Este mes tocamos
el tema de la fiscalidad, la guerra, el multipolarismo y entrevistamos a
Guillermo del valle y Ekaitz Candela. Consuelo Kanaga nos obsequia sus
fotografías, Monterrubio nos habla de lo humano, Candel de Macron y recordamos
a Costa-Gavras.
Ya a la venta El Viejo Topo de abril
Eduardo Luque
El Viejo Topo
1 abril, 2024
El gasto militar sigue aumentando… Sin embargo, no conocemos con exactitud
el presupuesto destinado al ámbito militar. Existe opacidad y formas indirectas
de financiar la maquinaria de guerra. Además de corrupción y mucha
ineficiencia.
Se atribuye a
Joaquín Costa el líder e ideólogo del movimiento “regeneracionista” la
expresión: “Escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid”. Según el
autor de la frase, España había fracasado como estado guerrero tras la debacle
militar de 1898. La crítica que realizaba el autor a los costes
desmesurados de la guerra de Cuba se repite hoy como un eco casi siglo y medio
después. La cosa militar en nuestro país siempre ha estado reservada a una
casta dispuesta a defender los intereses de los grupos poderosos. Es por ello
que el sistema capitalista no trata mal a la alta oficialidad, puesto que ésta,
en algún momento, ha de servir como barrera frente a la revuelta social.
Nuestra historia está plagada de golpes de Estado y guerras civiles promovidas
en la mayoría de los casos por las clases pudientes dispuestas a todo por
mantener sus privilegios.
La democracia
española –lo narra con especial maestría Joan E. Garcés en su libro Soberanos
e intervenidos– se siente permanente vigilada por aquellos miembros de la
casta que se arrogan el papel de “garantes últimos de los intereses de España”.
Es por ésta y por otras razones que conocer cuál es el presupuesto de
defensa –es decir, el gasto en armas y afines– ha sido históricamente como
completar los doce trabajos de Hércules. Las cifras reales, que no las
oficiales, están guardadas bajo siete llaves y siete candados. No es
porque protejan un secreto militar sino porque, en muchas ocasiones, esos
presupuestos ocultaban operaciones nada edificantes. La defensa y la guerra son
nidos de corrupción, y no solo en nuestro país, también en prácticamente en
todos los países del mundo. Así, los desfalcos que de tanto en tanto
asoman, la corrupción, los sobrecostes y los desfases presupuestarios han sido
y son, desgraciadamente un hecho cotidiano.
El penúltimo
escándalo acabó imputando en 2023 a un teniente general de la Guardia
Civil, el más alto grado militar tras el Rey. Se le acusa de
irregularidades en la contratación de obras para más de una decena de
cuarteles. No olvidemos que la Guardia Civil tiene un carácter militar, por lo
que depende del Ministerio de Defensa. Peor si cabe fue el escándalo
de la joya de la tecnología de los astilleros de Navantia. Hace siete años se
iniciaba la construcción del “novísimo” submarino S-80, un navío que, una
vez entregado a la Armada, se vio que sólo cumplía la mitad de su cometido: era
capaz de sumergirse, pero no de emerger; afortunadamente para la tripulación no
fue probado en mar abierto. Un fallo estructural en el diseño le hubiera
impedido ascender desde el fondo, por lo que hubo que rehacerlo todo. Se
resolvió el problema alargando la eslora para mejorar la flotabilidad, pero
entonces advirtieron que, al ser más largo, no cabía en el astillero y hubo que
alargar éste. Esperamos el momento en que se indique quién es el autor del
desaguisado y se deriven las responsabilidades correspondientes, aunque no
tememos que el expediente se cierre como “los siete sellos que nadie podía
abrir” (Apocalipsis 5:1-14). Es por ello muy importante el trabajo de
organizaciones como Centre Delàs d’Estudis per la Pau, que aportan algo de
claridad sobre el despilfarro militar y las artimañas que utilizan para
ocultar las cifras.
Pero como se dice,
“mal de muchos, consuelo de tontos”; y a este refrán auto justificativo acudió
algún alto oficial intentando explicar el fiasco de Navantia. Efectivamente no
somos los únicos, ni siquiera somos alumnos aventajados. Todas las grandes
naciones, especialmente las Occidentales, acumulan en las dos últimas décadas
un reguero de fracasos estrepitosos. La necesidad de abaratar costes para pagar
a los intermediarios, la subcontratación de la subcontratación y la falta de
control hacen que de tanto en tanto nos enteremos de detalles dignos de la
guerra de “Gila”. La cortina de oscuridad con la que los gobiernos suelen
ocultar los escándalos asegura la impunidad de los responsables. Por ejemplo,
el Reino Unido construyó un portaaviones destinado a ser la “joya de la corona”
de su Marina: el Queen Elizabeth debería ser la imagen del
renovado Imperio inglés. Es un navío enorme… pero, a pesar de ser un
portaaviones, carece de ellos: sólo tiene 8 de los 48 previstos; aunque,
eso sí, está tan sobrado de averías que ha de canibalizar las piezas de su
hermano gemelo el Príncipe de Gales. Los dos buques han costado la
friolera de 8.300 millones de libras esterlinas. Y mientras, la Royal Navy
desguaza fragatas y destructores porque no puede pagar al personal. ¿Y qué
decir de la serie de buques de combate litoral (Litoral Combat Ship o LCS) de
la clase Freedom, de la Armada de los Estados Unidos? Su costo era tan
abrumador que la dotación de misiles por barco tuvo que ser reducida y, por si
fuera poco, se dieron cuenta “en pleno proceso de producción” que los buques no
tenían defensas antiaéreas eficientes. Otro ejemplo sonado del capitalismo de
amiguetes ligado a la guerra ha sido el desarrollo del F-35 de la empresa
norteamericana Lockheed-Martin, con un costo de más de 400.000 millones de
dólares. Tras 15 años de diseño y proyectos fracasados aún no han resuelto la
multitud de problemas arrastra y que la hacen inútil para las misiones
previstas.
