lunes, 6 de mayo de 2024
Hablar sobre Palestina
Las élites del Norte
global tratan de amordazar las voces que defienden al pueblo palestino ante el
genocidio israelí. Influyen en los medios, y reprimen a los que se manifiestan.
Alemania y Estados Unidos están a la cabeza de la represión.
Hablar sobre Palestina
El Viejo Topo
6 mayo, 2024
LAS ÉLITES DEL
NORTE GLOBAL TIENEN DE HABLAR SOBRE PALESTINA
Las bombas
israelíes siguen cayendo sobre Gaza, asesinando civiles palestinos a mansalva.
Al Jazeera publicó un reportaje sobre la destrucción de 24
hospitales en Gaza, cada uno de ellos bombardeado sin piedad por el ejército
israelí. La mitad de las 35.000 personas asesinadas por Israel eran niños y
niñas, y sus cadáveres se acumulan en las saturadas morgues y mezquitas de
Gaza. El ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Andrew Gilmour, declaró a Newsnight de
la BBC que el pueblo palestino está sufriendo un “castigo
colectivo” y que lo que estamos viendo en Gaza es “probablemente la tasa de
asesinatos más alta de cualquier ejército, desde el genocidio ruandés de 1994”.
Mientras tanto, en la sección palestina de Cisjordania, Human Rights
Watch muestra que el ejército israelí ha
participado en el desplazamiento de palestinos de 20 comunidades y ha
desarraigado al menos siete comunidades desde octubre de 2023. Estos son hechos
probados.
Sin embargo,
estos hechos – según un memorando filtrado – no pueden ser
mencionados en el “periódico oficial” de los Estados Unidos, el New
York Times. Se pidió a los periodistas de este diario que evitaran los
términos “genocidio”, “limpieza étnica” y “territorio ocupado”. De hecho, en
los últimos seis meses, los periódicos y programas de televisión de los Estados
Unidos han escrito generalmente sobre la violencia genocida utilizando la voz
pasiva: cayeron bombas, murió gente. Incluso en las redes sociales, donde el
terreno suele estar menos controlado, el hacha cayó sobre frases clave; por
ejemplo, a pesar de su constante apología de la libertad de
expresión, Elon Musk dijo que términos como “descolonización”
y frases como “del río al mar” estarían
prohibidas en X.
Silencio en los
campus universitarios
En la
Universidad del Sur de California (USC), Asna Tabassum, una estadounidense de
origen sudasiático, iba a pronunciar un discurso en el campus ante 65.000
personas, como valedictorian de la promoción de 2024. Por estar involucrada en
las discusiones en torno a la guerra israelí contra los palestinos, Tabassum
fue blanco de activistas proisraelíes que afirmaron sentirse amenazados.
Basándose en este sentimiento de peligro (la universidad se negó a revelar su fuente) la USC
decidió cancelar su discurso. En una respuesta reflexiva, Tabassum –que se
especializó en ingeniería biomédica e historia (con una especialización en
resistencia al genocidio)– instó a sus compañeros y compañeras “a pensar con
originalidad, a trabajar por un mundo en el que los gritos de igualdad y
dignidad humana no se manipulen para convertirlos en expresiones de odio. Nos
retó a responder a la incomodidad ideológica con diálogo y aprendizaje, no con
fanatismo y censura”. Tabassum tiene 21 años. El preboste de la USC que canceló
su discurso, Andrew Guzman, tiene 56 años. Sus razones para anularla son menos
maduras que su llamado al diálogo.
Estudiantes
universitarios de todos los Estados Unidos han intentado desesperadamente
concientizar sobre lo que está ocurriendo en Gaza y han tratado de conseguir
que sus campus se desliguen de empresas con inversiones en Israel y en los
Territorios Palestinos Ocupados. Las primeras protestas fueron toleradas, pero
luego los políticos estadounidenses se involucraron con audiencias en el
Congreso y comentarios temerarios acerca de que
estos estudiantes estaban siendo financiados por chinos y rusos. Los
administradores universitarios, temerosos de sus donantes y de la presión
política, cedieron y comenzaron a censurar a los estudiantes de un extremo del
país (Universidad de Columbia) al otro (Pomona College). Los presidentes
universitarios invitaron a los departamentos de
policía locales a sus campus, les permitieron arrestar a los estudiantes y los
suspendieron de sus universidades. Pero el ambiente es innegable. Los
sindicatos estudiantiles de todo el país –desde Rutgers hasta Davis– votaron para obligar a sus
administraciones a desinvertir en Israel.
¿Qué es
repugnante?
El 12 de abril
de 2024, la policía de Berlín clausuró una conferencia sobre Palestina que
reunía a personas de toda Alemania para escuchar a diversos oradores, quienes
venían de otras partes de Europa y de Palestina. En el aeropuerto, la policía
detuvo y luego deportó al médico británico-palestino Ghassan Abu Sitta, que
había trabajado como voluntario en Gaza y había sido testigo directo de la guerra genocida.
El ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis iba a pronunciar un discurso
en la conferencia. No sólo se le impidió dar ese discurso, sino que también se
le impuso un betätigungsverbot –o
prohibición de cualquier actividad política en Alemania (prohibición de entrada
en Alemania y prohibición de hacer un acto en línea). Esto, dijo Varoufakis, es esencialmente la
“sentencia de muerte de las perspectivas de la democracia en la República
Federal de Alemania”.
Unos días antes
de la conferencia de Berlín, la profesora Jodi Dean publicó un ensayo en el blog Verso titulado
“Palestina habla por todos”. El ensayo se basa en la simple, e inobjetable,
idea de que los pueblos oprimidos tienen derecho a luchar por su emancipación.
Esta es la base de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, también
citada con frecuencia por Varoufakis. Al día siguiente de la clausura de la
conferencia sobre Palestina en Berlín, el empleador de Jodi Dean, el presidente
Mark Gearan de Hobart and William Smith Colleges en los Estados Unidos, publicó
un comunicado en el que anunciaba que la
profesora Dean no podía impartir el resto de sus clases este semestre. Gearan
escribió que no sólo estaba en “completo desacuerdo” con Dean, sino que también
encontraba sus comentarios “repugnantes”. Es interesante que, desde octubre,
Gearan sólo haya hecho una declaración pública condenando a
Hamás, pero nada sobre la horrenda violencia genocida contra los palestinos.
