lunes, 11 de marzo de 2019

26 MALNACIDOS DIRIGENTES DE UGT DESPRESTIGIAN A LA ORGANIZACIÓN CON LAS MÁS PRÍSTINAS TÉCNICAS DE LA CORRUPCIÓN DEL PP, LUEGO DE IZQUIERDAS TIENEN LO QUE YO DE LLEGUÉ, VI, VENCI


26 dirigentes de UGT-Canarias, al banquillo por apropiarse de 872.000 euros de formación

Por M.A. Montero
Kaosenlared
10.03.2019

La cúpula del sindicato en el archipiélago usó Fundescan para financiar la organización de fondos regionales El juez abre procedimiento abreviado a los 26 encausados.



La trama de UGT-Canarias se apropió de unos 872.000 euros de los fondos públicos que el sindicato recibió de 2006 a 2010 para la formación de trabajadores. La organización usaba la Fundación para el Desarrollo Social (Fundescan) como instrumento para financiarse con las subvenciones que le concedía el Gobierno regional. Así consta en el auto de procesamiento contra los 26 encausados y contra el propio sindicato que el 28 de febrero, hace apenas una semana, dictó el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El juez , pues, ha hallado indicios racionales de culpabilidad.
La resolución judicial expone que la dirección de UGT-Canarias no solo controlaba totalmente la fundación -nombraba a los miembros del patronato, que pertenecían al sindicato-, sino que la utilizaba “como un instrumento para la financiación de forma indirecta de UGT-Canarias”. Y como el dinero que manejaba Fundescan procedía fundamentalmente de las arcas públicas, eran estas las que alimentaban indebidamente la caja del sindicato. “Principalmente mediante la obtención de subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias destinadas a la formación de trabajadores, y más concretamente para el desarrollo de los denominados planes de formación”, reza textualmente el auto de procesamiento.
El modus operandi de la trama era sencillo. UGT solicitaba las subvenciones al Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo que depende del Ejecutivo autonómico, y después subcontrataba a su propia fundación para que ejecutara las tareas de formación de los trabajadores. Hasta aquí no había nada ilegal. Pero el caso es que los responsables del sindicato en aquellos años no transferían todo el dinero público a las cuentas de Fundescan, sino que ordenaban que una parte se la quedara UGT. Así, fondos que debían servir para actividades formativas acabaron pagando “gastos propios del sindicato totalmente ajenos a los planes de formación”, ahonda el auto.

En el escrito se detallan de forma pormenorizada las cantidades que recibía UGT, las que transfería a Fundescan y las que se quedaba irregularmente. A finales de 2006, y para acciones de formación profesional continua, el SCE concedió al sindicato un montante de, exactamente, 2.375.249,26 euros. A mediados de 2007, el Servicio Canario de Empleo autorizaba a UGT a subcontratar a Fundescan, de modo que iba a ser la fundación, como “entidad vinculada al sindicato”, la que llevaría a cabo la encomienda. Fue UGT la que pidió a la dirección del SCE que permitiera la subcontrata. Sin embargo, de los casi 2,4 millones de la subvención solo llegaron a la caja de la fundación 2.217.866,78 euros. Los 157.382,48 euros que faltaron fueron la primera apropiación, un dinero que por orden de los imputados se quedó UGT-Canarias para “cubrir gastos totalmente ajenos a los cursos”.
La historia se repitió con el mismo guión en la siguiente convocatoria de subvenciones. De los 2.569.578 euros que el SCE le concedió al sindicato el 28 de diciembre de 2007, solamente acabaron en manos de Fundescan -UGT había vuelto a pedir permiso para que fuera la fundación la que llevara a cabo la encomienda pública- un total de 2.307.927,5 euros. Otros 261.659 euros se fueron así a la caja del sindicato de manera irregular. “También en este caso los imputados ordenaron que UGT-Canarias se quedara con la diferencia entre el importe de la subvención concedida y la cantidad transferida a Fundescan […], cantidad que se aplicó a cubrir gastos de UGT-Canarias totalmente ajenos a estos cursos de formación”, recoge el auto.
Lo mismo ocurrió también con 424.522 euros de la subvención concedida en diciembre de 2008, un total de 2.924.522 euros.



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EL ESTADO ESPAÑOL (ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS CLASES DOMINANTES COMO INSTRUMENTO POLÍTICO PARA SOMETER A LAS CLASES TRABAJADORAS) Y CATALUÑA, OIGA, QUE NO ES COMO EL "ME GUSTA" "NO ME GUSTA" Y QUE "ME ENTRA LA VOMITINA" DEL FACE, QUE ES MÁS COMPLEJO, OIGA, QUE LLEVA TRABAJO ENTENDERLO, OIGA, ¡QUE HAY QUE LEER, COÑO!, Y NO FIARSE DE LO QUE SE DICE. Y ESO SI, AHORA ME VOY A PONER MEDIA DOCENA DE BANDERAS EN EL BALCÓN (Una encima de otra, con dos cojones) QUE VAN A QUITAR EL HIPO.



Juicio contra el Procés
Lo que está en juego, en Catalunya y en todo el Estado

Rebelión
Viento Sur
11-03-2019


El juicio contra el Procés, que se encuentra ya en pleno desarrollo, está teniendo lugar en un contexto político de gran trascendencia en todo el Estado español. Los meses de abril y mayo habrá numerosas contiendas electorales y este ciclo definirá probablemente hacia donde se encaminará la política española de los próximos años. La amenaza que significa el ascenso de una derecha dura y autoritaria, cercana a la extrema derecha y capaz de pactar directamente con ella (como hemos visto en Andalucía), debería significar un serio toque de alerta, o de alarma. Y es evidente que la situación en Catalunya y en el conjunto del Estado español están claramente imbricadas y se condicionan y condicionarán mutuamente. Por esa razón, esta reflexión pretende abarcar ambas realidades.

