miércoles, 28 de noviembre de 2018

SEGÚN EL DERECHO Y SEGÚN ME DE EL VIENTO, 3 + 2 = 6 (SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA COBRAR) O, PORQUE HAY QUE SER SIEMPRE RIGUROSOS 3 + 2 = 4 (SIEMPRE QUE SEA PARA PAGAR), QUE LO QUE YO LES QUIERO DECIR ES QUE ESCUCHEN MUCHO LA RADIO DE LA IGLESIA QUE NO ES CRISTIANA, SINO CANTÓNICA, APOLIMÓNICA O QUE ME SE YO QUÉ, PARA QUE VEAN LO BIEN QUE SIEMBRAN EL ODIO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

A propósito de las conclusiones de la Fiscalía y Abogacía del Estado en el conflicto catalán







La banalización de los delitos de 
rebelión y sedición


Profesores de Derecho de las Universidades españolas
Viento Sur
22/11/2018 
 

Los abajo firmantes, Profesores de Derecho de las Universidades españolas, una vez presentados, por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía General del Estado, los escritos de Conclusiones Provisionales ante el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, nos vemos obligados a manifestar nuestra opinión jurídica debido a la trascendencia histórica que para la democracia española alcanza el proceso penal que se va a desarrollar.



La Fiscalía estima que ciertas conductas de integrantes de los Mossos de Escuadra, del Parlamento y Gobierno catalán, así como de los líderes sociales de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, dan lugar al delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal. Sin embargo, tal delito exige un alzamiento público y violento. A ese respecto debe señalarse que en nuestra opinión es un error considerar que los hechos acaecidos los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, se integran en el concepto de violencia exigido por el artículo 472 del CP. 



Además, la interpretación que se realiza de la exigencia de violencia se separa de la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido al analizar el delito de rebelión. Pues la STC 198/1987, al justificar constitucionalmente la extensión al delito de rebelión de las excepcionales medidas penales y procesales previstas en el artículo 55.2 de la Constitución para hacer frente a la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas, considera que en la discusión parlamentaria del citado precepto “…se constata una equiparación explícita, en cuanto ataque al sistema democrático y a la sustitución de la forma de Gobierno y de Estado elegida libremente por los ciudadanos, entre terrorismo y rebelión. Es cierto que el art. 55.2 no ha mencionado expresamente a los rebeldes, sino sólo a las bandas armadas o elementos terroristas…”, pero…“por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”. Y concluye: “por ello a tales rebeldes en cuanto integran el concepto de banda armada del art. 55.2 CE, les resulta legítimamente aplicable la suspensión de derechos a la que habilita el precepto constitucional”. 

Tampoco creemos que concurra en este caso el delito de sedición del artículo 544 del CP, debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley, salvo que se interprete que basta con incitar al derecho de manifestación, esto es, al ejercicio de un derecho fundamental. Sin que puedan atribuirse a los imputados aquéllos comportamientos individuales ocurridos con anterioridad, con posterioridad o realizados por otras personas distintas, ya que en Derecho Penal no rige el principio de responsabilidad objetiva sino el subjetivo por los propios hechos.



En cuanto al delito de rebelión del art. 472 CP, la Fiscalía sustenta que, desde el inicio, los procesados, con el objetivo final de lograr la independencia de Cataluña y la secesión del Estado Central, se plantearon el uso de la violencia. Cómo la llevaron a cabo, se pregunta, y responde: por medio de la actuación tumultuaria de miles de ciudadanos, instigados por aquéllos, y la colaboración de los mossos. Para la Fiscalía, por tanto, el peligro reside en incitar a las movilizaciones, esto es, convierte en delito el ejercicio de derechos fundamentales. 



A mayor abundamiento, consideramos que la interpretación que se ha realizado de los tipos de rebelión y sedición abre la puerta a la banalización de unas figuras prácticamente inéditas en democracia y con un pasado de triste recuerdo, razón por la cual el legislador de 1995 las restringió para casos de una materialidad lesiva claramente superior al actual. El resultado de un recurso inadecuado a estas figuras es el que estamos viendo, la petición de penas de muy larga duración, cuya consonancia con el principio de proporcionalidad –que debe guiar toda interpretación jurídica- es altamente cuestionable. Sólo conculcando muy gravemente el principio de legalidad penal puede llegar a afirmarse que los imputados, a la vista de los hechos que se les han atribuido, pudieron realizar este delito, o el de conspiración para la rebelión que requiere un acuerdo conjunto de llevarlo a cabo con esa misma violencia. 


