jueves, 30 de septiembre de 2021

El líder de UGT se disfraza de sindicalista un segundo y dice que la subida de 15 euros del SMI es una «mierda».

 

El líder de UGT se disfraza de sindicalista un segundo y dice que la subida de 15 euros del SMI es una «mierda»


Por Insurgente Publicado el 29 Sep, 2021

Tras firmar, salir en la foto, consensuar y aceptar, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, teme que se extienda la idea de los trabajadores de lo que supone esa pírrica subida y  ha reconocido este martes que el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 15 euros que han acordado con el Gobierno para el periodo septiembre-diciembre de 2021 es una «mierda» y una «miseria» y ha advertido al Ejecutivo de que o lo sube a 1.000 euros mensuales a partir de 2022, o UGT no firmará más acuerdos sociales.

 *++

 

La raquítica subida del salario mínimo, muy lejos de compensar el alza de los precios. (Que digo yo, los trabajadores con amigos /amigas como estos /estas para qué queremos enemigos / enemigas. O, cuerpo a tierra que vienen nuestros amigos / amigas)

 

La raquítica subida del salario mínimo, muy lejos de compensar el alza de los precios

A pesar de que la patronal se quedó fuera del acuerdo del nuevo aumento del salario mínimo, la subida negociada entre el Gobierno y las cúpulas de CCOO y UGT ni siquiera alcanza para mantener el poder adquisitivo de millones de trabajadores que tienen que malvivir con salarios de miseria.


Por Juan Carlos Arias 

Kaos enlared

 30 Sep, 2021

La subida de 15 euros aprobada formalmente tras el Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre, ha hecho crecer el salario mínimo apenas un 1,58% en 2021, pasando de 950 € mensuales a 965 €. Pero el aumento ha sido solo entre septiembre y diciembre, dado que no es una subida retroactiva anual. Por lo tanto, si llevamos el incremento a todo el año, supone una subida de tan solo 70 euros anuales -4 meses del año que restan, más la parte proporcional de la paga extra de diciembre-. Es decir que los 70 euros anuales de aumento entre las 14 pagas, suponen una subida real de 5 euros al mes. O lo que es lo mismo un crecimiento mensual del 0,53% sobre el salario mínimo de 2020. Esa es la subida real en porcentaje que ha tenido el salario mínimo aprobado, y, sin embargo, se ha difundido como si de un gran logro social se tratara. ¡Se puede ser más miserable!

Cuando el gobierno neoliberal de Rajoy subió un 0,25% las pensiones de jubilación en 2018, poco más de 2 euros en la práctica, hubo una ola de indignación social y se levantaron protestas impulsadas, entre otros, por CCOO y UGT. Ahora, con una subida casi igual de raquítica para el salario mínimo, es decir, para las y los más desfavorecidos de los trabajadores que no están cubiertos por convenio, las cúpulas de los sindicatos burocratizados las firman y las aceptan como un gran paso y no se plantean movilizaciones de ningún tipo. Esto constata que la degeneración burocrática de los sindicatos de CCOO y UGT con sus políticas de firmar cualquier acuerdo con la patronal o con el Gobierno está alcanzando cotas inimaginables. Y plantea la necesidad cada día más apremiante de derribar a las direcciones sindicales dominantes y corrompidas, para recuperar la actividad sindical como herramienta de la lucha de clases y elevación de la conciencia de la clase trabajadora.

 

Alza de los precios

La subida miserable del salario mínimo se realiza en un contexto de alza general de los precios: la inflación ya está en el 3,3%. Pero la situación es aún más grave si atendemos al crecimiento de los precios en muchos de los productos o servicios más esenciales. Así, teniendo en cuenta un bien tan esencial para todos como la luz, vemos que ha multiplicado su precio exponencialmente respecto de 2020, lo que supone un fuerte incremento en el recibo de la luz durante 2021. Solo en el mes de agosto fue un 35% más cara que el mismo mes del año pasado. ¿Cómo van a afrontar los hogares con ingresos de salario mínimo, estas subidas descomunales de precios? ¿Cómo van a poder utilizar los electrodomésticos más elementales, o cómo van a iluminar sus casas o calentarlas? Pues no podrán.