La crisis que se está viviendo en Catalunya en torno al llamado Procés tiene dos vertientes políticas. Una es la cuestión del deseo de independencia y de constituir un estado propio, por parte de una parte muy importante de la sociedad catalana. La otra, es la cuestión de las libertades democráticas en general y del tipo de Estado que quiere configurar el conjunto de la sociedad española. Esta doble crisis pone sobre la mesa algunos temas que la transición de la dictadura franquista a la Monarquía parlamentaria instituida a la muerte del dictador dejó pendientes, o no bien resueltos, por razones que no es el objetivo de este artículo analizar.

Justamente, la primera cuestión no resuelta es la del régimen monárquico. Nunca se ha permitido votar explícitamente si la mayoría de la población del Estado prefería organizarse bajo la forma política de una República (una legalidad interrumpida por el golpe de Estado franquista y la guerra civil) o ya le estaba bien la institución monárquica, reinstaurada por la voluntad del dictador. Durante los primeros años este debate parecía innecesario a muchos, puesto que la prioridad era poder ejercer unas libertades básicas, anuladas durante demasiados años. Pero en los últimos tiempos, la necesidad de debatirlo ha ganado fuerza, especialmente desde el 15-M de 2011 y, en Catalunya, con el desarrollo de un potente movimiento soberanista. Otro aspecto que no se pudo resolver bien en la Constitución de 1978, con la dictadura muy reciente y muchos de los aparatos del Estado vinculados al anterior régimen (entre ellos el judicial y el militar) ejerciendo una fuerte presión en la elaboración de Carta Magna, fue el reconocimiento efectivo de un estado plurinacional, con todas sus consecuencias. Se imponía la idea de la "indisoluble unidad de España", de raíz falangista, y aún anterior, sólo matizada por la posibilidad de la creación de autonomías, lo que significaba un avance en aquel contexto, pero no una solución lo bastante satisfactoria, como se está viendo.

Pero hay aún otra cuestión que no es sólo herencia del pasado, sino un problema de gran actualidad, y no únicamente en el Estado español. Se trata del dilema planteado entre el desarrollo de un Estado plenamente democrático y abierto a satisfacer las necesidades de las sociedades del siglo XXI, en cuanto a los derechos sociales, políticos y de participación, así como la igualdad de género, las libertades básicas y los derechos humanos, o la deriva hacia un Estado autoritario, aunque formalmente democrático y con su legalidad, donde todos estos derechos estarán limitados y se ejercerá un fuerte control sobre la población, al servicio de unos grupos sociales, económicos y políticos dominantes. En España, aunque no solo aquí, el peligro de esa deriva autoritaria es evidente. Con la aprobación en 2015 de la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de la Seguridad ciudadana) las libertades de expresión y manifestación, entre otras, empezaron a verse amenazadas. Cómo se desarrolle el juicio contra los presos políticos independentistas catalanes y cuál sea la sentencia, marcará un camino que afectará no sólo al soberanismo catalán, sino las libertades de toda la población española y sus derechos de manifestación, expresión y protesta.

Una de las características de una democracia avanzada y sólida es la forma en que afronta nuevos retos que no siempre están exactamente delimitados por la ley. De eso se ha escrito mucho en el campo de la filosofía política, la filosofía del derecho y el pensamiento político y social en general. Entre los retos que una democracia debe asumir está la desobediencia civil, la resistencia no violenta (pasiva y/o activa), etc. Para un Estado dictatorial o autoritario la solución es clara; la solución es una interpretación restrictiva de la normativa legal, con la pertinente represión de los cuerpos policiales y judiciales. Pero autoras y autores como Hanna Arendt, John Rawls, Jürgen Habermas o Bertrand Russell, entre otros, plantearon con una sólida argumentación la legitimidad de la desobediencia civil en determinadas circunstancias. Por no citar los ejemplos clásicos de Gandhi, Luther King, Rosa Parks o las sufragistas, gracias a las cuales disfrutamos de muchos derechos que primero fueron defendidos contraviniendo la normativa legal, hasta que finalmente fueron incorporados.

No parece que esa respuesta, compleja pero democráticamente madura, sea la que preside los discursos más difundidos entre la clase política y la mayoría de los mass media del Estado español. Al contrario, estamos asistiendo a la construcción de un relato que pretende, de manera burda, convertir la protesta, la resistencia y la desobediencia en sedición y/o rebelión, mintiendo descaradamente sobre una supuesta violencia que en realidad fue ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado, como se vio en todo el mundo el 1 de octubre de 2017. Y si bien este relato se construye ahora sobre todo, pero no exclusivamente, contra los independentistas catalanes, en realidad afecta, y lo hará aún más, a todas las personas que quieran luchar en defensa de derechos sociales y democráticos en todo el Estado, tanto si se trata del derecho a la vivienda, como de la libertad de expresión. No estaría de más recordar, en ese sentido, los famosos versos de Martin Niemöller. Esta perspectiva debería mover a la solidaridad activa entre todos los pueblos del estado.

