martes, 15 de mayo de 2012

PUBLICADO EN CRONICA DE ARAGON


 NENES, CON EL CUENTO A OTRA PARTE
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 Con respecto a las “privatizaciones” (que más bien podrían ser calificadas de “estrangulamiento de ingresos presentes y futuros para el Estado”), tanto el PSOE como el PP han venido realizando la misma política de descapitalización del Estado, sin bien es verdad que con alguna diferencia de matiz, pero con el mismo resultado, a la vez que hacían perder autonomía y fomentaban la dependencia con respecto de los grandes grupos financieros (bancos y grandes empresas), a cuyos bolsillos van a parar los ingresos que antes de las respectivas expropiaciones ingresaban en las arcas del Estado y que éste utilizaba para financiar determinados servicios públicos en beneficio de toda la sociedad. Tras la muerte oficial del Régimen de Franco, cuyos Principios Fundamentales juró solemnemente Su Majestad Don Juan Carlos I, Rey de España, siendo príncipe, las primeras privatizaciones llegan de la mano del PSOE, siendo Presidente del gobierno Felipe González, y lo hace con 800 empresas que previamente le había expropiado al grupo RUMASA, y que acaban en manos del capital privado a un precio inferior al de mercado. Posteriormente, mediante la “privatización” se empieza a desmantelar el Instituto Nacional de Industria (INI) que tuvo una importancia vital en todo el desarrollo industrial del momento, para continuar con la privatización de SEAT y ENASA por razones técnicas de competencia con respecto de la industrial privada de ese sector. Se calcula que estas privatizaciones, incluidas las OPV, a través de las cuales se privatiza ENDESA, y hasta 1994, tuvieron un costo para las arcas del Estado de 76.000 millones de pesetas. A partir de 1984 se inicia un periodo de privatizaciones, tanto en el tipo de empresas que se privatizaron, como en la forma de llevarlo a cabo. Son grandes empresas con beneficios, y que por tanto le producen ingresos al Estado. Para privatizarlas se incentiva la inversión en bolsa de los pequeños ahorradores, a los que se utiliza como instrumento político para crear al sensación de la “socialización” de la Bolsa, lo que no deja de ser paradójico, pues las acciones de las empresas que compra en Bolsa el pequeño ahorrador eran sus propias empresas, puesto que eran de titularidad pública. Esta maniobra político–financiera realizada por el gobierno del momento (PSOE) no puede ser más sibilina. Por una parte, lo que era del Estado lo “vende” a través de la Bolsa a sus auténticos dueños, los pequeños ahorradores, los que con sus dineros realizan ingresos al Estado para obtener unos bienes que ya eran suyos antes de salir a Bolsa, pero a la vez, estos pequeños ahorradores al no alcanzar el mínimo necesario para poder estar en los órganos de dirección de las empresas privatizadas, hacen que estos órganos queden en manos de los grandes capitalistas, que sí reúnen el mínimo del porcentaje exigido para formar parte de los órganos de dirección, y pueden operar como si realmente las empresas fueran de su exclusiva propiedad. Hasta junio de 1996 se realizaron 16 OPV de empresas públicas que supusieron para el Estado aproximadamente 2,2 billones de pesetas (2.200.000.000.000). Sin una aclaración previa podría parecer que tan enorme cantidad de dinero recibida como ingreso por parte del Estado procedente de las privatizaciones podría haber supuesto un considerable beneficio social, al poder haber invertido el Estado esos ingresos en servicios sociales o en fomentar el tejidos industrial en la pequeña y mediana empresa, pero esa liquidez del Estado en el momento de las privatizaciones están destinadas a financiar grandes obras: AVE, Expo 92 en Sevilla; Olimpiada de Barcelona, etc. Con el dinero de las privatizaciones el Estado obtiene liquidez para pagar a las empresas que se adjudican esas grandes obras, que a su vez son las empresas que se han quedado en la práctica con las empresas privatizadas y que a su vez son las mismas empresas que le prestan dinero al Estado para realizar las obras que ellas tienen adjudicadas, siendo el resumen de todo ello, que el Estado así mismo se cierra las fuentes de ingresos propios para dárselos a otras empresas privadas a las que le facilita las adjudicaciones, con las que se endeuda y en cuyas manos queda por no disponer de suficientes ingresos propios.

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