Juan Carlos I, un rey ingrato
que sigue libre gracias a los poderes del Estado
Rebelión / España
12/11/2025
Fuentes: El
Diario
El monarca emérito culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de su descrédito a
cuenta de las investigaciones judiciales que destaparon su intento de fraude
fiscal y otros delitos protegidos por la inviolabilidad.
Juan Carlos
I vende estos
días unas memorias de recuerdos poco exactos y olvidos
sorprendentes. “Reconciliación”, que así se titula el libro, parece más bien en
algunos momentos un ajuste de cuentas. “Mi padre siempre me aconsejó que no
escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus
secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le
desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi
historia”, se justifica Juan Carlos I en el párrafo con el que promociona un
libro que saldrá a la venta en España el próximo 3 de diciembre. Algunos
secretos del rey emérito permanecieron sepultados mucho tiempo, pero no en la
penumbra de los palacios sino en bancos suizos. De esa manera, la Agencia
Tributaria de España no podría cobrar los impuestos debidos por su fortuna
oculta en el extranjero.
El monarca
dispara en sus memorias algunos reproches, basados en premisas falsas, contra
protagonistas políticos de la historia reciente de España. Juan Carlos abdicó
en 2014 a la fuerza, humillado por sus comportamientos inapropiados, aunque
nada se sabía entonces de sus fortunas ocultas en Suiza. Y huyó de España seis
años después, en agosto de 2020, para fijar su residencia en Abu Dabi tras una
investigación judicial en marcha que husmeaba en sus andanzas financieras más
inconfesables. En el libro que ahora vende para que no le roben su historia,
Juan Carlos I afirma: “El Gobierno [de Pedro Sánchez] transformaba estas
investigaciones jurídicas en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba
al conjunto de mi reinado y de mi acción política”. En ese ataque a los que
supuestamente le desacreditaron sin motivo incluye a Dolores Delgado, ministra
de Justicia (2018-2020) y fiscal general del Estado entre 2020 y 2022.
La historia
judicial del caso Juan Carlos I cuenta otra historia muy distinta. Doce años
antes de su autoexilio, el monarca aceptó un
regalo de 100 millones de dólares –ahora cree que fue un error–
del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia. En aquel verano de 2008, el rey de
España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con
domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y
declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría pagado en
impuestos 51 millones de euros.
El gestor suizo
de aquella operación se llamaba Arturo Fasana y administraba también otras
fortunas españolas en una cuenta denominada “soleado”. Algunas de esas fortunas
correspondían a empresarios implicados en el caso Gürtel que salpicó a
numerosos gobiernos y dirigentes del PP.
Los manejos del
rey en Suiza no se empezaron a conocer hasta diez años después, cuando se
publicó en julio de 2018 una grabación del comisario José Manuel Villarejo con
Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. La conversación sugería un blanqueo
de capitales del rey de España, pero el juez instructor de la Audiencia
Nacional con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción archivó en septiembre de
2018 la causa abierta por esa grabación. El carpetazo llegó en apenas 56 días y
sin practicar diligencias.
El Gobierno de
Pedro Sánchez no dijo ni una sola palabra sobre aquel archivo precipitado ni
promovió, que se sepa, ninguna iniciativa para reabrir una causa con pruebas
suficientes de los manejos ilegales de Juan Carlos I.
El argumento de
jueces y fiscales fue que la grabación no parecía prueba suficiente, que los
indicios eran muy endebles y que los hechos relatados se correspondían con un
tiempo en el que Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que la
Constitución establece. El juez instructor interrogó a Villarejo y la Agencia
Tributaria le contestó que no le constaba que Juan Carlos I tuviera cuentas en
el extranjero. Con esos trámites, se olvidó del asunto sin escuchar lo que
tuvieran que decir la examante o los supuestos testaferros.
Pese al
archivo, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abierta una línea de investigación
sobre los negocios privados del rey Juan Carlos en el extranjero y, a la vez,
la fiscalía suiza investigó por su cuenta entrando en los secretos que guardaba
la banca de aquel país sobre la fortuna oculta del rey de España.
