viernes, 7 de febrero de 2025
¿Por qué Muface?
Un gobierno que se
autodefine como "progresista" está facilitando la privatización
encubierta de la sanidad pública. ¿Debe el Estado seguir financiando
aseguradoras privadas con dinero público mientras la sanidad pública se
encuentra en crisis? Un gobierno que se autodefine como
"progresista" está facilitando la privatización encubierta de la
sanidad pública. ¿Debe el Estado seguir financiando aseguradoras privadas con
dinero público mientras la sanidad pública se encuentra en crisis?
¿Por qué Muface?
El Viejo Topo
7 febrero, 2025
MUFACE: ¡QUE DURO CON LAS ESPIGAS, QUE BLANDO CON LAS ESPUELAS!
La Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) nació en 1975 en un
contexto de cambio político y social en España. Su creación respondía a la
necesidad de unificar las múltiples mutualidades que hasta entonces habían
prestado asistencia a los funcionarios públicos, consolidando así un sistema
más estructurado y homogéneo. Sin embargo, el concepto de sociedades de ayuda
mutua no era una novedad, ya que desde tiempos inmemoriales han existido
mecanismos de solidaridad entre trabajadores. En la Alta Edad Media ya se
encuentran referencias a formas primitivas de mutualidad, mientras que en el
siglo XVI surgieron las hermandades de socorro, que en el siglo XVIII dieron
paso a los montepíos.
Bajo el reinado
de Carlos III, el Estado asumió un papel más activo en la tutela de estos
montepíos, estableciendo bases más institucionalizadas para la asistencia de
los funcionarios públicos. Con el paso del tiempo, la proliferación y
fragmentación de estos organismos llevó a la necesidad de unificar criterios y
establecer un marco común de protección, lo que desembocó en la creación de
MUFACE. Desde su origen, esta mutualidad se diseñó como un sistema obligatorio
para los funcionarios del Estado, proporcionando cobertura sanitaria y otras
prestaciones específicas.
Un Modelo Sanitario Singular
A diferencia de
la mayoría de los ciudadanos, que dependen exclusivamente del Sistema Nacional
de Salud (SNS), los funcionarios adscritos a MUFACE pueden elegir entre recibir
atención sanitaria a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras
privadas como ASISA, ADESLAS, DKV y MAPFRE. En teoría, este modelo ofrece
libertad de elección, pero en la práctica, numerosos estudios han evidenciado
que las aseguradoras privadas adoptan estrategias para eludir la cobertura de
tratamientos costosos, derivando a los pacientes con patologías graves a la sanidad
pública.
La cuestión de
las primas y los convenios con estas aseguradoras ha centrado el debate
mediático en los últimos años, pero el problema estructural va más allá. La Ley
General de Sanidad, aprobada hace casi cuatro décadas, estipulaba que MUFACE
debía integrarse progresivamente en el Sistema Nacional de Salud; sin embargo,
este proceso nunca se llevó a cabo. En su lugar, se ha perpetuado un modelo
excepcional que, de facto, canaliza fondos públicos hacia el sector privado,
consolidando así una dependencia estructural de las aseguradoras.
La Dimensión Política de MUFACE
En la
actualidad, MUFACE no depende del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio de
Función Pública, dirigido por Óscar López. Esta decisión política ha sido
interpretada como un intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de
restar competencias al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y de
adjudicarlas a un ministro afín. Óscar López, un político cuya trayectoria ha
estado marcada por su cercanía al liderazgo de Sánchez, encarna un perfil que
muchos críticos consideran emblemático de una forma de hacer política basada
más en la lealtad partidista que en la experiencia en gestión pública.
López ha
defendido el acuerdo alcanzado con las aseguradoras privadas argumentando que
el Gobierno ha realizado un «esfuerzo sin precedentes, con responsabilidad y
transparencia». No obstante, la negociación ha sido objeto de controversia, ya
que el Gobierno ha cedido repetidamente ante las exigencias de las compañías
aseguradoras. Inicialmente, el Ejecutivo ofreció un aumento del 14% en las
primas, cifra que posteriormente se elevó al 17,4%, luego al 33,5% y,
finalmente, al 41,2% es decir serán 4.808,5 millones de euros en tres años, con
una prima escalonada por edades.
