miércoles, 10 de diciembre de 2025
Monarquía, estado y capital en España (I)
Monarquía, estado y capital en España
(I)
Por Colaboraciones
kaosenlared
26 de noviembre de 2025
La forma política del
estado capitalista español actual, la monarquía burguesa española, se nos
presenta como un fenómeno singular en la evolución capitalista contemporánea:
se impone a pesar de ser minoritaria y estar en retroceso. Además, se trata de
una institución que contradice algunos de los valores en que se basa el propio
estado. Para más inri, fue la forma que la dictadura franquista había propuesto
para el futuro de España; por no hablar de la estrecha relación entre la
dictadura y la persona de Juan Carlos.
por P. A. González Ruiz,
autor del blog Criticonomía para Kaosenlared
La monarquía burguesa en el
mundo y la tendencia reciente
La ONU reconocía, en 2025,
a 195 países; de ellos, según la Wikipedia, unos cuarenta eran monarquías.
Entre las 20 economías más grandes solo 6 son monarquías; y dentro de la Unión
Europea de los 27 también seis (Bélgica, Dinamarca, España, Luxemburgo,
Países Bajos y Suecia). Estos datos nos ilustran sobre la especificidad de
esta forma política que adopta el estado capitalista, como en el caso español.
Todavía cabría pensar que
sin ser la monarquía burguesa un atributo dominante pudiera ser emergente. Sin
embargo, en los últimos cien años, tras más de cien estados creados y varias
centenas de cambios de régimen político, el número de nuevas monarquías,
incluyendo restauraciones, fue poco más de una decena. La mayoría en países
musulmanes (Arabia Saudí en 1932, Jordania en 1946, Marruecos en 1957, Kuwait
en 1961, Catar en 1971, …) y, entre las más recientes, nuestra España (1978),
solo superada por Camboya (1993) y Baréin (2002).
Pretendemos, tras hacer una
parada en la historia y otra en el derecho, explicarnos desde el punto de vista
de la Crítica de la Economía Política esta especificidad monárquica de la
sociedad española; que se nos vuelve aún más enigmática si tenemos en cuenta
que esta institución contraviene principios definitorios de nuestro moderno,
democrático, igualitario y social Estado español.
La ideología monárquica
hispana
Algunos episodios de la
historia española nos alertan sobre la posibilidad de prescindir de la
monarquía: la muerte sin herederos de Carlos II (1700), la Guerra de
Independencia (1808-1812), la Revolución Gloriosa (1868), la I República
(1873-1874), la II República (1931-1936) e incluso la muerte del dictador
Franco (1975).
Sin embargo, todos ellos se
resuelven en otros tantos momentos de restauración monárquica: inicio de la
dinastía borbónica con Felipe V (1700), retorno de Fernando VII (1814), el
recurso al infante italiano Amadeo de Saboya (1870), la Restauración borbónica
con Alfonso XII (1874), paradójicamente el franquismo instaura un “Reino sin
rey” y la Restauración juancarlina (1978).
Aún de manera
contradictoria, podría decirse que hay en España una insistencia histórica en
pro de la monarquía, avalando un sentimiento monárquico en nuestra sociedad.
Historia reciente de la
monarquía
Tras las elecciones
municipales, que originaron la marcha del rey Alfonso XIII, se proclama la II
República española (1931-1936). La burguesía centralista apoyada en militares,
católicos, fascistas y monárquicos, y temiendo la deriva rupturista (social,
cultural y territorial), da un golpe de estado (18 de julio de 1936) que
conduce a la patria a una guerra fratricida. La Guerra Civil
(1936-1939) supondrá la muerte de cientos de miles de compatriotas,
muchos de manera sumarísima aún yacentes en fosas, y llevará
a buena parte de la sociedad española, primero, al hambre,
y luego al atraso de varias décadas.
