viernes, 7 de diciembre de 2018

SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


La buena mala conciencia de la Constitución 




Bartolomé Clavero
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla

Sociologia Crítica
07.12.2018
El proceso constituyente español de 1976-1978 transcurrió condicionado por el peso de una dictadura institucionalizada que dejó alguna impronta en la Constitución resultante. Se tenía conciencia, aunque intentara disimularse, particularmente entre el sector no cómplice de la dictadura y partícipe en el proceso constituyente. Esto también dejó su huella en la Constitución, una huella no necesariamente negativa. La mala conciencia a veces produce alguna que otra buena consecuencia.
La herencia más evidente de la dictadura en la Constitución fue la monarquía, tanto por sí misma, por su naturaleza antidemocrática, como por lo que representaba. Una monarquía instaurada por el dictador servía de paraguas para una masiva impunidad no solo penal y política, sino también económica, de las empresas y otras corporaciones que habían hecho su agosto con la proscripción de libertades durante cuatro largas décadas. Para quienes habían luchado contra la dictadura o, al menos, no habían sido colaboracionistas y ahora, en 1978, aceptaban esa herencia, la mala conciencia estaba servida. Y motivos había más.
Late la mala conciencia en la Constitución misma. Contiene lapsus, descuidos, incongruencias, lastres, momentos fallidos o toda una serie de quiero-y-no-puedo que como mejor se explican es por el juego no del todo controlado de la mala conciencia. El capítulo más ilustrativo es el de la estructura compuesta del Estado. Comienza por una mención de la existencia de “nacionalidades” que se agota en sí misma, sin siquiera identificárseles ni extraerse efectos. Sigue con una definición completamente fallida, sin plasmación consecuente, de una instancia parlamentaria, el Senado, como “cámara de representación territorial”. Prosigue con un título sobre “organización territorial del Estado” que contempla un mapa virtual de Comunidades Autónomas, virtual porque lo deja prácticamente en blanco, apenas perfilado. Concluye con un reconocimiento de “derechos históricos” de “territorios forales” que no se relaciona con las nacionalidades ni se concreta tampoco a efecto alguno. Remite casi todo a Estatutos de Autonomía sin participarles su propio valor constitucional.
La incógnita es la regla. La dialéctica entre las malas artes de quienes procedían de la dictadura y la mala conciencia de quienes aceptaban el trágala es la explicación. ¿Cómo oso decir que de tamaño embrollo pudiera resultar alguna buena consecuencia? Así es. Con todo ello, la Constitución quedaba abierta. Como faltaron condiciones para sustituir un Estado dictatorial por un Estado democrático que comenzase por componer democráticamente la pluralidad constitutiva de España, ahí que quedaban posibilidades insinuadas y disponibles, fallidas de momento, pero activables para un futuro. A estas alturas, tal y como ha transcurrido el desarrollo de las autonomías territoriales, puede decirse que un horizonte inicial de esperanzas fundadas ha derivado hacia un panorama patente de posibilidades malogradas.
La palabra de orden entonces, no solo por esa causa desde luego, es la de reforma de la Constitución. Este imperativo también podía ilustrarse con otras frustraciones no menos patentes, como en las materias de promoción y garantía de derechos sociales frente a penurias presupuestarias inducidas, de libertad de enseñanza ante privilegios eclesiásticos; de derechos a la religión y al honor coartando otros derechos, de organización y funcionamiento de la justicia con su extrema centralización, control remoto político e ínfima participación ciudadana,… por no referirme de nuevo a la monarquía como índice de impunidad de dictadura e insuficiencia de democracia.
En materia de reforma constitucional también acecha la mala conciencia. Y con alguna buena consecuencia. La Constitución no solo contempla su propia reforma, como es lo habitual, sino también su “revisión total”, su sustitución completa, algo insólito que solo se explica por la mala conciencia constituyente. La Constitución se sentía tan insegura que no excluye su propia sustitución. Esta es su previsión: “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución (…), se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación”. Conviene reparar en detalles.
