El futuro Gobierno y la Constitución
18.11.2019
La vida cotidiana de las clases trabajadoras y de los
pueblos constituye la esencia de las naciones. Sus banderas, que a fin de
cuentas no son más que símbolos, esconden a menudo los intereses de las élites
económicas, que no suelen corresponderse con los del pueblo trabajador, fuente
de su riqueza.
La acción
política, más o menos limitada por las leyes vigentes, se ve forzada a avanzar
por el estrecho sendero que la Constitución de 1978 posibilita. Una
constitución monárquica aprobada por las Cortes Generales españolas hace más de
cuarenta años, producto de la reforma de una dictadura impuesta por el fallido
golpe militar del 18 de julio de 1936, que derivó en la Guerra de España,
preludio de la agresión nazi a los pueblos de Europa.
La destrucción
de la II República española -un sistema democrático que había sido
legítimamente constituido- fue consecuencia de la arrolladora ascensión de los
fascismos en la Europa de los años 30, cuya influencia ideológica entre la
mayoría de la oficialidad del ejército español prendió con fuerza. Hoy,
generales franquistas del ejercito español, retirados o en la reserva, llaman
de nuevo a la lucha ideológica.
La pretendida
neutralidad política de los ejércitos es una peligrosa ficción. Desde la
peculiar estructura de sus servicios secretos se acecha, con más diligencia de
la imaginable, la actuación legítima de los gobernantes. Cuando un Gobierno
progresista intenta llevar a cabo las reformas necesarias para atender las
apremiantes necesidades que la sociedad demanda, corre el riesgo de verse
limitado por la irresistible presión de las bayonetas.
Si el Gobierno
acaba cediendo a las presiones militaristas, en contra de la voluntad
mayoritariamente expresada por el pueblo, aquel pierde su legitimidad y el
apoyo popular que lo sostiene. La Historia nos enseña que, en esas situaciones,
las cúpulas militares, generalmente aliadas de las élites económicas, acaban
rebelándose contra la voluntad democrática libremente expresada, liquidando las
conquistas arrancadas por la clase trabajadora.
Es de suma
importancia, pues, que el próximo Gobierno de España emprenda de inmediato las
reformas necesarias para impedir que los sectores monárquicos, de agresiva
ideología franquista, impongan abusivamente su autoridad en el seno del
ejército, apoyados en una justicia militar anacrónica, que es cualquier cosa
menos justicia. Esta ha de ser transferida sin paliativos a los juzgados y
tribunales civiles, a fin de adecuarla a los tiempos actuales.
Los militares demócratas
somos conscientes de las amenazas que se ciernen sobre el horizonte.
Las noticias
retransmitidas por todas las cadenas de radio y televisión, con motivo de la
exhumación del dictador Francisco Franco, así como el conflicto político entre
Catalunya y el reino de España, prueban la gravedad de la situación.
Desde la Europa
democrática a la que pertenecemos se está siguiendo con estupor la llegada al
Parlamento español de altos mandos militares retirados, abiertamente
franquistas, que enaltecen el golpe militar y su dictadura. Es necesario
ilegalizar toda exaltación del franquismo y su cortejo de horrores. No hay
posibilidad alguna de reconciliación entre los victimarios y sus víctimas,
estos han de pagar por los graves crímenes cometidos, que no pueden ser
amnistiados ni prescriben. Por lo tanto: ni olvido, ni perdón.
Por otro lado,
el cumplimiento de las exigencias que la Comisión Europea impone a España, en
materia de déficit, se traducen en agresiones contra las clases más
desfavorecidas. Siendo inminente una recesión económica, es probable que los
recortes recaigan nuevamente sobre el pueblo trabajador, en vez de recaer sobre
las élites dominantes. Esto es lo que ha venido sucediendo desde el inicio de
la Gran Crisis, que arrasó con derechos políticos y sociales. Por ello, los
legítimos antagonismos entre trabajo y capital, por un lado, y el conflicto
entre las naciones sin Estado y el reino de España, por el otro, anuncian la
preocupante situación a la que nos abocamos.
La Constitución
monárquica es un serio obstáculo para una salida democrática a la crisis de
régimen, que se agudiza rápidamente. Su núcleo fundamental constituye una
imposición brutalmente clasista, simbolizada en la persona de un rey inviolable
que reina al margen de las leyes, erigiéndose en garante del dictado
constitucional. En efecto, los artículos más sociales, recogidos a título de
inventario en el articulado no protegido de la Constitución, entran en
flagrante contradicción con los artículos que sí están protegidos, como son los
que atañen a los privilegios del rey.
Por todo ello,
el Colectivo Anemoi, que me honro en representar, se adhiere a las
reivindicaciones del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP),
completándolas con algunas más específicas del ámbito militar, a saber:
- Derogación de las reformas laborales y de pensiones del 2011 y 2013.