El resultado de
esta negociación ha sido ampliamente criticado por consolidar un modelo que
favorece los intereses privados sobre el fortalecimiento del sistema sanitario
público. Mientras la sanidad pública sufre recortes y falta de recursos, el
Gobierno ha garantizado una financiación sustancial a aseguradoras que no
rinden cuentas sobre el uso de estos fondos.
El Impacto en la Sanidad Pública y las Aseguradoras Privadas
La paradoja de
este sistema radica en que un gobierno que se autodefine como «progresista»
está facilitando la privatización encubierta de la sanidad pública. La
transferencia de fondos públicos a aseguradoras privadas implica que estas
compañías maximizan sus beneficios mediante la selección de riesgos: aceptan a
los pacientes más rentables y derivan los casos costosos al sistema público.
Esta estrategia ha sido documentada por diversos estudios, como los realizados
por la Universidad de Las Palmas, que evidencian cómo las aseguradoras evitan
cubrir determinados tratamientos para no comprometer su rentabilidad.
Este modelo no
solo perpetúa desigualdades en el acceso a la sanidad, sino que también agrava
la crisis estructural del SNS. Mientras las aseguradoras reciben financiación
pública sin exigencias claras de transparencia, la sanidad pública debe
afrontar el aumento de pacientes con menos recursos disponibles. La falta de
rendición de cuentas y control sobre el destino de estos fondos es una de las
críticas más recurrentes hacia el Gobierno.
Un Conflicto Político No Resuelto
El desacuerdo
en torno a MUFACE ha generado fisuras dentro del propio Gobierno. La ministra
de Sanidad, Mónica García, ha calificado la subida de las primas como una «mala
noticia», subrayando la necesidad de avanzar hacia un modelo universal y
público para todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios. Su postura ha
chocado frontalmente con la de Óscar López, quien ha defendido la continuidad
del modelo actual, evidenciando así las tensiones dentro del Ejecutivo. Por
otro lado, la reacción de la oposición ha sido predecible. Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la Comunidad de Madrid, no tardó en aprovechar la controversia para
posicionarse como defensora de los funcionarios y sus derechos adquiridos, en
un discurso que remite a la retórica clásica de la derecha en defensa de las
libertades individuales frente a la intervención estatal.
En definitiva,
la resolución del conflicto en torno a MUFACE ha sido más un aplazamiento que
una solución definitiva. Aunque el modelo sigue siendo considerado «a
extinguir», su permanencia en el tiempo demuestra la dificultad de cambiar
estructuras profundamente arraigadas. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue
enfrentando críticas por su falta de determinación a la hora de transformar un
sistema que, en teoría, debería haber sido absorbido por la sanidad pública
hace décadas.
Reflexión Final
La historia de
MUFACE refleja un problema más amplio en la gestión de lo público en España: la
progresiva privatización de servicios esenciales bajo el argumento de la
colaboración público-privada. Este modelo, lejos de ser una solución, ha
mostrado sus limitaciones y contradicciones. La sanidad pública continúa
debilitándose mientras los recursos públicos se destinan a compañías privadas
sin mecanismos adecuados de control y fiscalización.
El futuro de
MUFACE sigue siendo incierto. La ausencia de una voluntad política firme para
su integración en el Sistema Nacional de Salud perpetúa un modelo que, lejos de
garantizar la equidad y la sostenibilidad, beneficia a las grandes
corporaciones en detrimento del interés general. La pregunta clave sigue sin
respuesta: ¿Debe el Estado seguir financiando aseguradoras privadas con dinero
público mientras la sanidad pública se encuentra en crisis? Hasta que esta
cuestión no se aborde con seriedad y determinación, la sanidad en España
continuará atrapada en una dinámica donde los intereses económicos priman sobre
el derecho universal a la salud.
Por un movimiento antiimperialista para enfrentar los aranceles y las deportaciones de Trump
Por un movimiento
antiimperialista para enfrentar los aranceles y las deportaciones de Trump
Por Bárbara Funes / Mariana Morales
Rebelion
07/02/2025
Fuentes: La
izquierda diario
Con el anuncio del 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas y
canadienses a EEUU y del 10% a productos chinos, que Trump suspendió
temporalmente en relación a México, inicia un capítulo de confrontación
comercial y se profundiza la incertidumbre.
