¿Qué hay detrás de la Reforma de Pensiones? ¿Qué hay detrás de la Reforma de Pensiones? [Pero cuate de mi vida y mi corazón, por el amor de Dios, no me vengas ahora con que no te llevo diciendo, ha tiempo, querido, que aquí hay tomate. Vamos a ver si nos vamos entendiendo. El dinero de las pensiones, el paquetón de millones de dinero de las pensiones es nuestro, de los trabajadores. O sea, que no es del Lucero del Alba, sino nuestro, de los trabajadores, de la eco especie que nada más parirlos sus respectivas madres, como quien dice, se lían a trabajar, oyes, y que ya no paran los tíos-tías de trabajar hasta casi la hora de su muerte. Por favor, seriedad, que estos son palabras mayores. Cómo se me pueden poner a pensar que me estoy refiriendo a Santiago Abascal que a mí todavía no me ha hecho nada, si yo estoy hablando de trabajadores. Se prosigue: pues bien, con el dinero de las pensiones propiedad de los trabajadores, la micro sin eco especie de los que pasan por ser sus representantes (¡joder, es que hay gente para todo! Así yo no sé dónde vamos a llegar) con la bombilla verde que se les enciende en mitad de la frente practicando la democracia representativa y se me ponen a mangonear en el pasto de Toledo con el dinero de las pensiones de los trabajadores, con la noble y leal intención de dejarlos en unas condiciones de vida de mierda para meterlo en los bolsillos del gran capitán y hacerlos todavía más grandes capitanes, o sea, para que manden más todavía. Y para que vean que yo tengo mi corazoncito y no todo lo que destilo es pura mala leche contra cuatro cabrones/cabronas y comparsas respectivas, todo lo anterior denlo por no leído para que no pierdan más el tiempo, porque yo lo único que quería decir es que nuestros representantes políticos, los de la democracia representativa, nos roban y roban y vuelven a robar, los peces en el agua larí, larí, lará. Feliz Navidad, para que no se me adelante el Corte Inglés].

 

Descubriendo sus sesgos y falsedades, los autores del artículo analizan el anteproyecto de ley con que se pretende reformar el sistema público de pensiones. El gobierno cede ante los dictados de la Unión Europea, que actúan como un ariete usado por determinados intereses económicos.

¿Qué hay detrás de la Reforma de Pensiones?

 

Eduardo Luque

El Viejo Topo

1 noviembre, 2021 

 

Descubriendo sus sesgos y falsedades, los autores del artículo analizan el anteproyecto de ley con que se pretende reformar el sistema público de pensiones. El gobierno cede ante los dictados de la Unión Europea, que actúan como un ariete usado por determinados intereses económicos.

Han tardado casi nueve meses cuando prometieron que lo harían en tres: las dificultades para asegurar la mayoría parlamentaria y la movilización del movimiento pensionista están poniendo las cosas difíciles. Las pensiones son uno de los grandes debates sociales y el gobierno muestra una vez más que no está a la altura. La diferencia entre lo que se proclama y lo que se legisla es cada vez mayor. El anteproyecto de Reforma de Pensiones enviado al parlamento viene acompañado (por obligación legal) de una memoria cuyo título es tan largo como flacos son sus argumentos: “Memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”.

Ha sido un documento casi secreto, presentado a hurtadillas, vergonzante y hecho público por imperativo legal; publicado un viernes, el último día laborable de julio, cuando todo el mundo piensa en las vacaciones. Revela el miedo a la reacción social. Es un mal documento, con datos parciales y una metodología de análisis más que cuestionable. Bajo una aparente “cientificidad”, en lugar de datos contrastados se emiten una y otra vez juicios de valor. Es un informe hecho con el “método Procusto”; es decir, el informe tiene que ofrecer unos determinados resultados fijados con anterioridad, y los cálculos se adaptan a este objetivo. Por esa razón el documento se ha publicitado de forma casi clandestina. La última frase del documento (y que resume la flaqueza teórica sobre la que se asienta también el Anteproyecto de ley) es lapidaria al afirmar que “[…] se considera que la disposición no debe ser sometida a evaluación por sus resultados” (p.50). Es decir, apoyándose en las modificaciones legales impulsadas por el gobierno Rajoy en 2017, se impide la evaluación de este proyecto. No se hacen responsables de sus cálculos ni de sus previsiones en un tema tan importante. Esperábamos –ahora sabemos que lo hacíamos en vano– que la memoria y el anteproyecto que se deriva estuvieran sostenidos por evidencias científicas.

Desde el inicio, el documento revela su sesgo neoliberal. Sus padres son los organismos internacionales al servicio de los grandes grupos de poder. Los datos proceden del denominado Ageing Working Group (AWG), o lo que es lo mismo, el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento (p.23). En este grupo de trabajo participan organismos como el FMI, la OCDE o el Banco Mundial, organizaciones que promueven la privatización de las pensiones públicas. Curiosamente, el documento admite que las proyecciones de la Unión Europea sobre el aumento del costo de las pensiones estaban sesgadas en exceso (p.21). No creemos que sea un error estadístico, no se ha rectificado. Es una conclusión buscada forzando los datos. Ese argumento, el costo insostenible de las pensiones y su crisis inminente, ha servido para iniciar la campaña en contra de las pensiones públicas. Ésta cristalizó en 2019 en el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas. Tras esos fracasos en sus proyecciones económicas, esos mismos personajes ahora hacen predicciones del comportamiento del gasto en pensiones ¡para el 2070! (p.22) Los mismos que son incapaces de acertar en las previsiones de inflación a un mes vista se atreven a predecir la evolución del costo de pensiones respecto al PIB ¡dentro de 50 años! Repetimos, es un documento sesgado y manipulado que pretende justificar unos determinados recortes.

Como es habitual se explayan en las partes positivas como es el tema de la subida del IPC según la inflación (p.20); aunque no se blindan las pensiones como exigía la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Se estará al albur de los gobiernos cada cinco años, cuando se revisen los datos (p.8). Para justificarse se compara la apuesta del PP (subida del 0,2%) que hubiera significado una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones entre el 30-50%. Aunque se deja entrever que el objetivo de esta reforma es el mismo que la anterior; recortar las pensiones prolongado la vida laboral y penalizando las pensiones anticipadas. Reconoce paradójicamente que la situación actual es controlable (p.21) y añade otro elemento importante, nos informa en la misma página que la Unión Europea admitió que sus cálculos sobre el costo de las pensiones eran equivocados. En ningún momento el documento hace “propósito de enmienda ni acto de contrición”. Igual pasa con la tan cacareada derogación del factor de sostenibilidad que queda sustituido por el “mecanismo de solidaridad intergeneracional” que comenzará a operar en 2027 (p.11), otro parámetro a dilucidar en los próximos meses. Es sorprendente, y no es nada halagüeño, que este mecanismo sea aprobado en estos meses y en cambio se demore su aplicación seis años.

En otro orden de cosas, el documento sorprende por su pobreza argumentativa. Hablar de que la jubilación anticipada reduce el tiempo de actividad laboral (p.23) y que hay un descenso en el nivel de cotizaciones es algo tan obvio que produce vergüenza ajena. detrás de estas afirmaciones hay ideas preconcebidas que, como en una pulsión freudiana, salen a la luz. El redactor pretende justificar el progresivo acercamiento de la edad de jubilación teórica a la real. Para ello, se propone prolongar hasta los 70 años la edad de jubilación en una primera fase para situarla posteriormente en los 74 (p.22). Para alcanzar esas conclusiones, en lugar de estudiar las múltiples variables que intervienen (emigración, aumento de la productividad, incremento en la riqueza del país, incorporación de la mujer al mundo laboral…) solo se contemplan algunas, las que convienen.

