Un gobierno que se
autodefine como "progresista" está facilitando la privatización
encubierta de la sanidad pública. ¿Debe el Estado seguir financiando
aseguradoras privadas con dinero público mientras la sanidad pública se
encuentra en crisis? Un gobierno que se autodefine como
"progresista" está facilitando la privatización encubierta de la
sanidad pública. ¿Debe el Estado seguir financiando aseguradoras privadas con
dinero público mientras la sanidad pública se encuentra en crisis?
¿Por qué Muface?
El Viejo Topo
7 febrero, 2025
MUFACE: ¡QUE DURO CON LAS ESPIGAS, QUE BLANDO CON LAS ESPUELAS!
La Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) nació en 1975 en un
contexto de cambio político y social en España. Su creación respondía a la
necesidad de unificar las múltiples mutualidades que hasta entonces habían
prestado asistencia a los funcionarios públicos, consolidando así un sistema
más estructurado y homogéneo. Sin embargo, el concepto de sociedades de ayuda
mutua no era una novedad, ya que desde tiempos inmemoriales han existido
mecanismos de solidaridad entre trabajadores. En la Alta Edad Media ya se
encuentran referencias a formas primitivas de mutualidad, mientras que en el
siglo XVI surgieron las hermandades de socorro, que en el siglo XVIII dieron
paso a los montepíos.
Bajo el reinado
de Carlos III, el Estado asumió un papel más activo en la tutela de estos
montepíos, estableciendo bases más institucionalizadas para la asistencia de
los funcionarios públicos. Con el paso del tiempo, la proliferación y
fragmentación de estos organismos llevó a la necesidad de unificar criterios y
establecer un marco común de protección, lo que desembocó en la creación de
MUFACE. Desde su origen, esta mutualidad se diseñó como un sistema obligatorio
para los funcionarios del Estado, proporcionando cobertura sanitaria y otras
prestaciones específicas.
Un Modelo Sanitario Singular
A diferencia de
la mayoría de los ciudadanos, que dependen exclusivamente del Sistema Nacional
de Salud (SNS), los funcionarios adscritos a MUFACE pueden elegir entre recibir
atención sanitaria a través de la sanidad pública o mediante aseguradoras
privadas como ASISA, ADESLAS, DKV y MAPFRE. En teoría, este modelo ofrece
libertad de elección, pero en la práctica, numerosos estudios han evidenciado
que las aseguradoras privadas adoptan estrategias para eludir la cobertura de
tratamientos costosos, derivando a los pacientes con patologías graves a la sanidad
pública.
La cuestión de
las primas y los convenios con estas aseguradoras ha centrado el debate
mediático en los últimos años, pero el problema estructural va más allá. La Ley
General de Sanidad, aprobada hace casi cuatro décadas, estipulaba que MUFACE
debía integrarse progresivamente en el Sistema Nacional de Salud; sin embargo,
este proceso nunca se llevó a cabo. En su lugar, se ha perpetuado un modelo
excepcional que, de facto, canaliza fondos públicos hacia el sector privado,
consolidando así una dependencia estructural de las aseguradoras.
La Dimensión Política de MUFACE
En la
actualidad, MUFACE no depende del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio de
Función Pública, dirigido por Óscar López. Esta decisión política ha sido
interpretada como un intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de
restar competencias al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, y de
adjudicarlas a un ministro afín. Óscar López, un político cuya trayectoria ha
estado marcada por su cercanía al liderazgo de Sánchez, encarna un perfil que
muchos críticos consideran emblemático de una forma de hacer política basada
más en la lealtad partidista que en la experiencia en gestión pública.
López ha
defendido el acuerdo alcanzado con las aseguradoras privadas argumentando que
el Gobierno ha realizado un «esfuerzo sin precedentes, con responsabilidad y
transparencia». No obstante, la negociación ha sido objeto de controversia, ya
que el Gobierno ha cedido repetidamente ante las exigencias de las compañías
aseguradoras. Inicialmente, el Ejecutivo ofreció un aumento del 14% en las
primas, cifra que posteriormente se elevó al 17,4%, luego al 33,5% y,
finalmente, al 41,2% es decir serán 4.808,5 millones de euros en tres años, con
una prima escalonada por edades.