Al tratarse de
países con múltiples vasos comunicantes, en especial entre los de América del
Norte, no sólo están en riesgo los enormes flujos comerciales, sino también las
condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora y los sectores
populares de estos países , con repercusiones para América Latina y de alcance
global, lo que afectará la economía mundial. Ante este escenario, y en
particular ante la ofensiva antimigrante, las y los trabajadores debemos
impulsar un potente movimiento antiimperialista e internacionalista.
La crisis de la
globalización y del agotamiento de la hegemonía neoliberal muestra una de sus
facetas en las medidas proteccionistas y en las declaraciones expansionistas de
Donald Trump y en las tensiones entre México y Estados Unidos. Trump respaldado
en Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de
Emergencias Nacionales (NEA) -usadas en por EEUU durante la llamada guerra
fría-, declaró el incremento de aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas
y canadienses, el 10% a las exportaciones de petróleo y gas de Canadá y el 10%
para productos chinos. El plan era que entraran en vigencia a partir de este
martes 4 de febrero, pero en el caso de México se suspenden por un mes, porque
tras la presión in extremis de Trump y una llamada entre la presidenta
Sheinbaum y el mandatario estadounidense, ella acordó enviar 10 mil integrantes
de la Guardia Nacional a la frontera norte.
El presidente
de EEUU, usando como excusa el tráfico y la venta ilícita de drogas como el
fentanilo, lo cual es parte de una verdadera demonización xenófoba de México,
ordenó el establecimiento de los aranceles como parte de su orientación
proteccionista y como una medida para imponer su política antimigratoria,
antiderechos y su expansionismo militar, en el marco del debilitamiento de la
hegemonía estadounidense.
La promesa de
regresar fábricas al territorio de la Unión Americana fue una de las promesas
que cosechó votos para Trump en sectores de la multiétnica clase trabajadora al
norte del río Bravo. Esta fue una promesa que el presidente estadounidense
realizó durante su primer mandato y no cumplió y que ahora espera imponer con
“soluciones de fuerza” con el incremento de aranceles, lo cual tendrá como
repercusión inmediata el aumento de inflación lo que golpeará a millones de
trabajadores y sus familias a ambos lados de la frontera e impactará en el
comercio bilateral afectando toda la economía.
Ahora, en
tiempos de la pospandemia cuando ya se comprobaron los efectos negativos de
cortar las cadenas de suministro entre países, la posible aplicación de
aranceles contra México puede repercutir negativamente en esta economía, que
exporta alrededor de 80% de sus productos manufacturados a Estados Unidos y
cuya estructura económica se configuró para ser una gigantesca maquila
ensambladora de piezas, que en parte llegan desde el norte del río Bravo.
De las amenazas a las órdenes ejecutivas
Sin embargo,
agricultores, fabricantes de productos químicos y de semiconductores, la
industria automotriz, entre otros sectores de la economía estadounidense,
necesitan exportar sus productos a México, que es el mayor socio comercial de
Estados Unidos en la actualidad. De acuerdo con The New York Times,
“automóviles, productos electrónicos y mezclillas se trasladan de un lado a
otro entre Estados Unidos, México y Canadá a medida que pasan de ser materias
primas a piezas y luego productos finales. Por eso, economistas de S&P
Global sostienen que “más del 18% de las importaciones que llegan a Estados
Unidos desde Canadá y México se crearon en Estados Unidos antes de enviarse a
esos países”.
¿Es posible un
deja vu? En 2018, Trump había aplicado aranceles a productos importados de
Canadá, China, México y la Unión Europea. La respuesta fue la aplicación de
aranceles a productos estadounidenses en algunos países, México incluido, en el
último tramo del gobierno de Peña Nieto. Según el Wall Street Journal,
“los cuatro tramos de aranceles de Trump a los productos chinos en 2018-19
cubrieron importaciones valoradas en aproximadamente 360.000 millones de
dólares en ese momento. Los nuevos aranceles a Canadá y México, además de
aranceles adicionales a China, cubrirían —si todos los artículos están sujetos
a la acción— importaciones valoradas en más de 1,3 billones de dólares en
2023”.
Trump volvió a
amenazar con aranceles cuando asumió López Obrador en ese mismo año, a menos
que se frenara el flujo de “inmigrantes ilegales que pasan por México y llegan
a nuestro país”. Así fue que el primer gobierno de la llamada Cuarta Transformación
giró de un discurso humanista hacia las y los migrantes, a transformarse en el
gendarme estadounidense, militarizar las fronteras y desplegar la recién creada
Guardia Nacional para impedir el avance de las caravanas migrantes hacia el
norte, que actuaron en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y el
ejército.
