estimular las ventas, los propietarios de viviendas han organizado protestas en toda China. También proliferan las manifestaciones de trabajadores. El China Labour Bulletin (CLB), que informa del activismo obrero en el país, ha constatado que las huelgas y manifestaciones se han extendido más allá del sector de fabricación, llegando al sector servicios y el comercio minorista entre 2013 y 2017, durante el primer mandato del presidente Xi Jinping. La redacción contó 1.640 huelgas o manifestaciones de fábrica en 2018, unas 400 más que el año anterior, una cifra que considera que no es representativa de todas las huelgas que hubo en el país. “Si examinas la naturaleza de estas protestas, la gran mayoría pueden asociarse de alguna manera con la desaceleración de la economía. Las movilizaciones tienen su causa en la incapacidad de las empresas para pagar los salarios puntualmente, en el cierre en fábricas y en la quiebra de negocios en el sector servicios”, afirma Geoffrey Crothall, de CLB.

China ha puesto en marcha medidas encaminadas a relanzar la economía mediante la rebaja de impuestos al consumo para estimular el gasto de los hogares, el pago de subsidios a jóvenes en paro y la devolución de las cotizaciones al seguro de desempleo a las empresas que no despidan a trabajadores. Sin embargo, puede que esto no baste para afrontar otro problema que pone palos en la rueda de la economía: el reparto desigual de la riqueza. En los últimos 30 años de crecimiento económico de China, la riqueza ha ido a parar a manos de las autoridades y las élites locales, que acaparan el dinero y no lo invierten, señala el economista Michael Pettis, profesor de finanzas en la escuela Guanghua de administración de empresas de la Universidad de Pekín. “Si quieres resolver los problemas de China, es fácil. Solo tienes que transferir la riqueza de las élites a la población”, ha declarado. “Esta siempre ha sido la parte difícil, gestionar la transferencia de riqueza.”

De alguna manera, China ha recuperado su antiguo guion de abrir el grifo. Hace meses el gobierno ordenó a la banca pública que prestara dinero a las pequeñas y medianas empresas, que antes tenían que luchar por conseguir un crédito. En el tercer trimestre, los planificadores aprobaron 45 nuevos proyectos de infraestructura por valor de 437.400 millones de yuanes (63.000 millones de dólares), cuando en el trimestre anterior solo habían ascendido a 90.500 millones de yuanes. Los analistas que se muestran optimistas de que China llevará a cabo las reformas prometidas y mantendrá su campaña por la reducción de la deuda impagada, dicen que estas medidas demuestran la contención y las nuevas prioridades de China.

“Creo que el objetivo de crecimiento del PIB, que ha sido una fijación durante 20 o 30 años, ya no es tanto una fijación para todos los niveles de gobierno. Pienso que están mucho más dispuestos a tolerar tasas de crecimiento más moderadas”, dice Damien Ma, cofundador del laboratorio de ideas MacroPolo del Instituto Paulson de Chicago. Y añade: “El contrato social ha evolucionado bajo Xi Jinping. La cosa ya no va de crecimiento… sino de sanidad, educación, aire limpio, agua limpia, cuestiones de calidad de vida.” Refiriéndose a una medición del contenido de partículas en la atmósfera, que es un indicador de la contaminación, dice: “En los próximos cinco a diez años, el objetivo de PM2,5 será más importante que el objetivo del PIB.”

30/12/2018


Traducción: viento sur

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VENEZUELA. ¿POR QUÉ LA DERECHA POLÍTICA CUQUI VENEZOLANA, LA QUE SE LLEVA EL DINERO DEL PAÍS Y BOICOETEA SU ECONOMÍA NO QUIERE LA DEMOCRACIA?


 La cara oculta de Venezuela


MANUEL CABIESES DONOSO
EL INSURGENTE
07/01/2019

El 10 de enero Nicolás Maduro Moros prestará juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para un segundo periodo presidencial. En Caracas se prepara una manifestación popular en apoyo a su gobierno. Maduro también dirigirá un mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente que está elaborando una nueva Constitución.

Maduro fue reelegido el 20 de mayo del 2018 por más de 6 millones de votos. En la elección participaron candidatos opositores: Henri Falcón (obtuvo casi 2 millones de votos), Javier Bertucci (más de un millón) y Reinaldo Quijada (36 mil).

Los procedimientos del Consejo Nacional Electoral fueron exactamente los mismos que en diciembre del 2015 reconocieron la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional.