Sin embargo, lo único que hasta ahora ha demostrado la Fiscalía es que, con esa misma finalidad, todas las movilizaciones realizadas sólo pretendían un referéndum a través de medios pacíficos y democráticos. En esa idea pertinaz de configurar la existencia de violencia, la Fiscalía se centra, esencialmente, en los hechos ocurridos los días 20 de septiembre, 1 y 3 de octubre. Es más, llega a decir que el que no se planeara el uso de la violencia desde un inicio, no impide considerar que, tras los acontecimientos de aquellos días, adoptaran la decisión de seguir con la convocatoria, asumiendo el riesgo del ejercicio de actos violentos y otras confrontaciones.

Pues bien, ni los hechos del 20 de septiembre de 2017 ni los del 1 o 3 de octubre de 2017 dan lugar a la violencia exigida por el artículo 472 del CP.



De otra parte, y por cuanto hace al delito de sedición, conviene recordar que se está recurriendo sistemáticamente al mismo (artículo 544) para reprimir y silenciar movimientos ciudadanos que practican, de modo pacífico, el derecho de manifestación, reunión, concentración. 



En conclusión: 

- No puede olvidarse además la cuestión no menor de la falta de competencia de la Audiencia Nacional que inició el proceso viciando de nulidad lo posteriormente actuado.

- Desde una perspectiva estrictamente jurídica (y sin entrar en consideraciones políticas), reclamamos el respeto al principio de legalidad penal y que investiguen todo lo que el Estado de Derecho autoriza y obliga, pero exclusivamente eso, porque sólo dentro de esos márgenes puede haber oportunidad, proporción y Justicia. 

- La primera medida que debería adoptarse es la puesta en libertad de las nueve personas que permanecen en prisión preventiva por delitos inexistentes.



*++

¡ESPAÑA, PAÑA, ÑA!



Palomares: ¿y aquí quién manda realmente?



15.11.2018


Para José Herrera Plaza, que lo explicará mucho mejor

I. Mediados de octubre de 2015 [1]: el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo en España, José Manuel García-Margallo, firmanuna declaración de intenciones por la que se comprometen a alcanzar tan pronto como sea posible un acuerdo para rehabilitar la zona de Palomares, con radiactividad desde hacia entonces más de 49 años, medio siglo prácticamente.

Recordemos que la localidad almeriense fue afectada por el accidente del 17 de enero de 1966, cuando un avión cisterna KC-130 y un bombardero B-52 colisionaron en vuelo, provocando la caída de cuatro bombas termonuclares. De las cuatro bombas -más potentes, más potencialmente destructivas que las arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki- dos fueron recuperadas intactas. Las otras dos liberaron parte de su carga radioactiva (Nadie como José Herrera Plaza ha explicado lo sucedido [2]. También Eduard Rodríguez Farré y otros compañeros estudiaron y escribieron sobre el tema años atrás).

El plan acordado incluía el traslado de las tierras contaminadas a "un emplazamiento adecuado en los Estados Unidos". Kerry aseguró que USA asumía su responsabilidad y cumpliría su papel. Margallo añadió que se trata de "reparar el error que se cometió hace 50 años". Nos lo creímos. ¡Qué ingenuos! Un grave error, otro más... ¡Y era elemental el incumplimiento querido Watson!

La declaración no tenía validez jurídica, pero comprometía a los dos Gobiernos a negociar de manera inmediata "un acuerdo vinculante" en el que se determinaran las funciones y responsabilidades de cada parte. El texto del acuerdo, afirmó entonces Margallo, estaba "muy avanzado". No ofreció detalles del avance ni como se repartiría el coste de la operación (unos 640 millones de euros; 140 corresponden al compactado y empaquetado de la tierra radiactiva y su traslado a Cartagena para embarcarse con destino a Estados Unidos).

