El rechazo mayoritario a la nueva constitución chilena invita
a reflexionar seriamente sobre los nuevos aires que circulan hoy por las
izquierdas, incluidas las españolas, que las hacen aparecer a los ojos
populares muy alejadas de sus intereses.
Chile: ¿Por qué no ganó la
opción apruebo a la nueva Constitución?
Igor Goicovic Donoso
El Viejo Topo
12 septiembre, 2022
Los resultados
del plebiscito de salida del texto constitucional representan una derrota
catastrófica para el conjunto de las fuerzas populares. Sobre un total de
13.021.063 personas que sufragaron (el 85,81% del padrón electoral), la opción
rechazo obtuvo un 61,86% de adhesión. El rechazo, además, se impuso en todas
las regiones del país; es más, en 10 de las 16 regiones se impuso con una
votación superior a la media nacional obtenida por dicha opción. Mientras que
el apruebo solo logró mayoría en 8 de las 346 comunas del país (5 en la región
Metropolitana y 3 en la Región de Valparaíso).
¿Qué explica
esta contundente derrota? En primer lugar, es la derrota de los resabios de la
protesta popular de octubre de 2019. La misma languidecía en una ritual cada
vez menos relevante de enfrentamientos callejeros entre manifestantes y
policías, que se arrastraba desde marzo de 2020. Pero es también la derrota de
los movimientos sociales anclados en la identidad (feministas, ambientales,
territoriales, etnoculturales, etc.). No están ajenos a esta profunda derrota
el gobierno y los partidos políticos actualmente en el poder y tampoco se
pueden eximir de la misma, los sectores radicalizados de la izquierda que no
capitalizan absolutamente nada ni de este evento ni de los anteriores.
La trayectoria
de este proceso se inició con la suscripción, por el conjunto de las élites
políticas del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre
de 2019. Efectivamente, ese acuerdo definió un itinerario institucional para
canalizar el descontento popular que había irrumpido con masividad y violencia
en octubre de 2019.
La élite
política, consciente de la fragilidad del modelo de dominación pero consciente
a su vez de la debilidad política y programática de la izquierda radical y de
los movimientos sociales desplegados en el espacio público, retomó la
iniciativa estratégica y logró transferir buena parte de la energía y vocación
de lucha del movimiento popular hacia los eventos electorales: Plebiscito de
entrada (25 de octubre de 2020), elecciones de convencionales constituyentes
(15 y 16 de mayo de 2021) y elección presidencial (21 de noviembre en primera
vuelta y 19 de diciembre en segunda vuelta).
En estos
eventos, las demandas de erradicación del modelo económico neoliberal y de
transformación profunda del sistema político, se fueron diluyendo gradualmente.
No debe sorprender, entonces, que la Convención Constitucional, que sesionó
entre el 4 de julio de 2021 y el 4 de julio de 2022, lo hiciera en una cada vez
mayor orfandad.
Ni los sectores
populares, convocados por el Partido Comunista a que rodearan la Convención (4
de diciembre de 2020), ni los movimientos sociales que eligieron a una parte
importante de los convencionales, ni el gobierno de Gabriel Boric, que se
identificaba políticamente con el proceso, fueron capaces de prestarle a la
Convención el apoyo social y político que esta requería.
Carente de
interlocuciones efectivas con los sectores populares, que no fueran aquellas
que proporcionaban los «nichos» de los cuales emergieron los asesores y
expertos, la Convención fue hipotecando el apoyo social con el cual había
surgido.
En ese contexto
se convirtió en el blanco predilecto de los medios de comunicación al servicio
del capital, que aprovechaban cada oportunidad que le brindaban los
convencionales para erosionar su legitimidad y su trabajo. No es extraño, en
consecuencia, que la principal consigna del Rechazo («esta es una mala constitución»),
se instalara temprana y efectivamente en un amplio espectro de la sociedad
chilena.
Pero es
necesario profundizar en los problemas de fondo. Los temas instalados en la
Convención por los denominados movimientos sociales (feminismo, ambientalismo,
territorios, pluriculturalidad, etc.), no causaron mayor adhesión entre el
electorado popular. En especial entre los cuatro y medio millones de nuevos
electores que concurrieron a las urnas coaccionados por la ley de voto
obligatorio (Ley N° 21.200, de 24 de diciembre de 2019).
En todas las
comunas que los ambientalistas denominaron “zonas de sacrificio” se impuso
ampliamente la opción rechazo: La Ligua (58,93%), Quintero (58,11%), Los Vilos
(56,93%), Puchuncaví (56,11%), Petorca (56,11%), Villa Alemana (proyecto Los
Rulos, 57,82%) y Freirina (55,54%). El rechazo también se impuso en las
ciudades próximas a los principales centros mineros del país: Calama (70,64%),
Rancagua (60,63%) y Diego de Almagro 52,12%).
No muy distinto
fue lo ocurrido en las comunas de la Región del Bio Bío y de La Araucanía
(Macrozona Sur), orientadas preferentemente a la explotación forestal, y en las
cuales el conflicto entre las empresas madereras y las comunidades indígenas ha
alcanzado dimensiones cada vez más radicales. Es más, en la mayoría de estas
comunas el rechazo se impuso incluso superando su media de adhesión nacional
(61,86%). Tal es el caso de Collipullí (81,40%), Lumaco (80,47%), Cañete
(77,95%), Tirúa (77,25%), Nueva Imperial (70,80%) y Temuco (69,47%).
