LA CORRUPCIÓN LA PODEMOS
PINTAR DE AZUL, TIPO PP; ROJO-AZULINO-PSOE; COLOR PNV O MAS-MACIONALISTA QUE EL
COPÓN. PERO ESENCIALMENTE EMPIEZA POR D (D = DINERO QUE ME LLEVO DEL ERARIO
PÚBLICO, Y OYES, LOS PARDILLOS A LOS QUE ROBO, NOI, QUE NI SE ENTERAN, Y ENCIMA
ME VOTAN Y VOTAN Y VUEVEN A VOTAR, LOS PECES EN EL RIO NO ME ENCHIQUERARÁN. Y
SE REPITE EL ESTRIBILLO. COMO TE LO ESTOY CONTANDO, COLEGUI)
( 4/ 5 )
EL
ACUERDO SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN AGBAR Y EL CGPJ PARA REALIZAR ACTIVIDADES
FORMATIVAS VENÍA A INSTRUIR A LOS JUECES SOBRE EL SENTIDO DE LAS DECISIONES EN
CASO DE CONFLICTO ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA EMPRESA
¿Qué
implicaciones tuvo este acuerdo, que establecía un puente líquido entre las
instituciones democráticas y los intereses crematísticos de Agbar? Como ocurrió
en Murcia, muchas de las sentencias de los TSJ han sido favorables a Agbar y
contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Supremo, que
consideran las tarifas del agua como tasas y no como precios. El asunto no es
baladí dado que si son lo primero deben estar sujetas a control público; pero,
como apunta el economista e interventor municipal Fernando Urruticoechea:
“Llama la atención que en los casos de gestión indirecta mediante
concesionarios (Aquagest/Agbar, Aqualia/FCC, Acciona), sus ingresos y gastos no
figuren habitualmente en los presupuestos municipales, a pesar del principio
constitucional de la universalidad de los ingresos y gastos (art. 134 CE). Sin
gastos y sin facturas, no es posible realizar control alguno por las intervenciones
municipales”[9]. De manera que las empresas que de hecho controlan los recursos
públicos están libres de control público: pueden actuar con impunidad de facto.
De nuevo, la transparencia no es una cualidad del negocio del agua.
Y
es llamativo que la principal barrera frente a la impunidad no sea la
proveniente del derecho público –puesto que afecta a bienes comunes– sino la
que procede del derecho privado. Así, la denominada “guerra del agua en
Cataluña” (economía digital, 20/04/2015) es una guerra entre Agbar y Acciona.
La primera ha fichado al letrado estrella Cristóbal Martell –el de los Pujol,
ITV y otras causas; José Luis Núñez, caso Hacienda; Álvaro Lapuerta, caso
Bárcenas; los socios de Urdangarin, caso Nóos; Leo Messi; Manuel Bustos (PSC),
caso Mercurio; Xavier García Albiol, PP, panfletos racistas; entre otros–. El
objetivo del abogado es que Acciona pida perdón a Agbar por haberla acusado de
apropiarse del canon de los servicios de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El asunto
parte de las sospechas de ilegalidad en el contrato de la Generalitat con
Acciona, avaladas por varias sentencias. Un efecto colateral de la “guerra del
agua” es que ha venido a apuntalar las tesis de Atlántica XXII sobre las
amistades peligrosas entre la justicia y el negocio del agua. Ni la primera ha
sido ciega ni el segundo transparente. Resulta que dos magistrados que debían
dirimir sobre el conflicto por los macrocontratos de la privatización de ATLL
tienen vínculos con Agbar (El País, Cataluña, 23/06/2013). Uno de ellos,
Joaquín José Ortíz, a su vez imputado por el caso ITV, decidió inhibirse por
sus estrechas relaciones con Agbar; sobre el otro, Eduardo Paricio Rallo,
Acciona pidió la recusación porque había participado en el seminario de Agbar,
aunque la petición no prosperó. En 2012 la Generalitat, en la mayor operación
privatizadora, adjudicó a Acciona la explotación de la ATLL; una decisión que,
como se ha dicho, ha recibido continuos varapalos judiciales y que un órgano de
control de la Generalitat, el Organismo Administrativo de Recursos
Contractuales (OARCC), había desaconsejado por cuanto Acciona no cumplía alguno
de los requisitos y recomendaba en consecuencia que fuera Agbar la
beneficiaria. En su intento por hacer frente al auto que obligaría a revocar la
adjudicación Acciona ha movido todos los resortes, entre ellos la recusación
del juez Eduardo Paricio, aduciendo que el magistrado había participado en un
seminario organizado por la Fundación Agbar. Paricio no se ha apartado del caso
y cree que su invitación al seminario obedece a una resolución suya de 2010.