Cada paso del gobierno de Maduro se ha ceñido estrictamente a las disposiciones de la Constitución de 1999 que proclamó la República Bolivariana de Venezuela.

Esta es la “cara oculta” de Venezuela porque la guerra sicológica de los medios de comunicación internacionales ha instalado una imagen mentirosa y grosera de la realidad venezolana.

La artillería mediática hace creer al mundo que la reelección de Maduro fue fraudulenta y que el 10 de enero dejaría de ser el legítimo presidente. Esto permitiría a la Asamblea Nacional opositora formar un gobierno provisional que recibiría el inmediato reconocimiento de EE.UU., el Grupo de Lima y la Unión Europea.

Lo burdo de esta maniobra delata su origen. Tan peregrina idea sólo puede haber surgido del cerebro oligofrénico del Departamento de Estado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ex director de la CIA, hizo evidente esa paternidad al comunicarse por teleconferencia con el Grupo de Lima para orientar las resoluciones de su reunión en la capital peruana. Luego de oír la voz del amo el Grupo se articuló -salvo la honrosa excepción de México- con la opositora Asamblea Nacional de Venezuela para crear zozobra e incertidumbre sobre lo que ocurrirá el 10 de enero.

La artillería mediática mantiene el suspenso. ¿Qué ocurrirá en Venezuela? ¿El caos? ¿El golpe de Estado? ¿Una guerra civil? ¿La intervención militar extranjera?
Esta es la cara de Venezuela que vende al mundo la conspiración encabezada por EE.UU.

Sin embargo la realidad es bien distinta. La oposición venezolana está diezmada y es incoherente. La Asamblea Nacional -despojada de toda atribución constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia-, no tiene fuerza política, social ni militar para constituir gobierno alguno en Venezuela.

En la AN opositora -que al instalarse el 2015 anunció que derrocaría al presidente Maduro en seis meses- conviven partidos que no han logrado levantar una alternativa al gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados.

Motivos no faltan para la existencia de una oposición democrática. Pero las reyertas y rivalidades han llevado a la inanición a partidos y caudillos.

La situación económica de Venezuela es muy difícil: recesión e hiperinflación provocadas por el desplome del precio del petróleo, la guerra económica del imperio y los propios errores y vacilaciones del gobierno. Los salarios y pensiones se hacen sal y agua. Han emigrado cientos de miles de venezolanos, entre ellos muchos jóvenes profesionales. Hay escasez de alimentos y medicinas que Venezuela no puede importar por el bloqueo de sus cuentas bancarias. La corrupción ancestral recrudece impune. La angustia y decepción cunden en vastos sectores populares. Es una situación que Venezuela nunca antes conoció. La renta petrolera permitía una política que enriquecía a la cúpula pero también hacía más tolerable la miseria de la mayoría. Las señoras de las clases pudientes -como en Cuba- viajaban a “hacer el mercado” a Miami. Los comerciantes de París llamaban a los turistas venezolanos “los deme dos” por lo ostentoso de su derroche. El país no producía casi nada, salvo petróleo. Era más barato importar que producir.

La revolución bolivariana que encabezó el Comandante Hugo Chávez -lograda mediante votos, como intentó Allende-, ha soportado a pie firme la ofensiva imperial que busca recuperar el control del petróleo y otras riquezas mineras de Venezuela. Más de veinte elecciones y plebiscitos demuestran que existe una amplia base popular que apoya a la revolución bolivariana. Eso mismo plantea una exigencia al gobierno chavista: ser o no ser. Poner atajo a los factores internos que impulsan la crisis; castigar en forma ejemplar la especulación, el ocultamiento y contrabando de alimentos y medicinas; sancionar a los funcionarios corruptos.

El presidente Nicolás Maduro tiene que actuar con energía y prontitud para conjurar el peligro de languidecer y morir de frustración que amenaza a la revolución y que es la forma más vergonzosa de morir para una revolución. En América Latina y el Caribe la derrota de la revolución bolivariana sería un golpe muy grave para quienes intentan levantar un nuevo proyecto socialista en la región.

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SANTIAGO ABASCAL, ENCARNADO EN LA LUCECITA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE VOX ES CÉLIBE LABORALMENTE HABLANDO, Y YO NO PIENSO EN TRABAJAR, ¿DE QUÉ ÁRBOL CREERÁ SANTIAGO ABASCAL QUE CAEN LAS LATAS DE SARDINAS EN ACEITE PURO DE OLIVA?