Franco, tras vencer en 1939
declara a España “Reino” por Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947),
sin abandonarla hasta su muerte. En 1954 se trae a Juan Carlos, primogénito de
Don Juan (el sucesor natural por ser hijo de Alfonso XIII), para que inicie su
formación en España, nombrándole “sucesor a título de Rey” en 1969 para lo que
hubo de jurar los Principios del Movimiento.
De modo que la dictadura
franquista, que acabó con la II República española, será una república de facto
con la promesa de monarquía, que hará efectiva la joven democracia española.
Así, tras la muerte de Franco (1975) y jurando las Leyes Fundamentales
franquistas, Juan Carlos I accede a la Jefatura del Estado. Posteriormente, la
Constitución de 1978, votada masivamente (67% de participación y 88% de síes),
instaura la monarquía cuyas funciones se regulan en el título II de la
Constitución (artículos 56–65).
Monarquía parlamentaria
española
La actual monarquía
burguesa (parlamentaria) tiene poco que ver con aquella otra de principios del
XVIII, el inicio de la dinastía borbónica (absolutista). Las transformaciones
del estado capitalista no han dejado indemne a la jefatura del Estado.
Aún así, lejos del mantra
que presenta a la monarquía como una figura simbólica sin incidencia práctica,
la Corona tiene sus funciones constitucionalmente establecidas y reguladas
mediante leyes.
España es un estado cuya
forma política es una monarquía parlamentaria (articulo 1.3 de la Constitución
Española, CE en adelante).
La Corona es el órgano
estatal constitucional que detenta la Jefatura del Estado, y su titular es el
Rey, actualmente Felipe VI.
Se trata de un órgano
separado, aunque relacionado, de los poderes clásicos: ejecutivo (nombra y
separa miembros del Gobierno), legislativo (convoca elecciones y referendums,
sanciona y promulga leyes) y judicial (art. 117 CE dice que la justicia la
administran los jueces en nombre del Rey).
Simboliza la unidad y la
permanencia del estado español, así como arbitra y modera el funcionamiento
regular de las instituciones. Además, propone candidato a la Presidencia,
acredita embajadores, ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El retrato
oficial del Rey es un símbolo del Estado en sedes institucionales,
igual que la bandera, y su uso está regulado por normativa de régimen local y
protocolo administrativo.
La Familia Real, regulada
en el RD 1368/1987, está formada actualmente por el propio Rey, Reina Letizia,
Princesa de Asturias Leonor e Infanta Sofía y, tras la modificación de 2014,
también acoge a los Reyes Eméritos, Sofía y Juan Carlos I. Pero, no es un
órgano del estado ni administrativo. El Rey no responde por sus actos, mientras
el resto de miembros sí. De estos, excepto la infanta, están aforados (por Ley
Orgánica 4/2014, al Tribunal Supremo).
La Princesa de Asturias es
la heredera al trono (art. 57 CE), y su figura se regula en un RD 1368/1987. Es
la heredera por ser la mayor entre hermanas, pero si hubiera un varón la CE
todavía le daría la primacía en la sucesión al trono (art. 57.1 CE).
El coste de la monarquía
española
La Casa Real (art. 65 CE)
es una estructura administrativa cuya función es constituir la infraestructura
de apoyo a las funciones del Rey, pero no es un órgano del estado. Para dicha
tarea goza de dotación económica (art. 65 CE) a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado, además de normativa interna, regulación de regalos
institucionales u obligaciones de transparencia (RD 297/2022).
Actualmente, la dotación
presupuestaria de la que goza es algo más de 8 millones de euros (8M€), a lo
que se añaden otras partidas de diversos ministerios (Exteriores, Interior,
Defensa, Patrimonio, por ejemplo). Con ser importante, esta cifra es inferior
al coste de otras monarquías europeas (Bélgica, 43M€; Países Bajos, 54M; Reino
Unido, 86M) e incluso que la jefatura de Estado de otras repúblicas (Alemania
47M; Francia, 125M; Italia, 224M).
Esta modestia
presupuestaria de la monarquía española (8M€) habla tanto de la debilidad de la
institución como de la cicatería de nuestras élites gobernantes, de la
valoración de mercado de la actividad regia, o de su eficiencia.