MUCHAS
DE LAS SENTENCIAS DE LOS TSJ HAN SIDO FAVORABLES A AGBAR Y CONTRARIAS A LA
DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DEL SUPREMO, QUE CONSIDERAN LAS TARIFAS
DEL AGUA COMO TASAS Y NO COMO PRECIOS
Para
hermeneutas freudianos aquella resolución –la sentencia 298/2010 del Juzgado
Contencioso Administrativo n.º 12 de Barcelona– señalaba a propósito de Agbar
que “la gestión del servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad de
Barcelona era ilegítima”, y en consecuencia “el precio que cobra la compañía a
los ciudadanos de Barcelona es ilegal”. Posteriormente, en enero de 2012,
Eduardo Paricio aparece como relator del libro de autoría múltiple El precio
del agua. Aspectos jurídicos y financieros en la gestión urbana del agua en
España, editado por la Fundación Agbar[10]. El mismo juez firmó una
interlocutoria que anulaba la privatización de la empresa pública ATLL contra
Acciona y el propio gobierno de CiU, con la previsión que se hiciera cargo de
la gestión Agbar. Finalmente, es el juez que ha dictado esta sentencia de
anulación[11]. Paricio atribuye la adjudicación de la autoría del libro a los
editores y no aclara si cobró por aquellas jornadas de las que resultó el
libro. Añadió que para un observador no interesado no puede deducirse una
relación de colaboración y amistad con Agbar y que por tanto no se ve
condicionada su independencia. El magistrado del caso aceptó estos argumentos y
desestimó la petición de Acciona para recusarle. El asunto ha destapado otros
posibles apaños acuáticos. Aqualia pregunta si el desistimiento de Ortiz por su
relación con Agbar es anterior a estos cursos y si podría haber influido en dos
sentencias del juez en las que Aqualia perdió contratos en Torredembarra y El
Vendrell a favor de Sorea, del grupo Agbar. Agua va.
Precipitaciones
Se
recogía más arriba el dato de que el 56% de la factura de Agbar no tiene que
ver propiamente con el servicio del agua y este es un detalle de interés para
la última fase del ciclo –el de la condensación o acumulación–, en el que
tienen un destacado protagonismo las instituciones financieras, el estandarte
de la economía neoliberal. El papel de la Caixa, accionista destacada de Agbar,
es aquí fontal. La fase anterior del ciclo, la evaporación, tiene que ver con
la procedencia de ese 56%, con las prácticas extractivas propias de la economía
de la oferta. Aquí encontramos igualmente piezas representativas de la economía
liberal en la que los recursos del Estado de bienestar han venido, por una parte,
a sustituir al ladrillo como fuente de beneficios y, por otra, a pagar los
platos rotos en aquella burbuja; por ejemplo, el rescate bancario[12]. La fase
siguiente tiene que ver con el uso de los recursos acumulados –precipitación–.
Una parte de ellos remontan a los accionistas, como en la economía
convencional, pero otra parte se dedica a otras funciones encaminadas a
asegurar el caudal de liquidez en el ciclo. Voy a señalar aquí tres destinos
principales, muy propios de la economía postmoderna emparentada con la burbuja
cognitiva de la posverdad y los hechos alternativos.
1. Compra de imagen
En
mayo de 2012, con motivo del primer aniversario del 15-M, un grupo de
indignados protesta frente a la sede de la Caixa con cacerolada y pancartas con
consignas como: “No más tóxicos. Que nos devuelvan nuestro dinero” o “La Caixa
es Mordor”, en referencia a la región oscura que habitan los malvados en El
Señor de los Anillos. La prensa mayoritaria ignora la protesta, pese a que la
entidad se vio obligada a tapar su logotipo en la torre de la Diagonal para
evitar costes reputacionales. La persistencia de la inmaculada concepción del
oasis catalán habría sido imposible sin este lavado de imagen a través de la
lluvia fina de los medios.
“Si
no puede evitar protestas, Fainé las silencia. Apenas hubo eco de las protestas
del 15-M en la Diagonal y de la cadena anticapitalista del 11-S. Lo que fue
censura total en La Vanguardia apenas se relajó en otros medios. Eficaz apagón
informativo aplicado también sobre el nombre de la “entidad bancaria nacional”
que facilitó la opaca transferencia de 1,2 millones de euros del Rey a su hija
Cristina para la hipoteca de la casa de Pedralbes”. (Marc Andreu, “Estrella
supernumeraria”, Tinta Libre, 08/10/ 2013)
*++
No hay comentarios:
Publicar un comentario