Tampoco se informó adecuadamente sobre sus plazos. Se estimaba entonces entre 12 y 24 meses. ¡En dos años todo resuelto! Se insistió en que el objetivo era hacerlo ya, cuanto antes. Para que Palomares volviera a la normalidad que tenía antes de 1966 (Estados Unidos se llevó entonces unos 5.500 bidones de tierra desde el puerto de Cartagena. Pero quedó mucha tierra contaminada. También ¡dos zanjas en las que se enterraron restos de material de limpieza! Sin más, sin ningún miramiento. ¡Ahí queda eso, para “nuestros colonizados”!).
Pero eso sí, la cara oscura de la Luna existía también en este caso: la declaración firmada contenía una serie de salvaguardas “como la posibilidad de revisarla, interrumpir en cualquier momento su ejecución, ajustarse a las respectivas legislaciones o condicionarla a la existencia de los fondos y el personal necesario”.

No obstante, tras una década de negociaciones, nadie dudaba (es decir, se dudaba), se aseguró entonces con voz tronante y satisfecha, de la voluntad usamericana de llevar a cabo el acuerdo. Pero de hecho ya entonces algo olía mal: los 50.000 metros cúbicos de tierra afectada, se redujeron, tres meses antes de la firma, a 28.000, el 56%.

II. Tres años después [3]: la administración de Donald Trump no está dispuesta a llevarse la tierra contaminada por el accidente nuclear que ahora hace 52 años sufrió la pedanía de Palomares.

Lo ha reconocido el Gobierno Sánchez en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado de Ciudadanos Diego Clemente. Se ha revelado que la Administración usamericana “ha dado a entender que no se considera vinculada” por el acuerdo al que el Gobierno español llegó con la Administración Obama. Más aún que “no tiene intención de iniciar conversaciones bilaterales” con este fin. El acuerdo alcanzado en octubre de 2015 entre José Manuel García-Margallo y John Kerry ha quedado en papel mojado. En nada, en nada de nada.

Recordemos las circunstancias políticas de este período: la convocatoria de elecciones generales en España para el 20 de diciembre de 2015 y el largo periodo de Gobierno en funciones paralizaron la negociación. Cuando se tuvo finalmente Gobierno en España en noviembre de 2016, EE UU celebró sus propios comicios presidenciales. Donald Trump fue elegido presidente.

En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado de Exteriores, Ildefonso Castro, viajó a Washington y planteó a su homólogo, John J. Sullivan, los asuntos pendientes (incluida la limpieza de Palomares). Su interlocutor tomó nota.

Meses después, la respuesta del Departamento de Estado fue diáfana: la Administración USA no se sentía vinculada por los compromisos políticos de la anterior.

El acuerdo, ha aclarado el Gobierno en su respuesta, “sigue en vigor para España”. Pero se ha guardado en un cajón hasta que “se den las circunstancias adecuadas y existan visos serios de poder concluir con éxito esa negociación pendiente”. Es decir, hasta tiempos mejores que pueden no venir nunca.

El Gobierno ha reconocido, además, que la tierra contaminada en Palomares “representa una amenaza para la seguridad de la zona y un impedimento a la hora de lograr su desarrollo económico y de impulsar el turismo” [4]. No ha sido frecuente ese reconocimiento, ni en tiempos de gobiernos socialistas.

La Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre el recurso planteado por Ecologistas en Acción -¡bien, muy bien!- para que se ponga fecha a la ejecución del plan de limpieza de Palomares. Pero según la Abogacía del Estado, España no puede ejecutar dicho plan sin el apoyo de EE UU: carece de instalaciones "para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio".

Viene a cuento recordar ahora el poema de Erich Fried, “En la capital” [5].
“¿Quién manda aquí?”
Pregunté.
Me dijeron:
“El pueblo naturalmente”.
Dije yo:
“Naturalmente el pueblo
pero, ¿quién
manda realmente?”.
En Palomares no manda realmente el pueblo. Ni siquiera la Junta de Andalucía o el gobierno español. Suena a antiguo, pero es el Imperio quien decide en última instancia: como quiere y cuando quiere. Y sin rechistar.

Así, pues, Palomares seguirá teniendo tierras radiactivas. ¿Vamos a seguir permitiéndolo? ¿De qué soberanía hablamos cuando hablamos de soberanía? Y aquella guerra mal llamada fría tuvo episodios muy calientes. Seguimos arrastrando sus consecuencias.

Notas:

1) Miguel González, “España y EE UU firman un acuerdo para la limpieza de Palomares”. https://elpais.com/politica/2015/10/19/actualidad/1445239084_543164.html

2) José Herrera Plaza, Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias, 1966-2016, Almería, 2016.

