En las huelgas de las obreras,
y en sus vidas, el feminismo ni está ni se le espera
DIARIO OCTUBRE / agosto 8, 2023
Cristina
Álvarez. En los conflictos laborales más importantes que ha
protagonizado la mujer trabajadora en el último tiempo, llama la atención la ausencia
de los movimientos feministas. Hemos analizado varias huelgas obreras
protagonizadas por mujeres de todo el Estado de los últimos dos años, y la
retirada de estos colectivos es digna de mención.
El movimiento
feminista en España como tal, nacido al calor de la reforma política del
franquismo y principalmente centrado en desgajar a la mujer trabajadora de las
organizaciones obreras, siempre fue reacio a intervenir en los conflictos de
clase que afectan a las mujeres, principalmente a las mujeres trabajadoras.
Ya desde su
fundación en España con las primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer de
1975, con un marcado carácter interclasista, hasta la actualidad, las llamadas
«políticas de igualdad» desarrolladas por organismos como el Instituto de las
Mujeres, o más recientemente, el Ministerio de Igualdad y las consejerías
similares en las Comunidades Autónomas, son la traducción de cómo ponerse de
perfil ante las problemáticas que afectan a las mujeres en su condición de
proletarias.
Uno de los
mejores ejemplos de este esquema es Antonio Garrigues Walker; se encuentra
entre los principales estrategas de las empresas norteamericanas en España y es
sucesor de la saga familiar que diseñó la transición española, y que define a
las mujeres como «el sexo fuerte» que «gobernará el mundo», siendo a la vez uno
de los referentes que apuesta por este «modelo» de igualdad.
A la hora de
analizar el problema, hay que advertir si tras más de 40 años de movimiento feminista
en España, así descrito, las condiciones de vida de las mujeres han mejorado o
no. Si las condiciones injustas que históricamente vivimos han sido abolidas o
si por el contrario la tendencia es descendente.
En junio de
2021, 18 trabajadoras de limpieza del Museo Guggenheim de Bilbao comenzaban una
huelga que duró 284 días en la que reivindicaban contratación a jornada
completa y el fin de las diferencias salariales con sus compañeros del sector,
y que terminaron ganándola. Ferrovial, la empresa contratista, esperaba que la
huelga no durara más de 10 días. A la precariedad laboral se le sumaba la
condición de mujeres de las huelguistas, a quien la empresa no tomaría en
serio.
Fue una huelga
que finalizó el 21 de marzo de 2022, sin que ni sus compañeros del mismo
sector, ni los movimientos feministas, ni las «políticas de igualdad» se
hicieran eco de ello.
El esquema se
repite en cada conflicto que protagonizan las obreras: solamente largas huelgas
y largas batallas consiguen doblegar la voluntad de la patronal, como si el
esfuerzo que tuvieran que desarrollar fuera doble, o triple, para llegar al
mismo objetivo que el resto de trabajadores.
En la huelga de
las trabajadoras de limpieza de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), que ha
tenido idas y venidas durante 5 años y que finalizó en julio del mes pasado,
las trabajadoras tuvieron que reclamar en solitario aspectos como tener un
convenio colectivo, reclamar la carrera profesional o aspectos que el resto de
trabajadores dan por hecho al comienzo de un contrato de trabajo.
Pero hay veces
que son las propias administraciones, que tienen la «igualdad» como «principio
rector» quienes, no ya se ponen de perfil, sino que se convierten en el
principal azote de las trabajadoras. Así paso en enero de 2023 en Castilla-La
Mancha, una de las Comunidades Autónomas aparentemente pioneras en la materia.
15.000 trabajadoras de la limpieza estaban llamadas a la huelga en reclamación
de aumentos salariales en un colectivo laboral, conformado esencialmente por
mujeres, que está especialmente castigado por los bajos salarios y la
precariedad.
Fue la propia
Junta de Castilla-La Mancha quien impuso servicios mínimos del 100%, alegando
el manido recurso de los «servicios esenciales», lo que en la práctica supone
declarar ilegal el derecho de huelga. Éste era un ejemplo palmario de cómo las
responsables políticas de una administración que ataca a las mujeres puede ser
a la vez abanderadas del feminismo, pues la Consejera del ramo, Patricia
Franco, llegó a encabezar las manifestaciones del 8-M en su provincia natal,
Albacete, como representante del gobierno regional.
Y esta «doble
moral» del feminismo también afecta a los mal llamados «sindicatos de clase».