El objetivo es tergiversar el concepto de contributividad (la contributividad que da derecho a una prestación) tan repetido en el Pacto de Toledo, introduciendo la idea de la solidaridad (como dádiva o regalo). Los trabajadores con largas carreras de cotización han hecho una gran “contribución” durante muchos años y tienen derecho a un reconocimiento justo de su pensión. El redactor pretende, al carecer de argumentos sólidos, enfrentar a los trabajadores entre sí, al comparar la pensión media de los jubilados que lo hicieron de forma anticipada (1.638,72 euros) con aquellos otros que tienen una jubilación ordinaria (1.211,41 euros). Se comparan melones con castañas, y de ese modo se pretende presentar a esos trabajadores como insolidarios y privilegiados. La pensión media de los jubilados que lo hacen de forma anticipada es fruto de su base de cotización; es decir de lo aportado cada mes durante muchos años. No tiene nada que ver con los coeficientes reductores. El sesgo se evidencia aún más porque no quieren comparar lo que cobran los jubilados de forma anticipada con los jubilados de clases pasivas (profesores, policías locales, Ertzaintza…) sin coeficientes reductores, que perciben unos 2.098€ brutos.

Por medio de un ejercicio de prestidigitación se aumenta más la confusión, ahora mezclando la brecha de género con los coeficientes reductores (p.31); nuevamente melones y castañas. A este paso la brecha de género será responsable de esas jubilaciones anticipadas. En otro ejercicio más de ocultamiento, nos quedamos sin saber qué estudio o estudios, en cuáles universidades y quiénes son los autores que justifican la propuesta y los criterios de equidad seguidos para aplicar esos coeficientes (pp.26 y ss.) En definitiva ¿Por qué se utilizan esos coeficientes y no otros?

Se pretende que el elemento central del documento pase lo más desapercibido posible, y ese aspecto central es la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social (p.16). Hasta ahora la recaudación y los procesos derivados eran gestionados por un ente público. El Ministerio de Hacienda, además de ser un organismo estatal, está sometido a escrutinio a través del parlamento. Con la creación de la Agencia, que nadie entiende su necesidad, se intuye el inicio de un proceso de privatización acelerada: en adelante será un organismo de colaboración pública/privada quien recaude y distribuya. El interés de las mutuas o bancos en este campo es enorme. Puesto que sabemos que los consorcios públicos/privados de sanidad o educación son la base del proceso de privatización de los servicios públicos, presumimos que el objetivo es el mismo en el caso de las pensiones.

Para atizar más leña en la hoguera de la confusión se utiliza como año de cálculo el 2020. Un año atípico por efecto del COVID-19; que provocó que decenas de miles de trabajadores pasaran a cobrar a través de ERTES. Al transcurrir a través de una situación excepcional e inédita, El año pasado, el 2020, tiene efectos distorsionadores muy importante en las estadísticas. Debería hacerse, por lógica, un análisis sobre los datos en su serie histórica, cosa que no se realiza.

A todo esto, el contexto europeo es la gran excusa. Desde las primeras páginas las referencias a Europa son continuas. ¿Cómo se legisla contra los pensionistas? La Unión Europea ordena y el ejecutivo obedece sumisamente; pero cuando es hora de aplicar la Carta Europea sobre salario mínimo, se tardan ¡20 años en hacerla efectiva! En el documento se hacen reiteradas comparaciones con otros países de la comunidad sin tener en cuenta los contextos, ni se facilita información concreta de lo que representan en cada Estado los diferentes coeficientes reductores o las penalizaciones.

El documento refleja su sesgo neoliberal en muchas páginas al asimilar el concepto de pensión, sea anticipada o no, al concepto de gasto. Pero, además, se cometen errores que pudieran parecer de estudiante si no fuera porque parecen premeditados. Se olvida, seguramente de forma intencionada, que los importes que se perciben están gravados por el IRPF, y, por tanto, aumentan los ingresos de hacienda. Igualmente, olvida que unos niveles más altos de pensiones aumentan el consumo interno promoviendo mayor actividad económica y mejores niveles de empleo, con lo que se promueve la incorporación de los jóvenes al mundo laboral reduciendo el paro juvenil y aumentando las cotizaciones. Asimismo, la jubilación, sea anticipada o no, disminuye el coste de las bajas laborales (directamente ligadas a la edad), por no hablar del incremento de la productividad por efecto de la adaptación a las nuevas tecnologías productivas.

De mientras, aunque en el anteproyecto de ley se hace referencia a los “gastos impropios”, nada se nos dice de cuándo serán restituidas esas cantidades. Solo el Tribunal de cuentas las sitúa en 103.800 millones de euros, pero la cifra real es muy superior; razón por la cual exigimos una Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. Así pues, frente a tanto despropósito solo cabe seguir gritando: ¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!

– Por Eduardo Luque y Ramón Franquesa

Artículo publicado en el número 406 de El Viejo Topo.

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Portugal envía un mensaje claro y diáfano a la izquierda española. Portugal envía un mensaje claro y diáfano a la izquierda española. [Por izquierda limpia de polvo y paja los trabajadores deberíamos entender todo lo que tienda en la práctica a mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Y todo lo que no sea esto, furrufalla semántica, se diga lo que se diga y se ponga quien se ponga una camiseta comercial con la fotografía del Che, por cierto, fomentada por Coca Cola, gorra incluida. Los trabajadores constituimos la inmensa mayoría de la población, aquí y en cualquier otra parte del mundo mundial. Que los trabajadores tenemos que lograr una mayoría significativa en el Congreso de los Diputados ofrece pocas dudas. Hay que lograrla, pero sabiendo (que esto sí es discutible que lo sepamos) que no tenemos ningún sistema político democrático, sino un sistema basado en la “democracia representativa”. Pariente mío, por favor, que no es lo mismo joder que estar jodiendo ni es lo mismo comer que estar comiendo ni lo mismo trabajar que estar trabajando. Si a la democracia representativa imperante aquí, allá y acullá, la rascamos una mijitilla la pintura y la palabrería de la que se reviste para dar el pego democrático, pronto se ve que constituye el seguro de la salvaguarda de los intereses de los grandes capitales, porque impide de forma legal, y aceptada por una mayoría significativa de la sociedad (que aquí está el problema, cuñao), que no se realice ningún cambio efectivo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, o sea, que no se logre nada efectivo que mejore las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Siendo esto así (¿o es que no es así, cuñao?) es necesaria la mayoría amplia de izquierdas (no por la diferencia de dos, tres o nueve diputados) en el Congreso porque es en él donde se legisla. Pero para que lo legislado se pueda aplicar en la práctica a favor de los intereses de los trabajadores (por ejemplo, cuñao: que la banca devuelva al Estado los miles de millones de euros que se ha llevado en forma de regalo que le han hecho los gobiernos del PP y del PSOE y que no devolverá porque el sistema de democracia representativa le ampara legalmente) hace falta la fuerza política efectiva y permanente que representaría la organización efectiva y real de los trabajadores, y esta organización, que tendremos cuando la tengamos, tiene que estar fuera del Congreso para garantizar que lo que acuerde el Congreso a favor de los trabajadores tenga todas las garantías de su aplicación práctica, porque la vida es un ejercicio práctico, y no la bandada de gorriones en vuelo que dicen que me van a dar (que un trabajador no es únicamente un tío vestido con un mono azul, cuñao, que lo es también otro tío y otra tía vestidos con bata blanca en un laboratorio, o un profesor, o un escardador de arroz o un mecánico de bicicletas, o una escardadora de arroz o una mecánica de bicicletas –que no se me pasa por alto, cuñao, que yo estoy puesto en esto del lenguaje inclusivo-, en fin, trabajador es cualquier persona que con su esfuerzo personal aporte algo positivo a la sociedad, incluyendo lógicamente, a las mujeres que sin salir ni haber salido nunca de sus casas a ningún trabajo asalariado preparan el puchero. Cuñao, ¿te has puesto a pensar alguna vez en un trabajo más importante y útil para la sociedad que el necesario para la preparación de un puchero?). El motor del cambio social está en la organización efectiva de los trabajadores (no representativa y pare usted de contar) y además constituye el seguro contra los golpes de Estado a los que invariablemente recurren los grandes capitales cuando en el Congreso, incluidos los que están basados en la democracia representativa, se toman acuerdos que no son del gusto de un señor presidente del Consejo de administración de un gran banco y algunas banquetas y manchurretas varias]