La amenaza de la derecha extrema

El discurso de la derecha hegemónica española y españolista está representado por PP, Ciudadanos y VOX. Más allá de algunos matices en ciertos temas, estos partidos mantienen muchas características comunes y una carga semántica muy similar, sobre todo después de la sustitución de Rajoy por Casado, lo que los convierte, de hecho, en tres ramas del árbol de una derecha radical, cuya raíz común es una mezcla de neofranquismo, aznarismo y trumpismo (de Donald Trump). Lo que no excluye algunas diferencias, ni rivalidades electorales. Los tres partidos han pactado sin problemas en Andalucía y lo harán, si pueden, en todo el Estado. Uno de los elementos que más los une es la agresividad anticatalanista, que los llevaría a la supresión práctica de la autonomía, mediante la aplicación del 155 o por algún otro método, y la voluntad de uniformización que, evidentemente, también querrían para Euskal Herria, Galiza o cualquier otra comunidad que reivindique una personalidad diferenciada. Como ya hizo el franquismo. Hay otros elementos comunes en materia social, económica y de derechos que no es aquí el lugar de analizar. Es cierto que VOX es más descaradamente machista y conservador en cuestiones de identidad sexual o de género que Ciudadanos, pero en muchos otros temas se hace difícil distinguir quién se sitúa más en la derecha extrema. Una de las características más alarmantes de los dirigentes de los tres partidos es el uso de la mentira sistemática para atacar al adversario. Rivera y Arrimadas practican la mentira respecto de la realidad, que conocen bien, en Cataluña, así como Casado y VOX; como la practican también para atacar a Pedro Sánchez o a cualquier líder de izquierdas. Y en esto van mucho más allá de la demagogia tradicional (y lamentable) de tantos políticos; en ese caso se trata de construir una verdad o para-verdad falseada, para justificar su acceso al poder y sus peligrosas políticas. Creo que no se pone suficiente énfasis en denunciarlo, quizá porque en la cultura imperante a derecha e izquierda no se entiende del todo el daño ético que provoca la demagogia como herramienta política.

¿Qué hay de la izquierda y del centro-izquierda?

Lamentablemente la situación de los sectores de izquierdas en España no es en estos momentos muy estimulante. En el caso del PSOE, hace ya tiempo que ha ido abandonando un discurso ideológico mínimamente coherente, dentro del ámbito de lo que podría ser un discurso socialdemócrata y de defensa de una democracia avanzada. La pugna actual dentro de este partido se produce entre el grupo dirigente, presidido por Pedro Sánchez, los barones territoriales, algunos de los cuales podrían estar en partidos de derechas, y determinados antiguos líderes que defienden posiciones a menudo abiertamente reaccionarias. Dentro del propio núcleo de la dirección y del gobierno hay perfiles más dialogantes y progresistas y otros cercanos a las tesis de Ciudadanos y de la derecha radical, como es el caso de Borrell o de Grande Marlaska. Pero una parte de su militancia y base electoral se identifica con posiciones más o menos progresistas y opuestas a la derecha. Por otra parte, parece que este partido histórico puede convertirse en el muro de contención electoral para frenar un gobierno de la derecha extrema. Tan precaria es la situación.

En cuanto al mundo de Podemos y las diferentes Confluencias, lamentablemente viven crisis tras crisis. La reproducción de viejos vicios, propios de los partidos tradicionales, las disputas de poder y los sectarismos, pueden echar por la borda muchas de las expectativas surgidas respecto de este partido y sus aliados. Y esto, aparte de tener un coste electoral, puede terminar convirtiéndolos en un partido inoperante y débil para enfrentarse a la ola conservadora que estamos viviendo. En este sentido, cabía esperar una posición más activa y desinhibida frente a la represión contra el Procés, y en defensa del derecho a la autodeterminación; si bien se les debe reconocer el mantenimiento, en general, de una actitud crítica en un contexto estatal nada fácil. Ciertamente, en ese ámbito político conviven sensibilidades muy diversas y a veces incluso contradictorias. También en el mundo de los Comuns, en Catalunya, han aparecido contradicciones y pugnas internas los últimos meses. Pero, a pesar de todo, siguen siendo fundamentales para constituir una alternativa progresista y democrática frente al estado de cosas actual en el conjunto del Estado y, por supuesto, en Catalunya.

El soberanismo y el independentismo en Catalunya

He hablado de ello en otros artículos, pero creo necesario insistir y resaltar algunas ideas. Este no es un bloque homogéneo, ni por su concepción de la sociedad y la economía, ni por la estrategia a seguir para lograr un referéndum de autodeterminación que permita una salida satisfactoria al estado de cosas actual. Es evidente que, como en todas partes, en ese sector coexisten posiciones que van desde la izquierda más radical hasta la derecha conservadora, con respecto a los planteamientos económicos y sociales. Por eso las llamadas a una supuesta unidad electoral del independentismo, sin especificar un programa común claro, responden más a intereses de determinados sectores políticos que no a un planteamiento realista. Ello sin menospreciar que la apelación a la unidad, y más frente a la represión del Estado, tiene siempre un apoyo popular que va más allá de los intereses partidistas, ni descartar que en algunas elecciones se pudiera pactar un programa común básico y claro, e incluso alguna lista electoral para defenderlo con más fuerza. Pero creo que, de momento, esta no es la opción más adecuada, dada la situación que se vive dentro del mundo soberanista. Lo que se necesita ahora, a mi entender, es definir estrategias y liderazgos claros, y no amalgamas confusas que, como se ha visto, no llevan muy lejos. Se hace necesario un debate serio. Cada uno podrá elegir y se verá cuál es la línea mayoritaria que quiere seguir el soberanismo. Por supuesto, insisto, esto no quita, sino todo lo contrario, la necesidad de defender objetivos comunes, creando las plataformas adecuadas para hacerlo, como ya escribí en el artículo Salir del desconcierto, en esta misma revista. Unos objetivos que deberían interpelar más allá del mundo estrictamente independentista.