3) Mis fuentes: Angel Munárriz, “Palomares se aleja de un futuro sin plutonio: de la prometida limpieza al traslado secreto de más residuos”. https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/06/palomares_aleja_futuro_sin_plutonio_prometida_limpieza_traslado_secreto_mas_residuos_88491_1012.html; Miguel González, “Trump se niega a retirar la basura nuclear de Palomares”. https://elpais.com/politica/2018/11/07/actualidad/1541616530_406692.html

4) Recordemos que volvió a hablarse del caso de Palomares después de que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) reconociera que, en mayo de 2016, devolvió a Palomares 1,5 toneladas de muestras de tierras y sedimientos contaminados que habían sido recogidas en diferentes sondeos para realizar estudios. No se informó a nadie. También José Herrera Plaza informó de lo sucedido.

5) Eric Fried, Cien poemas apátridas, Barcelona, Anagrama, 1977.

*++

¿Y ME DICE USTED QUE ESTÁN AFEITANDO A MI VECINO?



Francia. Movilización de los chalecos amarillos

Lo que está en juego en esta movilización popular

Rebelión
Viento Sur
17.11.2018


https://vientosur.info/local/cache-vignettes/L300xH168/arton14395-fcd01.jpg?1543141318
Desde hace casi un mes se desarrolla en Francia un movimiento que no tiene precedentes. El 17 de noviembre, a lo largo y ancho de Francia se produjeron no menos de 2500 bloqueos de carreteras y de peajes de autopistas, en una movilización que aglutinó a 300.000 chalecos amarillos (porque los manifestantes se colocan el chaleco amarillo obligatorio en los vehículos). Durante toda la semana posterior se han seguido manteniendo numerosos bloqueos en ciudades de tamaño medio. Y el sábado 24, de nuevo, se han desarrollado multitud de acciones en las que han participado más de 100.000 personas, de las cuales 8.000 a Paris en los Campos Elíseos, provocando más de 1.600 bloqueos.

Este movimiento nació al margen de los partidos y los sindicatos. Se construyó a partir de las redes sociales en base al rechazo al anuncio gubernamental de incrementar a partir del 1 de enero de 2019 el impuesto de los carburantes a través del TICPE (siglas en francés del impuesto interior por el consumo de productos energéticos). Un incremento de 6,5 céntimos por litro de gasóleo y de 2,9 céntimos por el sin plomo de 95 oct. Ya en 2018 el impuesto sobre el gasóleo se incrementó en 7,6 céntimos. Sobre el litro de gasóleo a 1,45 €, el Estado se apropia aproximadamente de un 60% a través de impuestos; es decir, 85,4 céntimos. El gobierno también prevé incrementos de 6,5 céntimos para los años 2020 y 2021. Se trata del tercer mayor impuesto de Europa sobre el gasóleo tras el Reino Unido e Italia.

Ahora bien, a diferencia de la mayoría del resto de países europeos, en Francia el consumo del gasóleo es mayoritario: representa el 80% del consumo de carburante. Y hay que tener en cuenta que el precio del gasóleo ha aumentado un 23% el último año.

El llamamiento contra este incremento del impuesto, del que se hizo eco un artículo del principal diario popular del país, Le Parisien, logró el apoyo de centenas de miles de personas a mediados de octubre. Cifra que alcanzó el millón a primeros de noviembre. A partir de ahí, se pusieron en pie numerosos grupos Facebook en todo el país y los vídeos contra la incremento de este impuesto fueron visionados por millones de veces a través de internet (entre ellos había uno lanzado por un grupo de extrema-derecha: Début la France). Después, un chofer de lanzó el llamamiento para bloquear la circunvalación parisina el 17 de noviembre. Fecha a la que se sumaron miles de iniciativas locales para bloquear las rutas y las rotondas y que se iban agregando en un mapa interactivo puesto en pie por dos internautas chalecos amarillos. Finalmente, los grandes medias (a la cabeza de ellos la cadena BFM TV) se hicieron eco del fenómeno, dándole una mayor dimensión.

Así pues, a partir de la simple firma de un manifiesto, el movimiento se extendió como la pólvora.

¿Qué tipo de movimiento?