Todas las previsiones de los expertos van en el sentido de que los aumentos del precio de la luz se consoliden en los niveles estratosféricos actuales, o incluso crezcan más, de aquí al menos hasta la primavera. Y todo ello pese a las medidas del Gobierno de recuperar 2.600 millones de euros de las eléctricas de los beneficios caídos del cielo, que está por ver si finalmente es así. Y, lo que es más importante, cómo va a repercutir realmente en los precios de la luz en los sectores de población más golpeados por la crisis pandémica. Pero es que, a estos precios en crecimiento exponencial, le acompañan los del gas que se esperan estén por las nubes para este invierno, sobre todo ante la especulación y la falta de suministros por el incremento de la demanda del gas con la vuelta a la actividad económica, y el acaparamiento de la producción en las disputas geopolíticas que se vienen desplegando y profundizando.

Lo mismo está sucediendo con los precios de los alimentos y los productos perecederos- la fruta ha subido un 2%, mientras el pescado un 5%- y, en general, es muy probable que no tarden en generalizarse las subidas de precios, puesto que los empresarios más pronto que tarde, tratarán de repercutir las alzas de los costes en favor de sus cuentas de resultados. Por no hablar del precio de los alquileres en ascenso, pese a los miles de pisos en manos de la SAREB y las promesas del Gobierno incumplidas de limitar el precio de los alquileres, y las dificultades para afrontar el pago de las hipotecas, que pese al denominado “escudo social” del Gobierno no ha impedido el incremento muy grave socialmente, especialmente durante los últimos meses, de los desahucios.

 

El salario mínimo: hambre para hoy y hambre para mañana

Los impulsores del acuerdo, Unidas Podemos -como miembro “super-crítico” del Gobierno- y las cúpulas sindicales de CCOO y UGT se defienden, frente a las críticas de los sectores sociales a su izquierda -incluida la izquierda sindical- por lo firmado, basándose en la famosa reflexión conformista que viene a decir que: “la situación actual es deplorable pero el futuro es esplendoroso”. Aunque, sea como en este caso, yendo en dirección contraria a la que en teoría debería ser, para alcanzar ese favorable futuro.

Así, apoyándose por un lado en la miseria de partida, con la sucesión de años en que el salario mínimo estuvo congelado o que apenas subió, entre las dos legislaturas de Rajoy (2011-2018) solo creció en 79 euros. Mientras que desde 2018 ha subido, es cierto, bastante más hasta alcanzar los 218 euros de incremento. Y, sobre todo, ante la promesa esperada de alcanzar el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, al menos al final de la legislatura, para lo que habría que alcanzar un salario mínimo de 1.060 euros, 95 euros más que ahora. Aún más si crece el salario medio de aquí a entonces. Algo que se antoja difícil al ritmo de paralización e incluso retroceso que se está emprendiendo.

Por todo ello, los sindicatos institucionalizados maniobran ofreciendo un discurso desmovilizador y pasivizador, intentando desmantelar las críticas por la infamia de un acuerdo que al no compensar ni las subidas de los precios totalmente desorbitados que estamos padeciendo actualmente, es incapaz de asegurar algo tan elemental como el poder adquisitivo del salario mínimo, y por lo tanto les ha empobrecido más. Sin embargo, el discurso que realizan desde los sindicatos y Unidas Podemos, va en el sentido de vender la idea de que se viene mejorando el salario mínimo en una senda ya iniciada con el Gobierno “progresista” y que ahora continuaría, aunque a menor ritmo, cuando en realidad, se vista como se vista lo firmado, no ha producido más que un retroceso en ese proceso de mejora, un buen traspiés.

Quizás por eso ahora centran su rol burocrático, como siempre hacen por otra parte, no en nuestras propias fuerzas y en la movilización en la calle, sino en que confiemos en la bondad del “Gobierno progresista”. Con grandes dosis de cinismo, el director del Gabinete Económico de CCOO ha afirmado que “por lo menos el proceso no se detiene. Lo esperable es que haya una subida significativa en cuatro meses”. Pero, ¿por qué sería esperable que lo que no se ha conseguido ahora lo sea en los próximos cuatro meses? Cómo si para entonces los grandes escollos para lograrlo, el PSOE social liberal representado firmemente por Nadia Calviño, y la fuerte resistencia de la patronal, fueran a doblar su brazo porque sí. Todo ello, sin plantearse movilizaciones y acciones decididas en favor de un salario capaz de soportar los costes de la cesta de la compra familiar.