El resultado de
esta negociación ha sido ampliamente criticado por consolidar un modelo que
favorece los intereses privados sobre el fortalecimiento del sistema sanitario
público. Mientras la sanidad pública sufre recortes y falta de recursos, el
Gobierno ha garantizado una financiación sustancial a aseguradoras que no
rinden cuentas sobre el uso de estos fondos.
El Impacto en la Sanidad Pública y las Aseguradoras Privadas
La paradoja de
este sistema radica en que un gobierno que se autodefine como «progresista»
está facilitando la privatización encubierta de la sanidad pública. La
transferencia de fondos públicos a aseguradoras privadas implica que estas
compañías maximizan sus beneficios mediante la selección de riesgos: aceptan a
los pacientes más rentables y derivan los casos costosos al sistema público.
Esta estrategia ha sido documentada por diversos estudios, como los realizados
por la Universidad de Las Palmas, que evidencian cómo las aseguradoras evitan
cubrir determinados tratamientos para no comprometer su rentabilidad.
Este modelo no
solo perpetúa desigualdades en el acceso a la sanidad, sino que también agrava
la crisis estructural del SNS. Mientras las aseguradoras reciben financiación
pública sin exigencias claras de transparencia, la sanidad pública debe
afrontar el aumento de pacientes con menos recursos disponibles. La falta de
rendición de cuentas y control sobre el destino de estos fondos es una de las
críticas más recurrentes hacia el Gobierno.
Un Conflicto Político No Resuelto
El desacuerdo
en torno a MUFACE ha generado fisuras dentro del propio Gobierno. La ministra
de Sanidad, Mónica García, ha calificado la subida de las primas como una «mala
noticia», subrayando la necesidad de avanzar hacia un modelo universal y
público para todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios. Su postura ha
chocado frontalmente con la de Óscar López, quien ha defendido la continuidad
del modelo actual, evidenciando así las tensiones dentro del Ejecutivo. Por
otro lado, la reacción de la oposición ha sido predecible. Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la Comunidad de Madrid, no tardó en aprovechar la controversia para
posicionarse como defensora de los funcionarios y sus derechos adquiridos, en
un discurso que remite a la retórica clásica de la derecha en defensa de las
libertades individuales frente a la intervención estatal.
En definitiva,
la resolución del conflicto en torno a MUFACE ha sido más un aplazamiento que
una solución definitiva. Aunque el modelo sigue siendo considerado «a
extinguir», su permanencia en el tiempo demuestra la dificultad de cambiar
estructuras profundamente arraigadas. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue
enfrentando críticas por su falta de determinación a la hora de transformar un
sistema que, en teoría, debería haber sido absorbido por la sanidad pública
hace décadas.
Reflexión Final
La historia de
MUFACE refleja un problema más amplio en la gestión de lo público en España: la
progresiva privatización de servicios esenciales bajo el argumento de la
colaboración público-privada. Este modelo, lejos de ser una solución, ha
mostrado sus limitaciones y contradicciones. La sanidad pública continúa
debilitándose mientras los recursos públicos se destinan a compañías privadas
sin mecanismos adecuados de control y fiscalización.
El futuro de
MUFACE sigue siendo incierto. La ausencia de una voluntad política firme para
su integración en el Sistema Nacional de Salud perpetúa un modelo que, lejos de
garantizar la equidad y la sostenibilidad, beneficia a las grandes
corporaciones en detrimento del interés general. La pregunta clave sigue sin
respuesta: ¿Debe el Estado seguir financiando aseguradoras privadas con dinero
público mientras la sanidad pública se encuentra en crisis? Hasta que esta
cuestión no se aborde con seriedad y determinación, la sanidad en España
continuará atrapada en una dinámica donde los intereses económicos priman sobre
el derecho universal a la salud.
No hay comentarios:
Publicar un comentario