 

Portugal envía un mensaje claro y diáfano a la izquierda española

 

Por Iñigo Sáenz de Ugarte

29/10/2021 

Rebelion  /| España

Fuentes: El Diario

En España pocas veces se mira hacia el oeste, es decir hacia Portugal. En los últimos años, la izquierda ha encontrado motivos para hacerlo. Antes de que la moción de censura llevara a Pedro Sánchez al poder en 2018, en ese país se había marcado el camino con un pacto de los socialistas portugueses con los dos partidos que están a su izquierda. Uno de ellos, el partido comunista, nunca se sintió muy cercano a los socialdemócratas. Pero al final se consiguió un acuerdo parlamentario en el que ambas partes dieron un ejemplo de pragmatismo. El primer ministro, António Costa, intentaría reducir el déficit presupuestario, mientras que los socios lo apoyarían en la Asamblea a cambio de medidas que mitigaran el coste social.

El modelo portugués ha durado casi seis años. El Bloque de Izquierda (BE), con 19 escaños, y el Partido Comunista (PCP), con doce, votaron el miércoles en contra de los presupuestos presentados por Costa, lo que supone el fin del Gobierno. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, ya había anunciado que convocaría elecciones anticipadas en los próximos meses si las cuentas no salían adelante. Es muy posible que las urnas no ofrezcan un veredicto muy diferente al actual y que el PS –ahora con 108 escaños sobre 230– continúe como partido más votado, pero con una salvedad. La extrema derecha se convertirá en uno de los principales grupos de la Cámara.

Da la impresión de que España y Portugal transitan por rumbos similares. La duda ahora es si se repetirá aquí lo que acaba de suceder allí. El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en la misma tesitura. Ofrece unos presupuestos expansivos gracias a la previsión de la llegada de los fondos europeos, pero sus socios le piden más y que cumpla las promesas sobre varias reformas legislativas. Para sumar otro tema común de debate, el BE y el PCP también exigían una reforma laboral y el PS prefería dejar las cosas como están por temor a la reacción en Bruselas.

Costa había ofrecido un aumento de 40 euros en el salario mínimo hasta alcanzar los 705 euros mensuales, así como un incremento del gasto en sanidad de 700 millones. Eran ofertas moderadas, coherentes con la insistencia de Costa en mantener la disciplina fiscal, pero insuficientes para sus aliados. La pandemia provocó en 2020 una caída del 8,4% en el PIB, la mayor sufrida desde los años treinta. La previsión para este año, que probablemente se verá revisada a la baja como en otros países europeos, es de un crecimiento del 4,8%.

Los socialistas se quedaron a ocho escaños de la mayoría absoluta en las elecciones de 2019. Muchos sospechan que el partido de Costa no se siente alarmado por la posibilidad del fin anticipado de la legislatura. La última encuesta de hace solo unos días no les garantiza mucho margen para sus aspiraciones. Les ofrece un 38%, dos puntos más que en 2019, mientras que el principal partido de la derecha, el PSD, se queda a diez puntos de distancia. El Bloco de Esquerda pierde la mitad de sus votos con el 5,1%. La coalición que encabezan los comunistas se mantiene en números similares con un 5,6%.

La gran diferencia con respecto a hace solo dos años es la irrupción de Chega, el partido de extrema derecha, que tuvo solo un diputado entonces y que ahora podría convertirse en la tercera fuerza política con un 9,2%. Es otro elemento que juega en paralelo a la situación de España y que supondría una baza propagandística que Vox intentará aprovechar.

Las elecciones aún no tienen fecha. Los medios portugueses creen que lo más probable es que sean entre mediados y finales de enero.

Los seis años de Gobierno de Costa no deben entenderse como un periodo único. Hasta las elecciones de 2019, hubo un acuerdo firmado entre el PS y sus dos aliados. Los socialistas mejoraron los resultados en esos comicios y decidieron manejarse en solitario en el Gobierno con acuerdos puntuales. Es decir, al revés de lo ocurrido en España.

La estrategia del PS no ha funcionado en relación a la votación que no se podía perder, la de los presupuestos, en el momento en que hay que gestionar la recuperación económica. Las recientes elecciones municipales, en las que perdió la alcaldía de Lisboa, ya fueron un aviso de que correr hacia las urnas no es una apuesta muy inteligente en un momento en que los electorados no han terminado de superar el castigo de la pandemia y de sus consecuencias económicas. Como se ha visto en Alemania, pueden reaccionar de forma inesperada.

Cuando Costa llegó al poder a finales de 2015, la derecha portuguesa calificó de «geringonça» (un artilugio mal montado) su pacto con el BE y el PCP. Al final, lo que ha sido una chapuza ha sido la incapacidad de alcanzar un acuerdo presupuestario que permita completar la legislatura después de haber gestionado la primera llegada de los fondos de la UE. Los partidos del Gobierno de coalición en España y sus aliados parlamentarios pueden tomar nota de lo que ha sucedido en Portugal. Lo mismo les conviene esta vez alejarse un poco del modelo portugués.

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/portugal-envia-mensaje-claro-diafano-izquierda-espanola_129_8436959.html

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La inflación, ¿el impuesto de los pobres? La inflación, ¿el impuesto de los pobres? [La inflación es uno de los misterios de Nuestro Señor Dios, el capital, alabado sea su nombre, puesto en manos de los sacerdotes de la economía y la política lleven pulseritas en las muñecas o colgajos metálicos en las narices u orejas o trenzas colgantes hasta la rodilla (quien dice trenza dice coleta) según se declaren amantes de la Patria o estén por la cosa esa de la progresía de boquilla o de los de arriba, abajo, un, dos, tres, pero ni de izquierdas ni de derechas, cuyo misterio forma la parte central de las oraciones que utilizan en su sacra mediación entre los trabajadores y Nuestro Señor, el capital, alabado sea su nombre otra vez. Pero si nos dejamos de tontadas semánticas y otras simplezas mentales y al pan no le llamamos Juan sino pan, que es su verdadero nombre, la inflación no es más que el trabajador tiene que trabajar más para conseguir lo mismo (0 menos) de lo que estaba consiguiendo antes de la inflación. Es decir, la inflación es un instrumento más que tiene Nuestro Señor el capital, nueva alabanza para él, para detraer fondos de los trabajadores, pequeños ahorradores, clases más desfavorecidas y pequeños y medianos empresarios, pobrecitos míos estos últimos, que viven en la inopia de la creencia de que sus intereses coinciden o están más cerca de los intereses del capital que de los intereses de los trabajadores. Con la inflación se incrementa la tasa de ganancia de los capitales invertidos, o sea, que la inflación en manos del capital viene a ser una especie de robo a mano armada, pero legal, a los trabajadores y clases menos pudientes, para poder elevar arterialmente el acrecentamiento de sus capitales puesto que ya no lo pueden lograrlo de otra manera. Y ya vale por hoy, que esto cansa, oiga. Arrodillaos que va la bendición: tal, tal y tal. Ni se os ocurra ir en paz. Que no me entere yo de que os vais tan campantes, como si no ocurriera nada. Avisados quedáis, no me vengáis luego con que si esto o lo otro que no está el horno para bollos. Amén.]