La máquina
militar occidental es enormemente cara y enormemente ineficiente. ¿Cómo
entender que un pueblo extremadamente pobre como Yemen sea capaz de plantar
cara a Estados Unidos e Inglaterra en el golfo de Adén? Sólo para que tengamos
un dato: un misil antiaéreo norteamericano lanzado desde una fragata cuesta
2.000.000 de dólares, mientras que un dron yemení no llega a 2.000. Todo este
despilfarro militar no ha servido para nada: los yemeníes siguen atacando
barcos mercantes con destino a Israel.
Este abanico de
datos abre una reflexión: el PIB de Rusia y Bilelorrusia juntos representan el
3,3% del PIB acumulado de los países de la OTAN y aliados, y, sin embargo, los
arsenales occidentales pueden quedar vacíos si se siguen proporcionando armas a
fin de mantener operativo el ejército ucraniano. Mientras, el ejército ruso es
capaz de disparar en un sólo día tantos obuses como los producidos en todo un
mes por todos los países de la OTAN juntos.
La guerra es
una ocupación cara. El equipo de combate que transporta un soldado israelí vale
de media de 25.000 a 90.000 euros en función del tipo de unidad y
características. Asimismo, el gobierno estadounidense gastaba unos 2.100.000
dólares al año por cada soldado desplegado en Afganistán. Todo un desatino.
Según cifras oficiales, el costo del despliegue militar español en ese país
asiático, al margen de las pensiones (tuvimos 102 muertes en el operativo),
alcanzó los 4.000 millones de euros. Vendrían a ser unos 180.000 euros por
soldado al año, y eso sin contar que al soldado se le resta cierta cantidad de
su sueldo en concepto de uniforme, comida, IRPF o sanidad.
Nuestro país ha
entrado, por imposición de la OTAN y de la UE (su brazo político), en una
renovada carrera de armamentos. Nos dicen que el objetivo es invertir el 2% del
PIB. La realidad es otra muy distinta: el actual gobierno oculta los costos
reales de nuestra inversión, por ejemplo en el conflicto de Ucrania. Hemos de
reconocer que los métodos son creativos. Por señalar un caso: participamos
en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Esta
institución ha comprometido financiación para Ucrania por valor de 3.000
millones de euros en el período comprendido entre el 2022 y 2023. El 13 de
abril del 2023, la exministra de Hacienda Nadia Calviño firmaba otro acuerdo
con el BERD por el que España aportará garantías por valor de 100 millones
de euros para ayudar a los municipios ucranianos. Si estos no devuelven el
crédito, España responderá con sus activos. Mucho nos tememos que casi siempre
serán las pensiones públicas las que se utilicen como garantía en caso de
impago. Como señalamos en anteriores reflexiones, ni el Departamento de Estado
de Estados Unidos, ni la UE, ni la OTAN ni el Fondo Monetario Internacional
auditarán las cuentas del gobierno de Zelensky. La corrupción es de tal
magnitud que gran parte de las aportaciones realizadas son desviadas a
bolsillos particulares.
Nadie en el
parlamento ni el senado pareció darse cuenta. Los unos porque están de acuerdo,
los otros porque no quieren malquistarse con los primeros. En el edificio de la
carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, están entretenidos con
historias de amnistías y banderolas. Aún esperamos que alguien nos indique cuál
es el coste para el erario público. ¿Cuánto vamos a recortar de servicios
sociales para apoyar a un dictador como Zelensky, que ha encarcelado a gran
parte de la oposición y además no convocará nuevas elecciones?
Además de las
ayudas ya referidas, el Fondo Monetario Internacional analizó la posibilidad de
apoyar con otros 60.000 millones de euros al régimen de Zelensky. El proyecto
se completó una vez superado el veto húngaro. El primer ministro francés habló
de proporcionalidad. Según sus cuentas, Francia abonará algo más de 8.000
millones de euros. Los húngaros, a pesar de las enormes presiones sufridas,
supieron aprovechar la coyuntura y, apoyándose en el argumento de defender su
soberanía, acabaron por no aportar nada a este fondo y recibieron cantidades
que le adeudaba la propia UE. Evidentemente la señora Ursula von der Leyen ha
señalado que ese no es el ejemplo que seguir.