Hasta este momento el independentismo (y el conjunto del soberanismo) ha demostrado mantenerse fuerte para seguir resistiendo, respondiendo a la represión y reivindicando el derecho democrático a la autodeterminación, como lo demuestran las constantes manifestaciones y actividades llevadas a cabo. Pero no lo suficientemente fuerte para alcanzar esos objetivos, ni tampoco para diseñar una estrategia clara a corto plazo que conduzca a ellos. Hay que analizar las dificultades, si se quiere avanzar. La primera, es que una parte importante de la sociedad catalana no parece apostar por la independencia o, al menos, no parece decidida a luchar por este objetivo. Es evidente que esto sólo se podrá verificar con una votación y saber así con certeza donde radica la mayoría, pero sería un error menospreciar esta percepción. En cambio, parece claro que una gran mayoría está a favor de un referéndum donde poder votar la opción de la independencia, quizás entre otras opciones. A los que niegan esto, es fácil responder: hagamos una primera votación para saber quién está a favor de este tipo de referéndum. No quieren saberlo ... o ya lo saben. Una segunda dificultad son los límites del apoyo internacional. Si bien es cierto que ha habido algunas victorias destacables, la más importante de las cuales la no extradición de los políticos catalanes exiliados, y el apoyo de algunas instituciones y personalidades significativas, es evidente que no ha habido hasta ahora un apoyo internacional suficientemente importante, ni mucho menos decisivo. Lo cual no significa que no se pueda avanzar más en el futuro.

Y, finalmente, el relato mayoritario en España, exceptuando Euskal Herria, sigue dominado por los discursos más reaccionarios respecto de la realidad catalana y el derecho a decidir, lo que no significa que sea compartido por el conjunto de la población y no haya sectores conscientes y solidarios contra la represión y en favor de una solución política real que permita un referéndum de autodeterminación. Como he escrito a menudo, trabajar con estos sectores, reconocer su tarea, colaborar con ellos y tratar de ampliar las complicidades realizando un trabajo más intenso de difusión y explicación me parece fundamental para tener éxito. La alternativa de Nosotros solos, que puede cuajar entre sectores del independentismo, es el camino más fácil a la derrota.

¿Qué alternativa?

En el artículo Salir del desconcierto, planteaba algunos ejes que podían vertebrar una unidad de acción de la mayoría de sectores defensores de una salida democrática y opuestos a la represión, en Cataluña. Esos ejes se referían a la liberación de los presos y el retorno de los exiliados, con la garantía de un juicio justo, retirando las acusaciones insostenibles de rebelión, sedición y malversación. También al reconocimiento del derecho de autodeterminación, a la defensa de las libertades y de los derechos sociales básicos, (que implica el apoyo a las reivindicaciones del movimiento feminista) y la defensa de todas las competencias de la Generalitat de Cataluña. Hacía referencia también a la campaña de Òmnium Cultural, Som el 80% y añadía: "Habría que traducir esos manifiestos en algún tipo de mesa amplia en defensa de estos puntos y arraigada en el territorio, como en su día fue la Asamblea de Cataluña, salvando las distancias.”

En esta línea, y ante el peligroso ascenso de una derecha con reminiscencias franquistas, aliada con la ultraderecha, creo que habría que trabajar por una gran alianza que interpele a todos los sectores democráticos y progresistas del Estado, en torno a unos objetivos comunes que recojan, con los matices necesarios, los propuestos para el caso catalán e incorporen aquellos más relevantes para el conjunto del Estado. Ante este ciclo electoral y unos juicios en los que VOX se ha convertido en acusación popular, se hace indispensable una movilización decidida en defensa de un Estado plenamente democrático, que sea capaz de reconocer efectivamente la realidad plurinacional y, en consecuencia, aceptar el derecho de autodeterminación y de detener la deriva autoritaria que nos amenaza para los próximos años. De la capacidad de los sectores sociales y políticos y de los liderazgos más conscientes para vertebrar estas alternativas, tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado español, dependerá en buena medida el futuro.
El 16 de marzo, la manifestación convocada en Madrid puede ser un primer paso en este sentido. El éxito no se debería medir sólo por el número de personas llegadas de Catalunya que ocupen la capital ese día, que será sin duda muy importante, sino también por la complicidad de las mujeres y hombres de Madrid y de otros puntos de todo el territorio estatal que participen, en defensa de las libertades democráticas plenas y contra la represión. Pero la tarea no acabará ese día, habrá que continuar. Aún estamos a tiempo.

Artur Domingo i Barnils es historiador, especialista en la obra y el legado de Gandhi.

Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article14650

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ESPAÑA 1936-1939. HISTORIA PARA QUE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR POR LAS TROMPETILLAS PATRIAS QUE TOCAN CÍNICAMENTE LAS DERECHAS PARA SERVIR AL ÚNICO DIOS, PATRIA, REY QUE CONOCEN: EL CAPITAL




1936-2016 / ARTÍCULO: UN GOLPE DE ESTADO INTERNACIONAL



(Torre-osario de la iglesia San Antonio de Pádua de Zaragoza, junto al mausoleo levantado tras le Guerra Internacional de 1936 de España, en honor a los militares de Mussolini muertos en dicha guerra)

David Jorge
Sociología Crítica
15.07.2016

[sociología crítica] Un espléndido artículo que resume a la perfección el actual estado de la cuestión en los antecedentes, causas y hechos que llevaron al golpe y la internacionalización del conflicto español en julio de 1936. 

David Jorge es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En septiembre se publica su libro «Inseguridad colectiva: La Sociedad de Naciones, la Guerra de España y el fin de la paz mundial» (Valencia: Tirant lo Blanch, 2016).
Para Benito Mussolini la guerra no era sino una de las más nobles tareas a las que podía dedicarse el ser humano, y el estado natural de una nación fuerte (como debía ser la Italia fascista) no debía ser otro que el bélico. Lo repitió una y otra vez. Desde 1931, la voluntad imperialista del Duce se proyectó -en una estrategia con vistas a medio plazo- hacia nuevas conquistas africanas (Etiopía) y una posición más favorable hacia la hegemonía en el Mare Nostrum (España).
Era menester, para ello, terminar con la República Española, proclamada en la primavera de aquel mismo año y cuya naturaleza democrática y reformista detestaba. Y a la erosión de la República se dedicó desde el mismo momento en que ésta se proclamó (véanse los trabajos de Morten Heiberg e Ismael Saz). Resulta razonable deducir que el exilio de Alfonso XIII en Roma -en la Roma de Mussolini, pero también del rey Vittorio Emanuele III- no fue ajeno a tales maniobras.

A fin de cuentas, ¿a qué mejor que a conspirar puede dedicarse un rey que no reina? No resulta muy sorprendente que fuesen los monárquicos alfonsinos quienes internacionalizasen la sublevación y la posterior guerra derivada de la misma, tal y como Ángel Viñas ha puesto de manifiesto a través de recientes hallazgos documentales que han cambiado la interpretación del golpe de Estado.

En el otoño de aquel año 1931, Japón invadió Manchuria. Pese a que China era un Estado miembro de la Sociedad de Naciones, cuyo Pacto estipulaba que una agresión cometida contra cualquier integrante sería considerada como extendida contra todos los demás miembros del organismo, apenas se hizo nada en Ginebra. Se creó así el primer antecedente de impunidad ante la agresión. Ello envalentonó a Mussolini, quien por otro lado consideraba que ni Reino Unido ni Francia tenían legitimidad alguna para condenar su acción imperial, cuando tanto Londres como París seguían manteniendo vastas posesiones coloniales.

A partir de 1934, la voluntad desestabilizadora italiana respecto a España se diluyó con motivo de dos factores: la llega¬da de la coalición radical-cedista al poder (con la posterior entrada en el Gobierno de dos ministros de una CEDA republicana por accidente y monárquica por naturaleza) y el inicio de la campaña italiana en Etiopía. Sin embargo, a la altura de julio de 1936 todo ello había cambiado de nuevo.

Mussolini como destructor del orden internacional

No se ha puesto el necesario énfasis en el liderazgo de Mussolini a la hora de romper el orden nacido en Versalles tras la Gran Guerra. Tampoco se ha prestado la atención necesaria a las motivaciones y objetivos de la política exterior que puso en práctica. La absorbente figura de Hitler terminaría concentrando la mayor parte de la atención, ensombreciendo el honor del Duce como pionero en el desafío internacional.

La poca atención historiográfica prestada a la Segunda Guerra Ítalo-Etíope sirve como claro ejemplo de lo anterior. Dicho conflicto puso fin a toda esperanza que pudiese albergarse en relación a garantías por parte de la Sociedad de Naciones a la hora de asegurar un sistema de seguridad colectiva, lo que constituía precisamente su razón de ser. Las sanciones estipuladas por el Pacto de la Sociedad de Naciones, aunque decretadas inicialmente contra Italia, no tuvieron efectos prácticos (no se cerró el paso a través del Canal de Suez ni se interrumpieron los suministros de petróleo al país agresor), y fueron levantadas sin mayores explicaciones en los inicios del verano de 1936.

El Derecho Internacional pasó a carecer de autoridad alguna. Mussolini tanteó la debilidad de las democracias europeas y comprendió que podía continuar con su política de agresividad exterior. Entretanto, Hitler tomaba nota.

Tras la victoria electoral del Frente Popular en España en febrero de 1936 -que puso fin al bienio rectificador de las reformas republicanas y que había calmado la acción contra la República a la que Mussolini se venía dedicando-, el mencionado levantamiento de sanciones en la Sociedad de Naciones y la práctica liquidación victoriosa del conflicto en Etiopía, el camino quedaba expedito para nuevas aventuras por parte italiana. En el ámbito de las alianzas internacionales, el progresivo desafío del Duce le valió la admiración de Hitler, quien extrajo lecciones muy claras en relación a la impunidad con que se podía actuar en el exterior. Admiración que se revertiría durante el año 1938, cuando el Führer tomó las riendas en la decidida ruptura del orden internacional (diktat, a sus ojos) establecido tras la Gran Guerra.