 

¿A quién beneficia y a quién perjudica la subida de los precios? ¿Es la inflación el impuesto de los pobres? La inflación perjudicará a los trabajadores solo si sus retribuciones no suben, al menos, en la misma medida que los precios.

La inflación, ¿el impuesto de los pobres?

Juan Francisco Martín Seco

El Viejo Topo

 31 octubre, 2021 

Hacía tiempo que la inflación estaba ausente de la economía europea. Nos habíamos acostumbrado a este escenario. Por mucho que la política del BCE fuese expansiva y este organismo introdujese dinero en el sistema, el índice de precios estaba lejos de llegar al 2%, porcentaje que Frankfurt se había fijado como objetivo de referencia. Parece ser eso lo que está cambiando en los momentos presentes. No obstante, hay quien dice, incluso desde el mismo BCE, que la inflación que ahora amenaza a la economía es coyuntural y transitoria, causada por el alto precio de la energía. Temporal o no, viene acompañada de los mismos fantasmas y de idénticos tópicos, entre ellos ese mantra de que la inflación es el impuesto de los pobres. Lo vocean los tertulianos y los líderes de opinión, lo escriben los periodistas, lo repiten los políticos y hasta algunos economistas prestan su aquiescencia. Pero la verdad es que ni es un impuesto ni afecta únicamente a los pobres.

La afirmación surgió en las sociedades de épocas muy lejanas y distintas a la nuestra, en las que no había distinción entre el patrimonio del rey y el de la nación, y en las que las monedas las acuñaba la Corona que, a veces, para acometer determinadas empresas, normalmente de tipo bélico, en lugar de incrementar los impuestos, le resultaba más cómodo emitir dinero. Ciertamente el rendimiento económico era para el rey y en ese sentido era un impuesto, impuesto que pagaba toda la sociedad porque los ciudadanos veían reducido su patrimonio y sus ingresos por la pérdida de valor del dinero. Pero incluso la expresión de los pobres no le cuadraba muy bien, porque entonces todos los impuestos eran de los pobres, ya que los nobles y el clero estaban exentos de contribuir y, sin embargo, paradójicamente, la inflación de una o de otra forma afectaba a todos los ciudadanos.

Posteriormente, las circunstancias han cambiado y los gobiernos no emiten el dinero, sino los bancos centrales. Habrá quien diga que para el caso es lo mismo. Sin embargo, hay diferencia porque en seguida estas instituciones se hicieron muy celosas de su independencia y, además, se aceptó como un dogma inamovible que no podían financiar a los gobiernos. Por otra parte, ellas solo emiten el dinero primario, y son las entidades financieras las que ponen en circulación el resto de la oferta monetaria, que además supone la porción más voluminosa.

En Europa, a partir de la creación de la Unión Monetaria, el que emite el dinero es el BCE y, al menos por ahora, su política expansiva no ha sido inflacionaria. Por más que haya aplicado la flexibilización cuantitativa, es decir, por más que haya regado con euros la economía, durante todo este tiempo no ha conseguido acercar el índice de precios a ese 2% que se había fijado por objetivo.

Dicho todo esto, resulta difícil calificar a la inflación de impuesto de los pobres. Pero sí habrá que preguntarse entonces a quién beneficia y a quién perjudica la subida de los precios; y como en casi todos los asuntos, en este la respuesta tiene que ser ambigua, depende. En principio y sin afinar demasiado, podríamos contestar que favorece a los deudores y castiga a los acreedores, lo que resulta bastante fácil de entender. Una subida general de precios implica una disminución del valor del dinero, y automáticamente de la cuantía de la deuda. Los Estados, al poseer un buen montante de deuda, títulos soberanos, resultan favorecidos al igual que el resto de los deudores, y en tanto o mayor medida cuanto mayor sea el endeudamiento. Obsérvese que la mayoría de las veces los deudores son los pobres y los acreedores los ricos.

Lo anterior explica que países como Holanda o Alemania, con un stock de deuda pública reducida, y cuyas sociedades tienen además posiciones acreedoras, tengan una especial sensibilidad a todo lo que pueda significar subida de precios. Han contemplado con suma prevención la política seguida por el BCE desde que Draghi asumió la llamada “expansión cuantitativa”. Pero la crítica no era creíble, ni tenía ningún sentido, mientras la inflación continuase en cifras tan bajas que en algún momento llegaron a ser negativas.

La situación puede cambiar en los instantes presentes en los que la inflación comienza a enseñar las orejas, si bien es verdad que el BCE se ha apresurado a ponerse la venda antes que la herida, y está manteniendo la tesis de que esta subida es temporal y que por eso no tiene necesidad de cambiar de política. No obstante, no es descabellado suponer que los países acreedores vuelvan a presionar al BCE cuestionando que continúe comprando deuda soberana de los países miembros, lo que puede resultar una gran amenaza para Estados como España, Grecia, Portugal, Italia e incluso Francia, cuyo nivel de endeudamiento es muy alto, y que difícilmente se mantendrían en los mercados financieros sin la intervención del banco emisor.

La inflación puede representar además una amenaza adicional. La subida de los precios no tiene por qué ser igual en todos los países, y de hecho no lo es. En un mercado único y con moneda única, el diferencial de inflación se traslada a la competitividad, y puede causar notables desequilibrios económicos y financieros. He ahí en gran medida el origen de la anterior crisis. Hay tres parámetros que pueden situar a la economía española ante una difícil encrucijada: un alto endeudamiento, una elevada tasa de desempleo y una baja productividad.

Continuando con la pregunta de quién sale perjudicado y quién beneficiado con la inflación, y yendo más allá del binomio deudores-acreedores, debemos considerar que no hay un solo precio, y el índice que mide la inflación es una media ponderada de todos ellos; y, como es lógico, no todos experimentan la misma subida. Aquellos sectores cuyos precios se incrementan más que la media salen favorecidos, mientras que los que suban menos se verán damnificados. En este planteamiento, los salarios son un precio más, el de la mano de obra. La inflación perjudicará a los trabajadores solo si sus retribuciones no suben, al menos, en la misma medida que los precios. En este caso el beneficio será para el empresario. Pero tampoco los salarios subirán todos en la misma proporción. Habrá también diferencias entre los trabajadores; aparecerán ganadores y perdedores.

En el extremo, las empresas que se encuentren en aquellos sectores sometidos a la competencia internacional y que debido a ello no pueden subir sus precios, o al menos en la misma cuantía, que los otros precios o salarios, pasarán graves dificultades económicas o incluso se verán obligados al cierre. A su vez, cuando el origen de la inflación se encuentre exclusivamente en el exterior, por el incremento del precio de determinadas materias estratégicas, como el petróleo o el gas, o bien los salarios o bien el excedente empresarial tendrán que sufrir una reducción. En el caso de que ni los trabajadores ni los empresarios estén dispuestos a repartirse la pérdida, lo más probable es que se entre en una espiral inflacionista que dañará la economía y contradecirá la suposición de que la inflación es coyuntural. Este fue el origen de la estanflación de la crisis del petróleo en los años setenta.

¿Qué ocurre con los pensionistas y los empleados públicos? No se puede afirmar en principio que la inflación les perjudique. Todo depende de que las retribuciones y las prestaciones suban o no en la misma cuantía que los precios. Existe una creencia errónea especialmente respecto a las pensiones. Se considera que su actualización por el IPC daña al erario público en tiempos de inflación. Esta opinión no tiene en cuenta los ingresos del Estado que crecen también con los precios. El impacto, por tanto, sobre el presupuesto de la regularización de las pensiones y del sueldo de los funcionarios por el IPC será casi el mismo sea cual sea la subida de precios. Otra cosa es que el Estado no obtenga el beneficio extraordinario que la inflación le proporcionaría (como contrapartida a las pérdidas de los pensionistas y funcionarios) si las retribuciones y las prestaciones no se actualizasen. Los que arremeten en contra de la regularización de las pensiones y de las retribuciones de los empleados públicos lo que proponen de verdad es financiar otros gastos y el déficit público con la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y de los funcionarios.

