1/10
06 Nov 2014 09
Izquierda Unida no se
limita a las condenas políticas, por altisonantes y efectistas que resulten,
contra la corrupción, a la que Cayo Lara califica de “cáncer de la democracia”.
Mientras algunos se escuchan a sí mismos en sus intervenciones en tertulias
televisivas, y se regodean de lo bien que lo hacen sin aportar ni una sola
propuesta alternativa, el grupo parlamentario de IU presentó el día 3 de
noviembre en el Registro del Congreso de los Diputados la iniciativa
parlamentaria que, como proposición no de ley, desarrolla las 45 propuestas
del Plan Integral para la regeneración
democrática y la lucha contra la corrupción elaboradas por la coalición.
Entre estas 45
medidas contra la corrupción, con la que, para Cayo Lara, ha tenido mucho que
ver una “legislación débil e insuficiente” que hay que reformar y que, afectan
a una decena de leyes, se encuentran la eliminación de la prescripción para
“los delitos económicos relacionados con la corrupción”, la ampliación “hasta
30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público” para los
condenados por este tipo de delitos, y el establecimiento de una
“responsabilidad económica subsidiaria” para las instituciones financieras que
colaboren en operaciones de blanqueo de capitales y ocultación de bienes y
capitales.
Además de las
ya señaladas, el resto incide, principalmente, en intensificar la persecución
de los delitos de corrupción, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal,
el control de los procesos de contratación de las administraciones públicas y
de los procedimientos urbanísticos, la regulación de la labor de los cargos
públicos, las campañas electorales, los partidos políticos, medidas contra el
transfuguismo y el control de los ‘lobbies’.
Asimismo, en la
proposición no de ley de IU se detalla la ampliación de los tipos penales y el
endurecimiento de penas en el Código Penal para corruptos y corruptores, el
establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en
los que se encuentren imputados cargos públicos o la prohibición de que las
entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos
fiscales.
La iniciativa
plantea también que los representantes locales de poblaciones superiores a
50.000 habitantes estén sujetos a una inspección sistemática de Hacienda, la
regulación o prohibición para recibir regalos, endurecer las
incompatibilidades, impedir las ‘puertas giratorias’, reducir los aforamientos
y reforzar la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
En una
intervención pública, Cayo Lara recordó que Izquierda Unida ha sido la que “más
ha hecho” para desmontar posibles situaciones de corrupción, incluso en los
casos particulares que hayan podido afectarla. Indicó que “no quepa ninguna
duda” de que habría denunciado la existencia de las tarjetas opacas de Caja
Madrid si hubiera tenido conocimiento de ellas, como hizo con las dos querellas
presentadas, una en lo que tiene que ver con esta misma entidad bancaria y su
sucesora de Bankia, o con la registrada también en la Audiencia Nacional, en
febrero de 2013, por el ‘caso Bárcenas-PP’.
Cayo Lara
indicó afirmó que IU es “quien más iniciativas ha presentado en el Congreso
para hacer frente a la corrupción”, mientras que el PP se ha encargado de
“rechazarlas sistemáticamente. Si ha boicoteado cualquier lucha contra la
corrupción en el Parlamento, ¿con qué autoridad pretende ser ahora el
abanderado de la regeneración democrática?”. En este sentido, advirtió de que
tanto IU como su grupo parlamentario se opondrán tajantes a que salga adelante
la “ley de punto final” que busca el Partido Popular con sus propuestas, en las
que también quiere involucrar a otras formaciones.
“Justicia,
justicia y justicia”, repitió para señalar lo que se necesita prioritariamente
en estos momentos contra los corruptos y los corruptores, algo que debe ir
acompañado con más recursos materiales y humanos, los mismos con los que hasta
ahora no se le ha querido dotar “porque han querido encubrir” las tramas que
han ido apareciendo para “no potenciar su investigación”.
El coordinador
federal de IU criticó valoraciones como las de la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, del viernes, 31 de octubre, tras el Consejo de
Ministros por pretender “poner el ventilador” para convencer a la gente de que
“todos los partidos son iguales. En IU podemos tener un ‘chorizo’, pero se le
fulmina. Otros tienen una ristra entera y, además, está organizada”.
Las 45 medidas de la Proposición no de ley de IU
I.- Medidas
relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción
- Ampliación de los tipos penales y endurecimiento
de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los
corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia
urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación
indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho,
soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada,
alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento
injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de
perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir,
aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios
recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de
soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos.
Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas
agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de
paraísos fiscales. Ampliación de los plazos de prescripción.
Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción.
Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas,
incluyendo las medidas cautelares pertinentes.
2.- Ampliación
hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo,
de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos
señalados en el punto anterior.
3.-
Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en
los que se encuentren imputados cargos públicos.
4.- Proceder a
modificar la legislación existente con el fin de que los delitos económicos
relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción.
Además y en
relación al fraude fiscal, se modificará también la legislación existente
mediante una disposición transitoria para que se amplíe en un año el periodo de
prescripción de éste en el momento de aprobación de la misma, dos años a partir
del primer año de aplicación de la Ley, tres a partir del segundo y cuatro a
partir del tercero. La disposición decaería una vez logrado limitar el fraude a
un máximo de 3 puntos de PIB. En todo caso, la prescripción prevista por la Ley
se extenderá a 10 años cuando se utilicen procedimientos tendentes a ocultar la
identidad real del obligado tributario, se utilicen paraísos fiscales o la
defraudación se cometa por una red organizada para cometer la evasión fiscal,
equiparando la prescripción administrativa a la prescripción del tipo agravado
del delito fiscal.
*++