- Derogación de la LOMCE.
- Defensa del actual sistema público de pensiones.
- Anulación de las leyes liberticidas, como la ley mordaza y el artículo 315.3 del Código Penal.
- Libertad para los republicanos catalanes presos y abandono de toda persecución judicial por delito de opinión y manifestación.
- Eliminación de la justicia militar, transfiriendo sus funciones a la justica ordinaria.
- Paralización inmediata del despido de los militares de Tropa y Marinería, pues son también trabajadores de uniforme y han de tener los mismos derechos sociales que los demás funcionarios militares.
Los militares
demócratas, de cualquier escala y cuerpo, somos conscientes de las presiones
que se gestan desde los “cenáculos militares” de alto rango. La aplicación dura
del artículo 155 y la frustración de las expectativas de la mayoría social
progresista, abrirían sin duda una brecha por la que se colaría un franquismo
rampante, que daría paso a una dictadura más o menos encubierta. De darse esa
situación, el conflicto político catalán se enquistaría, derivando
probablemente en un enfrentamiento civil de consecuencias imprevisibles.
La proclamación
de la III República, en el marco de un estado federal o confederal, consensuado
mediante un nuevo proceso constituyente, se percibe como la única alternativa
viable para crear las condiciones políticas necesarias para dar satisfacción a
las apremiantes necesidades sociales, resolviendo de una vez por todas el viejo
conflicto existente entre Catalunya y el reino de España. Conflicto político
espoleado por una ultraderecha franquista peligrosamente militarista. La
amnistía de los presos políticos se plantea, pues, como una exigencia
ineludible.
Instamos a
nuestros socios europeos a que tomen buena nota del conflicto territorial que
nos aflige. Pues, hoy como ayer, la democrácia en Europa está seriamente
amenazada.
Saludamos
esperanzados el acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos para la
formación del futuro Gobierno progresista. Valentía y coraje es lo que de él
esperamos. Unidad y movilización, también, de las organizaciones sociales,
exigiendo sin tregua al Gobierno de España las justas reivindicaciones más arriba
citadas.
Manuel Ruiz
Robles, Capitán de Navío de la Armada, ex UMD, portavoz del colectivo de
militares demócratas Anemoi.
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GARANTIZAR LA SOBERANIA POPULAR
El colectivo de militares Anemoi propugna unas fuerzas
armadas defensoras de la soberanía popular
lahaine.org
26.01.2014
El objetivo final de este colectivo sería “tratar de
neutralizar un intento de utilización de las Fuerzas Armadas contra el legítimo
deseo de cambio de la población”
Miguel Arróniz,
miembro del Consejo Editorial de Rebelión, ha intervenido en primer lugar para
explicar la trayectoria de este colectivo que ha publicado en su web más de 20
artículos a lo largo de este año en los que han lanzado una reflexión sobre la
función de las Fuerzas Armadas. Tras su intervención, Antonio Maira y Manuel
Ruiz, portavoces del colectivo, han leído el manifiesto. Finalmente, han dado
paso a una ronda de preguntas de los numerosos asistentes al acto que han
contestado durante más de una hora.
Ambos
portavoces, militares retirados, han explicado que desde su posición es más
fácil tratar de crear un “estado de opinión” sobre el papel que deben jugar las
Fuerzas Armadas, puesto que “desde dentro la libertad de expresión está muy
restringida y puede haber consecuencias graves para los militares que ejerzan
algún tipo de crítica”. Por ello, el primer paso del colectivo Anemoi consiste
en tratar de acercarse a las organizaciones políticas y movimientos sociales
para empezar a generar un discurso en torno a la importancia de un “ejército
que defienda por encima de todo la soberanía popular y que se deba al pueblo
antes que a cualquier otra institución”, como la monarquía.
Su modelo son
unas Fuerzas Armadas que respondan ante un mando elegido democráticamente, es
decir, propugnan la necesidad de una república. Asimismo, consideran que ante
la situación de grave crisis económica e institucional que está viviendo España
y que “está afectando con gran intensidad a sectores cada vez más extensos de
la población española”, es imprescindible el planteamiento de “un proceso
constituyente”.
Anemoi surge
ante la preocupación por una tendencia mayoritaria, que vienen observando en el
ejército, hacia la ideología de derecha y extrema derecha, fuertemente
nacionalista, machista y xenófoba, que, por ejemplo, “apoyaría la intervención
militar en Cataluña” en el caso de que ésta se declarase independiente.
También, señalan que “el ejército español está al servicio del imperialismo de
la OTAN” y que “sirve a intereses de la industria armamentística mientras
realiza recortes en los sueldos de las tropas”.
El objetivo
final de este colectivo sería “tratar de neutralizar en todo lo posible un
intento de utilización de las Fuerzas Armadas contra el legítimo deseo de
cambio de la mayor parte de la población”.
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