Los apaciguadores guiños de las democracias occidentales hacia Italia eran interpretados por Mussolini en clave de licencia para agredir: lo hizo en Etiopía tras la firma del Frente de Stresa y repitió jugada en España tras el levantamiento de sanciones en la Sociedad de Naciones. Desaparecidos los factores que habían motivado un aplazamiento de la solución monárquica para España, Mussolini entendió llegada la hora de dar un nuevo paso exterior y retomar la erosión de la República.

La gestación de la sublevación

El 16 de junio de 1936, el líder del partido monárquico Renovación Española, José Calvo Sotelo, se autoproclamaba “fascista” ante las Cortes españolas. Defendía que el poder debía ser “conquistado por cualquier medio” y prefería “ser militarista a ser masón, a ser marxista, a ser separatista e incluso a ser progresista”. Por aquellas mismas fechas, su correligionario Antonio Goicoechea escribió a Mussolini para solicitarle ayuda.

El 1 de julio tuvo lugar en Roma la firma de cuatro contratos, descubiertos en 2012 por Viñas, en los cuales se detallaba el material de guerra -con las implicaciones que de ello se derivan- que desde el país transalpino se comprometían a suministrar a destacados repre¬sentantes monárquicos españoles, con el mencionado Goicoechea y Pedro Sainz Rodríguez a la cabeza (números dos y tres, respectivamente, de Renovación Española). El dinero lo puso el célebre financiero Juan March.

La acción militar la encabezaba el general Sanjurjo, reputado monárquico y cuya relación con los mencionados políticos era estrecha, si bien la dirección técnica se confió al general Mola, presente en territorio español (Sanjurjo se encontraba exiliado en Estoril). La finalidad no era otra que perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno constituido tras las elecciones generales celebradas en el mes de febrero anterior. Si el golpe no triunfaba, el material bélico moderno que se adquiría resultaría esencial.

Tres días más tarde, los Estados representados en la Sociedad de Naciones votaron a favor de poner fin a las sanciones impuestas contra Italia por su agresión en Etiopía. El Pacto del organismo ginebrino fue violado sin otra explicación que la conveniencia de reconocer el hecho consumado del control militar italiano sobre territorio etíope. El 15 de julio, las sanciones fueron oficialmente levantadas. Aquel mismo día, Mussolini dio la orden de acercar doce bombarderos Savoia-Marchetti S.M.81 pertenecientes a la Regia Aeronautica -parte de los acuerdos del 1 de julio- al Marruecos español. ¿Para qué esperar?

Es decir, la puesta en marcha de la intervención italiana en España se produjo no ya antes del golpe de Estado, sino también antes del sospechoso prólogo que constituyó el asesinato del general Balmes en Gran Canaria. En la tarde de aquel mismo día 16, el jefe del Estado, Manuel Azaña, se trasladaría desde la Quinta del Pardo al Palacio Nacional por motivos de seguridad. Noticias inquietantes habían llegado a Madrid. Un día más tarde, los españoles se levantaron con la noticia del levantamiento militar del Ejército en Marruecos.

La información que antecede relativa a la orden de Mussolini la incluyó el Gobierno de la República en un dossier privado remitido a la Secretaría de la Sociedad de Naciones, la cual no reaccionó de forma alguna. El máximo representante francés en Rabat (commissaire résident général), Marcel Peyrouton, había alertado previamente a París con esa misma información.

También la recogerían posteriormente variadas fuentes de la época, como el comisario italiano de las Brigadas Internacionales, Luigi Longo, o los periodistas ‘Pertinax’ (André Géraud) y Éleuthère Nicolas Dzelepy, cuyos relatos cayeron en el olvido. Se trataba de la ayuda aérea acordada en los contratos del 1 de julio, y que saldrían desde el aeródromo de Elmas, en Cagliari (Cerdeña), hacia el Marruecos español, concretamente a Nador, en la madrugada del día 30 de aquel mes de julio.

Previamente, en Milán (sede de la Società Idrovolanti Alta Italia -SIAI-, con la que los monárquicos españoles firmaron los mencionados contratos), los obreros de la fábrica de armas Breda se esforzaron en borrar las in¬signias distintivas italianas de los aparatos, horas antes de la primera etapa Milán-Cagliari. Dada la evolución de los acontecimientos, dichas acciones cautelares de poco servirían. Pero a Mussolini tampoco le importaría.

Antes del envío hubo un momento de confusión que explica que la ayuda oficial de Mussolini no se produjese hasta el 27 de julio. La inteligencia militar italiana en Tánger había informado a Roma de que al frente de la sublevación se encontraba el general Franco. Sin embargo, las negociaciones y los contratos se habían cerrado con líderes monárquicos. Franco había sido ajeno al vector italiano del golpe. El 24 de julio, Goicoechea y Sainz Rodríguez se desplazaron de urgencia a Roma y aprobaron ante Mussolini el liderazgo franquista desde Marruecos, convencidos del fondo monárquico del general. Los aviones se pusieron en marcha tres días más tarde.

Mientras tanto, tras la muerte en accidente aéreo de Sanjurjo en Cascais y el estancamiento de Mola en el norte de la Península, y con Franco al frente de las tropas marroquíes -las mejor preparadas para el combate dentro del Ejército-, éste se situaba en el camino del liderazgo único y absoluto entre los sublevados. Máxime tras la respuesta positiva de Hitler a su petición personal, que se tradujo en la primera gran operación internacional en España: el paso del Estrecho de Gibraltar de las tropas de Marruecos gracias a la puesta en pie del primer puente aéreo militar de la Historia, operación sin la cual la sublevación hubiese fracasado (la Marina, leal al gobierno republicano, había bloqueado el paso del Estrecho). La aceptación de la iniciativa de Franco por parte de los monárquicos españoles y de Mussolini hizo el resto.