En esta línea debería haber ido la contestación del ministro de Inclusión a los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados. Bien es verdad que el ministro, a pesar de su aparente seguridad, no termina de cortar el nudo gordiano de las pensiones. Suele liar casi todo. Afirmó que la semana laboral de cuatro días es aplicable únicamente a las sociedades de pleno empleo, pero se debió de confundir porque son sus planes para la reforma de las pensiones -retrasar la edad de jubilación- los que solo tienen sentido en las economías en las que apenas existe el paro. En una economía como la española con altos niveles de desempleo cifrar la financiación de las pensiones en alargar la vida laboral es arreglar un problema a costa de aumentar otro, el paro.

A su vez, el reparto de trabajo tiene mucha más justificación, como es lógico, en economías con altas tasas de paro que en aquellas que gozan de pleno empleo. Es la productividad la variable que lo condiciona. Así ha sido históricamente. Los notables incrementos en esta variable han servido para aumentar los salarios y reducir el tiempo de trabajo. Este proceso se rompió a partir de los años ochenta cuando los aumentos de la productividad se han destinado en mayor proporción a elevar el excedente empresarial. El panorama actual se agrava para España, ya que en los últimos años con la incorporación a la Unión Monetaria apenas se han producido aumentos en la productividad, y sin estos será muy difícil que los salarios ganen poder adquisitivo y que se produzca la reducción de la jornada laboral.

Artículo publicado originalmente en Contrapunto.

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Llamo a la juventud. [Miguel Hernández]

 

Tal día como hoy de 1910 nacía en Orihuela Miguel Hernández, el Poeta del Pueblo. Adscrito a la Generación del 27, Buero Vallejo dijo de él que ante todo era un poeta además de bueno, necesario. Lo recordamos con uno de sus poemas más emblemáticos.

Llamo a la juventud

 

Miguel Hernández

El Viejo Topo

30 octubre, 2021 

 Llamo a la juventud

Los quince y los dieciocho,

los dieciocho y los veinte…

Me voy a cumplir los años

al fuego que me requiere,

y si resuena mi hora

antes de los doce meses,

los cumpliré bajo tierra.

Yo trato que de mí queden

una memoria de sol

y un sonido de valiente.

Si cada boca de España,

de su juventud, pusiese

estas palabras, mordiéndolas,

en lo mejor de sus dientes:

si la juventud de España,

de un impulso solo y verde,

alzara su gallardía,

sus músculos extendiese

contra los desenfrenados

que apropiarse España quieren,

sería el mar arrojando

a la arena muda siempre

varios caballos de estiércol

de sus pueblos transparentes,

con un brazo inacabable

de perpetua espuma fuerte.

Si el Cid volviera a clavar

aquellos huesos que aún hieren

el polvo y el pensamiento,

aquel cerro de su frente,

aquel trueno de su alma

y aquella espada indeleble,

sin rival, sobre su sombra

de entrelazados laureles:

al mirar lo que de España

los alemanes pretenden,

los italianos procuran,

los moros, los portugueses,

que han grabado en nuestro cielo

constelaciones crueles

de crímenes empapados

en una sangre inocente,

subiera en su airado potro

y en su cólera celeste

a derribar trimotores

como quien derriba mieses.

Bajo una zarpa de lluvia,

y un racimo de relente,

y un ejército de sol,

campan los cuerpos rebeldes

de los españoles dignos

que al yugo no se someten,

y la claridad los sigue,

y los robles los refieren.

Entre graves camilleros

hay heridos que se mueren

con el rostro rodeado

de tan diáfanos ponientes,

que son auroras sembradas

alrededor de sus sienes.

Parecen plata dormida

y oro en reposo parecen.

Llegaron a las trincheras

y dijeron firmemente:

¡Aquí echaremos raíces

antes que nadie nos eche!

Y la muerte se sintió

orgullosa de tenerles.

Pero en los negros rincones,

en los más negros, se tienden

a llorar por los caídos

madres que les dieron leche,

hermanas que los lavaron,

novias que han sido de nieve

y que se han vuelto de luto

y que se han vuelto de fiebre;

desconcertadas viudas,

desparramadas mujeres,

cartas y fotografías

que los expresan fielmente,

donde los ojos se rompen

de tanto ver y no verles,

de tanta lágrima muda,

de tanta hermosura ausente.

Juventud solar de España:

que pase el tiempo y se quede

con un murmullo de huesos

heroicos en su corriente.

Echa tus huesos al campo,

echar las fuerzas que tienes

a las cordilleras foscas

y al olivo del aceite.

Reluce por los collados,

y apaga la mala gente,

y atrévete con el plomo,

y el hombro y la pierna extiende.

Sangre que no se desborda,

juventud que no se atreve,

ni es sangre, ni es juventud,

ni relucen, ni florecen.

Cuerpos que nacen vencidos,

vencidos y grises mueren:

vienen con la edad de un siglo,

y son viejos cuando vienen.

La juventud siempre empuja

la juventud siempre vence,

y la salvación de España

de su juventud depende.

La muerte junto al fusil,

antes que se nos destierre,

antes que se nos escupa,

antes que se nos afrente

y antes que entre las cenizas

que de nuestro pueblo queden,

arrastrados sin remedio

gritemos amargamente:

¡Ay España de mi vida,

ay España de mi muerte!

Miguel Hernández, 1937

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El PP y su ex tesorero condenados por corrupción. [Que no se me acelere nadie no sea que tengamos un disgusto y nos dé por tirar la bicicleta a tomar por el culo y a robar al monte, que esto es cosa de hoy te robo más que ayer (estos garcilasos de la política son los que manejan el dinero de nuestras pensiones, entre otros dineros) pero menos que mañana que entra dentro de la camaradería patrio-patria multipatrica de los cánones de la democracia representativa, en la que nadie elige a un representante para que le robe, pero joder qué cosas pasan, que va el tío este, el representante, te roba, actúa la ley (que no estamos hablando aquí de justicia, que son cosas distintas) penosa, porque ese asunto va por vía penal, te aplica el artículo 33, punto uno, dos y tres y no responda más porque si no aquí no se acaba nunca, se trastoca lo normal y debiendo proceder proceden, ¡ya lo creo que proceden!, aplicando el churro a contrapelo de la figura jurídica de la responsabilidad civil subsidiara y tal. Y bueno, ya sabe usted, cosas que pasan, que el que te ha robado te ha robado (y mañana más), punto. El ladrón B se ha hecho más rico, otro punto más, hombre, que no falten puntos, que un día es un día, te puede seguir robando (aquí no hay punto porque el que tenía que ir se lo acaba de llevar el ladrón que sigue todavía en el Congreso). Penoso chiquet, pero penoso porque se trata del derecho penal que es una pena, que si no de qué]

 

El PP y su ex tesorero condenados por corrupción

INSURGENTE.ORG. / 28.10.2021

 

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al extesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al Partido Popular como responsable civil subsidiario en relación al pago con fondos de la caja B de la reforma de la sede central del partido en Madrid. Los responsables de la constructora han sido sentenciados a dos años y 9 meses de prisión, mientras el exgerente del PP Cristóbal Páez y la extrabajadora de la empresa han resultado absueltos.