Sobre el más importante la Constitución pasa de puntillas. Entre dos legislaturas necesarias para revisar completamente la Constitución, la intervención más importante de la ciudadanía no es la final del referéndum sobre un texto ya cerrado, sino la que se sitúa en medio, la de elección de las Cortes que han de resultar constituyentes. Ahí es donde puede producirse el debate constitucional por parte de la ciudadanía, un debate que se le hurtó en 1978. Tratándose de la “revisión total” de la Constitución, no habría de consistir en un primer plebiscito sobre un nuevo texto, sino en una convocatoria ante diversos proyectos constituyentes formulados tras la decisión parlamentaria de abrir tal proceso para sustituir la Constitución en su totalidad. El referéndum final para lo que sirve entonces es para la verificación del cumplimiento por las Cortes del mandato constituyente de la ciudadanía, lo decisivo.
Otro detalle es que las mayorías requeridas para las decisiones parlamentarias en este proceso de revisión total de la Constitución son ciertamente elevadas, de dos tercios de cada cámara. En principio no está mal. Unas decisiones de esta transcendencia conviene que sean tomadas por mayorías cualificadas. El problema, sin embargo, no reside en la conveniencia, sino en la exigencia, pues esto facilita operaciones de bloqueo por parte de minorías mayoritarias. El requerimiento de mayorías cualificadas menos altas, como la simplemente absoluta o de la mitad de la cámara, favorece en cambio la negociación y acuerdo con minorías mayoritarias que ya no podrían bloquear. Hay además otro problema, no menos importante a mi entender. Me refiero a la dudosa legitimidad de la Constitución en la exigencia de mayorías tan alzadas para su revisión.
ley reforma politica
Gutiérrez Mellado felicita a Adolfo Suárez después de aprobarse la Reforma Política. (Cadena Ser)
La Ley de Reforma Política de principios de 1977 que permitió la convocatoria de Cortes finalmente constituyentes sólo requería para “la reforma constitucional” la mayoría absoluta de cada cámara. ¿Está legitimado un parlamento que funcionó conforme a esta regla para exigir mayorías superiores respecto a la revisión de su obra constitucional? No lo parece. Y el problema tiene remedio.Hay capítulos de la Constitución, como el de la monarquía, intocables salvo por ese mismo procedimiento tan exigente de la revisión, pero el de la reforma no está en este caso. Puede reformarse mediante un procedimiento más simple (mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso sin necesidad siquiera de referéndum si no lo solicita un décimo de cualquiera de las cámaras).
Parece feo que se haga reforma de la reforma para rebajar sus exigencias, pero se cuenta con el fundamento de la dudosa legitimidad de los requerimientos. Reducir las mayorías a la absoluta puede ser suficiente cuando la intervención de la ciudadanía se mantiene como lo decisivo. Sería otra buena consecuencia constitucional de la mala conciencia constituyente. Constitución tan insegura no lo deja todo atado.
No argumento todo ello porque abogue por una revisión total de la Constitución de una vez y por todas. No parece viable ni aconsejable. Y no es naturalmente decisión mía. Ni quito ni pongo rey. Solo apunto posibilidades. Son los partidos quienes pueden proponer la reforma de la reforma para procederse a la revisión y es, por supuesto, la ciudadanía quien decide tanto en primer como en último término, en las elecciones a Cortes constituyentes y en el referéndum. Y digo lo de los partidos no porque su exclusiva me parezca procedente, sino porque la Constitución excluye la iniciativa popular en materia de reforma o revisión constitucional, otro detalle que podría modificarse con la reforma de la reforma. De este modo la ciudadanía podría hacerse viva en directo desde un primerísimo momento.
Algunos partidos acuden a la próxima convocatoria de elecciones generales [Diciembre de 2015]  con propuestas de reforma constitucional. Estamos ante unos comicios que pueden tener una dosis de sondeo constituyente. Al efecto, bueno sería que se pusieran sobre el tapete no solo las cuestiones sustantivas que se entiendan requeridas de reforma, sino también las procedimentales por lo que afectan a la legitimidad de las exigencias constitucionales.
También resultaría bueno que no se presentasen las reformas como un paquete de retoques y asunto arreglado, esto es, y legitimidad redonda por fin lograda. Una Constitución tan trabada está clamando por una progresión de reformas camino de la revisión a fondo. El reto reconstituyente no va a consumarse con los próximos comicios. Continuará.
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MORANTE DE LA PUEBLA, GARROCHAS ,GARROCHITOS.Y BANDEROLINES DE BALCÓN: EN AQUEL TIEMPO DE COMER PERDICES, VOLTERETAS EN EL AIRE DE CONTENTURA Y FELICIDAD EN QUE SE FABRICABA LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, HABÍA HIJOS DE LA GRAN PUTA MUY AMOROSOS Y CERCANOS AL PODER QUE ASESINABAN A LOS QUE DEFENDÍAN A LOS TRABAJADORES, Y CLARO, LOS QUE ESTÁBAMOS EN EL EJÉRCITO Y ADEMÁS EN UN DESPACHO LABORALISTA, PUES QUE PASÁBAMOS MIEDO, OYES. ME ENTIENDES JUANMA MORENO, BUSCADOR DE VOTOS DEBAJO DEL RABO DE LA VACA?