El ejemplo se puede observar en cómo los sindicatos Comisiones Obreras y UGT,
parte activa del movimiento feminista, trataron de sabotear, tras más de 200
días de huelga desde diciembre de 2022 al 1 de agosto de 2023, el éxito de las
trabajadoras de H&M (Inditex) de Iruña, que habían conseguido en su
territorio mejoras laborales por encima de las que ambas organizaciones habían
acordado a nivel estatal.
La mitad de la
clase trabajadora mundial está formada por mujeres, pero el camino que recorre
el feminismo es luchar porque una pequeña parte de ellas rompa los llamados
«techos de cristal»; y es ésta la explicación por la que a este movimiento, que
dice defender a las mujeres, le es completamente ajeno las condiciones de
explotación y opresión que afectan a esta parte de la humanidad.
Otro ejemplo se
vislumbra en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, colectivo que nació
inicialmente para defender a familias de los abusos de la banca pero que
paulatinamente ha ido incorporando reivindicaciones más profundas en materia de
vivienda, como los impagos de alquileres o la ocupación y recuperación de
viviendas cuya propiedad ostentan bancos y fondos buitre.
La composición
de estas plataformas es abrumadoramente femenina. Las acciones más contundentes
de confrontación con el régimen y con la banca las practican mujeres,
completamente desconectadas del llamado «movimiento feminista» que les es
ajeno, porque en el fondo son marginadas de esos círculos donde el debate es
otro: las mujeres que participan de los movimientos de vivienda lo hacen solas,
normalmente sin la compañía de sus parejas, porque son éstas las que ejercen de
manera doméstica la represión de imponer a las mujeres el destino que como
obreras les ha tocado.
Cuando salen
del círculo doméstico, temporal o definitivamente, son capaces de enfrentar a
todos los estamentos del poder político y económico sin rubor: policía,
juzgados, bancos, etc. Hay dos obras cinematográficas recientes que explicaban
precisamente esta circunstancia, donde sus protagonistas son mujeres: Cerca de
tu casa y En los márgenes.
En la medida en
que el, en otro tiempo y aparentemente, «combativo» feminismo ha sido integrado
en el sistema, el concepto desaparece; y la mujer obrera, que sigue explotada y
manoseada, hay que distraerla con elementos triviales.
Por ejemplo,
con la reivindicación de que haya más mujeres en puestos de poder. Al amparo de
esto, ha crecido exponencialmente la presencia de mujeres en los consejos de
administración de empresas, en las fuerzas de seguridad o incluso en el poder
judicial.
En este último
sector, el panorama que afecta a la mujer no puede ser más ilustrativo de lo
que aquí señalamos. En España hay 2.918 juezas en activo frente a 2.402 jueces,
y siete de cada diez nuevos ingresos en la carrera judicial son mujeres, pero
esto no quiere decir que con ello las trabajadoras estén mejor protegidas
contra la desigualdad o contra la ideología patriarcal, más bien al contrario.
Son juezas las que suscriben despidos, las que amedrentan a víctimas de
violencia de género o las que instruyen causas contra mujeres que han osado
desobedecer los mandatos que emanan de los juzgados de familia.
De hecho, se
viene advirtiendo de un tiempo a esta parte que en los juzgados de violencia
sobre la mujer se aprecia un cambio de tendencia sustancial en los últimos
años, que tiene como fin rebajar la penalidad de los delitos contra las mujeres
y dónde, paradójicamente, muchas de las resoluciones que lo suscriben están
firmadas por mujeres.
La actual
Ministra de Justicia, Pilar Llop (PSOE), fue jueza de instrucción y llegó a
señalar en mayo de 2022, tras la sucesión de asesinatos de mujeres a manos de
sus parejas y donde no había denuncia previa, que las mujeres víctimas de
violencia de género tienen una eventual responsabilidad por su «desconfianza en
el sistema».
Victoria Rosell
(Podemos), también fue jueza instructora, y actualmente es delegada del
Gobierno contra la Violencia de Género; sin embargo, en la retina está su
responsabilidad en el procesamiento de cinco militantes de la Intersindical
Canaria que participaron de un escrache contra la patronal regional en 2012.
Llegó a pedir un año de prisión y otro de inhabilitación para Guacimara Vera,
Luci Rodríguez, Asunción García, Aisha Hernández y Pino Monzón. Finalmente,
pese a la movilización social a favor de las represaliadas, las sindicalistas
fueron condenadas a seis meses de prisión y 6.000 euros de multa.
Y es que el
feminismo y la liberación de la mujer son dos cosas distintas. El feminismo
pretende conciliarnos con el sistema que organiza las bases de la opresión de
la mujer, y a ese convite la mujer obrera no está invitada.
FUENTE: mpr21.info