La sentencia, de 454 páginas y de la que ha sido ponente María Fernanda García Pérez, condena a dos años de cárcel a Bárcenas por abonar a la empresa Unifica 1.072.000 euros por las obras realizadas en la sede central del PP «al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública».

Por ese mismo delito contra la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades, la Audiencia Nacional condena al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros, la parte correspondiente de la cuota defraudada por la constructora. La cuantía total ascendió a 870.521,32 euros que Bárcenas les dio en B para pagar uno de los tramos de la reforma. El PP responde como subsidiario junto a él, los dos responsables de las obras y la propia empresa.

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Cae el precio del gas en Europa tras la promesa de Rusia de aumentar el ...

Die Linke (seguramente) no debe gobernar en Berlín. [Que digo yo, compañero camarada colegui tío a ellos la Legión compañero del metal, que todo esto, aunque no diga nada de ello la prensa, radio, televisada de postín, también está pasando. Pues eso es lo que digo]

 

Die Linke (seguramente) no debe gobernar en Berlín

TERCERAINFORMACION / 28.10.2021

Con una ciudad plenamente movilizada en torno a demandas como la expropiación de grandes inmobiliarias o la re-estatalización de los hospitales, la fuerza de la izquierda no está en el Gobierno.

El pasado 26 de septiembre, las elecciones de Berlín dieron una vez más mayoría al Partido Socialdemócrata (SPD), de Franziska Giffey, una social-liberal situada en la parte más conservadora de su partido, con un 21,44%. En segundo lugar, Los Verdes de Bettina Jarasch, subidos a lomos de la ola verde, llegaban al 18,88%. Los democristianos de la CDU de Kai Wegner, perdían un escaño, en el 18,06% y Die LINKE pasaba a la cuarta posición con un 14,03%, perdiendo escaños respecto a 2016.

El juego de mayorías hace que se pueda re-editar un tripartito de izquierdas. La diferencia es que, mientras en 2016, era «rojo-rojo-verde» (indicando el orden de electoral), ahora sería «rojo-verde-rojo». Actualmente, se están produciendo las negociaciones para crear dicho gobierno de coalición, un pacto en el que, a mi juicio, no debe entrar Die LINKE. No es un rechazo general a las coaliciones de Gobierno con participación de izquierdas, sino que se debe a la coyuntura en la que se encuentra la ciudad.

Hay dos elementos fundamentales que, a mi juicio, diferencian la situación que dio pie al Gobierno de coalición en España en 2019 y la que existe ahora mismo en la capital alemana: en primer lugar y fundamental, la existencia de una movilización masiva y permanente en Berlín, en niveles similares a los años del Rodea el Congreso, Marchas de la Dignidad, Marea Blanca, etc. en España. A finales de 2019, la movilización en España estaba bajo mínimos. En segundo lugar, un retroceso de la extrema-derecha (AfD) de Kristin Brinker, que se ha dejado la mitad de los escaños, quedándose en un 8% de voto, frente al auge de VOX vivido en la repetición electoral de noviembre de 2019. No es mi intención analizar en este contexto el gobierno de coalición PSOE-UP en España, pero como cualquier lector puede lanzarse al símil, creo que sí que merece la pena mencionar esos dos factores fundamentales.

En esta coyuntura, la izquierda en Alemania, o especialmente en Berlín, tenemos nuestro poder en la calle. Nos lo ha demostrado el referéndum Deutsche Wohnen & Co. enteignen (DWE), en el que con una participación histórica del 76% y un Sí apoyado con el 59,1% del voto válido (más que los votos de la suma de los tres partidos del posible gobierno), es decir, más de 1 millón de berlineses y berlinesas han votado (nada menos) que expropiar y socializar 240.000 viviendas. Dentro de la campaña hay voces que sugieren que la entrada de Die LINKE. en el Gobierno es la garantía de que se cumpla este mandato democrático, al ser el único partido que lo ha apoyado nítidamente. Sin embargo, el riesgo de defraudar es demasiado alto: Giffey del SPD no quiere aplicarlo y quiere enfriarlo en comisiones e informes que, en última instancia, llevan a que no entre en vigor; por su parte, los Verdes no son un aliado fiable a la hora de presionar al SPD, ya que su política en este aspecto ha residido en la ambigüedad y los cambios de opinión según el momento. DWE lo tiene claro: el referéndum debe aplicarse o, si no, se tumbará al Gobierno y, es más, los militantes de Die LINKE. en DWE ayudaremos a tumbar ese Gobierno.

Conscientes de esto, en el Congreso convocado por Die LINKE. Berlín, desde varios distritos y asambleas, como la mía de Die LINKE. Steglitz-Zehlendorf, presentamos una propuesta para que la aplicación del referéndum fuera una línea roja. La propuesta fue transaccionada y descafeinada, reiterando un apoyo a su aplicación, pero con ciertas vaguedades que pueden llevar al referéndum a una vía muerta en la cámara de Berlín. La excusa fue que a una negociación no se puede ir con líneas rojas, pero, aunque se pueda otorgar cierta razón a este argumento, lo que inquieta es que no existe una confianza plena en que no se firme un acuerdo de Gobierno que deje al referéndum con mucho riesgo de quedarse en la estacada. Lo único aceptable sería la firma de un acuerdo de gobierno en la que se pongan plazos (dentro de la legislatura) para su debate y entrada en vigor, asumiendo que, en caso de no cumplirse, Die LINKE. rompería el Gobierno. Sabemos por otra parte que, una vez dentro, es difícil romper la baraja.

Además, aunque DWE sea la reivindicación por excelencia, hay otras causas que no pueden sernos ajenas a la izquierda, a saber, la recomunalización del transporte (S-Bahn), evitando su privatización (defendida por Los Verdes), así como la recuperación de la gestión de los hospitales públicos de Charité y Vivantes, cuyas trabajadoras han estado semanas en huelga para exigir un convenio justo y un aumento de la contratación ante la precariedad laboral y la escasez de personal. Igualmente, Die LINKE. no puede permitirse seguir sufriendo las consecuencias y el desgaste, mientras se desalojan locales sociales o casas proyecto, como Syndikat, Liebig 34 o la explanada de KØPI.

Si la disfuncionalidad y la discordancia en ciertos temas con el gobierno «rojo-rojo-verde» de 2016 ya generaron mucha tensión en ciertos sectores de militantes y votantes (como los desalojos o la gestión en torno a Karstadt), el riesgo de que se multiplique exponencialmente en una coalición «rojo-verde-roja» es muy alto, en medio de una ciudad profundamente movilizada con unos movimientos sociales, a los que Die LINKE no solamente defiende, sino en los que su militancia está masivamente presente.

Por todo ello, creo que solamente merecería la pena que Die LINKE. entrara en el Gobierno de Berlín con el objetivo claro de aplicar el referéndum, con un calendario claro y siguiendo la ley emanada del propio movimiento social. Conseguir esta victoria puede compensar tener que tolerar otras derrotas (sabemos que los gobiernos de coalición conllevan alegrías y penas), pero sin garantías de tener esta victoria fundamental y tan sumamente respaldada por la ciudadanía, un gobierno de coalición en el que esté la izquierda solamente puede llevar a una debacle en los próximos años, a la baja de centenares de militantes y a una decepción difícilmente recuperable.

*Jaime Martínez Porro, IU Berlín, Die LINKE. Steglitz-Zehlendorf.

 

Cuba. Del socialismo de Estado a la República

 

Lamentamos el fallecimiento, a los 83 años, de Juan Valdés Paz, uno de los científicos sociales más eminentes de la Cuba contemporánea. Sociólogo, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas y amigo de El Viejo Topo, le echaremos de menos.