García Juliá se escondió durante 24 
años con una falsa identidad
El asesino de la Matanza de Atocha fue detenido en Brasil este miércoles
AGENCIAS Viernes, 7 de diciembre de 2018
(de el plural)



Carlos García Juliá en una imagen del Ministerio del Interior.

Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha en 1977, fue detenido en Sao Paulo el pasado 5 de diciembre gracias a una investigación de la Policía Nacional y de la Policía Federal de Brasil, que había detectado su identidad falsa con la que se mantuvo oculto 24 años en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil, donde fue arrestado y ahora aguarda a su posible extradición a España.
Sobre la detención, confirmada este jueves por fuentes policiales, darán detalles la Policía brasileña y la española -representada por un comisario y un inspector jefe-- en una rueda de prensa conjunta que se celebrará este viernes. García Juliá era reclamado desde 1994 por la Audiencia Nacional por participar, junto a otras tres personas, en el atentado ultraderechista contra los abogados laboralistas de la madrileña calle de Atocha. Entonces tenía 22 años.
La Policía Nacional ha informado de que tras el crimen, García Juliá pasó más de un mes escondido hasta que fue detenido el 11 de marzo de 1977. Ingresó en prisión hasta la celebración del juicio y fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión. En 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España, según ha detallado la Policía.
Desde entonces, consiguió mantenerse oculto sin atender al requerimiento judicial formal producido en diciembre de ese año, 1994. Cuando fue arrestado este miércoles, García Juliá, de 63 años, utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.
Su detención se produjo el pasado 5 de diciembre en la ciudad de Sao Paulo gracias a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional junto con agentes brasileños y el apoyo de la Consejería de Interior de España en Brasil y la Oficina Central Nacional de Interpol en Madrid. El arrestado tenía una reclamación judicial en vigor para su búsqueda, detención e ingreso en prisión.
La Audiencia Nacional ha mantenido abierto la petición de arresto para García Juliá al objeto de que cumpla en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.
Tráfico de drogas
A mediados de los años 90 fue localizado en una prisión de La Paz (Bolivia) por un asunto de tráfico de droga. Las investigaciones apuntaban a que los beneficios de la compra-venta de droga iban destinados a financiar grupos parafascistas.
Desde su desaparición en territorio boliviano, se siguió diferentes vías de investigación. Todas ellas situaban al fugitivo en territorio sudamericano, aunque resultó imposible determinar la identidad que estaba utilizando "debido a las extremas medidas de seguridad que empleaba", según ha informado este viernes la Policía Nacional, que ha confirmado que se detectó su presencia en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil.
En este último país García Juliá se movía al disponer de documentación a nombre de terceras personas. No dudaba, incluso, en tomar vuelos para desplazarse por estos territorios. En el año 2017, se emitió una orden internacional de detención y fue entonces cuando se iniciaron gestiones más intensas para dar con su paradero. Esas investigaciones determinaron que podría encontrarse en territorio brasileño, concretamente en la ciudad de Sao Paulo, donde residiría fugado de la Justicia española bajo la identidad de un ciudadano venezolano.
En julio de 2018, la cooperación internacional y el constante intercambio de información entre los cuerpos policiales permitieron a la Policía Federal de Brasil detectar a García Juliá. Tras comunicarlo a la Policía Nacional española, se iniciaron las gestiones de solicitud para su extradición. Al realizar las comprobaciones oportunas y cotejar las huellas dactilares, se determinó que se trataba de la persona buscada, por lo que se iniciaron las gestiones documentales para ejecutar su detención y extradición a España.
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UN ANÁLISIS PARA ENTENDER LA REALIDAD SIN MERDAMEN IDEOLÓGICO



Vox y el prolapso rectal del 78

Rebelion
Ctxt
07.12.2018
Sólo la conservación de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid podría frenar realmente el ascenso ultraderechista. A Podemos habría que pedirle que, si no se le ocurre cómo ayudar, al menos deje de poner obstáculos.