Vox y la derecha española

08.01.2019


Junto con Portugal e Irlanda, España representaba una excepción europea en relación con el avance de la derecha radical populista y xenófoba (DRPX). No es que en España no hayan existido desde el inicio de la democracia partidos de la extrema derecha, pues en la actualidad hay unas veinte organizaciones de esa familia, se trata más bien que hasta recientemente España no siguió algunos de los tres modelos que utilizó la extrema derecha en Europa para hacerse un hueco importante en la política nacional. El primer modelo fue el italiano, dónde el Movimiento Social Italiano (MSI) "modernizó" su discurso e imagen hasta terminar desembocando en Alianza Nacional, aunque la versión de la DRPX que terminó triunfando, La Liga, no derivó de esa evolución. El segundo modelo fue el francés del Frente Nacional (actualmente Reagrupamiento Nacional), que aglutinó a las dispersas organizaciones de extrema derecha existentes desde el fin de la segunda guerra mundial para presentar una organización política hegemónica capaz de avanzar electoralmente. El tercer modelo es el de otros países europeos dónde la DRPX nació más recientemente sin vinculaciones con la vieja extrema derecha de raíz fascista, a partir de nuevos problemas como la oposición a la fiscalidad, a la inmigración o la globalización.

En los primeros años de la reinstaurada democracia española, la extrema derecha estuvo muy vinculada al franquismo, al que seguía tomando como modelo político de referencia, pero ya en esos momentos aparecieron otros partidos más sólidos y más desvinculados de la dictadura anterior, sobretodo Alianza Popular (AP), que terminaron por atraer los cuadros y los votos mayoritarios de quienes habían estado vinculados o apoyando al franquismo. Forzando las comparaciones con el caso italiano podríamos decir que la principal formación de la extrema derecha entonces, Fuerza Nueva, representaba lo que el MSI italiano, pero la evolución del MSI hasta Alianza Nacional lo representaba ya en España AP que de esta manera segaba la hierba bajo los pies a Fuerza Nueva, la redujo a la marginalidad, y a su desaparición en 1982.

Pero AP no era tampoco exactamente el equivalente de la AN italiana, pues representaba el intento de aglutinar a la derecha española desde los conservadores a la extrema derecha -los cuadros y las bases sociales procedentes del franquismo- en un solo partido. Inicialmente este objetivo fue imposible de conseguir por la existencia de otro partido de la derecha, la UCD, más exitosa electoralmente, con el que AP se dividió el electorado, atrayendo a aquél más derechista y vinculado al franquismo. Tuvo que esperar a la implosión de la UCD para que AP se reconvirtiese en el actual PP, haciendo efectivo su objetivo de ser el partido-contenedor de toda la derecha española en toda su extensión.

Esta situación bloqueó el crecimiento de otros partidos de la extrema derecha que siempre existieron con carácter marginal y fragmentario, nos referimos a organizaciones como Falange Española de las JONS, Democracia Nacional, Alianza por la Unidad Nacional, luego Alianza Nacional, el Movimiento Social Republicano, o Plataforma por Cataluña, entre otros. Como muestra de la marginalidad de estas organizaciones se pueden señalar los resultados que los cinco principales partidos de la extrema derecha obtuvieron en total en las elecciones europeas de 2014, 78.009 votos que representaban el 0,4% del electorado.

En España existían algunos de los elementos que habían hecho crecer a la DRPX en otros países europeos, especialmente las tensiones migratorias derivadas de la situación geográfica de la península y las actitudes xenófobas en una parte de la población, pero el PP adoptó posiciones duras contra la inmigración con lo cual este tema no pudo ser aprovechado por los partidos de la extrema derecha para despegar. Por otro lado, cuando se expresaron con fuerza las tensiones sociales derivadas de la crisis económica de 2008, y de la globalización, no lo hicieron a través de un partido populista de derechas, como en otras partes de Europa, sino de uno de izquierdas, Podemos, que se convirtió en el modelo característico de un partido populista de izquierdas con cierto éxito, aunque no consiguió exportar su modelo al resto de Europa, con la excepción de la Francia Insumisa de Mélenchon.