Del socialismo de Estado a la República

 Juan Valdés Paz

El Viejo Topo

29 octubre, 2021

Entrevista realizada por Harold Bertot Triana y Julio César Guanche, publicada en Voces Cubanas el 10 de agosto de 2021.

Desde hace algún tiempo la sociedad cubana se transforma social y económicamente, y se visualizan demandas de diversa índole por varios sectores. ¿Está el Estado cubano en capacidad para absorber y gestionar esas demandas?

Quisiera comenzar aclarando la pregunta, la cual más exactamente, en el caso cubano, debiera referirse al sistema político —integrados por conjuntos de instituciones políticas, estatales, y civiles— y a sus capacidades. De manera que me referiré al Estado, un subsistema de aquél, integrado a su vez por diversas instituciones a cargo de las funciones: a) legislativas; b) de producción, implementación y control de las políticas públicas; c) de administración pública de esas políticas; d) de la seguridad externa e interna de la sociedad nacional; e) de la impartición de justicia; etc.

La interrogante sobre las capacidades del Estado se referiría a todas estas funciones, con respuestas diferentes.

Por otra parte, y como se observa, digamos que ningún Estado dispone de la capacidad para absorber y gestionar todas las demandas que le plantean sus respectivas sociedades, aunque sí sus necesidades básicas; y la capacidad de que dispone y el número de satisfacciones que puede dar es una variable temporal afectada por diversas condiciones, algunas de las cuales pueden controlar y otras no.

Regresando al escenario cubano de la pregunta, diría que el Estado cubano ha logrado, con variaciones en el tiempo, particularmente en las primeras tres décadas del período revolucionario, satisfacer gradualmente, en cada esfera del Estado, gran parte de las demandas de la sociedad, así como satisfacer las necesidades básicas de las grandes mayorías, mediante una oferta de bienes públicos y una política social gratuita y universal.

Como se sabe, las relaciones de intercambio con el campo socialista en general y la URSS en particular permitieron sostener esta oferta y aseguraron un cierto ritmo de desarrollo. El derrumbe del socialismo este europeo impactó al país severamente, dando lugar a un “periodo especial” del cual logró recuperarse solo en parte.

Ello planteó la necesidad, presente hasta hoy, de iniciar un período de reformas orientadas a instaurar un nuevo modelo económico socialista; un Estado de Derecho; y una nueva etapa de su desarrollo democrático. La dilación de estas reformas, la resistencia de dirigentes y funcionarios de todas las esferas a implementarlas, así como el agravamiento del escenario interno causado por la ofensiva norteamericana de “cambio de régimen” y la pandemia del COVID-19, ha afectado las capacidades del Estado y del incipiente sector privado, para sostener su oferta de bienes públicos y culturales; de mayor desarrollo democrático; de seguridad ciudadana; y de un mayor nivel de vida de la población.

Ciertamente, las capacidades del Estado cubano no solo se han visto restringidas por el escenario actual sino también por otras condiciones más estructurales, de las que quiero destacar al menos tres: a) el modelo de socialismo de Estado, que hace de esta institución un poder omnímodo en todos los sistemas sociales; b) un diseño del Estado, caracterizado por la centralización de las atribuciones y recursos, el verticalismo de la dirección, la  burocratización de sus funciones, las manifestaciones de corrupción; y c) el muy bajo control democrático sobre su desempeño.

De lo anterior se deduce que el Estado cubano retiene un potencial de desarrollo de sus capacidades, mediante la superación de sus deficiencias de diseño y de gestión. Numerosas y transitorias campañas —antiburocratismo, contra la corrupción, de mayor representatividad, etc.— se han promovido sin efectos duraderos y sobre todo, sin influir en su diseño institucional.

La implementación de la nueva Constitución de la República y de sus leyes complementarias, parecen ser una oportunidad extraordinaria para superar algunas de estas limitaciones. Al respecto, cobra una especial importancia las propuestas de territorialización o municipalización efectiva de las funciones del sistema político y del civil.

¿Cuál es su opinión sobre la intensificación de las sanciones a Cuba que tuvieron lugar durante la administración Trump en medio de esta crisis agravada por la pandemia y sus consecuencias sobre el país?

El bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU sobre Cuba, concebido a partir de 1960, y formalizado en 1962, tiene su propia historia, caracterizada por su intensificación a lo largo del tiempo, como parte de estrategias políticas en las que se contienen sus intereses geopolíticos, más generales; y sus objetivos políticos inmediatos, tales como la subversión del régimen o su inviabilidad. Los impactos del bloqueo han marcado a la sociedad cubana en su evolución de más de seis décadas. La sociedad cubana ha tenido que absorber tales impactos, sobrevivir a ellos, compensarlos y sostener su desarrollo.

Los especialistas han caracterizados al bloqueo de distintas maneras: como un elemento de presión sobre el comportamiento del Estado y el Gobierno cubano; como recurso de una guerra no convencional; y eventualmente, como arma de una guerra convencional.

Pero el bloqueo adquiere un nuevo significado desde el segundo mandato de la Administración Obama, una vez que el Gobierno cubano declara y promueve, un programa de reformas económicas y políticas a su modelo socialista. Obama admite el fracaso de las estrategias desenvueltas hacia Cuba por todas las Administraciones anteriores y propone e inicia un ciclo de normalización de las relaciones con la Isla. En el fondo, de lo que se trata es de la percepción de que las reformas políticas creaban inusitadas condiciones para una mayor penetración e influencia de EEUU en la sociedad cubana, así como para saldar su obsesión por volver a ser un actor interno en ella. Pero no olvidemos que la normalización de Obama tenía como limite la permanencia del bloqueo, aunque sus medidas lo compensaran en parte.

La Administración Trump, de motu proprio o bajo la influencia de los sectores de la derecha electoral floridana, rompió ese ciclo de normalización y reasumió la tradicional política de presiones, llevando el bloqueo a su forma extrema, bajo la percepción de que las reformas cubanas podrían hacer viable al régimen cubano y asegurar su continuidad en el largo plazo. La imprevisible y dilatada pandemia del COVID-19, reforzó los efectos de esa política, desatando una nueva crisis sobre el país.

Las contrapuestas posiciones de ambas Administraciones —cambio de estrategia en la de Obama, radicalización del bloqueo en la de Trump— también se vinculaban a las respectivas estrategias de recuperación hegemónica en América Latina y el Caribe, así como al conflicto con Venezuela.

Considero que sin el bloqueo o asumiéndolo como una invariante de la política de EEUU hacia Cuba, caso de la Administración Biden, la implementación de los programas de reformas al modelo económico cubano, ya aprobados y consensuados, permitiría, mediante un mayor crecimiento y desarrollo, disponer de la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y parte de las demandas de sus diferentes estratos. Numerosos economistas cubanos han insistido en lo perentorio de estas reformas.

La actual dinámica socioeconómica genera cambios en la composición clasista o de sectores de la sociedad cubana y sus dinámicas de desigualdad. ¿Cómo ve este problema y sus posibles soluciones?

La sociedad cubana del 2021 es otra y diferente de la de los años ochenta, salvo en el discurso oficial. Los cambios acumulados en la estructura social condicionan las políticas públicas y éstas debieran tomar en cuenta tales cambios.

Podríamos resumir estos cambios estructurales como de: a) una estructura demográfica congelada y envejecida; b) una estructura generacional de siete generaciones políticas convivientes, con las tres últimas vinculadas a experiencias de crisis socioeconómicas sucesivas; c) una estructura socio clasistas modificada por el ascenso de un sector campesino en la sociedad rural y de una burguesía mercantil, en la urbana; una estructura ocupacional que incluye un creciente sector cuentapropista; una estructura del estatus social modificada en favor de la autoridad, propiedad y del ingreso; un patrón de desigualdad que se ha duplicado y cuyo término inferior de la desigualdad incluye más pobres y marginados; etc. Es decir que, en la segunda década de los 2000, la sociedad cubana ha devenido más estratificada, más diferenciada y desigual.

