Un acuerdo de abajo a arriba El Pacto Federal de Eibar
Jon Henche (Deia)
Sociología Crítica
10.11.2017El federalismo pactista de Francisco Pi y Margall tuvo su reflejo en los pactos federales firmados en 1869
EN estos tiempos de tensión entre Catalunya y España merece la pena echar la vista atrás para revisar las propuestas que en el pasado se formularon sobre la organización territorial del Estado español. Uno de los políticos que, desde las filas del republicanismo histórico, elaboraron una idea más acabada de una España en la que se compatibilizasen las características propias de cada territorio con la existencia de un poder central fue Francisco Pi y Margall (Barcelona, 1824; Madrid, 1901).
Pi, además de catalán, era buen conocedor de Euskadi, puesto que pasó varios meses estudiando los fueros y las costumbres vascas en la época del Bienio Progresista en la zona de Bergara, de donde era oriunda su esposa, Petra Arsuaga Goikoetxea. El estudio del foralismo vasco a buen seguro le influiría para formular su idea de federación, la cual dejaría plasmada en el libro Las nacionalidades, publicado en 1877.
Pi y Margall desarrolló el ideal federativo que profesaba, y que proponía para España, en torno a dos conceptos que iban unidos en su pensamiento: el Pacto y la Federación. Este modelo de Estado debía de ser construido de abajo hacía arriba, es decir, partiendo de los municipios y pasando por las regiones históricas hasta el poder central, el cual nacía del contrato entre las diversas provincias y tenía por este limitadas sus atribuciones y facultades. Según Pi, la base de cualquier régimen federal descansaba en pactos sinalagmáticos, es decir, en acuerdos logrados entre todas las partes firmantes.
Tras la consecución de la revolución democrática de septiembre de 1868, el Partido Republicano Democrático Federal, del que Pi era su líder más destacado, procedió a organizarse de acuerdo a una estructura a imagen y semejanza de la concepción pimargaliana del Estado federal. Se trató de los denominados pactos federales, en los que varias provincias se unían en torno a un acuerdo para posteriormente federarse todos ellos y crear un poder central republicano.
El primero de los pactos se firmó en Tortosa, el 18 de marzo de 1869, entre los territorios de la antigua Corona de Aragón, al que le siguieron el de Córdoba, entre las provincias de Andalucía, Extremadura y Murcia; el de Valladolid, entre las provincias castellanas; el de Eibar, entre las provincias vasconavarras, y el de La Coruña, entre las provincias gallegas y Asturias.
EIBAR, 1869 El Pacto de Eibar se celebró el 23 de junio de 1869, vísperas del día de San Juan, las fiestas patronales eibarresas. Reunió a 28 representantes de los comités de republicanos de Bilbao, Tolosa, Gasteiz, Iruñea, Eibar y Tutera. Así, por Araba firmaron el pacto Pedro de la Hidalga, Juan Bautista de la Cuesta, Daniel Ramón de Arrese, Ricardo Becerro de Bengoa, Juan Roca, Hilario Martínez, Cayetano Letamendi y Abelardo de Sagarminaga; por Gipuzkoa lo hicieron Justo María Zavala, Blas Irazueta, Felipe Ariotegui, Manuel Ezcurdia, Vicenta Aguirre, Celestino Echevarria, Inocencio Ortiz de Zárate y José Cruz Echevarria; por Nafarroa participaron Ignacio Aztarain, Antonio Velasco, José Lorente, Félix Utray, Baldomero Navascués, Pedro Fraizu y Julián Garay; mientras que por Bizkaia tomaron parte Cosme Echevarrieta, Horacio Oleaga, Antolín Gogeascoa, Joaquín Mayor, Julián Arzadun y José Ramón de Ibaceta.
El pacto constaba de seis puntos. En el primer punto se incluía la interpretación en clave democrática que los republicanos hacían de los fueros, afirmándose que las provincias “vascas” gozaban de un “régimen democrático republicano” y que la federación constituida mediante este pacto entre los republicanos de las cuatro provincias vasconavarras, aspiraba, en primer lugar, a “conservar y defender las instituciones a cuya sombra han vivido, y a restaurar las libertades de que han sido privadas, durante la larga dominación monárquica”, y en segundo término a preservar “al mismo tiempo, el más estrecho y perpetuo vínculo de la unidad con la madre patria en el lazo federal republicano”; es decir, venían a identificar República y democracia con el código foral, siendo este un sistema compatible con la unión con el resto de pueblos peninsulares. Era este un punto que ya había enunciado en 1865 Cosme Echevarrieta, sobre el que ya tratamos en esta misma sección hace un tiempo, en un artículo en prensa con el título de Solo la democracia es compatible con los fueros.