Recapitulación
La forma política del
estado capitalista español actual, la monarquía burguesa española, se nos
presenta como un fenómeno singular en la evolución capitalista contemporánea:
se impone a pesar de ser minoritaria y estar en retroceso. Además, se trata de
una institución que contradice algunos de los valores en que se basa el propio
estado. Para más inri, fue la forma que la dictadura franquista había propuesto
para el futuro de España; por no hablar de la estrecha relación entre la
dictadura y la persona de Juan Carlos.
A pesar de estos
“inconvenientes”, el estado democrático español hubo de adoptar esta
contradictoria forma concreta, la monarquía. Rastreando en la historia española
observamos, tras las idas y venidas del régimen político, una extendida
ideología monárquica entre la sociedad, entre las diversas clases sociales,
entre las élites gobernantes y la clase trabajadora (o su forma constitucional,
el pueblo).
La pregunta que se nos
plantea tiene que ver con los fundamentos materiales de este sentimiento, con
la estructura económica que lo soporta y de la que brota; o de otra forma, por
qué la sociedad española, particularmente el pueblo español, tiene esta
ideología monárquica. Esa es la línea que transitaremos en la próxima
colaboración.
Imagen de portada:
Corona Real de España – Wikimedia Commons | Detalles de
la licencia
El «Cártel de los Soles»
Estados Unidos ha
desplegado fuerzas militares en el Caribe y designado al inexistente “Cártel de
los Soles” organización terrorista. Una narrativa que busca justificar
sanciones y una intervención militar destinada a controlar los recursos de
Venezuela.
El «Cártel de los Soles»
El Viejo Topo
10 diciembre, 2025
EL “CÁRTEL DE
LOS SOLES”, LOS ESTADOS UNIDOS Y LA PROFECÍAS AUTOCUMPLIDAS
Por Carmen
Navas Reyes y Yohaickel Nazer Seijas Elles
En las últimas
semanas, los Estados Unidos de América ha escalado dramáticamente la presión
militar en el Caribe, enviando su más moderno portaviones, el USS Gerald R.
Ford, lo que Washington presenta como una “operación
antinarcóticos” y que principalmente está dirigida a las “organizaciones
terroristas” con sede en Venezuela que son, supuestamente, operadas por el
Gobierno venezolano. Paralelamente, el Departamento de Estado de los Estados
Unidos anunció la designación del inexistente “Cártel de los Soles” de
Venezuela como Organización
Terrorista Extranjera a partir del 24 de noviembre.
Según la
declaración del secretario de Estado Marco Rubio, el “Cártel de los Soles”
estaría encabezado por el propio presidente Nicolás Maduro, junto con altos
funcionarios de su “régimen ilegítimo”. Esta maniobra es un grave paso en la
escalada que intenta preparar el
terreno para posibles operaciones militares en territorio
venezolano, con el pretexto de la lucha antidrogas. El propio presidente Donald
Trump insinuó que “ha tomado una decisión” sobre cómo proceder
en Venezuela, negándose a descartar explícitamente una intervención armada.
A pesar de las
aseveraciones de Washington, el supuesto “Cártel de los
Soles” no existió hasta hace poco para las agencias
especializadas. En 1993 se
acuñó por primera vez el término durante la investigación a dos generales de la
Guardia Nacional, cuyos uniformes ostentaban soles dorados, acusados de desviar
cargamentos de cocaína. Paradójicamente, uno de esos generales había autorizado un envío de cocaína hacia EE.UU. por orden de la CIA, supuestamente como parte de una
operación encubierta para infiltrar carteles
colombianos. Es decir, en los mismos inicios de esta historia
aparece la mano de la inteligencia estadounidense facilitando actividades de
narcotráfico en Venezuela.