Lo cierto es que en el acuerdo no hay ningún compromiso concreto sobre las cuantías específicas y las fechas en las que se iría subiendo el salario mínimo a lo largo de todo el proceso de la legislatura que queda. Por lo tanto, las cúpulas sindicales de CCOO y UGT y Unidas Podemos están vendiendo humo al decir que “en cuatro meses el salario mínimo se sitúa en torno a 1.000 euros”.

Es por eso que el sindicato CGT incide en su oposición al acuerdo que no está garantizado, ni mucho menos, el objetivo de los 1.060 euros, basándose en que el Gobierno ni siquiera ha fijado en el acuerdo, con el consentimiento de la burocracia sindical, cuando se alcanzará esa cuantía mínima.

 

Ofensiva patronal sobre los salarios

La realidad es que la patronal está en plena ofensiva sobre los derechos laborales de las y los trabajadores, con la complicidad y estimable colaboración de la burocracia de CCOO y UGT. Algo que se percibe claramente en la enorme precariedad laboral existente -más del 90% de los contratos son temporales y la media de duración de los contratos ha sido de 53,19 días-, por los miles de trabajadores que continúan en situación de ERTE y por los miles de despidos, -35.000 solo en las grandes empresas- en que han desembocado muchos, pese a la promesa del “Gobierno progresista” de que no iba a haber despidos por la crisis de la pandemia. Y todo ello con la utilización sin límites por la patronal de la dura reforma laboral de Rajoy, cuya derogación en sus aspectos más lesivos es una promesa todavía incumplida cuando ha transcurrido más de la mitad de la legislatura.

Así y aunque la economía ya crece a velocidad de crucero, en el mes de julio, por ejemplo, hubo 58 descuelgues de convenios colectivos, nada menos que un 48,7% más que el mismo mes del año pasado. Mientras CCOO y UGT firman convenio tras convenio con crecimientos salariales por debajo del IPC y hasta por debajo del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. Así, la subida salarial media pactada en los convenios está siendo del 1,5% y, por lo tanto, al menos 1,8% puntos menos que la inflación anual registrada, 3.3%.

En este contexto continúa el paro juvenil en porcentajes inasumibles en el entorno del 40% para millones de jóvenes que se ven abocados a un futuro de precariedad y miseria. Mientras el “Gobierno progresista” pretende aumentar la edad de jubilación y atacar las pensiones.

Por todo ello, se hace cada vez más acuciante levantar un programa de emergencia social con movilizaciones en la calle de carácter unitario, sin ninguna confianza en el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Y sobre la base de la discusión en asambleas en los centros de trabajo y estudio, que a través de la lucha coordinada de todos los sectores sociales golpeados por la crisis: jóvenes, mujeres, la clase obrera y sus sectores más precarizados y las clases populares empobrecidas, levanten un programa de acción anticapitalista para que la crisis la paguen los capitalistas.

Fuente: Izquierda Diario

*++

 

Privilegios de las eléctricas que pagamos todos los españoles. (Que a lo mejor tener menos luces que una bombilla apagada es un trabajador con los ojos cerrados que dice que no los abre y que no los abre porue dice que no sabe abrirlos y se acabó. Que me sé yo de estas cosas. Pero que a lo mejor es también que los listillos estos que vamos diciendo por ahí al que nos encontramos caído en el suelo por haber pegado un tropezón en una piedra: ¿A que te caes? Pero vamos a ver, so listillo. ¿Pero no estás viendo que ya está tirado por los suelos. A qué fin te pones a decir ahora lo que ya es evidente? Listillo, que eres tú muy listillo, chaval. Listillo, más te valdría que echaras mano de los alicates abridores de ojos (los alicates abridores de ojos son unos alicates normales pero que en vez de utilizarlos para abrir castañas se utilizan en un momento dado para abrir ojos, que no tiene más misterio el asunto) y sin decir esta boca es mía te abalanzaras sobre el primer trabajador que veas caminando con los ojos cerrados, que me lo tumbarás en mitad de la calle, panza arriba, sin más, que le pusieras un pie en la frente y el otro en el pecho, y que debidamente, como mandan los cánones, empezaras a operar con los alicates de abrir ojos diciéndole: y ahora vas y lo cascas, que tienes que andar con los ojos abiertos hijo mío, pero no porque yo lo diga, sino para no tropezar, y que como no te empieces a reunir con los tuyos para ver que está pasando y qué te pasa y qué te puede pasar te vas a pasar toda tu vida rodando por los suelos y mal viviendo, que lo sepas.)