Este movimiento choca directamente con el gobierno, pero también con ¡los responsables sindicales y políticos! Ha sido sorprendente el contraste entre la extensión del movimiento entre las clases populares, la enorme simpatía que ha suscitado, sobre todo en las empresas, el apoyo masivo entre la población (70% de apoyo en vísperas del 17 de noviembre) y la caricatura a la que se le ha sometido en muchos ámbitos de la izquierda, criticando, sin ningún rigor, que detrás del mismo estaba la patronal del transporte por carretera y la extrema-derecha. Ahora bien, el conjunto de las organizaciones patronales condenó los bloqueos y exigió al gobierno acabar con los mismos; encuanto a la extrema-derecha, es cierto que Nicolas Dupont Aignan, dirigente del pequeño partido Debout la France, se viene desgañitando desde mediados de octubre con un chaleco amarilloante los media. Asimismo, Rassemblement National (antiguo FN, con Marine Le Pen a la cabeza) le dio su apoyo, aunque desmarcándose de los bloqueos de carreteras… Ahora bien, la mayoría de organizadores de chalecos amarillos han marcado distancias con este embarazoso apoyo.

Por su parte, Les Republicans (derecha tradicional) y el Partido socialista, expresaron con discreción su simpatía con el movimiento. En sentido contrario, si bien responsables de la France Insoumise como J.L. Melenchon o François Rufifin, así como Olivier Besancenot (NPA) expresaron su apoyo al movimiento, todas las grandes organizaciones sindicales (no solo la CFDT, sino también la CGT y Solidaires) rechazaron apoyar las manifestaciones, haciendo hincapié en la manipulación de la extrema derecha y la patronal del transporte por carretera.

En realidad, los chalecos amarillos son la expresión de un movimiento profundo de las clases populares. En Francia, todos los días, son 17 millones las personas que van a trabajar fuera de sus municipio de residencia; es decir, 2/3 de las personas activas; y un 80% de ellas utiliza su medio de transporte personal. Así pues, la preocupación por el precio del carburante es muy grande entre las capas populares: tanto en la región parisina (donde solo el 50% de las personas asalariadas utiliza el transporte público para ir al trabajo) y en el resto de regiones.

Por tanto, la cuestión del impuesto anunciado afecta ¡a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras! La gente asalariada, y sobre todo sus familias, se ven obligadas a vivir cada vez más lejos de los centros urbanos; la precariedad acentúa este alejamiento del lugar del trabajo. En la región parisina, el 50% que se ve obligado a utilizar el vehículo para ir a trabajar se corresponde a menudo con la gente que habita en la periferia o trabaja en horas intempestivas.

El coste del transporte en coche, y sobre todo el diesel, ha explotados estos últimos años en un contexto en el que el índice de inflación oficial se ha utilizado como pretexto para no incrementar los salarios.

Los chalecos amarillos polarizan una exasperación popular en relación al poder de compra, los salarios y las pensiones, con un carácter de clase evidente.

Ahora bien, esta exasperación también cataliza una cólera difusa debida al descrédito del gobierno, a la acumulación de los ataques contra el poder de compra, las pensiones… y a los múltiples regalos concedidos a los ricos, a los capitalistas. También el descrédito de los partidos políticos que habiendo dirigido el país en alternancia son los responsables de la actual situación social.

Gracias a las reformas fiscales del gobierno, a la supresión del ISF (impuesto sobre las fortunas), la reducción del impuesto sobre las rentas del capital, el 1% de los más ricos verán incrementar sus fortunas en un 6% en 2019, y el 0,4% de los más ricos incrementarán su poder de compra en 28.300€. Al mismo tiempo, el 20% de los menos ricos, con las reforma de los subsidios para vivienda y la reducción de las pensiones, verán reducirse sus ingresos sin ver incrementadas las prestaciones sociales al mismo tiempo que los precios siguen incrementándose.

Impopularidad y crisis de gobierno

Una gran parte de la población ve a Macron como el presidente de los ricos, de los muy ricos. El incremento del impuesto sobre los carburantes, que golpea sobre todo a la gente con salarios más bajos, tras los regalos que ha hecho a los más ricos, ha sido la gota de agua que ha desbordado el vaso.

Además, debido a su política de clase y al descrédito que acumula, el gobierno Macron atraviesa una situación de crisis acelerada desde el verano. El affaireBenalla fue el escándalo del verano. Alexandre Benalla, miembro de la seguridad personal de Macron, reconocido como culpable de agredir a manifestantes el 1 de mayo, emergió como la expresión de una prácticas presidencial basada en utilizar los servicios del Estado para sus necesidades personales a cambio de dar manga ancha a sus colaboradores. Mutas mutandis, lo que le ocurrió a Fillon en víspera de las elecciones presidenciales.