De hecho, Jordan
Goudreau, un exboina verde estadounidense implicado en la fallida
incursión armada “Operación Gedeón” de 2020 contra el
presidente Nicolás Maduro, afirmó recientemente que “el Cártel de los
Soles fue creado por la CIA” en los años 90. En la entrevista
con The Grayzone,
Goudreau aseguró que el nombre habría surgido casi “como una broma interna”
basada en los soles de los uniformes venezolanos, mientras la CIA facilitaba el
tráfico de drogas a través de este grupo para sus propios intereses, algo que
Goudreau califica de “bien documentado”.
Tras su
acuñación inicial en los años 90, el término “Cártel de los Soles” fue
esporádicamente reciclado en círculos mediáticos y de la oposición venezolana,
pero sin mayor sustento probatorio. Sectores de la prensa local amplificaron
historias de supuestos generales narcos cada vez que se buscaban escándalos
contra el Gobierno. Con los años, esta etiqueta se volvió parte del léxico de
la oposición extremista, empleada para desacreditar a la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y presentarla como una mafia del narcotráfico. Un ejemplo notable
fue la acusación, sin pruebas por parte de un ex escolta desertor, contra el
entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado
Cabello, de liderar el supuesto cártel.
Desde entonces,
figuras radicales de la oposición venezolana y exmilitares desertores, han
hecho lobby en Washington para legitimar esta narrativa. Esta campaña busca no
solo desprestigiar al Gobierno del presidente Maduro, sino provocar más
“sanciones” y, eventualmente, justificar una intervención extranjera. Durante
el segundo Gobierno de Trump, esos sectores han encontrado oídos en
funcionarios como Marco Rubio, quien ha hecho eco del término en el
Departamento de Estado, adoptando oficialmente la etiqueta de Estado para
acusar al Gobierno venezolano de “narcoterrorismo”.
Irónicamente,
cabe señalar que en ninguno de los informes anuales sobre narcóticos del Departamento
de Estado o la DEA desde 1999, se menciona al “Cártel de los
Soles”, ni se lo identifica como amenaza específica. Tampoco los informes
internacionales de la ONU en materia de drogas, han registrado
la existencia de tal organización en Venezuela. Al contrario, las agencias especializadas
ubican a Colombia, Perú y Bolivia como los grandes productores de cocaína,
mientras que Venezuela no figura como país productor y sus incautaciones de
droga representan apenas el 1-2% del total mundial. Estos datos reafirman que
Venezuela ha sido más bien un país de tránsito limitado y no la base de
operaciones de algún poderoso cartel global.
A pesar de
ello, en marzo de 2020, en pleno auge de la política de presión contra Caracas
de Trump, el Departamento de Justicia de EE.UU. incluiría por primera vez las
palabras “Cártel de los Soles” en una acusación,
al atribuir delitos por “narcoterrorismo” al presidente Maduro y otros altos
funcionarios venezolanos. Aquella acusación alegó que esta conspiración
narcotraficante existía “al menos desde 1999”, marcando la entrada de la
narrativa en documentos oficiales de EE.UU. No obstante, es revelador que pocos
meses antes de esa acusación, el propio Informe
Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2020 del
Departamento de Estado no hacía ni una sola mención al supuesto Cártel de los
Soles ni vinculaba al presidente venezolano con el tráfico de drogas. Por otro
lado, esta narrativa no cumple ni los requisitos legales de EE.UU. para ser
declarada como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
Identificar a un
grupo como Terrorista no es trivial; la propia ley estadounidense establece
criterios estrictos en la sección 219 de
la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Para
designar un FTO, se exige que el grupo en cuestión: 1.) sea una organización
extranjera real; 2.) que esté involucrada en “actividad terrorista”, tal como
la define la sección
212(a)(3)(B) de la INA o tenga la intención y capacidad de
hacerlo; y 3.) que dicha actividad terrorista amenace la seguridad de los
ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de EE.UU. En el caso del
supuesto Cartel de los Soles, resulta evidente que no se cumplen esos
criterios.