¿Qué escribió
Jodi Dean que fuera tan “repugnante”? Gearan se centró en la palabra
“estimulante”, que Dean utilizó para describir su reacción ante los parapentes
que sobrepasaron la valla de ocupación israelí que rodea Gaza. En realidad,
Dean no celebró los atentados del 7 de octubre, sino que se limitó a utilizar
los parapentes como metáfora para considerar la política de esperanza y
liberación desde un punto de vista palestino (citando el último poema de Refaat
Alareer, asesinado por Israel el 6 de diciembre de 2023, con su meditación
sobre las cometas para resaltar la idea de elevarse por encima de la opresión).
Gearan no quería un diálogo sobre la ocupación ni sobre el genocidio. Al igual
que los directores y editores del New York Times, al igual que el
Gobierno alemán y al igual que otros presidentes de universidades
estadounidenses, Gearan quería restringir la conversación. El alegato de Tabassum
a favor del “diálogo y el aprendizaje” fue amordazado. Demasiado asustadas para
hablar realmente de Palestina, personas como Gearan prefieren “el fanatismo y
la censura”.
Fuente: Globetrotter
Olvidos que hablan
La huelga general del 94 y las Marchas de la Dignidad
Olvidos que hablan
REBELION / ESPAÑA
03/05/2024
Fuentes: Rebelión
“Lo que asusta a los capitalistas es la historia de los obreros, no la
política de las izquierdas. A la primera la enviaron con los demonios del
infierno, a la segunda la recibieron en los palacios de gobierno. Y a los
capitalistas hay que darles miedo”
Mario Tronti
El Primero de
Mayo es la “Pascua Obrera”, la fiesta de los olvidados y omitidas de todo el
mundo, el día en el que se renueva la promesa de una sociedad sin clases, sin
explotadores ni explotados. Es una fecha arrancada a los poderosos, “tal vez la
única mella indiscutible que un movimiento secular ha hecho en un calendario
cristiano o en cualquier otro calendario oficial”, afirmaba el historiador
inglés Eric Hobsbawn. Y es también un día de memoria, de combate contra la gran
máquina del olvido, que pretende arrinconar la esperanza de otro mundo y nos
invita permanentemente a adherirnos al candoroso y universal imaginario de la
clase media.
“La clase
obrera ha sido derrotada no sólo porque el trabajo productivo ha perdido su
centralidad, sino porque toda una historia ha sido primero empequeñecida, luego
demonizada y finalmente liquidada”. Es Mario Tronti, uno de los grandes
filósofos militantes que puso en pie el obrerismo en Italia en la década de los
sesenta y setenta, quien nos alerta sobre la importancia de defender y rescatar
la historia de la clase obrera, una historia marcada por el estrecho vínculo
entre identidad y conflicto. El poder, con su legión de olvidadores y
olvidadizos, en las academias, en los grandes medios de comunicación e incluso
en los aparatos sindicales y políticos de la izquierda, se encarga de ir
borrando las huellas de la autonomía de clase, el rastro de las luchas del
mundo del trabajo.
Algunos olvidos llaman la atención especialmente. La amnesia es tan desmañada, tan burda, que los hechos silenciados nos interpelan aún más y nos reclaman que recuperemos su recuerdo. Es el caso de dos acontecimientos muy importantes para la clase obrera en España que, sin embargo, parece que han sido condenados al ostracismo. Resulta muy revelador que en un ecosistema mediático y político tan fetichista de las efemérides y en especial de aquellas asociadas a aniversarios con cifras redondas, sin embargo, tanto la huelga general del 27 de enero de 1994 como las Marchas de la Dignidad que colapsaron Madrid el 22 de marzo en 2014, hayan pasado desapercibidas casi por completo. En el primer caso se trata de la huelga general secundada por el mayor número de trabajadores desde la recuperación de la democracia; incluso, según las propias fuentes oficiales, más que en la huelga del 14 de diciembre de 1988. Y por lo que se refiere a las Marchas de la Dignidad la movilización iniciada por 8 columnas desde todos los rincones del país fue capaz de juntar a más de un millón y medio de personas, representando el punto más alto del ciclo de intensas protestas que viviera España entre 2011 y 2015, al calor del seísmo que abrió el 15M.
Evoquemos
aunque sea de forma somera ambos acontecimientos, rastreemos su genealogía y su
significado, evitemos que nos roben incluso la historia de la que hemos sido
partícipes o testigos, alimentemos las luchas del presente con su aliento
generoso. Articular históricamente el pasado, ya lo advirtió Walter Benjamin,
“significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de
peligro”.
La huelga general del 94, una victoria transformada en derrota
La huelga no contará con el golpe de efecto del fundido a negro en TVE, como sí ocurriera en 1988, en el mítico 14D, pero sí gozará de un enorme respaldo. Una encuesta del propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vinculado al gobierno, reconocerá que el 67’3% por 100 de los trabajadores participaron en la huelga. El 27 de enero los centros y polígonos industriales de toda España pararán de forma prácticamente unánime y también lo hará de forma muy elevada el sector de transporte de pasajeros y mercancías. Como ha subrayado el historiador Gonzalo Wilhelmi la participación tanto en la huelga como en las manifestaciones al cierre de la jornada serán masivas: 250.000 trabajadores recorrerán las calles de Madrid, otros tantos en Barcelona, 125.000 en Vigo, 20.000 en Murcia… Y todo ello a pesar de enfrentarse a la activa oposición del gobierno y de la patronal, a casi todo el arco parlamentario -exceptuando a Izquierda Unida- y a la campaña de estigmatización en los medios de comunicación. La jornada se saldará con un importante número de detenidos, muy superior a huelgas anteriores. En Burgos, el militante de UGT Lucinio Núñez, de 42 años, fallecerá al ser atropellado cuando formaba parte de un piquete. Nicolás Redondo, el histórico dirigente de la central socialista, que asiste al funeral, declara: “conviene aclarar cuanto antes lo ocurrido, para determinar si la muerte fue un accidente o si obedeció a la satanización de los piquetes informativos por parte del Gobierno y de la patronal CEOE, y al tratamiento despiadado que han dado algunos medios de comunicación a la jornada de huelga. Es intolerable que en un país que se dice democrático se pueda criminalizar a los piquetes».