Así pues, todo parecía indicar que España seguiría siendo una excepción en Europa en cuanto a la existencia de partidos exitosos de la DRPX hasta que en el período de 2017-2018 dos acontecimientos llevaron a crear las condiciones para romper esa excepcionalidad. Por tanto, se puede sostener que cuando cobra una fuerza electoral importante un partido de la DRPX en España, Vox, lo va a hacer siguiendo el tercero de los modelos que hemos señalado. No se origina en la evolución de algún precedente partido fascista, ni surge como el reagrupamiento de otras fuerzas pre-existentes de la derecha radical o la extrema derecha, sino que toma como elementos de impulso problemas relativamente nuevos en la sociedad española, especialmente el conflicto identitario, que proviene de la agudización del independentismo partidario de la secesión unilateral de Cataluña y, en segundo lugar, de la inmigración.

El primer acontecimiento que ayudaría a acabar con la excepcionalidad española en cuanto a la ausencia de partidos de la DRPX con cierto peso lo representó, efectivamente, el conflicto catalán, dónde las fuerzas políticas independentistas ensayaron en septiembre-octubre de 2017 llevar a cabo una secesión unilateral que fue derrotada. Este enfrentamiento sirvió para que se inflamase un nacionalismo español siempre latente como respuesta a la actividad virulenta del nacionalismo independentista catalán, y esa excitación del nacionalismo español fue aprovechada e impulsada por la derecha española ante una situación de desconcierto y bloqueo por parte de la izquierda, que bien se situó en una posición equidistante, o bien buscó vías de negociación con el independentismo catalán. La izquierda persistió en resaltar el eje de enfrentamiento derecha-izquierda de base socioeconómica cuando el eje de enfrentamiento había basculado bruscamente hacia posiciones identitarias-culturales de base nacionalista.

El segundo acontecimiento lo representó la ruptura de la unidad de la derecha española en torno a un único partido político, el PP. Esta ruptura tuvo un primer acto en la aparición de Ciudadanos, un partido originalmente de ámbito catalán que, con las consecuencias de la crisis económica y los casos de corrupción del PP, saltó a la escena nacional y consiguió postularse como una alternativa de reemplazo al propio PP. Este proceso de ruptura conoció un punto de inflexión cuando en 2018 el PP fue condenado como tal partido por corrupción en el caso Gürtel y, como consecuencia, una moción de censura de un minoritario PSOE llevó a que este partido reemplazase al PP al frente del gobierno. Una vez en la oposición, el PP se enfrentaba casi en condiciones de igualdad a Ciudadanos, emprendía una deriva más derechista y, sobretodo, propiciaba que apareciese exitosamente un partido de la DRPX con éxito electoral.

Este partido ya existía previamente, Vox, y estaba formado por antiguos cuadros del PP que tenían las posiciones más extremistas. Sin embargo, durante muchos años fue un partido marginal más, la fuerza centrípeta del PP seguía atrayendo a la mayoría de la base social de la derecha, desde los moderados hasta los radicales. Y esta situación es la que se rompió con los dos acontecimientos señalados antes, el conflicto nacionalista originado en Cataluña, y la profunda corrupción y desgaste del PP. Existía una temática fácilmente explotable por la derecha más radical y estaba abierta la posibilidad para que ésta se expresase en un nuevo partido, no encerrado como una tendencia en el seno de otro más grande.

Las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía en el otoño de 2018 fueron la ocasión para la aparición con fuerza electoral de Vox que consiguió casi 400.000 votos y 12 diputados en el parlamento andaluz. Estas elecciones eran las primeras que se celebraban en España tras el clímax de los acontecimientos catalanes que tuvieron lugar entre septiembre-diciembre de 2017, a los que siguieron una campaña continua de gestos desafiantes por parte del independentismo catalán y un gobierno minoritario del PSOE apoyado en dicho independentismo.

El papel de la inmigración ilegal en el ascenso de Vox ha sido más secundario y, en todo caso, indirecto. Andalucía es la comunidad autónoma que por su posición geográfica recibe más inmigrantes ilegales. Esta última situación no es nueva ni en España ni en Andalucía, y ya hemos señalado las políticas inflexibles del PP al respecto. La preocupación por la inmigración ilegal entre los españoles, recogidas en las encuestas del CIS y otras, muestran que ha variado en función de acontecimientos puntuales. El máximo punto de preocupación por este tema se alcanzó en septiembre de 2006 con ocasión de la crisis de los cayucos en las islas Canarias, posteriormente esa preocupación fue declinando y se mantuvo desde 2012 en cifras alrededor del 5%, es decir marginales, aunque volvió a superar el 10% después de junio de 2018 coincidiendo con la acogida del barco Aquarius y el aumento de inmigrantes a las costas españolas. En todo caso un porcentaje de poco peso explicativo en los resultados de Vox en Andalucía. Si esta problemática hubiese sido determinante para la aparición o el crecimiento de un partido de la DRPX como en Europa, ello tendría que haber tenido lugar entre finales de 2005 y principios de 2008, cuando la preocupación por la inmigración osciló entre el 30% y el 60%.