Me ha parecido inquietante que El Mundo, reflejando anoche en portada los resultados de las elecciones, añadiera a la distribución por partidos el reparto por “coaliciones electorales”, dando por supuesto que son dos las que naturalmente se enfrentaban en estos comicios y las que naturalmente deben luchar por el gobierno: por un lado la compuesta por PSOE y Adelante Andalucía, con 50 escaños, y por otro la formada por el PP, C's y Vox, con una mayoría de escaños a su favor (59). ¿Es una apuesta del periódico? ¿Una tentativa de señalar el camino? ¿O una declaración ideológica que recupera una visión de España “muy de derechas”, casi guerracivilista, que en realidad no se corresponde –o no se corresponde todavía– con la realidad? Sea como fuere, asusta pensar que un sector de la derecha y del electorado tiene ya en la cabeza esta distribución “ideológica” de las fuerzas políticas.

La verdad, de momento, es otra. La irrupción de Vox es lo que se llama en medicina un “prolapso”; es decir, la salida parcial de un órgano fuera del cuerpo que lo contenía. Se habla así de prolapso uterino o de prolapso rectal. La ultraderecha “se le ha salido” de dentro al PP y, en general, al régimen del 78, que en Andalucía se va a recomponer –en el exterior y hacia la derecha– contra Podemos. Pese a la “visión” de El Mundo, pese a las circunstancias excepcionales que llevaron a Sánchez al Gobierno, la coalición “natural” de la situación presente es la que sigue vinculando al PP, el PSOE y C's. Podemos y Vox son “los extremos”. Susana Díaz, en su primera declaración tras la debacle, invocaba esa “naturaleza” al anunciar que se reuniría con “las fuerzas constitucionales” para frenar el paso a la ultraderecha. Cualesquiera que sean los resultados de esas conversaciones, en Andalucía se gobernará con Vox o contra Vox, pero sin Podemos. Las elecciones andaluzas “liberan” Andalucía de Adelante Andalucía y restan suelo también al “radicalismo” de Sánchez a nivel nacional.

España ya no es una excepción; se ha europeizado, como nos temíamos, a toda prisa. De momento la ultraderecha servirá, como en otros sitios, para derechizar el neoliberalismo gobernante –so pretexto de contener el extremismo– y suprimir cualquier sombra de alternativa por la izquierda. Luego, por la inercia misma de las fricciones y las componendas, la ultraderecha se robustecerá y se conformará como la única oposición política real al régimen del 78. Esa oposición, que hasta ahora estaba más o menos dentro y que ahora “se le está saliendo” al PP en forma de prolapso rectal, en España se llama franquismo. El franquismo –menuda paradoja– será muy pronto la única alternativa al régimen del 78 surgido del franquismo. No habrá ruptura sino “prolapso”. Se le saldrán los órganos ocultos a la transición por todos los orificios y tomarán desde fuera el cuerpo entero.

Podemos está muerto. Andalucía era el “muro de carga” del régimen del 78, que se viene abajo por fin, pero no del modo en que soñamos en 2014. Habrá que echar la culpa al neoliberalismo, que sin duda la tiene; y a la socialdemocracia, que también la tiene; y a los partidos y medios de comunicación que prefieren volver al siglo XIX antes que buscar una salida democrática a la descomposición. Pero a nadie se le escapa que Podemos ha facilitado mucho las cosas –como las ha facilitado el fraudulento independentismo oficialista en Catalunya– dejando en el camino jirones de ilusión. No es que Podemos haya empujado a sus propios votantes a Vox, es verdad, pero no sólo no ha sabido protegerlos –a sus votantes– sino que no ha sabido tampoco recoger ningún voto de la abstención, donde siguen enquistados los más despolitizados y socialmente castigados y a donde han vuelto los más politizados y culturalmente preparados. No creo que se pueda reprochar nada a la campaña de Teresa Rodríguez, como lo demostrarán los próximos comicios en los que no estará ella. Pero ni su carisma personal ni sus forcejeos descentralizadores han bastado para que Adelante Andalucía se librara de la sombra de Podemos, una marca que hoy sólo llama –y a gritos– a la abstención. En otros sitios, mucho me temo, será bastante peor.

Lo más difícil es medir ahora el impacto que estos resultados pueden tener en las próximas elecciones municipales. Sólo la conservación de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid podría frenar realmente el prolapso ultraderechista. A Podemos habría que pedirle que, si no se le ocurre cómo ayudar, al menos deje de poner obstáculos.


Santiago Alba Rico es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. El último de sus libros se titula Ser o no ser (un cuerpo).



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