En 1994 se
producirá “la última gran huelga obrera con trascendencia real” durante el
periodo democrático, en palabras de Sergio Gálvez. La huelga responde a la
reforma laboral más profunda que llevará a cabo el gobierno de Felipe González.
Entre las medidas lesivas para la clase trabajadora que recoge la reforma se
incluyen algunas de tanto calado como la legalización de las Empresas de
Trabajo Temporal (ETT), la institucionalización de los contratos basura (por
ejemplo, un nuevo contrato de aprendizaje para jóvenes de hasta 28 años, sin
derecho a baja por enfermedad ni a prestación por desempleo), más facilidades a
los empresarios para poder ampliar la jornada máxima de 9 a 12 horas o para
poder imponer la movilidad geográfica o funcional, la minoración del precio de
las horas extra o la reducción de la indemnización por despido… Se trata en
definitiva de toda una batería de nuevas normas que ahondan en la política
neoliberal que el PSOE viene desplegando desde los años ochenta y que la
adhesión al Tratado de Maastricht en 1992 no ha hecho sino reforzar.
Es “una cultura
impropia de la izquierda”, señalará Nicolás Redondo refiriéndose al anterior
atropello, el decretazo de 1992, que endurecía las condiciones para acceder al
subsidio de desempleo y reducía su cuantía. La reforma laboral del 94 es, como
indica también el dirigente de CCOO Agustín Moreno, “mucho más que un conjunto
de leyes, es un modelo social que se aleja del concepto de Estado democrático y
social (…) Miseria despojada de esperanza, que diría Paul Eluard”. El gobierno
de Felipe González ha asumido con entusiasmo el neoliberalismo. Modernización,
competitividad y flexibilidad son las palabras preferidas que entonarán los
ministros de Economía, Boyer, Solchaga o Pedro Solbes; eufemismos amables que
encubren la apuesta decidida la sociedad insolidaria, el darwinismo social y la
desregulación laboral que representa esta modalidad de turbocapitalismo.
En junio de
1993 el PSOE había perdido por primera vez la mayoría absoluta, podía elegir
entre aliarse con Izquierda Unida o con Convergencia i Unió. Pero para González
no hay duda posible, se trata de ahondar el camino elegido y para ello la
compañía natural es la burguesía catalana que representa como nadie Jordi
Pujol. Un camino que exige además “desarticular cualquier vestigio de resistencia
colectiva que pueda dificultar que el capital se mueva a su antojo”.
El gobierno
desoyó por completo el clamor de la huelga general. Había que liquidar el poder
sindical, que había fortalecido sus posiciones tras la unidad trenzada entre
UGT y CCOO en los últimos años. “Es cierto, como el Gobierno dice, que la
sociedad exige otro tipo de sindicalismo”, editorializará el periódico ABC por
entonces, mostrando a las claras la sintonía de los sectores de la derecha
conservadora con los objetivos de la dirección del PSOE.
Tras la huelga
general del 27 de enero la presión política quiebra a los sindicatos
mayoritarios. Agustín Moreno lo recordará así: “La huelga fue un éxito. El
error fue que no tuvo continuidad y que los convenios no podían parar una
reforma de ley. Aquello provocó una profunda división en CCOO.Aprovechando las
divisiones por estrategia en los sindicatos, hubo una auténtica operación desde
el poder económico y político para desmontar el poder real y el prestigio de
los sindicatos. En UGT, liquidaron a la dirección que encabezaba Nicolás
Redondo con la excusa de la cooperativa PSV. CCOO culminó en su VI Congreso de
enero de 1996, con la defenestración de Marcelino Camacho y la marginación y
persecución del «sector crítico».
El sindicalismo
de clase, que había sido la punta de lanza en la lucha antifranquista, que
había arrancado importantes mejoras en el Estado del Bienestar y había
constituido el principal núcleo de resistencia a las políticas neoliberales,
era cooptado de forma progresiva por el poder. El historiador Sergio Gálvez da
cuenta de la envergadura de la transformación: “El VI Congreso Confederal de
CCOO en 1996 no sólo se llevó por delante la presidencia honorífica de
Marcelino Camacho, sino que sobre todo apostó por un nuevo sindicalismo de
servicios rompiendo toda una trayectoria histórica. Cambió el país, cambiaron
los sindicatos. Los hechos, en adelante, hablan por sí solos”. Las direcciones
sindicales acabarán imponiendo la “estrategia del sosiego”, subordinándose de
forma creciente a los últimos gobiernos de González y a sus necesidades
electorales. Paco Fernández Buey, que formará parte de la Plataforma por los
Derechos Sociales, que se crea meses después de la huelga, retratará así el
giro: “Hay quien ha elegido como estrategia dar voces diciendo que viene el
ogro para asustar a los de abajo y pactar con los de arriba el disfraz que debe
ponerse al ogro ya existente. Porque el ogro lo tenemos ya aquí. Hace tiempo
que ha venido”.
Las Marchas de la Dignidad: sólo el pueblo salva al pueblo
Sorprende y
mucho que el treinta aniversario de la huelga general del 94 haya pasado casi
de incógnito pero resulta todavía más llamativo que, como el coronel de la
novela de García Márquez, las Marchas de la Dignidad tampoco hayan tenido hasta
la fecha quienes le escriban. Se han conmemorado los 10 años de la creación de
Podemos y el 16 de junio el movimiento republicano saldrá a la calle para
denunciar el décimo aniversario de Felipe VI pero, sin embargo, el recuerdo de
las Marchas de la Dignidad permanece casi clandestino.
