jueves, 25 de julio de 2019

¿A QUE ES RARITO QUE QUIEN TU SUPONES QUE TE DEFIENDE, PORQUE EN ESA CREEENCIA (SE INSISTE, CREEENCIA, Y NO PENSAMIENTO) ESTABAS CUANDO LE VOTASTE, SEA EL PRIMERO QUE ACUERDE COSAS CONTRA TUS INTERESES, A QUE SÍ?


Podemos denuncia que el acuerdo UE-Mercosur pone en peligro miles de puestos de trabajos del sector primario en Andalucía 
 
Tercerainformación/ Redacción /24/07/2019

  • Los empleos que se podrían ver afectados ascenderían a casi 300.000 en la Comunidad Autónoma y a 35.000 en provincia de Málaga.
  • Interpela a Junta y a las Cortes Generales para que rechacen este tratado.
  • Lamenta la entrada de alimentos con sustancias prohibidas en la Unión Europea, producidos sin tener en cuenta las normas de protección medioambiental.

Podemos Andalucía, de boca de su Secretario de Medio Rural y Marítimo, Alejandro Serrato ha criticado duramente el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), indicando que éste pone en peligro los casi 300.000 empleos del sector primario en Andalucía, más de 35.000 en la provincia de Málaga.

Asimismo, Serrato ha exigido al gobierno de la Junta de Andalucía y, en concreto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que rechace este acuerdo y exija ante Bruselas que no se apruebe “porque este tratado va a matar al campo andaluz”. También ha pedido al Congreso de los Diputados y al Senado que, si este texto no se frena en Bruselas, lo pare la mayoría parlamentaria que existe para investir a Pedro Sánchez, ya que todavía este acuerdo tiene que ratificarse en las instituciones europeas y en los parlamentos de los Estados miembros de la Unión.

“Este tratado, específicamente, está fabricado para favorecer exclusivamente a los grandes industriales europeos y a los grandes terratenientes de América del Sur”, ha criticado Alejandro Serrato. De esta misma forma, el dirigente de Podemos Andalucía ha explicado que los temores de todos estos productores andaluces están justificados, ya que se eliminarían las barreras de entrada a productos como la carne, el etanol, la soja, las hortalizas o los cítricos, “frutos ya muy perjudicados por otros tratados ya en vigor, como el de Unión Europea-Sudáfrica”.

Además, también ha indicado que existen problemas para la salud humana por la entrada de estos productos, ya que en su cultivo y crianza se utilizan sustancias que están prohibidas en la Unión Europea, como determinados antibióticos, pesticidas y hormonas. En este sentido, también ha destacado que este acuerdo afectaría a debates tan importantes, como el que se está dando actualmente en Europa, sobre el glifosato, ya que en los grandes países productores de América Latina no sólo se permite su uso a gran escala, sino que ni se cuestiona su potencial peligrosidad para la salud y el Medio Ambiente. Y éste ha sido otro de los puntos negativos destacados por Podemos, ya que estos países, en gran parte, no cumplen con los estándares y normas para la protección medioambiental.

Asimismo, Tejeiro ha hecho hincapié la necesidad de que se abran las urgencias de La Carihuela, y se construya un tercer centro de salud “porque el segundo se hizo cuando Torremolinos tenía la mitad de población, hace 20 años”. Igualmente, el candidato de Torremolinos ha defendido un servicio de salud dental gratuito.
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OIGAN, Y SI LA POLITICA FUERA ANTES QUE NADA FORMARSE E INFORARSE PARA SABER QUE ES LA POLITICA? VIVIR DE LA POLITICA MÁS EL PELLIZCO QUE ME LLEVO LO SABEMOS, PERO YO DIGO LA POLITICA, QUE ÉS?



La asfixia de la universidad española: signo de un problema estructural

Rebelión
El Salto
25.07.2019

¿Por qué a la hora de la verdad no suben los salarios de la manera que exige el estatuto? La respuesta está en la reforma del artículo 135.


En los últimos dos años, algo ha comenzado a cambiar en todas las universidades del país: los y las predoctorales exigen y luchan por unas condiciones dignas de trabajo. Esto se ha materializado en la consecución del Estatuto del personal investigador en formación (EPIF), que regula gran parte de sus condiciones laborales. 