A este escándalo le siguió la dimisión de Nicolas Hulot, la cara ecologista de Macron, tras múltiples renuncias a sus compromisos en el ámbito de la transición energética. Dimisión a la que siguió la de Collomb, ministro del Interior y uno de los primeros en apoyar al nuevo presidente, que dimitió a principios de otoño. Estas sucesivas crisis internas dan testimonio del desgaste acelerado de este gobierno y de la debilidad de su base política y social.

Todas las encuestas sitúan la popularidad de Macron por debajo de la de François Hollande en el mismo momento de su mandato.

Las reivindicaciones de los chalecos amarillos

En todos los mensajes de los chalecos amarillos a través de las redes sociales y en los bloqueos, la exigencia de la retirada del nuevo impuesto sobre los carburantes se mezcla, más allá del cabreo por la carestía de la vida, la exigencia del restablecimiento del impuesto sobre las fortunas… y, a menudo, pura y simplemente la exigencia de que Macron dimita.

Con el objetivo de ganar apoyo popular, a la hora de justificar el nuevo impuesto sobre carburantes, el gobierno utiliza el argumento de la necesidad de combatir el cambio climático y luchar contras la emisión de gases de efecto invernadero y de partículas finas. El portavoz del gobierno, Benjamin Grivaux, pensaba obtener el apoyo de la izquierda ecologista denunciando a "quienes fuman tabaco y circulan con diesel". Pero incluso en el campo electoral ecologista, el incremento del impuesto no tuvo una acogida favorable y la perorata despectiva del gobierno no dio en el blanco.

La razón fundamental de ello es que toda la política de este gobierno (como la de los precedentes) da la espalda a los urgentes imperativos ecológicos: impulsando el uso indiscriminado del vehículo y el diesel, no hace nada para desarrollar el transporte colectivo, tanto en las zonas rurales como en las grandes ciudades. Más teniendo en cuenta, como hemos indicado más arriba, que las clases trabajadoras ven cada vez más distanciados los centros de trabajo de su lugar de residencia.

El hacer pagar el plato fundamentalmente a sectores de la población que no tienen opción de cambiar su modo para desplazarse… ¡ni cambiar de vehículo!, resulta de una arrogancia gubernamental insoportable.

En la contrarreforma ferroviaria puesta en pie por el gobierno se prevé suprimir más de 11000 Km. de vía férrea en tanto que el transporte de mercancías ha sido sacrificado en beneficio del transporte por carretera. En paralelo se exonera a Total (compañía petrolera) de toda contribución fiscal y se le da carta blanca para continuar con las exploraciones para extracción de petróleo.

Además, el debate sobre la ley financiera para 2019 ha puesto al descubierto que más de 500 millones del impuesto sobre carburantes van a ser utilizados no para la transición ecológica, sino a absorber el déficit presupuestario de 2019 y compensar así la recaudación menos por la supresión del impuesto sobre la fortuna.

Durante semanas, el gobierno y los media se han empeñado en intentar desacreditar el movimiento presentándolo como el de "la Francia periférica", de los "territorios olvidados", de una revuelta de gente inculta y sin conciencia del cambio climático (ver análisis de Gerar Noiriel 1/ ).

¿Y el movimiento obrero organizado?

El movimiento obrero y sus organizaciones no están a la cabeza de este movimiento de chalecos amarillos. Esto expresa tanto su pérdida de influencia en muchas regiones y como entre colectivos laborales. Es también, como señalan responsables de ATTAC y de la Fundación Copernic en la trtibuna publicada en Le Monde 2/ el resultado de las derrotas acumuladas por los movimientos sociales estos últimos años.

La voluntad de realizar los bloqueos, de impulsar acciones directas tiene su origen en el rechazo a las formas tradicionales de manifestación, si bien se enmarca en las acciones de bloque impulsadas por los sectores sociales combativos

Además, la política practicada por las direcciones sindicales, la debilidad del recambio de ese movimiento popular plantean un problema. Esta política ha tomado como pretexto las maniobras de la extrema derecha o la voluntad "apoliticista" de los chalecos amarillos. Pero como dicen los responsables de ATTAC y Copernic en la citada tribuna, "No se podrá combatir estar desconfianza o su instrumentalización por la extrema derecha, ni el riesgo del anti-fiscalidad, practicando la política de la silla vacía o culpabilizando a las y los manifestantes. Por el contrario, se trata más bien dotarse de los medios para pesar en seno y ganar la batalla cultural y política en el seno de ese movimiento contra la patronal y la extrema derecha que quieren fagocitarlo".