Primeramente,
no es una entidad organizada identificable, sino un concepto difuso que se
usa “para describir una red descentralizada incrustada en el Estado
venezolano”, lo que ni siquiera califica como “organización” designable.
En segundo lugar, no existe evidencia de que esta red haya perpetrado “actividades
terroristas”según las mismas leyes estadounidenses, es decir; actos de
violencia deliberada contra civiles para coaccionar a un gobierno u obtener
objetivos políticos. Pero para saltarse este obstáculo, Washington ha intentado
pintar al “Cartel de los Soles” como aliado de grupos terroristas reales, al
alegar que esta supuesta organización brinda “apoyo material” a
otros entes designados como terroristas extranjeros, incluyendo al cartel
mexicano de Sinaloa y la extinta banda venezolana del “Tren de Aragua”. Sin
embargo, dicha afirmación no está respaldada por pruebas públicas.
El Gobierno
estadounidense sabe que esta narrativa no refleja la realidad, pero que
sostiene una utilidad geopolítica; crea una justificación prefabricada para una
intervención militar. Toda esta construcción del “Cártel de los Soles” no es
más que un pretexto elaborado para los objetivos reales de Washington, intentar
derrocar al Gobierno Bolivariano e instaurar un régimen subordinado a sus
intereses. La operación naval masiva en curso ahora denominada como “Operación
Lanza del Sur” y la súbita clasificación terrorista
ha dejado en claro la intención del Gobierno estadounidense de lograr una
eventual salida del presidente Nicolás Maduro por cualquier medio.
No es la
primera vez que EE.UU. recurren a tácticas similares; en 1989 invadió Panamá
justificándose en que Manuel Noriega era un “narcotraficante peligroso”;
En 2003, construyó una narrativa de “armas de destrucción masiva”para
invadir Irak. Y ahora, con Venezuela, intenta una combinación de ambos guiones,
el narcotráfico y el terrorismo, adaptados para demonizar al Gobierno
Bolivariano y así legitimar acciones de fuerza que de otro modo serían
condenadas y, con ellas, revertir el rumbo político de Venezuela y recuperar
influencia sobre sus vastos recursos estratégicos.
No es casual
que Venezuela posea las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, además
de oro, coltán y otros recursos codiciados; sectores en EE.UU. han expresado
abiertamente que verían con buenos ojos un cambio de régimen que abriría esas
riquezas al control de las corporaciones norteamericanas, demostrando que la
política hacia Venezuela está guiada por una versión actualizada de la Doctrina
Monroe, buscando contener la influencia de China, Rusia e Irán en la región y
asegurar para Washington el control de áreas de importancia geopolítica y de
sus recursos como se ha venido informando en los últimos tiempos. Es por ello
que presentar al Gobierno venezolano como un “narco-régimen terrorista” brindaría
el casus belli perfecto para una intervención “legítima” a
ojos de Washington.
Fuente: Globetotter
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La Industria Cultural como máquina de idiotización colectiva: Un análisis de la obra de Adorno y Horkheimer
La Industria Cultural como máquina de idiotización colectiva: Un análisis de la obra de Adorno y Horkheimer
kaosenlared
9 de diciembre de 2025
La idea de “industria
cultural”, formulada por Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la
Ilustración, surgió como una denuncia de cómo la modernidad capitalista
había convertido la producción simbólica en un engranaje más de la lógica del
beneficio. Para ambos pensadores, la cultura dejó de ser ese espacio de
autonomía intelectual desde el cual era posible revisar críticamente el mundo,
y pasó a funcionar como una maquinaria de estandarización capaz de moldear
gustos, sensibilidades y expectativas. Adorno insistía en que la producción
cultural, en lugar de sublimar, reprimía; no porque prohibiera directamente
nada, sino porque reducía lo diverso a fórmulas repetidas que se podían
empaquetar y vender. El cine, la música, la televisión o las series, cada uno
con su estética particular, terminaban respondiendo a una misma matriz: repetir
aquello que entretiene sin incomodar, ofrecer variantes mínimas que producen la
ilusión de elección, pero que en realidad reafirman el mismo tipo de consumo.