El teniente
fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, fallecido en diciembre de 2021, investigó la fortuna oculta del rey emérito y envió a su
abogado, Javier Sánchez Junco, notificaciones de las tres investigaciones
preprocesales abiertas a Juan Carlos I en junio, noviembre y diciembre de 2020.
La prensa, con muy pocos datos de la investigación, publicó las sospechas
existentes sobre el rey emérito. Aunque alguien en la Fiscalía planeó citar al
rey emérito para que declarara en las diligencias preprocesales abiertas, se
rechazó esa posibilidad para evitar “un circo mediático”.
En esa
situación límite, con el monarca huido a Abu Dabi, su abogado presentó el 9 de
diciembre de 2020 una regularización fiscal por 638.393 euros. Se trataba de
los impuestos no pagados en su día por el rey a cuenta de la donación que un
empresario mexicano le había hecho a través de un testaferro. Solo dos meses
después, en febrero de 2021, el abogado Sánchez Junco volvió a hacer otra
regularización por casi 4,4 millones de euros correspondientes a impuestos no
pagados por los regalos de su primo Álvaro de Orleans, quien había costeado
desde la Fundación Zagatka los vuelos privados de Juan Carlos I durante varios
años. En la ventanilla del Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista
María Jesús Montero, no pusieron pegas a la operación pese a que la ley señala
que si un contribuyente tiene una inspección abierta o en marcha de la Fiscalía
ya no es posible saldar cuentas y hay que abrir juicio. El rey emérito tuvo
suerte porque ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la Fiscalía que le
investigaba, dirigida entonces por Dolores Delgado, pusieron pegas a una
regularización que le libraba de una condena de cárcel segura.
La Fiscalía del
Supremo archivó las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos
I. Lo hizo en abril de 2021, con Dolores Delgado como fiscal general y con el
Gobierno de Pedro Sánchez totalmente inactivo en relación con esa causa. La
Fiscalía defendió que los delitos fiscales de Juan Carlos I al ocultar en Suiza
la fortuna que le regaló el rey de Arabia no eran perseguibles porque en aquel
periodo (de 2008 hasta 2012, año en que el rey decidió donar todo el dinero que
guardaba en Suiza a favor de Corinna Larsen) gozaba de inviolabilidad. Esa
cuestión nunca quedó suficientemente aclarada por el principal intérprete de la
Constitución. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre el
alcance de la inviolabilidad y no ha resuelto la duda sobre si todos los actos
del Rey también están protegidos por ese derecho. Prestigiosos juristas
sostienen que las conductas privadas del rey Juan Carlos —como sería esconder
en Suiza un regalo de 100 millones de dólares y no declarar esa donación en
España para evitarse el pago de impuestos— no pueden estar amparadas por la
inviolabilidad.
El Gobierno de
Mariano Rajoy (2012-2018) impulsó una pequeña reforma, consensuada con el PSOE,
para proteger a Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014. Entonces había
dos demandas civiles presentadas contra el rey por juicios de paternidad. El
entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, redactó de urgencia una
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que cualquier denuncia
contra Juan Carlos I solo pudiera ser investigada en el Tribunal Supremo. En el
preámbulo de aquella reforma, sin efectos legales, se introdujo por primera vez
una interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad: “Conforme a los
términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la
Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que
fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de
responsabilidad”.
El archivo de
todas las investigaciones abiertas en la Fiscalía a Juan Carlos I no eludió un
grave reproche al monarca por sus manejos financieros durante diversas etapas
de su reinado. Pero la prescripción de algunos de los delitos cometidos, el
escudo de la inviolabilidad que le protegió los 39 años de reinado (1975-2014)
y una regularización extraordinaria más que dudosa salvaron al rey de la cárcel
por blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho.
Todo lo que
pudieron hacer los poderes del Estado (incluyendo al Gobierno de Sánchez) lo
hicieron para evitar al rey Juan Carlos un trago (la condena por fraude fiscal
castigada con varios años de cárcel) aún más humillante y amargo que su huida a
Abu Dabi por traicionar a su país con una conducta deshonesta.
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