Al observar el
comportamiento electoral de las comunas de la Región Metropolitana encontramos
una tendencia histórica: Las comunas de más altos ingresos (Las Condes, Lo
Barnechea y Vitacura), votan de manera masiva por la opción rechazo. Las
comunas que nuclean preferentemente a sectores medios de la población, como La
Reina, Providencia, Macul, Peñalolén y La Florida, también se suman al rechazo,
con las excepciones de las comunas de Maipú y Ñuñoa.
Mientras que
prácticamente la totalidad de las comunas obreras, entre ellas, Recoleta, El
Bosque, La Pintana, La Granja, Lo Espejo, Cerro Navia, Renca e Independencia,
que han sido baluartes históricos de la izquierda, también optaron por el
rechazo; solo Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y Puente Alto respaldaron el apruebo.
¿Por qué los
sectores populares no concurrieron a apoyar de forma masiva la opción apruebo?
A mi juicio
existen a lo menos tres aspectos que no fueron considerados por los estrategas
de dicha campaña. En primer lugar, ni en el debate político que acompañó el
texto constitucional y tampoco en su estructura doctrinaria, se enfatizó el
carácter anticapitalista del proceso y del documento.
De los 388
artículos del texto constitucional, plagado de incisos culturalistas, solo 6
hacían referencia a los trabajadores y a su relación con el capital. Todos
ellos, por los demás genéricos y escasamente debatidos.
El trabajo, el
subempleo y el empleo precario, su lugar en la esfera productiva y su defensa
frente al capital, nunca fueron temas centrales en los foros, en los espacios
de discusión y solo fue tocado muy marginalmente en la franja de propaganda de
la opción apruebo. Una parte importante de los trabajadores, entre ellos los
más duramente golpeados por la explotación y la pobreza, no vieron en este
texto nada que supusiera una mejora relativa de sus condiciones.
Por otro lado,
el creciente grado de inseguridad que afecta a los trabajadores en sus barrios
y entornos laborales tampoco fue debidamente abordado. Es cada vez más evidente
que el narcotráfico y la criminalidad ejercen un creciente control territorial
sobre las poblaciones obreras. Ello, en muchas ocasiones, con la connivencia de
carabineros o, a lo menos, frente a su total indiferencia.
Evidentemente,
no se trata de darle más atribuciones políticas e institucionales al Estado
policial, lo que genera aún más incertidumbre y percepción de amenaza entre la
población. Se trata de plantear un marco regulatorio general que priorice a las
poblaciones populares en el gasto social, que amplifique la red de coberturas
educativas de calidad y que favorezca la recuperación de los espacios comunes.
Todo ello acompañado de una estrategia de control vecinal de las prácticas
delictivas y de una reforma profunda al cuerpo de carabineros de Chile.
Por último, es
necesario hacer cargo de la representación de la chilenidad entre un amplio
espectro del mundo popular. La condición de chilenidad es una construcción
histórica, heredera de prácticas sociales y políticas vinculadas a la guerra de
Independencia, a la construcción del Estado y de la sociedad, a los conflictos
y guerras civiles, a las luchas de montoneras, al surgimiento y desarrollo del
movimiento obrero y a los proyectos políticos del Frente Popular, del Frente de
Acción Popular y de la Unidad Popular.
Bajo esa bandera
combatió Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y fue esa bandera,
consumida por el fuego burgués, el mundo testigo de su holocausto. Es más,
durante la lucha contra la dictadura, un comando del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), recuperó la bandera de la independencia desde el Museo
Histórico Nacional (1980), y la mantuvo bajo su resguardo por 23 años. De esta
forma el símbolo patrio era arrebatado de las manos de la burguesía y de sus
verdugos y pasaba a las manos del pueblo.
La bandera de
Chile es parte de nuestra historia como movimiento popular y si para muchos de
nosotros es triste ver como el emblema de la patria es quemado o escarnecido,
podemos imaginar lo que esos actos reportan para los trabajadores.
Hoy día la
burguesía y sus representantes en los diferentes campos del mundo político (en
el gobierno y la oposición), se preparan para ultimar el acuerdo que han venido
preparado desde el cierre de las sesiones de la Convención Constitucional. Nos
ofrecerán un texto constitucional surgido del “espíritu de unidad nacional”,
elaborado de espaldas a los sectores populares y que se convierta en garante de
los intereses de las clases dominantes por las próximas cinco décadas. Frente a
ese escenario los desafíos que tenemos por delante son muchos.
Debemos
construirnos como una alternativa revolucionaria y debemos hacerlo al interior
de los trabajadores. Recuperando la centralidad de la clase trabajadora y de su
proyecto histórico. Debemos avanzar hacia la formación de un núcleo de convergencia
social y político que permita articular las luchas autónomas del campo popular.
Debemos adoptar
una estrategia de lucha rupturista que tenga la capacidad de sustraerse
efectivamente a la institucionalidad burguesa. Debemos desarrollar una política
de formación que, reconociendo la centralidad del conflicto de clases, sea
capaz, a su vez, de articular los diferentes campos culturales de la lucha
social y política. No habrá cambio revolucionario, sin clase revolucionaria,
organización revolucionaria y estrategia revolucionaria.
Fuente: Observatorio Internacional de la Crisis.
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