Otro coste
añadido en esa guerra, y del que ignoramos la aportación española para el 2024,
ha sido el Fondo Europeo para la Paz. El mes de abril del año pasado supimos
que nuestro país aportaría 320 millones de euros. En el mes de agosto se fijó
que el monto económico de este fondo para ejercicios sucesivos rondaría los
20.000 millones de euros en varios ejercicios. Todo ello es dinero aportado
para Kiev. Josep Borrell, en otra de sus memorables frases, pidió que el fondo
se denominase a partir de ahora “Fondo para la defensa de Ucrania”.
El sistema de
financiación para la guerra es enormemente complejo e intrincado. Se parte de
una premisa: cuantos más conflictos haya, cuantas más guerras existan, más
rentable es la industria militar. Hacia ese destino se dirige parte de
nuestro dinero. Sin darnos cuenta sufragamos el esfuerzo bélico a través de
nuestras actividades financieras más comunes. La venta de bonos o acciones, la
contratación de seguros…. o ingresando nuestros ahorros en Fondos de Pensiones
privados. Esto es así porque la actividad financiera en general carece de
controles éticos por parte de sus inversores, o incluso del propio
Estado.
Especial
significación tienen los Fondos Privados de Pensiones. En otros países de la UE
muchos fondos soberanos son controlados por sus inversores y están obligados a
moverse bajo unos principios éticos que impiden la inversión en la industria
militar. El Fondo Soberano Noruego, uno de los mayores del mundo, es un ejemplo
elocuente. En nuestro país no es así, y la falta de ética económica de la gran
banca es de sobras conocida. Tenemos múltiples ejemplos: desde la estafa con
las preferentes, las cláusulas suelo, las hipotecas con IRPH, al exceso de
comisiones cobradas a los clientes que se ha denunciado ahora en Reino Unido… y
un largo etcétera. El escaso o nulo interés de las grandes entidades por
respetar determinados códigos morales es la norma, no la excepción. El negocio
de la muerte financiado con nuestro dinero alcanza hoy tasas de rentabilidad
extraordinarias.
El informe del
Centre Delàs, al que antes hemos hecho referencia, identifica un total de 25
aseguradoras que invierten unos 29.767 millones de euros en industrias
relacionadas con las armas. Existen también 19 fondos de inversión que tienen
activos colocados en empresas armamentísticas. En el período ubicado entre 2014
y 2019, habían invertido 11.969 millones de euros. Las pensiones privadas
son otra fuente muy importante de ingresos para la industria militar, puesto
que aportaron unos 31.000 millones de euros. Existen, y es justo decirlo,
opciones éticas para el sector asegurador, aunque muy limitadas. El gobierno
utiliza otras líneas presupuestarias para incrementar la financiación del
Ministerio de Defensa o colaborar con la guerra en Ucrania, y que pasan
inadvertidas. En ocasiones es avalando créditos, como ya hemos señalado. En
otras ocasiones es el ministerio de Industria quien adelanta dinero para la
construcción de navíos (fragatas F-100), aviones (Eurofigther) o carros de
combate a cargo de presupuestos futuros. Por ejemplo, si vamos al BOE (Real
Decreto 1008/2022, de 5 de diciembre), veremos las normas reguladoras de la
concesión directa de un préstamo a la empresa Airbus Defence and Space, S.A.U.,
para el programa Euromale RPAS. Así, el Ministerio de Defensa dice gastar menos
de lo que realmente invierte. En otras ocasiones el presupuesto de
investigación más desarrollo (I+D) también se dedica a Defensa, al igual
que una parte de los fondos Next Generation que gestionan las grandes
plataformas financieras y que suelen estar más allá del escrutinio público.
Incluso se han dado casos donde el I+D dedicado a enseñanza ha servido para
programas de promoción de las Fuerzas Armadas.
Otra forma de
financiar la guerra es por medio de la aportación directa al presupuesto de la
OTAN: un 5,9% entre 2021 y 2024. Una aportación que, por otra parte, resulta
engañosa, pues los barcos construidos ahora (se anuncia una nueva inversión en
Navantia por valor de 439 millones de euros) se ponen a disposición de la OTAN,
igual que los aviones de combate comprometidos con EEUU (que no se usarán para
defender las costas de las islas Canarias, como se dijo, sino para integrarlos
en los escuadrones diseminados por Lituania o Rumanía). Por otra parte,
lanzados a esta política de ocultamiento que ayuda a reducir el peso del
presupuesto del Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, al reestructurar los
ministerios en 2020, creó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, que absorbió los costos y gestión de las pensiones de las Fuerzas
de Seguridad del Estado. De manera que, de cara a la opinión pública, las
partidas presupuestarias de Defensa se mantenían a niveles razonables, mientras
que era la Seguridad Social quien tenía que asumir los costos de los nuevos
compromisos.
Vivimos en
Estados donde el peso de lo “militar” se convierte en una rémora para el propio
desarrollo social. Donde la “casta” que se nutre de las arcas públicas vive
oculta bajo un manto de oscuridad, y solo en pocas ocasiones podemos hacer un
poco de luz.
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