Las colas del hambre, cada vez más pero siempre sin culpables
DIARIO OCTUBRE / septiembre 24, 2022
Los bancos de alimentos y las ONG de varias
ciudades españolas alertan de que la demanda de
alimentos, las denominadas colas del hambre, por
parte de personas necesitadas está creciendo de
nuevo, una vez superada la pandemia, después de que los
precios se hayan disparado un 14% en el último año, y
que en el caso del aceite, los huevos, la leche y el pollo alcancen o
superen el 20 %. Todo ello en un contexto marcado por la crisis
derivada de la guerra de Ucrania, el coste general de la
vida y la precariedad, que ha provocado que Cruz
Roja haya duplicado en apenas dos años la ayuda para los jóvenes de entre 16 y
30 años que acuden a pedir ayuda por falta de empleo y de ingresos
para poder pagar sus estudios o el acceso a internet, entre otras cosas,
pasando de los 100.000 que atendía antes de la pandemia a cerca de los 200.000
(196.897).
España y
su población viven momentos complicados. Los altos precios, pero también la
precariedad laboral, a los que hay que sumar dos años de pandemia que han
provocado todo tipo de problemas, incluidos los relacionados con la salud
mental, hacen que las ONG estén prestando más ayuda que nunca.
La
situación, además, se está agravando debido a que, en algunos casos, también se
está produciendo un descenso del número de
donaciones de alimentos con respecto a los primeros meses del año.
En
Madrid, el Banco de Alimentos empezó a notar, antes del verano, un descenso en
las donaciones, que ha terminado traduciéndose en un 40 % menos que en los
meses previos al comienzo de la guerra en Ucrania, según informa a Efe una
portavoz de la entidad.
El
número de comidas diarias también aumentó antes del comienzo de la época
estival, según los últimos registros que maneja el Banco de Alimentos, pasando
de 186.000 a 187.000 por día en la Comunidad de Madrid.
Las
entidades que colaboran con el Banco de Alimentos madrileño también han
comunicado el aumento progresivo de gente que se acerca a por raciones diarias,
en tanto que ya «no llegan a final de mes».
El
incremento de los precios también afecta a la compra en origen que realizan
este tipo de organizaciones, en tanto que ahora deben gastar más dinero para
realizar el mismo acopio de alimentos.
Desde el
Ayuntamiento de Madrid han trasladado que, tras el pico en la demanda de
alimentación durante la pandemia a través de la «Tarjeta Familias», una
prestación económica municipal para la cobertura de necesidades básicas de
alimentación, aseo e higiene de sus beneficiarios, las necesidades se
«estabilizaron» con posterioridad.
En
Barcelona también han aumentado las colas del hambre en los 17 comedores
sociales de la ciudad, que el año pasado repartieron 536.000
comidas a 13.158 personas vulnerables o sin hogar y este verano, en algún caso,
han llegado a no dar abasto a pesar de incrementar el número de voluntarios.
Un
ejemplo es el del Hospital de Campaña de la parroquia
de Santa Anna, que ha pasado de repartir cerca de
7.000 comidas tanto en julio como agosto del año pasado a casi 10.000 en los
mismos meses de este año.
Con la
pandemia normalizada y sin restricciones, la previsión era que el número de
usuarios del servicio se reduciría a unos niveles similares a los de 2019, pero
ha aumentado por las consecuencias sociales y económicas de la crisis del
COVID-19 y de la guerra en Ucrania, según sus responsables.
El
pronóstico de las entidades sociales de Barcelona es que 2022 cerrará con más
comidas servidas en comedores sociales que en el 2021 porque han aumentado las
personas sin hogar que duermen en las calles y porque el aumento de los precios
en los mercados está llevando a más familias al comedor social .
En el
caso de Murcia, el encarecimiento de la cesta de la compra y los productos
básicos de alimentación ha modificado el perfil de quien acude por primera vez
en busca de ayuda al comedor social que tiene en el centro de la ciudad la
Fundación Jesús Abandonado, según dice a Efe su gerente, Daniel López.
Según
López, cada vez son más las unidades familiares, y no personas sin hogar, las
que se dirigen a esta organización para pedir comida.
En este
caso, también en julio y agosto ha aumentado el número de usuarios del comedor
social a la vez que se han reducido las donaciones de productos y los donativos
económicos, aunque la fundación confía en que esa tendencia, común de las
vacaciones estivales, no se perpetúe por la escalada de precios y la crisis
económica.
En Córdoba, el
Banco de Alimentos, que distribuye unos 350.000 kilogramos al mes de productos
básicos a entidades sociales que trabajan en toda la ciudad, maneja unas
previsiones complicadas para los próximos meses.