Aunque pueda parecer paradójico las razones de la ocultación mediática y política quizás estén relacionadas precisamente con la excepcionalidad del acontecimiento, con la singularidad de la convocatoria y de quienes la promovieron, con la alianza y formas de unidad que fueron capaces de poner en pie y con el programa que dibujaron; en definitiva, con la cantidad inmensa de energía social y política que el movimiento y la movilización que se levantó entre el verano de 2013 y el 22 de Marzo de 2014 consiguieron galvanizar.
Las Marchas
nacían al margen del PSOE y de los dos grandes sindicatos, de CCOO y de UGT. El
movimiento no lo promovía ningún grupo de intelectuales ni de audaces
profesores universitarios. Ni contaba tampoco con grandes medios de
comunicación que lo mimasen o amparasen. No surgía en ninguna sede
institucional o partidaria, sino en la calle monda y lironda. Bebía en primer
lugar, por supuesto, del impulso de las plazas, de la indignación del 15M, pero
también de otras luchas anteriores y, sobre todo, posteriores a esa fecha
emblemática.
Los arquitectos
del prodigio eran los y las de abajo, los más jodidos, las más precarias. Los
jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entrando a las grandes
superficies comerciales a por carros de comida, poniendo el cuerpo, jugándose
multas y talego, demostrando que la política de verdad está siempre donde menos
se la espera. Las desahuciadas y desahuciados de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas (PAH), humilladas por el crimen de la dación en pago, estafados
por bancos e inmobiliarias, recorriendo el camino desde el espejismo del
individualismo propietario a la ocupación colectiva de viviendas. Las valientes
mujeres de la Corrala Utopía en Sevilla o de la Corrala Solidaridad en
Almendralejo, las miles de personas que daban el paso de recuperar los pisos
vacíos de la SAREB y de los bancos ladrones, que habían sido rescatados con
dinero público. Los Yayoflautas, enfrentándose a los planes de saqueo de las
pensiones y pasando el testigo de dignidad a los más jóvenes. Los trabajadores
en huelga indefinida de Coca-Cola en Fuenlabrada o de Panrico, en Barcelona,
plantando cara a las multinacionales, a sus matones y a sus planes de
deslocalización. El barrio de Gamonal en Burgos que, dos meses antes de las
Marchas de la Dignidad, se enfrentó derrochando coraje a los planes
urbanísticos de los corruptos. Los interinos de las Mareas Verde y Blanca,
defendiendo la educación y la sanidad públicas, desbordando el corporativismo y
los límites del sindicalismo de concertación. Las marchas de los mineros de Asturias,
de León y Teruel, denunciando la subcontratación, la precariedad y el
clientelismo, abriendo el camino a Madrid con su ejemplo. Los barrenderos de
Madrid, las Kelllys de Benidorm y las trabajadoras de ayuda a domicilio de
Oviedo. Los marineros de la Central Unitaria de Traballadores (CUT) de Galiza,
los ferroviarios de la CGT, los maestros de la Intersindical, los trabajadores
de Telefónica de las COBAS y los del Metro de Solidaridad Obrera. El Centro
Social Rey Heredia de Córdoba, el Eko de Carabanchel, La Casika de Móstoles, el
Patio Maravillas y tantos otros centros autogestionados en todo el país. La
parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías o la de Suerte Saavedra en
Badajoz dando también cobertura a las asambleas del movimiento. La Coordinadora
de Parados del Baix Llobregat reivindicando la renta garantizada y denunciando
la pobreza energética. Los parados de Valladolid, reventándole el Congreso al
Partido Popular y sufriendo el maltrato de los antidisturbios. Los Campamentos
Dignidad de Extremadura, arraigando en la puerta de las oficinas de empleo y en
las barriadas más machacadas, entrando en los parlamentos y en la televisión
para denunciar el paro y la miseria.
Será ahí, en esos espacios y comunidades de lucha y en tantos otros similares, donde nacerían las Marchas de la Dignidad. Sí, también estaban en el impulso inicial las organizaciones de la izquierda y del sindicalismo alternativo, y ATTAC o el Frente Cívico, aportando experiencia, infraestructura y sabiduría organizativa, pero las Marchas nunca perderían el carácter de movimiento social. Esa será la primera gran anomalía. La clase obrera entraba en la escena. El movimiento popular caminaba ahora en gran medida sobre sus pies. “Ese es el movimiento plural, multiforme y vario que expresa la voluntad del cambio. Todo ello confluyó el 22 de marzo de 2014 en Madrid. Allí se plasmó la fuerza que, más organizada y cohesionada, puede a producir el cambio (…) Esta gente en el fondo, no sé si lo saben, pero están planteando una ruptura. No sé si se dan cuenta de que ellos son ya el proceso constituyente”. Julio Anguita veía en las Marchas de la Dignidad la posible plasmación de un contrapoder ciudadano que abriera un proceso constituyente.
La segunda
singularidad del movimiento será su ductilidad y radicalidad programática. Las
Marchas se dotarán de un programa sencillo y al tiempo ambicioso. Elevarse por
encima de los estrechos horizontes del pan cotidiano, pero sin levitar nunca
del pan cotidiano, decíamos en los Campamentos Dignidad. Pan cotidiano y
horizonte, en ese vínculo se jugaría también la unidad de este movimiento de
ruptura. La Asamblea del 18 de septiembre de 2013 caracteriza a la criatura que
está naciendo como “marchas contra el paro, la precariedad, los recortes y la
represión”. Los puntos que unirán al primer programa serán muy sencillos. La
reivindicación del trabajo con derechos y la Renta Básica, la derogación de las
reformas laborales de 2010 y 2012. La defensa de los servicios públicos, de la
educación y la sanidad, el rechazo frontal a los recortes sociales, el derecho
a la vivienda y la prohibición de los desahucios. Y ligado a todo ello el
rechazo a la deuda ilegítima, a las políticas austericidas de la Troika y al
engranaje del Régimen del 78. La denuncia de la corrupción y la exigencia de dimisión
del gobierno figurarán también entre las primeras demandas. Pan, trabajo, techo
y dignidad, ese será el lema que exprese en lenguaje llano la vocación de
llegar a la mayoría de la población.