La respuesta ante los aranceles
Desde México,
la presidenta Sheinbaum primero respondió a lo que llamó “calumnias” del
gobierno de EEUU, y mantuvo el discurso de las semanas previas, hablando de
“colaboración, sin subordinación”. Esto implicaría el llamado a una mesa de
negociación: ‘No es con la imposición de aranceles como se resuelven los
problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en las últimas semanas
con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración’,
declaró a través de sus redes sociales. Aprovechó la oportunidad para afirmar
que las armas del crimen organizado provienen de Estados Unidos y habló de
poner aranceles a productos estadounidenses, aunque no especificó detalles.
Tras el
cimbronazo en los mercados mundiales por el inicio de la guerra comercial de
Trump, la mandataria aceptó enviar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional lo
que constituye un salto mayúsculo en la militarización en la frontera, con la
excusa de frenar el tráfico de fentanilo, a cambio de la suspensión temporal
(por un mes) de los aranceles. La verdadera causa de esta nueva medida impuesta
por Trump es frenar la migración con fuerzas represivas y para acallar
cualquier atisbo de protesta social.
Por otra parte,
mientras la Conferencia Nacional de Gobernadores -incluyendo los del PAN, el
del PRI y los de Movimiento Ciudadano- dio su respaldo a Sheinbaum ante la
crisis abierta por la imposición de aranceles, el dirigente nacional del PAN,
Jorge Romero, declaró no estar de acuerdo con el uso de una política comercial
como amenaza o chantaje, y rechazó esta decisión del gobierno trumpista, pero
avaló las acusaciones de la Casa Blanca.
“La acusación
que el gobierno de Estados Unidos le hace al de México en lo que respecta a la
alianza con el crimen organizado es muy grave y está basada en cada vez más
evidencias… simple y sencillamente decide no combatir al crimen organizado”
declaró Romero y sostuvo que el apoyo del Morena al gobernador Rubén Rocha de
Sinaloa, sospechoso de vínculos con el crimen organizado ilustra esta
afirmación. También el líder nacional del PRI, Alito Moreno, sostuvo una
posición similar: criticó las medidas anunciadas por la Casa Blanca, pero acusó
de “negligencia” al gobierno del Morena en lo que respecta al llamado “combate
al narcotráfico”, plegándose en ese sentido a los dichos de Trump; ambos
partidos de la oposición derechista mostraron así su carácter lacayo y
proimperialista, continuidad de las políticas que impulsaron durante sus
presidencias.
Impactos posibles
El anuncio de
aranceles ha tenido como primer efecto el debilitamiento del peso mexicano ante
el dólar, ubicado al momento de publicar esta nota cerca de los $21, lo cual
implica un importante retroceso desde los $16.84 por dólar que se registraba en
mayo de 2024, todavía durante el gobierno de López Obrador. De concretarse los
aranceles, implicarán el aumento de precios para bienes y servicios de consumo
en México, pero también en los otros países de América del Norte, algo que
impactará en la inflación y golpeará particularmente al bolsillo de las clases
trabajadoras y populares.
Desde el
momento que se anunciaron, distintos analistas plantean que nuevos aranceles
provocarán una caída del ya reducido crecimiento del Producto Bruto Interno. Si
en 2024 fue del 1,3%, en esas circunstancias se prevé una recesión para 2025.
En el terreno de la producción para la exportación, las regiones más afectadas
en México serían el norte y el Bajío -Guanajuato, Jalisco, Michoacán,
Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro-, donde se concentra
buena parte de la industria maquiladora. A su vez, las trasnacionales
automotrices, como General Motors, Toyota, BMW, Mazda, Nissan, entre otras,
serán sectores a los cuales golpearán los aranceles y la guerra comercial de
Estados Unidos. Como pasa ante cada crisis o recesión económica, esto será la
excusa de trasnacionales y empresas —que alegarán pérdidas— para imponer
recortes salariales, despidos y paros técnicos.