Así pues, lo novedoso, en todo caso, es el eco de las políticas anti-inmigratorias de los partidos de la DRPX europea, sobretodo a partir de la crisis migratoria de 2015, y el éxito de estos partidos en sus países. Por tanto, se puede suponer que las actitudes anti-inmigración y xenófobas presentes en una parte de la sociedad española han sido estimuladas por las políticas adoptadas en Europa y que han encontrado un vehículo político disponible, Vox, para transformarlas en apoyos electorales.

En encuestas posteriores[1] sobre el voto recogido por Vox en Andalucía se confirmaron las causas de su ascenso, en ellas aparecía que el 41,6% del voto se debió a su discurso anti-inmigración, el 33,7% por defender la unidad de España, y un 28% les votaron para frenar a los independentistas.

Entre los puntos de su programa destacan algunos que responden específicamente a la problemática española, como la supresión del actual Estado de las autonomías y la actitud más inflexible de la derecha contra el independentismo catalán para el que llega a pedir la ilegalización; pero en otros puntos hay una clara sintonía con los programas de la DRPX europea, como la deportación de inmigrantes y las políticas de asimilación rechazando el multiculturalismo; la supresión de la ley de violencia de género, la oposición al feminismo, y la defensa de la familia y valores más tradicionales; la reducción radical de impuestos, un reforzamiento de los mecanismos coactivos de la ley y el orden y; en relación con Europa se sitúan en línea con las propuestas del grupo de Visegrado, de una Europa basada en Estados nacionales que recuperen la soberanía e independencia.

España es un país que ha pasado de un bipartidismo imperfecto desde el fin de la dictadura a un multipartidismo que se ha abierto paso conforme se han abierto ventanas de oportunidad en los últimos años. La primera ventana de oportunidad se abrió con ocasión de la crisis económica iniciada en 2008 cuando, al calor de las movilizaciones del movimiento 15-M iniciadas en 2011, apareció un partido populista de izquierda, Podemos, hoy un partido declinante electoralmente pero que no parece que vaya a desaparecer. La segunda ventana de oportunidad fue para un partido de derecha liberal, Ciudadanos, que ascendiendo en la misma época que Podemos, encontró su ventana de oportunidad con el clímax del conflicto catalán en las elecciones de esa comunidad autónoma dónde en diciembre de 2017 se convirtió en el partido más votado. Hoy disputa la hegemonía de la derecha al PP. La tercera ventana de oportunidad se ha abierto ahora para Vox, el partido de la DRPX en España. Su ventana se ha abierto también, como hemos señalado, con motivo del conflicto catalán y el problema migratorio. Si los dos primeros casos ya han pasado por varias pruebas electorales que les han consolidado como opciones en el sistema político español, en el caso de Vox habrá que esperar hasta mayo de 2019 cuando la confluencia de elecciones europeas, municipales y autonómicas confirmen o no su consolidación como partido con un cierto peso nacional.

Entretanto, y en relación con la formación de gobierno en Andalucía se ha planteado una situación ya familiar en otras partes de Europa, la de la actitud que adoptarán los partidos establecidos respecto a la nueva formación de la DRPX que se abre hueco en el sistema político español. En Europa hubo una etapa inicial respecto a este tipo de partidos en la que los partidos establecidos adoptaron una política de cordón sanitario, negándose a establecer pactos con ellos y evitando ser contaminados por sus programas. Pero en una segunda etapa posterior en varios países europeos se apartó esa política del cordón sanitario en torno a la DRPX y empezaron a construirse coaliciones, especialmente por los partidos liberal-conservadores, para formar gobiernos. Igualmente los partidos establecidos fueron contaminados por los programas de la DRPX, adoptando parte de sus objetivos para mantener la parte del electorado que basculaba su voto hacia las nuevas formaciones políticas. El resultado ha sido el avance electoral continuo de la DRPX y su acceso al gobierno en varios países . La próxima gran batalla que prepara la DRPX europea está centrada en las elecciones al parlamento europeo de 2019. Tradicionalmente estas elecciones son las que mejor recogen el voto protesta en Europa y ya en las celebradas en 2014 la DRPX experimentó un importante avance.