 

Privilegios de las eléctricas que pagamos todos los españoles

 

Por Juan Torres López

Rebelion / España

 30/09/2021 

 


Fuentes: Ganas de escribir

Aunque pueda parecer que me remito demasiado tiempo atrás, para entender lo que ocurre hoy día en el sector eléctrico español hay que saber que las principales empresas que ahora lo dominan vienen de otras que se fraguaron en el franquismo, un régimen que no acabó con las libertades por el gusto de acabar con ellas, sino para defender los intereses de los grupos económicos más poderosos.

Fue entonces cuando se fraguó un oligopolio en el que unas pocas empresas, lideradas por la familia Oriol Urquijo y con la ayuda permanente del Gobierno, hacían y deshacían a su antojo en el mercado. Tanto así, que la tarea de reformarlo fue prioritaria cuando llegó la democracia, incluso para la desaparecida UCD. Aunque bien pronto se comprobó que el cambio de régimen no había afectado al poder de las empresas eléctricas y que estas seguían teniendo prácticamente la misma capacidad para escribir en el Boletín Oficial del Estado que en los tiempos de Franco. El vicepresidente Fuentes Quintana lo pudo comprobar cuando trató de nacionalizar la red de transporte de alta tensión. Otros ministros vinculados al oligopolio, liderados por Alberto Oliart, lo impidieron.

Más tarde, las corrientes más a la izquierda del PSOE trataron de llevarla a cabo, pero las medidas que adoptaron los gobiernos de Felipe González y Zapatero fueron casi siempre las que proponían sus ministros liberales o -en el mejor de los casos- el resultado de un equilibrio de fuerzas que al final no permitía resolver los problemas de fondo. Los gobiernos de Aznar y Rajoy no disimularon su servidumbre y se pusieron directamente al servicio del oligopolio, azuzados además por la normativa neoliberal europea, igualmente contaminada por el poder del lobby eléctrico.

El resultado de ello es que el sector eléctrico español viene gozando de privilegios completamente ajenos a razones de mercado o eficiencia desde hace más de 80 años, en tiempos de dictadura y de democracia.

– Cuando en 1983 se aprobó la primera moratoria a la construcción de nuevas centrales nucleares se les concedió una compensación a sus propietarias, las empresas del oligopolio, que en realidad fue un auténtico «rescate» con dinero público. La compensación se llevó a cabo sin tener en consideración los costes auténticos y fue un auténtico privilegio porque habían sido precisamente esas empresas las que llevaban décadas sobrevalorando la demanda de electricidad para inflar el negocio artificialmente y a base de endeudamiento, para mayor beneficio de la banca, con cuyos consejos de administración estaban entrelazados los del oligopolio. Las grandes empresas rescatadas no llevaron a cabo ni una sola de las contrapartidas que les planteó el Gobierno (límite de dividendos, saneamiento financiero o integración).

– Durante años, las eléctricas han cobrado por «término de potencia», un concepto que se justificaba porque era necesario para garantizar que los consumidores dispusieran de la potencia contratada en cualquier momento que lo necesitaran. Un privilegio porque no es cierto que ese suministro estuviera garantizado, pues el sistema colapsaría casi con un tercio de la potencia contratada, y tal y como han demostrado las miles de reclamaciones de los consumidores por cortes del suministro.

– Durante años se ha estado facturando a los consumidores un consumo de kilovatios/hora sobrevalorado pues se ha llegado a denunciar que aproximadamente el 80% de los contadores cometía errores en exceso.

– Durante los años en que la tarifa eléctrica la fijaba el Gobierno, estaba establecido que se debían cumplir una serie de trámites por parte de las compañías eléctricas, el propio Gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Sin embargo, casi nunca se cumplían, para lograr que el precio fuese lo más cercano posible a lo demandado más o menos abiertamente por el oligopolio. A veces, los informes preceptivos incluso llegaban después de que el Consejo de ministros hubiera decidido el precio.