Lo que estamos
viendo -tanto la posible aplicación de aranceles como la militarización y la
aceptación de los dictados de Trump- es la consecuencia de la dependencia
estructural del capitalismo y el verdadero carácter de la integración que los
gobiernos de todos los signos políticos han defendido como la panacea para la
prosperidad de México, donde en realidad son la clase trabajadora y los
sectores populares quienes sufrirán las consecuencias, una vez más, de la
subordinación del país al imperialismo estadounidense, atrapado en un modelo
capitalista dependiente de las políticas de la Casa Blanca y las
transnacionales. Y donde los millones de migrantes de México, el Caribe,
Centroamérica y Sudamérica, a los cuales se les niega los derechos más
elementales y hoy se amenaza con la deportación, son la mano de obra barata que
les permite también mantener a raya los salarios del resto de la clase obrera
estadounidense.
Estamos en un
avance en el giro proteccionista del imperialismo estadounidense, que además
amenazó con aranceles a la Unión Europea. Ésta es la forma que tiene la
principal potencia mundial de lidiar con la falta de un claro motor de la
economía internacional, detonado por la creciente competencia con China en el
plano económico y tecnológico. No se puede prever hasta dónde puede llevar esto
Trump, pero lo cierto es que ya genera contradicciones en la misma clase
dominante: los lobbies corporativos de las industrias afectadas empiezan a
quejarse ante la Casa Blanca.
Contra la ofensiva imperialista, por la unidad internacional de la clase
trabajadora
Ante esta
situación es fundamental que las organizaciones sindicales en México se
posicionen contra esta nueva ofensiva imperialista y expansionista de Estados
Unidos, expresada en el anuncio de aranceles y el inicio de deportaciones. Las
mesas de negociación con el gobierno, los empresarios y las trasnacionales para
intentar que el golpe sea menos rudo contra la clase trabajadora no son la
salida. No puede haber comunidad de intereses con quienes explotan la fuerza de
trabajo por magros salarios y condiciones de precariedad. Es necesario
poner en pie un movimiento antiimperialista, contra la ofensiva de Trump y los
abusos de las trasnacionales, independiente del gobierno y la derecha, y de la
burocracia que “se pone la playera” de las patronales para arrancar más
productividad a la clase trabajadora y que está dispuesta a negociar las
condiciones de vida y de trabajo de millones, que enfrente las políticas
xenófobas del gobierno estadounidense y se prepare para luchar contra la
carestía de la vida y los ataques que se vienen contra las y los de abajo.
Como parte de
esto, es fundamental levantar en primer lugar los derechos democráticos de las
y los migrantes, tales como el libre tránsito a través de las fronteras, plenos
derechos laborales, políticos y sociales, como acceso a vivienda, educación y
salud. A la vez, levantar muy alto la lucha contra la militarización del país y
por la disolución de la Guardia Nacional, que actúa como border patrol,
en el sur y en el norte, contra los hermanos migrantes latinoamericanos. La
política del gobierno de Sheinbaum se ha limitado a declaraciones en favor de
la soberanía. Sin embargo, finalmente acepta la imposición trumpista y
profundiza la militarización contra los migrantes y el pueblo. Lo que vemos son
las consecuencias de una política de subordinación a los EEUU, impulsada por
los gobiernos neoliberales pero que también continúa Sheinbaum. Esa política no
tiene una salida favorable para las y los trabajadores de México: es necesario
una perspectiva que apunte a romper con el imperialismo y a buscar nuestros
aliados entre las mayorías de esos países.
Por eso, es
necesario bregar por la unidad de la clase trabajadora y los sectores oprimidos
de México, Canadá y Estados Unidos, en la perspectiva de luchar por gobiernos
de los trabajadores junto a los sectores populares, que sean bastiones de lucha
contra el imperialismo a escala continental y global y que avancen en la
expropiación de los capitalistas. Esa es la salida ante la recesión a la que
Trump quiere arrastrar a México y Canadá para convertirlos en estados de la
Unión Americana. Las y los trabajadores y los sectores oprimidos tienen la
potencialidad revolucionaria como para tomar el poder y destruir las fronteras
imperialistas que nos mantienen divididos y podrían desarrollar una perspectiva
integral para la planificación de la economía regional en beneficio de las
mayorías, y para una verdadera integración política, social, económica y
cultural de la población de la región en una Federación de Estados Unidos
Socialistas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.
Bárbara
Funes. México D.F | @BrbaraFunes3
Mariana
Morales. Socióloga UNAM – Profesora la Facultad de Economía
UNAM