Todo parecía casi resuelto, con un estatuto acordado que, si bien deja algunas lagunas, establece unas condiciones laborales mínimas para los y las predoctorales, es decir, aquellos y aquellas con condiciones más precarias y que además sustentan la base de la investigación en la I+D+i española. Pero ya advertía Richard Feynman que, una vez resuelto el problema, es el tiempo de preocuparse. En los últimos tres meses, tras la aprobación del EPIF el 16 de marzo, no se les ha pagado la subida salarial que les corresponde. Nuevas protestas, en conjunción entre colectivos y sindicatos, recorren las universidades y el conflicto ha sido recogido en El Diario y El País.

Entonces, ¿por qué a la hora de la verdad no suben los salarios de la manera que exige el estatuto? Podemos señalar a diversos responsables a diferentes niveles. Las universidades son las más claras, ya que como empleadoras deben materializar el aumento del salario. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) también generó una incertidumbre inicial que propició dudas y confusiones. Tampoco debemos olvidar, como argumentan las dos primeras con razón, que el gobierno subió los salarios sin aumentar el presupuesto de las universidades. 

En consecuencia, debemos señalar cuál es el punto fundamental, la raíz, que lo acaba determinando todo. Como apunta de forma acertada en El País José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la CRUE, en España tenemos en vigor una estricta Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) que impide que las Administraciones Públicas, y entre ellas, las universidades, puedan incurrir en déficit. Sonados son los casos en los que esta ley ha constreñido y provocado dificultades en diversos ayuntamientos, que han propiciado ceses —pese a una excelente gestión con superávit— como el de Carlos Sánchez Mato

En todo esto, la I+D+i española no es una excepción. Esta Ley de Estabilidad Presupuestaria viene derivada del artículo 135 de la Constitución, que supone limitaciones importantes a las cuentas públicas y a la capacidad del Estado para impulsar políticas económicas y desarrollar el Estado social. Dicho artículo establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones goza de prioridad absoluta frente a la inversión en políticas sociales, infraestructuras, justicia, sanidad, educación o directamente la I+D+i. Todos son servicios esenciales para el desarrollo económico del país, pero pasan a un segundo plano frente al pago de los intereses de la deuda. 

A la primera conclusión que nos empuja esta restricción sobre la capacidad de déficit es que el 135 no se trata de un artículo técnico de “equilibrio presupuestario”, como se defiende desde ciertas posiciones, sino que es un artículo profundamente ideológico que marca prioridades, deja unos claros beneficiarios y unos claros perjudicados, garantizando un trasvase de rentas públicas a rentas privadas. Es decir, este artículo de la Constitución blinda la política económica neoliberal, al margen de la fuerza política que acceda al gobierno. 

Este problema estructural que nos deja encorsetados como país para desarrollar cualquier política mínimamente ambiciosa fue consecuencia de la reforma de la Constitución que llevaron a cabo el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español durante agosto de 2011 por mandato de la Unión Europea, reforma que se hizo de forma extraordinariamente rápida y sin ningún tipo de discusión ni debate en el seno de la sociedad. 

Expuesto lo anterior, se nos plantea el inconveniente que supone esta barrera presupuestaria a la hora de elaborar soluciones a corto y largo plazo. Porque la ironía del artículo 135 y la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que, al contrario de lo que su nombre indica, no sirve para “estabilizar los presupuestos”. Al limitar la política económica a desarrollar y la capacidad para hacer inversiones, se acaban comprometiendo los ingresos futuros del propio Estado y, por tanto, la propia estabilidad presupuestaria que se “pretende” garantizar. 

Cualquier proyecto de país sensato debe cuidarse de no generar un impedimento a largo plazo en la planificación de la economía, de la que la I+D+i es pieza clave, que hipoteque a las generaciones futuras. Para prevenir esto es necesario trabajar en la reversión de los recortes, la reforma laboral y la continua precarización llevada a cabo en los últimos años. Los sindicatos mayoritarios de clase, y entre ellos CC OO ya han apuntado en esta dirección con sus propuestas para el giro social (donde también señalan la necesidad de derogar el artículo 135 de la Carta Magna). En lo inmediato, unos presupuestos expansivos acompañados de un aumento del techo de gasto conllevarían una mejor redistribución de la riqueza que permitiría dotar de oxígeno a las maltrechas administraciones públicas. 