– Las compañías eléctricas han cobrado por alquiler de contadores un determinado porcentaje de su precio (por cierto, sobrevalorado hasta en un 50% respecto al del mercado), una cantidad que supuestamente estaría destinada a su renovación y actualización. Sin embargo, la falta de normativa por parte de los sucesivos gobiernos o la suspensión de la que en algún momento se aprobó (¿por incompetencia, olvido, complicidad…?) ha hecho que las compañías eléctricas hayan cobrado a los españoles unos 14.000 millones de euros por prestar un servicio que no han realizado (los datos estimados y actualizados de este fraude aquí).

– Cuando se acabó con el régimen de tarifa eléctrica fijado por el Gobierno y se estableció el llamado Marco Legal Estable (1987), se suponía que el precio de la luz debería establecerse en función de los costes reales, la demanda, la inflación y los tipos de interés. Lo cierto fue, sin embargo, que el nuevo sistema volvió a ser un privilegio para las empresas pues estas podían sobrevalorar sus costes y la demanda. La consecuencia, como señala Enrique Palazuelos en su libro El oligopolio que domina el sector eléctrico, fue que los ingresos del oligopolio aumentaron prácticamente el doble que la demanda o la tarifa mientras se mantuvo vigente el sistema y que el poder de las mayores empresas aumentó (en 1987, seis empresas controlaban el 86% de la potencia instalada, y en 1996 solo dos el 84%).

– La privatización de Endesa, iniciada en 1988 por el PSOE pero que solo dejó de ser pública diez años después con el PP, ha sido posiblemente el expolio más grande de nuestra historia reciente y, por tanto, un privilegio más para el capital eléctrico privado. Baste saber, como recuerda Palazuelos, que solo los beneficios que obtuvo de 1989 a 1991 fueron un 25% más elevados que el valor de la venta de acciones hasta ese momento.

– La llamada liberalización del mercado eléctrico que se llevó a cabo a partir de 1994 y sobre todo con la ley de 1997 fue, en realidad, la concesión de otro buen número de privilegios al oligopolio. Al quitar al sistema eléctrico el carácter de servicio público, se redujo todavía más el papel del Estado como contrapeso, para así dar más libertad de actuación a las cinco grandes compañías que controlan el sector. Y paralelamente se incentivó y ayudó a que se produjeran integraciones empresariales que permitían que estas tuvieran control de todas las fases y niveles del mercado, justo lo que se necesita para controlar cantidades de cada tecnología y precios y bloquear la entrada de competidoras.

– Esa misma reforma concedió un privilegio esencial a las eléctricas: definir la electricidad y su mercado como lo que no es para que no se pueda poner en cuestión su poder. Es decir, se creó una ficción para no tener que actuar contra las malas prácticas de las eléctricas. Se consolidó el principio completamente inaceptable de que la luz es una mercancía más, cuando es un bien de primera necesidad. Se reguló el mercado como si fuera de competencia, cuando es claramente un oligopolio donde no la hay. Y se supuso que el eléctrico podía funcionar a través de la oferta y la demanda como un mercado eficiente cuando eso no puede ocurrir no solo por la misma razón anterior, sino porque no tiene sentido económico que cada empresa replique las instalaciones o redes necesarias para producir o distribuir la electricidad y, sobre todo, porque la propia reforma había permitido que las grandes empresas fueran, al mismo tiempo, sus oferentes y demandantes.

– En 1997 se concedió otro privilegio a las eléctricas reconociéndoles unos derechos de cobro en concepto de Costes de Transición a la Competencia, como compensación por los supuestos perjuicios que les iban a suponer los cambios legales adoptados al pasar a un mercado «competitivo». Un auténtico escándalo porque, en realidad, se pasaba a la situación regulatoria que deseaban las propias eléctricas y, en ningún caso, a un mercado de esa naturaleza. Un informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE) señaló que no se ofrecía ni una sola justificación para ello, que los beneficiados serían las grandes compañías Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Elcogas y los perjudicados la mayoría de las empresas españolas, los consumidores domésticos e incluso las empresas del sector eléctrico distintas de esas cinco grandes. Lo peor fue, sin embargo, que no se registraron las pérdidas previstas sino que se produjeron beneficios y esa diferencia ni siquiera se les ha reclamado a las eléctricas.