Horkheimer, desde su
crítica a la razón instrumental, explicaba que el pensamiento moderno había
sido reducido a un instrumento de cálculo y dominación; en ese marco, la
cultura se integraba como un elemento más de la racionalidad económica. La
creatividad no desaparecía, pero quedaba subordinada al mandato de ser
rentable, reconocible y fácilmente digerible. Adorno llamaba a esto “pseudoindividualidad”:
la apariencia de diversidad en un paisaje donde casi todo responde a la misma
lógica. Cambian los actores, los ritmos, los colores, los títulos, pero la
experiencia que ofrece la industria cultural es cada vez más previsible.
Esta dinámica, señalaba
Adorno, no es inocua. La exposición continua a contenidos superficiales,
veloces y reiterados termina modelando formas específicas de percepción.
En Prismas advertía que la pérdida de un juicio verdaderamente
autónomo es el precio que se paga por la adaptación total a un entorno saturado
de estímulos que apenas dejan tiempo para la reflexión. La diversión, lejos de
liberar, se transforma en una prolongación del trabajo: un modo de mantener al
sujeto en funcionamiento, adormecido pero disponible, sin interrogar demasiado
el orden que lo rodea.
Si se mira el panorama
cultural contemporáneo, muchas de las intuiciones de Adorno y Horkheimer
parecen haber encontrado nuevas expresiones. Las plataformas de videos
ultracortos, como TikTok, fomentan un tipo de atención fragmentada y ansiosa.
Han, en su lectura de la hiperestimulación, advierte que el exceso de estímulos
no abre más posibilidades, sino que destruye la capacidad de contemplar y
profundizar. Las grandes franquicias cinematográficas como Marvel operan sobre
fórmulas repetidas que aseguran un éxito previsible. Incluso géneros musicales
como el reggaetón industrial responden a esquemas homogéneos donde la
repetición del ritmo y de ciertos imaginarios garantiza viralidad. Y las
plataformas de streaming, con su organización algorítmica de recomendaciones,
terminan guiando el consumo cultural de las personas sin necesidad de imponer
nada explícito: basta con sugerir continuamente aquello que ya funcionó.
A este panorama se suma un
fenómeno nuevo: la producción masiva de contenidos a través de inteligencia
artificial generativa. Paradójicamente, herramientas presentadas como
potenciadoras de la creatividad terminan inundando el espacio cultural con
enormes cantidades de textos y productos estandarizados. La multiplicación
infinita de contenido no equivale a diversidad; a menudo produce una repetición
sin estilo, sin riesgo y sin conflicto, justo aquello que Adorno consideraba la
negación misma del arte.
Las críticas contemporáneas
al capitalismo digital —desde Zuboff y su descripción del capitalismo de
vigilancia hasta Fisher y su idea de que resulta más fácil imaginar el fin del
mundo que el fin del capitalismo— dialogan con esa tradición de la Escuela de
Frankfurt. También Žižek, desde otra vertiente, insiste en que la cultura pop
actual convierte la ideología en un espectáculo amable, absorbible, casi
simpático. El entretenimiento ya no oculta la realidad: la diluye.
La pregunta que queda
abierta, como ya señalaba Adorno en Teoría estética, es si es posible
producir cultura que no quede atrapada por esta lógica. El arte, decía, solo
puede mantener su verdad si resiste, si no se somete del todo a las exigencias
de la mercancía. Pero en un mundo donde la producción simbólica está mediada
por algoritmos, plataformas y mercados globales, esa resistencia se hace cada
vez más difícil. Aun así, la necesidad de recuperar la capacidad de ver con los
propios ojos —esa tarea tan simple y tan ardua que señalaba Adorno en Minima
Moralia— sigue siendo central: no para negar la cultura contemporánea, sino
para volver a encontrar espacios donde el pensamiento pueda respirar sin ser
inmediatamente moldeado, clasificado o monetizado.