En el segundo punto declaraban su ideal de un Estado español republicano y federal, el cual era el único sistema con el que los fueros estarían a salvo, aseverando que podía no ocurrir lo mismo con el régimen monárquico: “El partido republicano de las provincias vascas y Navarra se declara solidario en cuanto hace relación a su conducta política y a la propaganda del principio de que su actual régimen está completamente garantizado constituida España en República federal, y peligrará siempre bajo las monarquías”.
Por su parte, en el tercer punto se invitaba a todas las demás regiones de España a que “asimilaran” el código foral vasco, en otras palabras, que se extendiesen los fueros al resto de regiones españolas: “No moviendo a la Asamblea un interés exclusivista y local, sino el deseo de asimilar las condiciones de España a las nuestras, a fin de que alcance a todas las provincias el tesoro ofrecido por las libertades democráticas”. Será esta una idea sobre la que teorizaron, en este mismo período, destacados republicanos como los alaveses Ricardo Becerro de Bengoa y Julián Arrese o el guipuzcoano Joaquín Jamar, los cuales defendían la idea de desarrollar los fueros vascos más allá del Ebro, de vasconizar España.
FEDERACIÓN VASCONAVARRA: Por lo que respecta al cuarto punto, se defendían las vías legales para la consecución de dicho proyecto mientras se respetasen los derechos consagrados en la constitución de 1869: “Puesto que la forma monárquica de la Constitución promulgada es hija de una Asamblea nacida del sufragio, el partido republicano cree no debe salir de una propaganda pacífica y legal».
En el quinto punto se llamaba a impulsar la creación de comités republicano-federales, locales primero y provinciales después, en las localidades de las cuatro provincias vasconavarras, con el objeto de constituir en un futuro cercano una federación vasconavarra. Esa futura federación estaría dirigida por un Consejo Federal que cambiaría sus miembros cada año, como se recogía en el punto sexto, y los seis acuerdos o puntos firmados en el pacto serían, la base del nuevo Estado vasco-navarro dentro de la República federal española. El proceso de los pactos federales se culminó, a instancias de Pi y Margall, con la reunión en Madrid de una Asamblea General de los pactos federales con el objeto de formalizar un gran pacto nacional. Este pacto se firmó el 30 de julio de 1869, creándose un Consejo Federal compuesto de tres individuos de cada uno de los pactos regionales. Entre los tres representantes del pacto vasconavarro destacaba la figura del propio Pi y Margall, que certificaba su cercanía con la tierra vasca.
Consecuencia directa del pacto federal de Eibar fue la creación del periódico Laurac-Bat: órgano del pacto vasconavarro que, editado en Bilbao, contaba en su plantilla con la plana mayor del comité republicano de Bilbao, mientras que los republicanos del resto de las provincias vasconavarras que habían firmado el texto de Eibar figuraban como colaboradores junto a grandes figuras del republicanismo estatal, como el propio Pi y Margall o tribunos como Emilio Castelar, José María Orense y Estanislao Figueras. En el prospecto de este periódico se desgranaba la ideología republicana federal vasca del período, insistiéndose en los mismos argumentos del fuerismo leído en clave democrática que acabamos de ver: “En nuestros Fueros, usos y costumbres, existen grandes gérmenes de República y federalismo, espontáneas producciones de la primitiva sociedad Euskara”. “Nosotros, somos, pues, fueristas; pero nos distinguimos de los fueristas históricos en que estos lo son precisamente por los elementos de feudalismo e intolerancia que en sí encierran, al paso que nosotros lo somos por sus gérmenes de republicanismo”.
Tanto el pacto de Eibar como el resto quedaron en suspenso al poco tiempo, ya que a pesar de que podía ser un buen sistema para organizar el Estado, no lo era así para organizar un partido político, que necesitaba una estructura mucho más eficaz y centralizada. Sin embargo, supusieron la puesta en práctica, siquiera de forma fugaz y restringida, del pensamiento de Pi y Margall, una teoría de organización del Estado que tendía a armonizar la unidad con la variedad.
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