En Andalucía, efectivamente, se ha creado una situación similar a otras vividas en Europa, las formaciones de derecha, en este caso el PP y Ciudadanos, podrían desbancar del gobierno autonómico al PSOE con la condición de que obtuvieran el apoyo parlamentario de Vox. Lo que se pone en juego no es solamente el color del próximo gobierno andaluz, sino si la aparición con fuerza electoral de Vox es seguida por el rechazo de la política de cordón sanitario y, por el contrario, este partido de la DRPX es aceptado como aliado para formar gobierno contribuyendo a la "normalización" de sus principios y programas por parte de la derecha.

La posición más favorable a la alianza con Vox, y esto no tiene por qué suponer que Vox entre en el gobierno andaluz, es la del PP. Hay tres datos que le predisponen a ello, primero la deriva derechista de su nuevo líder, Pablo Casado; segundo la consideración por el propio PP de Vox como una escisión en su seno al que habría que tratar como "parte de la familia"; y tercero la actitud del PP respecto a la DRPX en Europa, no solamente porque el grupo parlamentario europeo al que pertenece el PP (PPE) también acoge a uno de los partidos de la DRPX en el gobierno, el Fidesz húngaro, sino que cuando el septiembre de 2018 el Parlamento Europeo votó recomendando aplicar sanciones a Hungría por la deriva antidemocrática de sus gobierno, el PP se dividió entre la abstención y el apoyo a Orbán. Toda una declaración de intenciones del PP respecto a la DRPX que ahora seguramente va a revalidar respecto a Vox.

Queda por despejar si la actitud de Ciudadanos se inclinará por el cordón sanitario respecto a Vox o si finalmente seguirá la estela del PP de ayudar a "normalizar" los objetivos y programa de Vox. De momento este partido ha encontrado un eco formidable a partir de sus resultados en las elecciones andaluzas, ahora está presionando para situarse como un elemento imprescindible para formar gobierno en Andalucía por parte de la derecha y, finalmente, busca que tanto PP como Ciudadanos le sirvan de padrinos para su presencia como un partido más del sistema político. Éstas son las actitudes que propician el avance de la DRPX, solo hay que mirar lo que ha pasado en Europa.

Nota:

[1] "Las razones de los votantes de Vox: la inmigración y la unidad de España", http://elpais.com/politica/2018/12/08/actualidad/1544290748_522216.html
Jesús Sánchez Rodríguez. Licenciado y Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog: http://miradacrtica.blogspot.com/

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EN BRASIL POR SAMBA Y EN ESPAÑA CON CAPOTE GRANA Y ORO, AZULÓN Y NARANJITO Y OLÉ. PERO EN BRASIL LO MISMO QUE EN ESPAÑA QUIEN CREA LA RIQUEZA ES EL TRABAJADOR Y QUIEN DISFRUTA DE LA RIQUEZA CREADA ES EL QUE NO TRABAJA Y OLÉ. O SEA, EL CAPITAL



La primera semana de Bolsonaro

Cincuenta medidas para una guerra contra los trabajadores

Rebelión
La Izquierda Diario
08.01.2019

En la primera reunión de Gabinete, Bolsonaro anunció un paquete de 50 medidas de ataque a los trabajadores. La central es la reforma previsional. Cuál es el rol de la oposición, las direcciones sindicales y la lucha de los trabajadores.

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La primera semana de un Gobierno que declaró la guerra a los trabajadores

El jueves 3 de enero, en su primera reunión de gabinete de ministros, entre ellos conocidos enemigos de las mujeres, las personas LGBT y la clase obrera como Damares Alves y Paulo Guedes, Bolsonaro anunció que se llevarán a cabo 50 medidas para "desbloquear" la economía. Onyx Lorenzoni, Ministro de Gobierno ya acusado de corrupción por el esquema de financiamiento ilegal durante la campaña, dijo que las medidas van a hacer la vida más fácil para las personas.