Por otro lado, Mussolini y Franco tenían no poco en común, y la situación del segundo al frente de la sublevación no debió de incomodar en demasía al Duce. Empezando por el tipo de campaña militar que ambos emprendieron en África; el primero desde el poder y el segundo desde el alto mando del Ejército, ambos en búsqueda de resucitar pasadas glorias imperiales. Casi huelga señalar que dicho voluntarismo fue acompañado del uso de métodos de guerra sin escrúpulo o límite alguno, en el marco de la vieja clave colonial de civilización contra barbarie.

Lo que aconteció en España hace 80 años fue por lo tanto un golpe de Estado internacional, que derivó en lo que Julio Aróstegui atinó a definir claramente como un ‘equilibrio de incapacidades’: el golpe semitriunfa y semifracasa a un mismo tiempo, y ninguno de los dos bandos en liza es capaz de revertir la situación en un plazo razonable. La consecuencia de tal escenario fue mucho más que una guerra entre españoles: se trató de una guerra internacional en suelo español. La caracterización de la Guerra de España como mera guerra civil no fue inocente, y resultaría clave para la permanencia de Franco en el poder tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. España quedaba, una vez más, a deshora en el mundo.

Hacia una reinterpretación más rigurosa de la Guerra de España

Para una correcta interpretación de la Guerra de España, es necesaria una comprensión rigurosa y en su justo valor de la dialéctica entre los factores endógenos y exógenos del conflicto; es decir, de medir la balanza entre los factores internos -para cuyas raíces estructurales habría que remontarse mucho atrás en el tiempo- y los externos -conjugados a través de las diferentes intervenciones e inacciones internacionales puestas en liza-. Difícilmente se puede comprender aspecto alguno del conflicto sin tener en rigurosa y permanente consideración el contexto internacional que lo envolvió y moduló a un mismo tiempo. Dicho contexto, configurado por miedos y prejuicios tanto como por intereses sociopolíticos y económicos, determinó de principio a fin los acontecimientos que tuvieron lugar en España.

¿Quién internacionalizó los problemas de España, el golpe de Estado y la guerra que le siguió? No el gobierno republicano. Los sublevados hicieron gala de una retórica marcada por clásicos mecanismos de proyección -como ha analizado Viñas- en lo relativo a la injerencia internacional en los asuntos españoles. Su tesis era que España estaba nada menos que en vísperas de una revolución inspirada desde Moscú. Tal posibilidad jamás ha sido refrendada por asomo documental alguno; por el contrario, acerca de los planes de Stalin para España sí hay pruebas, las cuales se corresponden con la actuación internacional soviética -marcada entonces por la búsqueda de una alianza antifascista con las democracias occidentales, dentro del sistema de seguridad colectiva-, y están en las antípodas de las intenciones que determinada propaganda insiste en atribuirle.

La Unión Soviética, tras la reiterada denuncia de la farsa que constituía la no intervención puesta en pie por Londres y París, al no impedir la participación italiana y alemana del lado franquista, acudió dos meses más tarde en socorro de la abandonada República Española. Y lo hizo también en clave de aviso a las potencias fascistas. Ello contribuyó de forma decisiva a la resistencia republicana. Pero también a la desvirtuación propagandística del carácter de la propia República, precisamente por parte de aquellos gobiernos que la arrojaron, mediante su abandono, al flotador que pasó a constituir Moscú.

La tesis de una supuesta revolución comunista en España ha sido desmontada por la historiografía una y otra vez. Pero, para cortar tal imaginaria revolución comunista, se llevó a cabo una -esta vez nada imaginaria- rebelión de marcado tinte fascista. Evidentemente, dicho componente convenía omitirlo en la narrativa de la sublevación propagada por los propios rebeldes, presentando ésta como un levantamiento patriótico contra extraños cuerpos extranjeros.

Los mismos mecanismos de proyección se aplicaron igualmente en las apelaciones al ‘orden’. El objetivo no era otro que la creación de un ‘estado de necesidad’: para ello se propagó la tesis de que España, tras la victoria electoral del Frente Popular, se hallaba envuelta en el caos. En tal supuesta defensa del orden, para terminar con la también supuesta anarquía republicana, se violaron el orden constitucional español, las normas del Derecho Internacional, el juramento militar, la soberanía ciudadana de los españoles y la propia soberanía nacional de España.

La sublevación de julio de 1936 debe ser reescrita con más tinta civil -no sólo militar-, monárquica y fascista. Monárquicos españoles y fascistas italianos se unieron en torno a la restauración de la Monarquía en versión corporativa y a sueños imperiales que recuperasen glorias pasadas, negando la condición ciudadana y la esencia del Estado-nación. La habilidad del general Franco los sepultó como ingenuos. Contribuyeron, eso sí, a expedir el camino hacia una Segunda Guerra Mundial de la que España fue la primera batalla; no el prólogo, que correspondió a la agresión contra Etiopía y el levantamiento de las sanciones inicialmente impuestas a Italia en mero cumplimiento del artículo 16 -el más importante- del Pacto de la Sociedad de Naciones. Ello equivalió a la aceptación internacional de la impune violación de la soberanía nacional, así como a la quiebra definitiva del orden internacional emanado de la Primera Guerra Mundial.