Pero junto al
quiénes y al qué también adquiere una importancia fundamental el cómo, las
nuevas formas de unidad que caracterizarán el despliegue del movimiento. Para
empezar la convocatoria se plantea con muchos meses de antelación, para que dé
tiempo a llegar al último rincón y colectivo social. Bola de nieve, acumulación
sostenida de fuerzas, extensión territorial de la propuesta. Las marchas son en
sí mismas una herramienta de solidaridad, unidad y de movilización allí por
donde pasan. La solidaridad se aprende practicándola, organizando juntos la
recepción de las marchas, las comidas o los espacios de alojamiento,
aprovechando ese piquete móvil para acciones concretas de apoyo a la PAH o a
los grupos que lo necesiten. Ocho columnas avanzarán hacia Madrid durante
quince días en un clima de efervescencia popular.
Tras el
aldabonazo del 15M, las Marchas de la Dignidad constituirán sin duda el segundo
gran momento del ciclo de luchas que se levantará en España entre 2011 y 2015.
Representarán una extraordinaria herramienta de alfabetización política y
empoderamiento y esbozarán una alianza social de enorme calado. Los poderes
tendrán plena conciencia de ello, de la potencia antagonista que supone esa
tupida red de movimientos y por ello se aplicarán a reventarla. El 22 de Marzo,
cuando la Solfónica aún toca en el escenario, un enorme dispositivo de la
Policía Nacional arremeterá contra la multitud en la plaza de Colón, justo a
tiempo de que esas imágenes entren en el Telediario. Según datos oficiales,
como consecuencia de las cargas policiales e incidentes posteriores a la
manifestación recibirán asistencia 67 policías y 34 manifestantes. Además se
producirán 24 detenciones. El estigma de la violencia empezará a utilizarse
contra las Marchas esa misma noche. Y la represión contra el movimiento popular
se adensará en los meses sucesivos. Alfon, Andrés Bódalo, Raquel Tenías, los
sindicalistas de Airbus, el Centro Social Can Vies, serán algunas de las
víctimas de esta estrategia estatal coercitiva.
Dos meses
después de las Marchas de la Dignidad, el 25 de mayo, se celebran elecciones
europeas. El PP y el PSOE sufren una gran descalabro. Izquierda Unida crece
tímidamente y Podemos irrumpe con fuerza. El temblor que han supuesto las
Marchas de la Dignidad junto con el resultado electoral acrecientan el pánico
de las élites, que maniobran con rapidez y destreza. El 2 de junio Juan Carlos
I, cuya imagen se ha deteriorado rápidamente a causa de sus correrías
cinegéticas y de diversos casos de corrupción, abdica y es relevado al frente
de la Corona. En los años sucesivos los poderes de la oligarquía actuarán con
determinación para conjurar los peligros, combinando la iniciativa política
(creación de Ciudadanos, atemperamiento de las condiciones económicas impuestas
por la Troika) y la represiva (la ley mordaza).
Las Marchas de
la Dignidad sufrirán el nuevo escenario marcado por la centralidad de la lucha
electoral. “El asalto institucional” se convertirá en el objetivo de las nuevas
formaciones políticas. Pero la apuesta institucional mostrará rápidamente sus
limitaciones. El electoralismo programático se impone sin reservas: la renta
básica universal o el rechazo a la deuda ilegítima desaparecen de los programas
políticos. Y, al tiempo que se produce un trasvase de cuadros desde los
movimientos sociales a los partidos, se abre camino un discurso que menosprecia
el papel transformador de los movimientos sociales y da por terminado el ciclo
de la movilización social. En agosto de 2015, en una entrevista para la revista
Encrucijadas, Íñigo Errejón lo expresará con nitidez: “Yo creo que cuando nace
Podemos (enero de 2014) el ciclo de protesta estaba en reflujo, pero el único
contra ejemplo que conozco son las Marchas de la Dignidad, que movilizan en
Madrid a cientos de miles de personas el 22 de marzo de 2014, a dos meses de
las elecciones europeas. En mi opinión es más bien el último coletazo del ciclo
de acción colectiva abierto en el 15M”.
El
electoralismo, la primacía de una concepción que limita la democracia a un
proceso de selección de élites, el sustitucionismo e incluso la burda instrumentalización
partidaria de los movimientos sociales irán debilitando a las Marchas de la
Dignidad, así como a otros muchos y colectivos nacidos en la última década. A
ello contribuirán también, claro está, los errores propios, la falta de
iniciativa, la burocratización o las dinámicas endogámicas.
“Recuperar
la riqueza de la presencia pasada, para salir de un presente pobre”, señala
Mario Tronti. Este escrito quiere ser una humilde contribución en la
recuperación de dos momentos fundamentales en la historia reciente de la clase
obrera de nuestro país. Recuperar la memoria de las huelgas generales para
salir del “esto es lo que hay”, de la resignación que cada día siembran en
nosotros. Recuperar la huelga del 94 para enfrentarnos al prestamismo laboral y
a las ETTs que se extienden hoy incluso en las fábricas de fruta de
Extremadura, como una cuña que divide a las trabajadoras nativas y a las
extranjeras. Para poner en pie un sindicalismo asambleario, combativo, que
aspire a una sociedad alternativa al capitalismo.
Recuperar las
Marchas de la Dignidad para recordar que la política más noble se construye en
la calle, codo con codo con los iguales. Para salir del clasemedianismo y de la
política como delegación permanente. Para recordar que somos ciudadanos y
militantes, no espectadores ni hoolligans. Para romper el cerco del cinismo y
el pesimismo. Para acabar con la desmovilización, que tan bien le viene a los
poderosos. Para volver a plantearnos, con más lucidez y con más coraje, un
proceso constituyente y un horizonte republicano.
Y recuperar
también la memoria de las luchas del movimiento obrero contra las guerras, la
huelga general de 2003 contra la guerra de Irak, por ejemplo, para plantearnos
algo similar, exigiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino.
Recuperar las
luchas del pasado. El olvido, como sabía Benedetti, está lleno de memoria.
