miércoles, 8 de enero de 2014

SEGURIDAD PRIVADA, O SEA, ROBO UNIFORMADO DIRECTO A LAS ARCAS DEL ESTADO, PORQUE LOS MILITARES ESPAÑOLES, Y PARTE DE IBEROAMÉRICA, NO ESTÁN CAPACITADOS PARA HACER GUARDIAS EN LOS EDIFICIOS MILITARES.

 

Por la apariencia de los hechos los soldados españoles no tienen capacidad suficiente para vigilar y proteger las instalaciones militares, razón por la cual aparece un Pepe Luis de la manita del gobierno, dispuesto a llevarse unos cuanto miles de euros pora contribuir graciosamente al robo de las pensiones y de los derechos sociales de los trabjadores, que es de donde sale el dinero para pagar al Pepe Luis de turno en este caso, y que en otros se llamó Mayor Oreja/familiares con sus buenos millones a empresas de seguridad privada en el País Vasco, porque los policias españoles tampoco estaban capacitados para dar escolta a los políticos amenazados por ETA.

A lo que vamos, que todo esto forma parte de la deuda pública que no debemos ni tenemos porque pagar los trabajadores. 

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Defensa paga más de 700.000 euros por 3 meses de seguridad a la empresa del empresario canario indultado

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Miguel Ángel Ramírez, a la izquierda, junto al ministro Soria

Publica dos contratos para la vigilancia de diversos edificios del ministerio.

Miguel Ángel Ramírez, condenado a tres años, fue indultado en octubre.

Miguel Ángel Ramírez Alonso, propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, el BOE no hace más que traerle buenas noticias. El 21 de noviembre el boletín oficial recogía su indulto, que evitaba su paso por prisión tras haber sido condenado a tres años y un día por realizar obras ilegales en territorio protegido. Sólo unas semanas después, una de las empresas de su grupo -Seguridad Integral Canaria- recibe dos contratos del Ministerio de Defensa que suman más de 700.000 euros.

Ambos contratos incluyen la seguridad de ciertos edificios dependientes de Defensa durante tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2014. El primero, adjudicado por 360.248 euros, incluye la seguridad privada en centros como el complejo de Arturo Soria, en Madrid, y varias residencias militares, entre muchos otros.
El segundo, por el que el ministerio abonará a la empresa 351.926 euros, está destinado a costear la seguridad privada de las subdelegaciones de Defensa en varias provincias.
No es la primera vez que Seguridad Integral Canaria, en plena expansión en la península, se lleva un contrato de estas características. En julio resultó adjudicataria de parte de la seguridad en el metro de Madrid.

El Ministerio de Defensa ha confiado a la seguridad privada, en los últimos tiempos, la protección de varios de sus edificios. Así, hace un año adjudicó la seguridad de diez hospitales militares por tres millones de euros.

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