En concreto, algunas de las adversidades más inmediatas de la universidad atañen tanto a unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras (incluyendo a la parte más joven, que parece ahora mismo olvidada), como también a un relevo generacional nulo o prácticamente inexistente. En la universidad española hay una ausencia casi total de investigadores e investigadoras jóvenes de entre 27 y 35 años, que en su mayoría han debido moverse a grupos extranjeros en busca de un salario para ejercer su profesión, y que no tienen garantías de retorno. 

La situación de carga docente tampoco es halagüeña: muchos y muchas profesoras tienen que impartir una cantidad de horas lectivas que dificultan conciliar la labor investigadora y la docente, sin hablar de la conciliación familiar, constantemente puesta en entredicho y considerada como un obstáculo para la carrera investigadora. La labor de transferencia de los conocimientos a la sociedad termina siendo por completo inviable. La mayoría de estos problemas están relacionados con la organización del trabajo en la universidad (jornadas laborales, conciliación, salarios de las plantillas, contratación de más personal para repartir mejor la docencia, etc.) y por tanto se debe abordar necesariamente desde un aumento de la inversión en las universidades, que nos permita revertir los grandes recortes sufridos durante la crisis. Las centrales sindicales de clase apuntan en esta dirección al servicio de la mayoría; por su parte, el Congreso, con su configuración actual, puede y debe seguir la misma dirección.

Pablo Villegas es investigador postdoctoral en el ISC-CNR, Roma. Samuel Aldana es investigador predoctoral en la Universidad de Granada.

 
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TRATADO UE-MERCOSUR O UN PISOTÓN EN EL PESCUEZO Y UNA MANO QUE TE REGISTRA LOS BOLSILLOS, MIENTRAS UNA VOZ SUSURRANTE DICE: NO TE CANTEES QUE TE ESTOY TRATANDO, LUEGO TE QUITARÉ ALGO MÁS


UE-Mercosur, cheque en blanco para violar derechos humanos y devastar el planeta

Rebelión
El Salto
22.07.2019

Aclamado por Pedro Sánchez, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur está recibiendo muchas críticas por blanquear a la ultraderecha brasileña o por las consecuencias devastadoras del comercio entre ambas regiones para las personas y el clima.



Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.  

"Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal", con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1.500 páginas.  

Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el Gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00. 

Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción a los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años. 

En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que "El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar". Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales) y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo. 

Una cosa parece segura: cuando en octubre se retire la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya. 

UNA SEMANA CALIENTE
 
Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado dos mociones sobre el acuerdo comercial, instando al Gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discuta en el Consejo de la UE. 

También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublín fue decisiva en el voto simbólico del Parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur. 

Por su parte el presidente valenciano Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia. 

EN CLAVE GEOPOLÍTICA
 
No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana Angela Merkel, pretendían restar protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).

UN REGALO PARA LA OLIGARQUÍA LATINOAMERICANA
 
El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor. 

Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones). 

NEOCOLONIAL 

El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común. 

Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza. 

EL MODELO BRUMADINHO
 
El 25 de enero la empresa minera brasileña VALE, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte de más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales. 

El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV. 

UE CÓMPLICE DE BOLSONARO
 
El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de "poner un punto final a todos los activismos" del país. Se ha registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas. 

Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes. 

VIOLENCIA MACHISTA Y HOMOFOBIA
 
Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación. 

UNA BOMBA CLIMÁTICA
 
El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4x4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada. 

DEFORESTAR LA AMAZONÍA
 
Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo. 

Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases de efecto invernadero que Holanda. 

LAS MENTIRAS DE MACRON
 
El presidente francés Emmanuel Macron prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su Gobierno dijo en el Parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur. 

Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como "traición". Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia. 

LA TRAMPA CON EL ACUERDO DE PARÍS
 
El preacuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a las élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada. 

Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el Acuerdo.

En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas "barreras no arancelarias". Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética. 

NEGOCIOS PARA LA AGROINDUSTRIA, POBREZA PARA EL RESTO
 
Todos los países involucrados en el Acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos. 

Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten de que muchos sectores quedarán desprotegidos. 

¿QUIÉN PUEDE TUMBAR EL ACUERDO?
 
Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo. 

Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos.

La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades. 

En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo? 

NECESITAMOS MOVILIZARNOS
 
Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente del Gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina. 

Tom Kucharz, investigados y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña “NO A LOS TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIÓN” 


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