España en su nuevo laberinto
España
en su nuevo laberinto
Por José Luis Carretero Miramar
KAOSENLARED
4 de mayo de 2024
El gobierno
español presume de que el Producto Interior Bruto del país ha crecido, en 2023,
un 2 % mientras la mayor parte de las economías de la Eurozona se encuentran en
una situación de estancamiento o recesión técnica. La inflación ya no se
mantiene en cifras desastrosas, gracias a la colaboración de los sindicatos
mayoritarios, que han garantizado la pérdida de poder adquisitivo de la clase
trabajadora negociando subidas salariales limitadas y aislando los movimientos
huelguísticos que han acompañado a algunas negociaciones de convenios
sectoriales importantes.
Además, la economía
española recoge numerosas inversiones de fondos globales destinadas a convertir
a la Península Ibérica en el principal “hub” energético de la Unión Europea.
Mientras la competitividad de la industria alemana se desploma, ya que sus
grandes empresas no pueden acceder a la energía barata rusa como había venido
sucediendo en las últimas décadas, España atesora la mayoría de las plantas
regasificadoras del continente europeo, lo que la transforma en el puerto de
llegada del Gas Natural Licuado estadounidense o qatarí destinado a la
industria centroeuropea. Al mismo tiempo, se despliegan numerosas iniciativas
vinculadas con las renovables, facilitadas por el clima y la luminosidad del campo
español, y se intenta convertir al sur peninsular en el gran centro de
producción y distribución, a escala europea, del hidrógeno “verde” del futuro.
El mercado turístico
muestra una recuperación total tras la pandemia, alcanzando, de nuevo, cerca
del 14 % del Producto Interior Bruto. La economía española continúa estando
basada en trabajo barato, precario y poco cualificado (y cada vez más, de
origen migrante), lo que permite alimentar modelos de negocio poco
tecnológicos. La productividad del trabajo y la inversión productiva se
mantienen en el furgón de cola de Europa, pero la distribución de los fondos
europeos y las recurrentes burbujas inmobiliarias garantizan la persistencia de
una amplia “clase media” que, aunque mengua cada vez más, es un pilar de la
estabilidad del sistema. Al mismo tiempo, las tasas de pobreza avanzan año tras
año, y la precariedad es la norma vital en los barrios proletarios.
Sin embargo, el modelo
político español aún no se ha recuperado del todo de la brutal sacudida que supusieron
las movilizaciones sociales que siguieron a la crisis económica del año 2008.
Aunque el llamado “Régimen del 78” (por el año de aprobación de la Constitución
vigente, 1978) ha podido recuperarse en gran medida del shock político
provocado por el Movimiento 15-M cooptando a cuadros de la movilización y
ahogando hasta el colapso a su expresión parlamentaria (Podemos), lo cierto es
que el escenario político español sigue siendo inestable y amenaza con derivar
hacia el caos.
Por un lado, la absorción y
desarme de las fuerzas a la izquierda del PSOE (el partido gobernante,
socio-liberal) por parte del gobierno de Pedro Sánchez no ha permitido
recomponer del todo el bipartidismo anterior. La derecha sigue fragmentada y la
emergencia de un partido de ultraderecha con claros tintes neofranquistas (Vox)
dificulta al Partido Popular (conservador) acceder al poder. Las últimas
elecciones pusieron de manifiesto la debilidad del proyecto del PSOE (obligado
a pactar con todas las fuerzas excepto el PP y Vox), pero también que va a ser
difícil una victoria electoral de la derecha (PP) mientras necesite pactar para
ello con Vox, ya que gran parte de la población está dispuesta a votar a quien
sea para evitar la llegada de la ultraderecha al poder.
Por otro lado, las tensiones
territoriales con el nacionalismo catalán, desatadas por las consecuencias de
la declaración de independencia de la “República Catalana” en 2017, convierten
este escenario en algo mucho más caótico e inestable. El PSOE necesita el apoyo
parlamentario de los nacionalistas periféricos (vascos, catalanes, gallegos)
para gobernar, y la derecha, cada vez más radicalizada, boicotea abiertamente
toda tentativa de “desinflamar” (como lo ha llamado el presidente Sánchez) el
conflicto abierto en Cataluña.
Hay que tener presente que
los nacionalismos periféricos están formados por una amplia alianza de clases
que incluye sectores progresistas y sectores burgueses de ideología
abiertamente reaccionaria. De hecho, Junts per Catalunya, el partido del
expresidente catalán Puigdemont es una organización abiertamente de derechas
que ha reclamado en sus últimas negociaciones con el gobierno tener el control
de la política migratoria en Cataluña para tratar de evitar la creciente
competencia local de una naciente organización independentista de ultraderecha
que ha centrado su discurso político en la lucha contra la inmigración (Aliança
Catalana).
Esta caótica amalgama en
las filas de los partidos que, de una manera u otra, apoyan al gobierno
social-liberal y europeísta (el PSOE) genera numerosas contradicciones en el
día a día del Parlamento. La derecha lo aprovecha para generar el caos desde su
control incontestado del aparato judicial.
La última demostración de
fuerza de la derecha judicial, de hecho, ha sido su abierta insumisión a la
decisión parlamentaria de intentar aprobar una ley de amnistía para los
represaliados y represaliadas por el conflicto catalán. Los jueces demuestran
su abierta insurrección frente al poder legislativo multiplicando los cargos
contra los represaliados, planteando acusaciones que saben insostenibles pero
que permitirían inaplicar la ley de amnistía a personas concretas. El gobierno,
finalmente, aprueba la ley de amnistía con una remisión expresa a la
legislación europea, pues sabe que quién decidirá, en el transcurso de los
próximos años, si la ley es aplicable será el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
La derecha controla también
el Consejo General del Poder Judicial, negándose abiertamente a renovarlo en
cumplimiento de la Constitución. Ampara en sus tramas mediáticas todo tipo de
bulos y difamaciones a las personalidades de la izquierda. La patética
demostración de debilidad del presidente del gobierno, con su “amenaza temporal
de dimisión de las últimas semanas” es una muestra del poder omnímodo que,
sobre el sistema judicial, tienen las redes familiares oligárquicas acrisoladas
durante el franquismo, que nunca han dejado de ostentar el poder real en
nuestra sociedad.