La
inflación está provocando un aumento significativo de la demanda y, por ello,
la entidad ha acumulado alimentos en julio y agosto con la estimación de que el
otoño y el invierno se puedan afrontar dando las mejores garantías posibles a
las personas más vulnerables.
Algo
parecido ocurre en Granada, donde
el Banco de Alimentos se enfrenta actualmente a un aumento de la demanda que ya
casi alcanza las cifras registradas en la pandemia de coronavirus, y, por
contra, a un descenso de las donaciones, tanto de productos como económicas, y
a que «el dinero recibido permitía antes llenar una cesta con
diez productos y ahora, solo con seis», ha explicado a Efe un
portavoz de las instalaciones.
Si el
año pasado fueron 39.680 personas las atendidas, actualmente son unos 45.000
los solicitantes de ayuda, situación que afrontan con el problema añadido del
aumento del coste de mantenimiento de las instalaciones por la subida de la luz
y el gas.
Muchos
de los afectados por la situación actual son los jóvenes, a los que no solo les
falta comida. En un informe reciente, Cruz Roja
alertaba que se ha duplicado en apenas dos años la cifra de jóvenes de entre 16
y 30 años que acuden a pedir ayuda por falta de empleo y de ingresos para
poder pagar sus estudios o el acceso a internet, pasando de los 100.000 que
atendía antes de la pandemia a cerca de los 200.000 (196.897).
Cruz
Roja analiza en el documento ‘Los y las jóvenes y el reto de la digitalización
en la Covid-19: competencias para la vida, el empleo y la educación’ la situación
de esos jóvenes, que sufren falta de formación, limitado nivel de
competencias, dificultades de acceso al empleo, explotación
laboral, precariedad en los hogares y un bajo estado de ánimo.
La mitad
de ellos no pueden pagar el uso de internet y teléfono, el 61,9 %
sufren pobreza extrema (frente al 9,5 % de la población general) y
cuatro de cada diez tiene miedo por la precariedad económica que padecen y por
su futuro.
«Sus
familias tienen dificultades para mantenerles, y una parte de ellos sufren las
consecuencias de una difícil emancipación o una emancipación obligada que se
hace en condiciones de vulnerabilidad por la extrema precariedad laboral o
trabajo sumergido». La mayoría también un escaso nivel de competencias
digitales para el empleo, destaca la investigación, que incluye también una
encuesta a medio millar de estos jóvenes usuarios.
«Han
pasado la frontera de ser ciudadanos a supervivientes; nos
preocupa mucho su situación, deben buscarse la vida para todo, son mendigos de
los datos de wifi, de la búsqueda de energía o de un hogar para vivir», decía
hace unos días el coordinador de Cruz Roja, Antoni Bruel en la presentación del
estudio.
Para el
responsable la organización, «los jóvenes se encuentran en situaciones extremas
que les hace difícil gestionar sus preocupaciones y su vida» provocadas por la
desigualdad y la falta de oportunidades.
El
estudio elaborado por Cruz Roja muestra que el 52 %
de estos jóvenes se encuentran en situación de desempleo; un 27
% ha perdido su trabajo durante la pandemia.
La falta
de experiencia laboral es importante: el porcentaje de jóvenes menores de 19
años sin experiencia laboral es del 61 %, el 30 % en los de 19-24 años y el 11
% en mayores de 24 años.
Cruz
Roja ha detectado un bajo estado de ánimo
generalizado en jóvenes con dificultades sociales y laborales: un 25 %
admite que se estresa por cualquier situación adversa, un 11 % suele manifestar
ira a menudo, un 14 % siente tristeza y el 41 % afirma tener miedo al futuro.
Destaca
el alto abandono temprano de estudios, sobre todo en jóvenes de menos de 16
años, por la falta de recursos de sus familias, principalmente. Un 26 % han
dejado sus estudios sin finalizar la ESO y un 27 % tras acabarla. En el ámbito
universitario, los han abandonado otro 23 %.
La
responsable de Estudios, Estrella Rodríguez, alerta del posible
empeoramiento en los próximos meses de su situación con la subida de los
precios y también del riesgo de aceptar trabajos precarios, especialmente los
más jóvenes (en el tramo de 16 a 21 años), con un alto esfuerzo físico y sin
seguridad laboral. «Su situación provoca que cojan cualquier trabajo sin tener
en cuenta problemas de explotación y de riesgo para su salud».
Para una
familia de 2 adultos y 2 hijos que estén ingresando 800 euros mensuales, una subida
general del IPC del 10%, supone 80 euros más de gasto mensual para esta
familia, lo que significa agravar los problemas para cubrir los gastos
esenciales de alquiler, de pago de electricidad, de gas y de llenar la nevera.
“Se trata de una situación inasumible para muchos hogares”, apunta la
secretaria general.
republica.com/sociedad
FUENTE: insurgente.org