Aunque las 50 medidas no se anunciaron en su totalidad, se prevé que sigan la tendencia de lo que fueron los primeros días de la gestión Bolsonaro, que desde que asumió declaró como una prioridad aumentar la edad de jubilación a 62 años, reducir el subsidio a personas mayores y discapacitados (llamado BPC), y atacar la jubilación de los trabajadores rurales. Es decir, un plan para aumentar la miseria de los más pobres y mejorar la vida de los empresarios.
Ya aprobó también por decreto la reducción del salario mínimo, por debajo del que había votado la comisión parlamentaria del Congreso, enviado por Temer, y la privatización de empresas estatales (Electrobras, puertos y aeropuertos, entre otros).
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Jair M. Bolsonaro
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Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de R$ 7 bi, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e 4 terminais portuários. Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil.

96,2 mil
11:12 - 3 ene. 2019
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La lista de ataques continúa: quieren avanzar en aplicar una reforma laboral más profunda, acabar con la Justicia de Trabajo y el convenio colectivo, destruir los derechos de los pueblos originarios y los negros, entregando sus tierras a los latifundistas. Con la creación del Ministerio de la Mujer, la Familia y de los Derechos Humanos, dirigido por la reaccionaria pastora evangélica Damares Alves (que incluso está siendo investigada por la posible implicación de su ONG en el tráfico de personas), Bolsonaro también retiró a las personas LGBT de las directrices de los Derechos Humanos.

El punto más alto de todos estos ataques es la reforma de las pensiones. Tanto el ministro de Economía Paulo Guedes como Bolsonaro comenzaron a anunciar una serie de ataques parciales que terminarían en un desmantelamiento total del sistema jubilatorio. Estas medidas implican la burocratización de los trámites para el acceso a prestaciones de seguridad social, el relevamiento de los subsidios estatales, el recorte de los beneficios para las personas mayores y discapacitados, entre otros, que se están llevando a cabo por medio de Medidas Provisionales, que les permite avanzar en la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.

Para el primer semestre pretenden poner a votación el texto completo de la Reforma Previsional, que incluiría una edad mínima de 62 años. Una edad a la que ni siquiera llega todo un sector de los trabajadores empleados en trabajos precarios y superexplotados. Es decir una reforma que significaría que una parte de los brasileños trabajen hasta morir, sin posibilidad de gozar jamás de una jubilación (ni hablar de una que además sea digna).

La luna de miel del gobierno Bolsonaro y una carrera de velocidades contra las inevitables desilusiones de ese "matrimonio"

El ritmo de los ataques es acelerado, pero a pesar de poder parecer que la velocidad tiene que ver con una ventaja moral del presidente, todos los analistas burgueses acuerdan en que esa carrera de velocidades de los ataques contra la clase obrera tiene que ver justamente con la "luna de miel" con la que cuenta la nueva gestión.

Sin embargo los electores de Bolsonaro no le firmaron un cheque en blanco cuando pusieron su boleta en la urna, por el contrario. En medio de la crisis orgánica (política y económica) que atraviesa Brasil, el rechazo de las masas a la política, a pesar de ser confuso, contiene ciertamente rasgos de autodefensa y de odio a los políticos ricos (que por hora afectó con mayor fuerza a los partidos tradicionales, como el DEM e más profundamente al PSDB). Este odio es el que, al mismo tiempo, hace que no sea tan simple aprobar la reforma previsional, a pesar de los esfuerzos de Guedes, Bolsonaro, y toda la burguesía nacional e imperialista para presentarla como necesaria y benéfica.

Los trabajadores y el pueblo brasileño están siendo bombardeados por todos lados con una ofensiva mediática a favor de la reforma previsional. Los diarios, noticieros, analistas políticos y hasta las telenovelas dicen que el déficit público es culpa del Instituto de Seguridad Social (INSS). Esto a pesar de que los propios analistas fiscales señalan que la previsión social no tiene nada que ver con eso, y que la mayor culpable de que las cuentas no cierren es justamente la deuda que el gobierno brasileño nunca dejó de pagar, honrándola con el sudor del pueblo y la pérdida de derechos y servicios públicos.

Aún con este bombardeo de propaganda proreforma, los gobiernos federal y estatal no logran convencer a la clase trabajadora de aceptar este enorme ataque, y eso se ha probado parcialmente en las huelgas generales de 2017, que si no fueron aún mayores, fue por el rol traidor de las direcciones sindicales.

La lucha y las huelgas de 2017 contra la ofensiva de Temer acabaron con el intento de pasar la reforma previsional en ese momento, y también podrían haber acabado con la reforma laboral si no fuera por esas mismas direcciones que traicionaron la lucha. Muchos ataques que intentaron ser pasados a nivel regional también fueron frenados por la organización de los trabajadores.