En el camino de la Segunda Guerra Mundial

La Sociedad de Naciones fue una de las tres principales consecuencias de la Gran Guerra, junto al desmembramiento de los cuatro grandes imperios de la Europa continental y al estallido de la Revolución Rusa. Tras su nacimiento con el Tratado de Versalles que concretó las condiciones de paz, constituyó el marco por excelencia para las relaciones internacionales de la época. El organismo de Ginebra representaba un puente entre el mundo imperial del siglo XIX y el auge del Estado-nación del siglo XX, cuya esencia multilateral debía reformular el modus operandi de las relaciones internacionales.

Su fin último era garantizar un sistema de seguridad colectiva que evitase la repetición de un conflicto de las dimensiones de aquella Primera Guerra Mundial. La anulación del organismo por parte de las democracias occidentales dio paso a un estado de inseguridad colectiva que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. España fue el primer escenario que lo atestiguó.

El análisis de la Guerra de España dentro del marco de la Sociedad de Naciones sirve para enriquecer la visión sobre aspectos esenciales como el valor de la democracia y sus debilidades y peligrosas imperfecciones, el significado de una institución supranacional y multilateral en un mundo crecientemente interconectado, el prominente rol que el miedo juega en períodos de crisis -y cuyo papel decisivo en el desarrollo de la Historia no parece calibrarse nunca de forma suficiente-, la ausencia de solidaridad derivada de lo anterior y los prejuicios de clase que condujeron a los líderes de las democracias occidentales a ignorar los vaticinios de los representantes de España en Ginebra.

Ya en septiembre de 1936, el ministro de Estado republicano, Julio Álvarez del Vayo, proclamaba en su discurso ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones: “Los campos ensangrentados de España son ya, de hecho, los campos de batalla de la guerra mundial”. Vaticinios que se convirtieron en realidad mucho antes de lo que dichas democracias podían imaginar, confiadas en apaciguar a los agresores con entregas como la española, la etíope o la china. Es decir, de aquellos actores más débiles cuya integridad la Sociedad de Naciones debía garantizar, en virtud del sistema de seguridad colectiva que debía regir el mundo surgido de Versalles.

El artículo 10 del Pacto de la Sociedad de Naciones estipulaba que todos los Estados miembros del organismo se comprometían a respetar y mantener la integridad territorial y la independencia de todos los demás frente a toda agresión procedente del exterior. Era ahí donde se insertaba la intervención de Italia y Alemania a favor del bando sublevado, lo que daba a la Guerra de España una nueva dimensión que sobrepasaba la de una mera guerra civil. La consideración del conflicto en clave interna o internacional no tiene nada de baladí, toda vez que tal consideración era la que determinaba la aplicabilidad o no del articulado clave del Pacto, y la existencia o no de responsabilidades formales por parte de los países integrados en Ginebra; empezando por las democracias europeas. Era también lo que implicaba la consideración del Comité de No Intervención establecido en Londres dentro o al margen del Derecho Internacional de la época. Ni más ni menos. Los delegados españoles y mexicanos no dejaron de recordarlo en cada encuentro de la Sociedad de Naciones.

La violación de la soberanía resulta, por lo tanto, el punto clave para comprender la inserción del caso español dentro de la progresiva situación de guerra general que transcurre durante la década comprendida entre 1935 y 1945. La soberanía era lo que garantizaba el Pacto de la Sociedad de Naciones, supuesto eje vertebrador del Derecho Internacional de la época. Cabe señalar que no se garantizaba la democracia ni cualquier otra forma de gobierno; el carácter democrático de la República Española puede hacer más condenable para determinados ojos la agresión internacional, por un lado, y el abandono internacional, por otro, sufridos por la República. Pero no es el quid de la cuestión.

Quien comprendió perfectamente lo que estaba en juego fue el México de Lázaro Cárdenas, país para el que la cuestión de la soberanía tenía implicaciones cuasi sagradas, y que jugó hábilmente sus bazas (combinación de discurso antifascista y soberano) de cara a la adopción de una medida trascendental como fue la expropiación y nacionalización del petróleo. Una decisión impensable de no producirse en un contexto internacional tan extraordinario, dada la tradicional amenaza de la vecindad estadounidense. Ello ayuda a explicar la defensa mexicana a ultranza tanto de Etiopía como, sobre todo, de España (al margen de una muy sincera identificación con la causa republicana por parte del gobierno y la diplomacia cardenista, como demuestran tanto la documentación privada de la época como la posterior acogida del exilio).

Una lección primaria para el historiador es que el conocimiento del pasado no sirve para adivinar el futuro. Pero sí para comprender las funestas consecuencias de determinados patrones de conducta. A 80 años del golpe de Estado que inició la guerra en España, y con una Europa que afronta el mayor desafío multifocal contemporáneo (interminable crisis económica, quiebra generacional, gran aumento de la desigualdad con sus riesgos implícitos, amenaza terrorista de carácter asimétrico y transnacional, drama de refugiados…), la creciente pérdida de legitimidad de la democracia motivada por una extendida percepción de afrenta a la soberanía -ya sea popular o nacional- no permite augurar perspectivas halagüeñas de futuro.

No obstante, el análisis y la reflexión en torno al pasado deben servir para descubrir y redimensionar las fuerzas últimas que mueven determinados comportamientos humanos, tanto a nivel individual como en colectividad. Y conviene mantener presente la máxima de María Zambrano de que el ser humano no sólo padece la Historia, sino que también la hace.

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