Mientras tanto, la
represión contra los movimientos sociales se ha vuelto crecientemente ubicua.
Seis jóvenes militantes del sindicato CNT están encausados con posibles penas
de prisión por su participación en un conflicto laboral en la cafetería La
Suiza de Xixón. Ocho compañeras de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca
(PAH) de Guadalajara enfrentan también cargos penales por una acción de
protesta pacífica frente a un desahucio. Son sólo ejemplos de la
multiplicidad de casos que se están dando por todo el territorio nacional, en
los que se intenta condenar a los activistas sociales a penas desproporcionadas
y sin precedentes en nuestro país, por actividades que tradicionalmente se
consideraban fuera del ámbito penal por su relación estrecha con el ejercicio
de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión
o el derecho a la acción sindical.
La izquierda radical nada
entre la confusión y la apatía. Se levantan algunas movilizaciones del
sindicalismo combativo, del feminismo y del movimiento de lucha por la
vivienda, así como algunas muestras de resistencia rural a la expansión de las
renovables. Hay también un amplio movimiento del pequeño y medio campesinado
contra las medidas neoliberales de la Unión Europea que intenta capitalizar la
ultraderecha desviándolo hacia una crítica de las tibias posiciones ecologistas
de la Unión.
En este escenario, el
movimiento obrero revolucionario precisa de un proceso amplio de debate que
permita la articulación de potentes estructuras organizativas, de nuevos
discursos más apegados a los problemas de la vida real de la clase trabajadora,
de líneas estratégicas claras y autónomas respecto de la socialdemocracia
atlantista y del emergente “rojipardismo” reaccionario. Hay que recuperar el
sentido de organización y la autonomía de clase. Hay que construir y lanzar
mensajes claros y comprensibles a una clase trabajadora cada vez más
fragmentada, precarizada y sumergida en la confusión ideológica y vital. En
este escenario convulso y contradictorio es cada vez más importante transmitir
claridad y decisión, tanto como deslindar los campos con los sectores que
quieren llevar al movimiento obrero hacia una deriva disolvente, que defiende
la “lúcida claudicación” y la primacía de lo espectacular, elitista y lúdico
frente al trabajo de base, la formación colectiva y los procesos organizativos.
Hay que combatir toda forma de fatalismo y trabajar decididamente para
clarificar las líneas de desarrollo del conflicto de clase en las mentes y los
corazones de la clase trabajadora, empujándola a la acción organizada.
Y todo ello en un momento
en que los tambores de una posible guerra con Rusia se hacen cada vez más
audibles en Europa. El presupuesto de defensa se multiplica mientras los
servicios sociales y el precario Estado del Bienestar español se degradan a
pasos agigantados. Los periódicos generalistas dedican gran parte de su espacio
a la posibilidad de la guerra y se empieza a hablar de la recuperación del
servicio militar obligatorio.
Si no queremos acabar
siendo peones ensangrentados en el campo de batalla de los grandes oligarcas
globales, tendremos que organizarnos para cambiarlo todo.
España
en su nuevo laberinto
Actualizado el 4 de mayo de 2024 / Por José Luis Carretero Miramar
El
gobierno español presume de que el Producto Interior Bruto del país ha crecido,
en 2023, un 2 % mientras la mayor parte de las economías de la Eurozona se
encuentran en una situación de estancamiento o recesión técnica. La inflación
ya no se mantiene en cifras desastrosas, gracias a la colaboración de los
sindicatos mayoritarios, que han garantizado la pérdida de poder adquisitivo de
la clase trabajadora negociando subidas salariales limitadas y aislando los
movimientos huelguísticos que han acompañado a algunas negociaciones de
convenios sectoriales importantes.
Además, la economía
española recoge numerosas inversiones de fondos globales destinadas a convertir
a la Península Ibérica en el principal “hub” energético de la Unión Europea.
Mientras la competitividad de la industria alemana se desploma, ya que sus
grandes empresas no pueden acceder a la energía barata rusa como había venido
sucediendo en las últimas décadas, España atesora la mayoría de las plantas
regasificadoras del continente europeo, lo que la transforma en el puerto de
llegada del Gas Natural Licuado estadounidense o qatarí destinado a la
industria centroeuropea. Al mismo tiempo, se despliegan numerosas iniciativas
vinculadas con las renovables, facilitadas por el clima y la luminosidad del
campo español, y se intenta convertir al sur peninsular en el gran centro de
producción y distribución, a escala europea, del hidrógeno “verde” del futuro.
El mercado turístico
muestra una recuperación total tras la pandemia, alcanzando, de nuevo, cerca
del 14 % del Producto Interior Bruto. La economía española continúa estando
basada en trabajo barato, precario y poco cualificado (y cada vez más, de
origen migrante), lo que permite alimentar modelos de negocio poco
tecnológicos. La productividad del trabajo y la inversión productiva se
mantienen en el furgón de cola de Europa, pero la distribución de los fondos
europeos y las recurrentes burbujas inmobiliarias garantizan la persistencia de
una amplia “clase media” que, aunque mengua cada vez más, es un pilar de la
estabilidad del sistema. Al mismo tiempo, las tasas de pobreza avanzan año tras
año, y la precariedad es la norma vital en los barrios proletarios.
Sin embargo, el modelo
político español aún no se ha recuperado del todo de la brutal sacudida que
supusieron las movilizaciones sociales que siguieron a la crisis económica del
año 2008. Aunque el llamado “Régimen del 78” (por el año de aprobación de la
Constitución vigente, 1978) ha podido recuperarse en gran medida del shock
político provocado por el Movimiento 15-M cooptando a cuadros de la
movilización y ahogando hasta el colapso a su expresión parlamentaria
(Podemos), lo cierto es que el escenario político español sigue siendo
inestable y amenaza con derivar hacia el caos.