Bolsonaro y la burguesía saben que hay un rechazo generalizado de la clase obrera y los sectores populares a los ajustes, es una expresión latente que refleja que si bien el golpe institucional se ha consolidado con la asunción de Bolsonaro, la clase obrera no está derrotada. Bolsonaro tratará de aprovechar de su "luna de miel" para imponer una derrota estratégica y por eso, aún con las direcciones sindicales aceptando un período de "paz social", podremos ver elementos de resistencia obrera y asistir a profundos acciones de lucha de clases, para lo que es fundamental estar preparados con un programa y una estrategia para vencer.

Las centrales sindicales y la necesidad de romper la "paz social" con Bolsonaro

El día de asunción de Bolsonaro, los principales sindicatos del país enviaron una carta al actual presidente con un intento de diálogo respetuoso. La carta no denuncia que Bolsonaro fue electo en una elecciones completamente manipuladas por el Poder Judicial y tuteladas por los militares, precedidas de un golpe institucional y del encarcelamiento ilegítimo de Lula.

El PT y el PCdoB, que dirigen las centrales sindicales CUT y CTB, sucumbieron definitivamente a las alas golpistas de la burocracia sindical de Força, UgT y Nova Central, al guardar silencio como si no hubiera un ataque profundo a las libertades democráticas de los trabajadores con la consolidación del golpe institucional.

La normalidad que buscan mostrar las centrales sindicales tiene detrás la estrategia de esperar el desgaste de Bolsonaro para responder electoralmente en 2022. Esa estrategia no podría tener otro nombre que el de traición. Una traición de quien se somete totalmente para mantener sus privilegios y garantizar su supervivencia, a costa de entregar los derechos de los trabajadores, en un momento en que Bolsonaro promete "acabar con el socialismo" y llama un movimiento donde una de sus reivindicaciones será poner fin a los sindicatos. La CUT y la CTB van al frente cubriendo por la "izquierda" a las centrales golpistas.

Esa es también la verdadera estrategia del PT, que en la voz de su antiguo dirigente, José Dirceu, dijo en una entrevista antes de la asunción de Bolsonaro que: "(debemos) dejar que la silla presidencial los queme", es decir que la propia implementación de los ataques desgaste Bolsonaro y su trupe reaccionaria para, pasivamente y "naturalmente", volver en 2022 ya con todos los derechos de los trabajadores y el pueblo liquidados. Quieren que el pueblo brasileño confíe más en la "resistencia parlamentaria" de 70 diputados que en la fuerza de la clase obrera para frenar los ataques.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) forma parte del mismo frente que el PT, por eso, a pesar de varias declaraciones públicas de sus referentes, no presenta otra salida estratégica al guardar silencio sobre las maniobras de la burocracia sindical, sin hacer ningún tipo de llamado a la organización de los trabajadores para superar ese obstáculo.

En contra de esta orientación se hace necesario pelear por una salida para que sean los capitalistas los que paguen la crisis. Una salida que además de plantear el rechazo urgente a la reforma previsional y el ataque a los otros derechos económicos y políticos, levante puntos programáticos que ataquen la expoliación imperialista y las ganancias capitalistas, como el no pago de la deuda pública, el fin de las privatizaciones y la estatización total de las empresas que ya se vendieron total o parcialmente, con funcionamiento bajo gestión de los trabajadores que allí trabajan y control popular, para enfrentar a las burocracias estatales y las mafias que roban los recursos públicos de las estatales del petróleo y energía, aeropuertos y transporte público. Además, hay que atacar las medidas reaccionarias contra la población LGBT, mujeres, negras y negros y los pueblos originarios, luchando por la demarcación de las tierras quilombolas y de los pueblos originarios, y la igualdad salarial entre negras, negros, blancas y blancos, hombres y mujeres, trans y cis.

La guerra ya comenzó, y Bolsonaro está dispuesto a todo para agachar la cabeza ante el capital imperialista norteamericano. Pero la clase trabajadora brasileña mostró ser mucho más fuerte. Sólo necesita entrar en esa guerra, organizándose en cada lugar de trabajo y estudio, imponiendo a los sindicatos y centrales sindicales un plan de lucha y luchando para recuperar los sindicatos y centros de estudiantes para la lucha de clases, para poner de vuelta a la clase obrera, el verdadero gigante brasileño, en acción.

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