Muchas estructuras y militantes sindicales no han dudado en prestar su apoyo y llamar a participar en las acciones de los chalecos amarillos: por ejemplo, la CGT de la Metalurgia, Sud-Industria, FO-Transporte y numerosos llamamientos unitarios en diversos departamentos que han puesto por delante una plataforma reivindicativa de incrementos salariales, contra los impuestos indirectos que perjudican a las clases populares y por una reforma fiscal progresiva sobre los salarios.

A menudo, estos llamamientos rechazaban de forma clara los impuestos sobre los carburantes poniendo por delante la necesidad de una verdadera política ecológica que afecte a compañía petrolífera Total, que impulse el transporte colectivo y el transporte de mercancías por carretera.

En las redes militantes, e incluso en la prensa, todos los informes dan testimonio de la base popular de este movimiento, compuesto fundamentalmente de gente asalariada y pensionistas, al lado de autónomos o pequeños empresarios, toda esa gente que sobrevive con salarios bajos en plena ofensiva gubernamental. Los militantes del NPA que han participado en los bloqueos o han distribuidos hojas en los mismos, informan de la buena acogida de los mismos y, sobre todo, de la sintonía en torno a las exigencias de restablecimiento del impuesto sobre las fortunas y el fin de los regalos fiscales a los más ricos.

Los retos del movimiento

Por tanto, más allá de cómo continúe el movimiento existen retos importantes para este movimiento. Uno de ellos, sin que conlleve su control, lograr que se estructure democráticamente y converja con las organizaciones del movimiento obrero dispuestas a desarrollar un combate común de confrontación general con el poder.

El gobierno desea que los chalecos amarillos no sean más que un paréntesis perturbador antes de volver a una vida política y social normal. Tras el 17 de noviembre, todos los media insistieron hasta saciar sobre los enfrentamientos habidos en los bloqueo, la gente herida que resultó herida y la muerte de una chaleco amarillo, atropellada por una automovilista. Insistían también sobre los inaceptables pero muy marginales actos racistas y homófobos que se daban con el fin de desacreditar al conjunto del movimiento. Aún si es más prudente que con las manifestaciones del movimiento social, estos últimos días el poder ha reprimido con dureza los bloqueos y sobre todo la manifestación de los Campos Elíseos de este sábado. Poco habituados a manifestaciones de calle y aún menos a los enfrentamientos, sectores amplios de chalecos amarillos se han visto impresionados por la violencia utilizada, sin que ello ponga en cuestión la voluntad de realizar nuevos bloqueos. El poder espera que las imágenes de los enfrentamientos y el acercamiento de las fiestas de fin de año llevarán a la extinción del movimiento.

Por ello, Si el movimiento obrero se sitúa en la misma lógica, la responsabilidad sería grande. Aún cuando sea marginal, la extrema derecha está en la emboscada de cara a este movimiento y espera que no surja ninguna perspectiva anticapitalista para el futuro del mismo. El movimiento de las Horcas (Forconi) en Italia en 2013, que tuvo ciertas similitudes con el de los chalecos amarillos tiene que alertarnos

Así pues, este movimiento se encuentra ante retos importantes sea cual sea su continuidad. Uno, sin que lo encorsete, lograr que se estructure democráticamente y converja con las organizaciones del movimiento obrero dispuestas a desarrollar un combate común para hacer frente al poder. El gobierno espera que los chalecos amarillos no sean más que un paréntesis perturbador antes de volver a una vida política y social normal. Si el movimiento obrero se sitúa en la misma lógica, la responsabilidad sería grande. Aún cuando sea marginal, la extrema derecha está en la emboscada de cara a este movimiento y espera que no surja ninguna perspectiva anticapitalista para el futuro del mismo. El movimiento de las Horcas (Forconi) en Italia en 2013 3/ , que tuvo ciertas similitudes con el de los chalecos amarillos tiene que alertar a quienes (sobre todo los anticapitalistas) quieren que la ira popular, la exasperación social, no solo se vuelva contra este gobierno de ricos sino que abara la vía a una ofensiva anticapitalista que abra la vía a la emancipación.

León Cremieux , sindicalista y militante del NPA
Traduccción: viento sur





*++