Solo una visión esquizofrénica no vería los cambios ocurridos en la sociedad cubana y no advertiría algunas de sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Solo una visión de ese tipo no admitiría el carácter objetivo de un nuevo centro social —grupo etario entre 30 y 50 años—; unas capas medias conformadas por dirigentes, profesionales, oficiales, técnicos y empresarios; intelectuales, etc., para el cual hay que elaborar políticas públicas diferenciadas, ampliar las condiciones del consenso y reconstruir el discurso hegemónico. Igualmente, la necesidad de políticas de recuperación, focalizadas en los espacios y grupos de riesgo.

Esta evolución de la estructura social no ha estado acompañada de un desarrollo sostenido o de un patrón igualitario sustentable, sino de la alternancia de situaciones de crisis y de recuperación económica. Ello ha implicado la necesidad de una nueva estrategia socialista, basada en la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo económico y social “con mercado” y el paso a un patrón de mayor desigualdad, en parte compensado con políticas de equidad.

Una cuestión central es que, a diferencias del modelo “socialista” anterior, éste que se promueve ahora conlleva un bloque social menos homogéneo, con intereses reales más contradictorios y con una diversidad ideológica mayor. El consenso requerido sobre el modelo de sociedad se sitúa, más que en las condiciones sociales y expectativas compartidas, aunque también, en la identidad con una comunidad política soberana, más incluyente, igualitaria y participativa, que esté protegida por un Estado de Derecho y acompañada por un desarrollo democrático ininterrumpido. Dicho de otra manera, por el paso de un socialismo de Estado a una República socialista.

En un contexto político, económico y social tan complejo, ¿Cuál es el espacio que tiene hoy la crítica social, cuál el rol de las ciencias sociales y cuál el papel de los intelectuales?

“En un contexto político, económico y social tan complejo”, como el cubano, de asedio y hostilidad permanente por parte de la superpotencia hemisférica, el espacio para la crítica social se hace restrictivo, dado que: esta crítica incluye a los más diversos actores y corrientes; una parte de esa crítica se muestra comprometida con la estrategia de subversión del régimen promovida por EEUU; y otra parte de ella es de oposición al socialismo, al gobierno o a las leyes. Pero el mayor problema consiste en que dichas restricciones, cuando sean necesarias, puedan no ser transparentes, públicas y consensuadas. Cabe decir, que la experiencia histórica es el de un uso discrecional de esas restricciones por instituciones y funcionarios.

Obviamente, ese espacio restringido es en parte una variable de un contexto defensivo, pero ello no obsta para que tenga que haber un espacio libre de restricciones, demarcado y protegido por la Ley que es el espacio crítico de los ciudadanos. La crítica, como libertad de opinión, está amparada por la Constitución de la República y contra ella no caben más restricciones que las admitidas por la Ley. Paradójicamente, ese espacio ha estado acotado no solamente para las corrientes “anti socialistas” sino también para las voces y corrientes críticas que le pasan al régimen revolucionario por la izquierda, es decir que le reclaman no ser suficientemente revolucionario o socialista.

La indefinición teórica y práctica de que sea una “esfera pública” socialista o una “sociedad civil” socialista, contribuye a la promoción de políticas restrictivas y a limitar la contribución ciudadana.

Un caso particular en este panorama es el de las ciencias sociales, institucionalizadas de hecho, a las que en teoría se les asigna el papel de favorecer la construcción consciente de la “nueva sociedad”, mediante la producción de conocimientos, de técnicas y buenas prácticas.

Todo lo anterior supone la existencia de políticas públicas orientadas al desarrollo de las ciencias sociales y a la implementación de sus resultados. En la experiencia socialista, foráneas y cubana, este papel de las ciencias sociales se ha visto estorbado por la falta de tales políticas, por la supeditación de éstas a ideologías de Estado, por el discurso hegemónico, el secretismo, el unanimismo, la inconveniencia política, etc.

Toda la experiencia del socialismo real ha mostrado una alta suspicacia, sospecha y rechazo hacia la crítica expresa o implícita en los resultados de las ciencias sociales, atribuyéndoles intencionalidad política o un carácter subversivo. En esta perspectiva, las políticas hacia las ciencias sociales han tendido a ser medidas de contención. Cabe decir, que la actual postura de la dirección de nuestro país parece ser una superación de estas concepciones.

El papel de los intelectuales ha sido objeto de discusión desde hace siglos; hasta convertirse en una especialidad de las ciencias sociales. Convencionalmente, se acepta que su función social es en general, producir por distintos medios, conocimientos, representaciones, normativas, imaginarios, identidades, testificar la época, etc.

De los intelectuales, o mejor, de los trabajadores intelectuales cubanos, hay que decir que representan al sector social de los creadores, innovadores y críticos del orden establecido, pero sin poseer por ello ninguna naturaleza angelical. No son “las partes blandas de la sociedad” pero tampoco son los depositarios de su destino. Individual o colectivamente, son ciudadanos de una República en la cual tienen derechos y deberes compartidos, así como, lealtades y compromisos con el orden político y social elegido por las grandes mayorías y al servicio de ellas.

Dicho de otra manera, el problema de los actores que cumplen estas funciones es el grado de compromiso individual y colectivo, con los proyectos de nación y de sociedad, refrendados por las grandes mayorías. Frente a estos proyectos se posicionan no solo como intelectuales sino como actores políticos.

¿Cuáles cree que son los desafíos más complejos para el socialismo cubano en este momento?

Lo que llamamos el “socialismo cubano” prefiero representármelo como la conjunción de dos proyectos diferentes: un proyecto nacional, invariante, de independencia, soberanía y autodeterminación del Estado nación cubano; y un proyecto de sociedad, variable, de inspiración socialista.

El proyecto de nación, la prioridad absoluta, ha debido enfrentar la resistencia, mediación y hostilidad de los EEUU como potencia imperial e imperialista. Por su parte, el proyecto de sociedad ha estado influido fuertemente por el contexto, según haya sido este más o menos favorable al proyecto de nación, a la permanencia del poder revolucionario, a la seguridad nacional y a su desarrollo económico social, en el tiempo.

En estas perspectivas, el socialismo cubano comparte hoy los mismos desafíos históricos de los últimos 60 años, pero en un contexto internacional más adverso e incierto. En estas condiciones, el proyecto de sociedad socialista imaginado se ve enfrentado a nuevas restricciones internas y constricciones externas que le imponen los cambios necesarios para que su poder constitutivo se reproduzca, su desarrollo económico político y social se haga viable y su legitimidad se sostenga.

Dicho de otra manera, el proyecto socialista cubano tiene que ser, en el corto y mediano plazo, reformado; y en mediano y largo plazo, repensado y rediseñado.

Pero en lo inmediato, en la coyuntura, el socialismo cubano tiene que: a) controlar la pandemia y remontar sus efectos más graves; b) promover las reformas económicas que le permitan superar la actual crisis de la sociedad cubana, así como a sus propias limitaciones de gestión, atendiendo, como decía el colega Aurelio Alonso en los noventa, a promover un nuevo modelo económico sin desocializar, es decir, realizar la reformas necesarias y a la vez socializar más cada esfera de la sociedad; y c) si bien la emergencia es económica y social, la superación del actual escenario es política, lo cual implica: implementar sin cortapisas el Estado de derecho declarado en la nueva Constitución de la República; instaurar con plenas garantías el orden constitucional prescrito en ella y en sus leyes complementarias; así como, reconstruir el consenso sociopolítico, mayoritario, acerca de un proyecto de sociedad más autóctono y viable.

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