– Como expliqué en un artículo anterior (El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz), el Gobierno del Partido Socialista estableció incentivos al desarrollo a las renovables que en realidad sirvieron para reforzar la presencia del oligopolio en las nuevas tecnologías. Más tarde, cuando las eléctricas tradicionales habían tomado las posiciones en el nuevo sector, lograron que el Gobierno del PP frenase en seco su desarrollo y así aumentaron su control sobre el conjunto del mercado. Eso es lo que ha provocado que ahora no haya disponibles suficientes fuentes de electricidad de menor coste y que la luz se esté encareciendo tan extraordinariamente.

– En el año 2000, el Gobierno de Aznar reconoció un «déficit de tarifa» que se convertía en un nuevo privilegio de las eléctricas. Dicho déficit se estaría produciendo cuando los ingresos procedentes de la tarifa que pagan los consumidores fuesen menores que los costes «reconocidos» en la normativa que regula el sector. Para resarcirlo se emitió deuda y su pago se endosó a la factura final que pagamos los consumidores. Sin embargo, como ha demostrado rigurosamente Jorge Fabra, uno de los mayores expertos en nuestro sector eléctrico, ese déficit no ha estado provocado por los costes «reales» de la producción de la luz sino (además de por otras razones de menor envergadura) por la sobrerretribución de las centrales nuclear e hidráulica. Justamente como consecuencia de la mala regulación que impone el oligopolio.

– No se puede olvidar el privilegio más decisivo y conocido en los últimos tiempos en que comienza a desvelarse lo que hay detrás de la subida del precio de la luz: el llamado sistema marginalista que, como se sabe, establece para la electricidad generada por todas las fuentes el precio de la más cara en cada momento. Un sistema que, cuando se desarrolla en un mercado controlado por pocas empresas y en donde hay barreras de entrada como las que creó el frenazo a las renovables del PP, eleva necesariamente el precio en favor de las empresas que controlan la oferta y demanda mayorista.

Es muy difícil calcular el coste de todos estos privilegio. Es ingente, entre otras cosas, porque no es solo monetario y porque los anteriores no son los únicos privilegios que han tenido y tienen las empresas responsables de suministrar un bien esencial para todas empresas y hogares como es la luz. Habría que añadir otras ayudas de menor cuantía y, sobre todo, la protección adicional que les proporciona su enorme poder. Financian a muchos medios y eso les garantiza la ausencia de críticas y que no se ponga en cuestión su comportamiento. Pueden escapar fácilmente de las autoridades que supuestamente las controlan porque tienen a sueldo a quienes han sido máximos dirigentes de los partidos mayoritarios así que, cuando su control ilícito del mercado queda demostrado, solo reciben multas simbólicas, cuando las reciben. Y su enorme tamaño y poder financiero les permite disponer de una contabilidad que no refleja la realidad de su actividad en el mercado.

Y a todos ellos hay que añadir el privilegio que les proporcionan las normas y políticas europeas, un asunto que comentaré la semana próxima.

La ciudadanía debe conocer todo lo anterior para poder comprender que la presión que pueda ejercer el Gobierno de Pedro Sánchez contra estas empresas no es caprichosa. Es una presión obligada, económica y moralmente, para ir poniendo fin a una regulación de este mercado ineficiente e injusta porque produce beneficios extraordinarios a unos pocos (los de las eléctricas españolas han sido tradicionalmente los más elevados de Europa) a costa de hacer mucho daño al conjunto de la economía. Por eso hay que apoyar a este Gobierno en esta batalla. Lo sorprendente es que la patronal no defienda que se ponga fin a los sobrecostes que el oligopolio impone a las empresas, como resulta vergonzoso que quienes se definen como liberales y defensores de la competencia actúen de monaguillos de un oligopolio que contraviene todos los principios del mercado libre.