Por un lado, la absorción y
desarme de las fuerzas a la izquierda del PSOE (el partido gobernante,
socio-liberal) por parte del gobierno de Pedro Sánchez no ha permitido
recomponer del todo el bipartidismo anterior. La derecha sigue fragmentada y la
emergencia de un partido de ultraderecha con claros tintes neofranquistas (Vox)
dificulta al Partido Popular (conservador) acceder al poder. Las últimas
elecciones pusieron de manifiesto la debilidad del proyecto del PSOE (obligado
a pactar con todas las fuerzas excepto el PP y Vox), pero también que va a ser
difícil una victoria electoral de la derecha (PP) mientras necesite pactar para
ello con Vox, ya que gran parte de la población está dispuesta a votar a quien
sea para evitar la llegada de la ultraderecha al poder.
Por otro lado, las
tensiones territoriales con el nacionalismo catalán, desatadas por las
consecuencias de la declaración de independencia de la “República Catalana” en
2017, convierten este escenario en algo mucho más caótico e inestable. El PSOE
necesita el apoyo parlamentario de los nacionalistas periféricos (vascos,
catalanes, gallegos) para gobernar, y la derecha, cada vez más radicalizada,
boicotea abiertamente toda tentativa de “desinflamar” (como lo ha llamado el
presidente Sánchez) el conflicto abierto en Cataluña.
Hay que tener presente que
los nacionalismos periféricos están formados por una amplia alianza de clases
que incluye sectores progresistas y sectores burgueses de ideología
abiertamente reaccionaria. De hecho, Junts per Catalunya, el partido del
expresidente catalán Puigdemont es una organización abiertamente de derechas
que ha reclamado en sus últimas negociaciones con el gobierno tener el control
de la política migratoria en Cataluña para tratar de evitar la creciente
competencia local de una naciente organización independentista de ultraderecha
que ha centrado su discurso político en la lucha contra la inmigración (Aliança
Catalana).
Esta caótica amalgama en
las filas de los partidos que, de una manera u otra, apoyan al gobierno
social-liberal y europeísta (el PSOE) genera numerosas contradicciones en el
día a día del Parlamento. La derecha lo aprovecha para generar el caos desde su
control incontestado del aparato judicial.
La última demostración de
fuerza de la derecha judicial, de hecho, ha sido su abierta insumisión a la
decisión parlamentaria de intentar aprobar una ley de amnistía para los represaliados
y represaliadas por el conflicto catalán. Los jueces demuestran su abierta
insurrección frente al poder legislativo multiplicando los cargos contra los
represaliados, planteando acusaciones que saben insostenibles pero que
permitirían inaplicar la ley de amnistía a personas concretas. El gobierno,
finalmente, aprueba la ley de amnistía con una remisión expresa a la
legislación europea, pues sabe que quién decidirá, en el transcurso de los
próximos años, si la ley es aplicable será el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
La derecha controla también
el Consejo General del Poder Judicial, negándose abiertamente a renovarlo en
cumplimiento de la Constitución. Ampara en sus tramas mediáticas todo tipo de
bulos y difamaciones a las personalidades de la izquierda. La patética
demostración de debilidad del presidente del gobierno, con su “amenaza temporal
de dimisión de las últimas semanas” es una muestra del poder omnímodo que,
sobre el sistema judicial, tienen las redes familiares oligárquicas acrisoladas
durante el franquismo, que nunca han dejado de ostentar el poder real en
nuestra sociedad.
Mientras tanto, la
represión contra los movimientos sociales se ha vuelto crecientemente ubicua.
Seis jóvenes militantes del sindicato CNT están encausados con posibles penas
de prisión por su participación en un conflicto laboral en la cafetería La
Suiza de Xixón. Ocho compañeras de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca
(PAH) de Guadalajara enfrentan también cargos penales por una acción de
protesta pacífica frente a un desahucio. Son sólo ejemplos de la
multiplicidad de casos que se están dando por todo el territorio nacional, en
los que se intenta condenar a los activistas sociales a penas desproporcionadas
y sin precedentes en nuestro país, por actividades que tradicionalmente se
consideraban fuera del ámbito penal por su relación estrecha con el ejercicio
de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión
o el derecho a la acción sindical.
La izquierda radical nada
entre la confusión y la apatía. Se levantan algunas movilizaciones del
sindicalismo combativo, del feminismo y del movimiento de lucha por la
vivienda, así como algunas muestras de resistencia rural a la expansión de las
renovables. Hay también un amplio movimiento del pequeño y medio campesinado
contra las medidas neoliberales de la Unión Europea que intenta capitalizar la
ultraderecha desviándolo hacia una crítica de las tibias posiciones ecologistas
de la Unión.
En este escenario, el
movimiento obrero revolucionario precisa de un proceso amplio de debate que
permita la articulación de potentes estructuras organizativas, de nuevos
discursos más apegados a los problemas de la vida real de la clase trabajadora,
de líneas estratégicas claras y autónomas respecto de la socialdemocracia
atlantista y del emergente “rojipardismo” reaccionario. Hay que recuperar el
sentido de organización y la autonomía de clase. Hay que construir y lanzar
mensajes claros y comprensibles a una clase trabajadora cada vez más
fragmentada, precarizada y sumergida en la confusión ideológica y vital. En
este escenario convulso y contradictorio es cada vez más importante transmitir
claridad y decisión, tanto como deslindar los campos con los sectores que
quieren llevar al movimiento obrero hacia una deriva disolvente, que defiende
la “lúcida claudicación” y la primacía de lo espectacular, elitista y lúdico
frente al trabajo de base, la formación colectiva y los procesos organizativos.
Hay que combatir toda forma de fatalismo y trabajar decididamente para
clarificar las líneas de desarrollo del conflicto de clase en las mentes y los
corazones de la clase trabajadora, empujándola a la acción organizada.
Y todo ello en un momento
en que los tambores de una posible guerra con Rusia se hacen cada vez más
audibles en Europa. El presupuesto de defensa se multiplica mientras los
servicios sociales y el precario Estado del Bienestar español se degradan a
pasos agigantados. Los periódicos generalistas dedican gran parte de su espacio
a la posibilidad de la guerra y se empieza a hablar de la recuperación del
servicio militar obligatorio.
Si no queremos acabar
siendo peones ensangrentados en el campo de batalla de los grandes oligarcas
globales, tendremos que organizarnos para cambiarlo todo.
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