Fuente: https://juantorreslopez.com/privilegios-de-las-electricas-que-pagamos-todos-los-espanoles/

*++

 

La privatización del agua es injusta, asocial y criminal. (Si es así, los chimilicuá, patriotas o no, piquitos de oro y legisladores que intervengan para legalizarlo serán unos criminales, no? )


La privatización del agua es injusta, asocial y criminal


Novedad editorial

Antonio Cuesta. Blog de Turquía

La privatización del agua es injusta, asocial y criminal – Cuaderno de Estambul (wordpress.com)

 

Los espacios de debate en el Foro Alternativo del Agua, celebrado en Estambul, se abrieron también al mundo editorial. En una de las salas tuvo lugar la presentación del libro “Agua, un derecho y no una mercancía” (Icaria, 2009), a cargo de los miembros de Ingeniería sin Fronteras llegados hasta esta ciudad. Conversamos con Jaume Delclòs coordinador de esta obra colectiva.

El libro reúne diversas cuestiones sobre el proceso de privatización del agua de los últimos tres años. Desde la celebración del último Foro Mundial del Agua (FMA), celebrado en México, muchas cosas han cambiado en relación al tema del agua, al movimiento social que pelea contra la mercantilización de la misma o, incluso, con las políticas que se siguen en distintos países.

La textos que componen la obra -explica Delclòs- se agrupan en tres bloques. Una primera parte en la que se explica por dónde van las grandes políticas a nivel internacional en relación al agua, cómo se aplican los procesos de privatización, y cuál es el momento actual de éstos habida cuenta del fracaso total y absoluto que han sufrido, fundamentalmente, en América Latina.

En efecto, incluso el Banco Mundial reconoció públicamente que aun en los momentos más agresivos de la privatización, la mayor parte de las inversiones (alrededor del 90%) continuaron llegando de los presupuestos estatales. Aunque, para corregir en lo posible ese descalabro, instituciones como la Organización Mundial del Comercio o los propios Foros Mundiales del Agua (organizados por el Consejo Mundial del Agua, corporación que defiende los intereses empresariales del sector), se encargan de poner en circulación herramientas que faciliten el desarrollo de la financiación privada en el sector del agua.

Frente a estas políticas, el movimiento social se organiza y plantea alternativas. Delclòs matiza aspectos sobre el concepto del agua como derecho humano, y sobre la gestión pública con participación y control social. Cuestiones todas ellas desbrozadas en el libro a través de varios artículos que componen lo que podría ser una segunda parte. Maude Barlow explica por ejemplo cómo a partir de miles de luchas locales por el derecho básico al agua, se ha fraguado un movimiento global muy organizado y maduro. Un movimiento que ha puesto en jaque a las instituciones globales, ha ayudado a muchos países a reformular sus políticas hídricas, y ha forzado un debate enfrentándose a los “Señores del Agua”. Ejemplo de ello han sido los repetitivos titulares de la prensa sobre este FMA, que centraron toda su atención en si el agua era, o no, un derecho humano fundamental.

Por último, Delclós incide en las propuestas alternativas, en las experiencias exitosas, en las instituciones públicas que trabajan por la universalización de un derecho cuyo único beneficio debe ser social y no económico. En palabras de Philipp Terhorst, extraidas de su texto, no se trata solamente de oponer resistencia a la mercantilización de los servicios del agua, sino de crear un espacio político a la transformación, de trabajar por el carácter público y democrático del agua. Tan importante como esta orientación no comercial es el hecho de que las comunidades locales tengan poder de gestión sobre los asuntos del agua con criterios de equidad social.

De entre los artículos de esta tercera parte, destaca el relato sobre el ejemplar desarrollo de las luchas llevadas a cabo por la Red Africana por el Agua. Ante realidades muy duras, el compromiso debe ser aún mayor. Al-Hasan Adam, coordinador de esta Red, deja bien claro que, se mire por donde se mire, “en todos los niveles de la vida -político, social, económico y cultural-, la privatización del agua es antidemocrática, antisocial y antihumana”. ¿Se puede expresar más claro?

Publicación de ISF Aragón y Catalunya
Título: “Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua”
Coordinador: Jaume Delclòs
Autores: Pedro Arrojo, José Esteban, Vicky Cann, Lluís Basteiro, Ana Gris, Eloi Badia, Maude Barlow, Philippe Terhorst, Jaume Delclòs, Adriana Marquisio, Al-Hassan Adam, Josep Centelles, Oliver Hoedman y Silvano Silvéiro.
Editorial: Icària
PVP: 16 €
Nº de páginas: 253 págs.
Fecha de publicación: Marzo de 2009