Son
luchas diferentes, pero con idéntico objetivo: combatir los intentos del
capital de adueñarse de las sustanciosas cantidades que atesoran los sistemas
públicos de pensiones. Llevan años intentándolo, y no cesan en su empeño.
La lucha por las pensiones públicas. España y Francia:
semejanzas y diferencias
Ernesto Gómez de la Hera
El Viejo Topo
30 marzo, 2023
Estos días los
sistemas públicos de pensiones español y francés ocupan espacios importantes en
todos los medios de comunicación. Más en Francia, pues allí este asunto está
ocasionando una grave crisis política, menos en España, donde el Gobierno está
respirando aliviado por sacar adelante -sin consenso empresarial, pero sí
sindical y de la UE- la segunda parte de su reforma del sistema. Sin embargo,
más allá de la situación puntual inmediata, todo lo atinente a este pilar
fundamental del llamado estado de bienestar occidental lleva ya tiempo, en
España y Francia, siendo central. Central por cuanto ambos gobiernos comparten
la intención de debilitar sus respectivos sistemas públicos de pensiones y por
la respuesta popular en defensa de los mismos.
Pero para mejor
comprender lo que está ocurriendo conviene que detallemos las similitudes y las
diferencias que hay entre las dos situaciones. Sólo así comprenderemos como en
un lugar -Francia- esto se ha convertido en la crisis que citábamos y en otro
-España- el Gobierno parece que se sale con la suya con un mínimo disenso. Y
decimos que parece, ya que realmente también aquí está afrontando serios
problemas, aunque no sean tan graves, por el momento al menos.
La semejanza
mayor proviene de la naturaleza de las causas y justificaciones de ambos
ataques a las pensiones públicas, así como sobre los objetivos finales
perseguidos. El ataque desencadenado por los gobiernos europeos de turno, en
estos y otros países, está encabezado por la Comisión Europea, pero no está
motivado por ninguna conjura u odio contra los pensionistas. Como decía cierto
personaje: no es nada personal, son sólo negocios. Y es que son los negocios
del capital los que han lanzado a los espadachines que tiene a su servicio en
la burocracia europea a esta agresión constante contra los derechos de los
trabajadores.
En efecto, la
reducción de la tasa de beneficio del capital ha profundizado la
financiarización de este. Esto ha llevado a que cualquier nicho de acumulación
de ahorro público sea visto como una presa propicia por los grandes
fondos privados de capital, para obtener los beneficios que ya no consiguen por
los medios tradicionales. De aquí procede la externalización y privatización de
la sanidad y el objetivo es hacer lo mismo con las pensiones públicas.
Estas son, en los países de Europa Occidental, la mayor fuente de ahorro
público y traspasarlas al sector privado sería el mayor botín que podrían
lograr. En consecuencia, los pretextos aducidos para lanzar el ataque son
siempre los mismos en todos los países, e idénticos son los daños que producen
a todas las personas humildes.
Igual en Francia
que en España, se dice, sin presentar jamás pruebas reales, que el sistema
público de pensiones está abocado al desastre, pues no se puede sostener cuando
el número de beneficiarios crece, mientras mengua el de cotizantes activos. Una
de las cosas que se oculta con esta falsedad es que el aumento constante de la
productividad del trabajo en los últimos decenios hace que el rendimiento de un
trabajador en activo se haya multiplicado por mucho. También se dice que la
mejor solución para garantizar un retiro digno y suficiente a los trabajadores
es el ahorro particular, en forma de pensiones privadas de capitalización,
manejadas por los bancos. Se trata de otra mentira flagrante como demuestran
las constantes pérdidas de valor de esos fondos de pensiones o, lo que es aún
peor, su desaparición de la noche a la mañana, como han experimentado tantos
trabajadores estos últimos años en EE.UU. O como prueban los 8.000 millones €,
pertenecientes a pensionistas suecos, manejados por los fondos privados de
pensiones del Silicon Valley Bank y que se han esfumado por la quiebra de este
banco. Y es que conviene recordar que esos fondos no están garantizados en
absoluto por el Estado, como dice claramente la vigente legislación aprobada en
España por el actual Gobierno “social y de progreso”.
Toda esta
pseudoargumentación es común en Francia y en España, aunque naturalmente ambos
sistemas de pensiones tienen diferencias producidas por su diferente formación
histórica. El sistema francés está más diversificado y ni siquiera está
controlado por un único organismo ministerial. El sistema español es más
racional y contiene ciertos regímenes especiales, como el de la Minería o el
del Mar, pero todos funcionan sometidos a los mismos controles y organismos. El
sistema francés siempre ha sido más favorable a las jubilaciones tempranas
cuando hay un gran número de años cotizados. En cambio el sistema español es
más cicatero y, si bien nunca ha exigido tantos años de cotización para
conseguir alcanzar el cien por cien de la pensión, siempre ha dilatado algunos
años más la edad precisa para jubilarse. Esto ha determinado que los
trabajadores con una carrera larga de cotizaciones no tengan ninguna ventaja en
España, algo que no sucede así en Francia.
Más arriba
comentábamos las diversas reacciones políticas que ha producido, en Francia y
España, esta persecución del común objetivo de reducir el gasto en pensiones
públicas y forzar a los trabajadores a poner su dinero en fondos bancarios
privados, de manera que, de nuevo, lo que era un punto central del llamado
estado de bienestar occidental, se transforme en un nicho de ganancias
privadas. Lo que David Harvey llama “acumulación por desposesión” y nosotros
podríamos llamar, más descortésmente, robo.
En Francia se
ha desencadenado una seria crisis política que no se va a detener por el
fracaso de las mociones de censura en la Asamblea Nacional. En realidad ese
fracaso sólo supone una victoria pírrica para Macron, pues la lucha popular no
se va a detener. El uso del antidemocrático sistema elegido para sacar adelante
una legislación que no iba a ser aprobada en la Asamblea Nacional, ha puesto de
relieve la quiebra absoluta de los valores, presuntamente democráticos, que
representa idealmente la República Francesa. Ya no son sólo los trabajadores y
los jóvenes, con sus organizaciones sindicales y políticas, los opositores a
esta deriva autoritaria. Millones de ciudadanos franceses han declarado su
disconformidad con ella y las consecuencias políticas para las formaciones que
lo están aceptando van a ser muy graves, empezando por la segura quiebra del
partido macronista.
La decisión
presidencial de emprender esta reforma en su primer año de mandato, cuando las
elecciones legislativas y presidenciales están lejos, seguramente les pareció
muy astuta a quienes la tomaron. Pero cometieron el error de no advertir
algunas cosas, tres principalmente. Primero no han tenido en cuenta algunas
disposiciones constitucionales de la V República que aún pueden ser usadas para
defender a los trabajadores; aunque lo más seguro es que, personas que ya han
atropellado algunas de esas disposiciones, no tengan mucho reparo en estas
futesas, que tampoco van a ser la piedra angular de los opositores a la deriva
antidemocrática macronista. En segundo lugar está la continuación
de las movilizaciones, con las huelgas y manifestaciones unitarias que se van a
seguir sucediendo. Contra ellas Macron y los suyos han comenzado por acusarlas
-el propio Macron el miércoles 22 en la TV francesa- de violentas y
antidemocráticas (piensa el ladrón….), lo que significa que seguirán usando la
represión policial contra los manifestantes y huelguistas, pues piensan que
inducir el miedo, cuando se carece de argumentos, es la mejor “medicina”, algo
en lo que se equivocan, ya que el resultado será reforzar la crisis política
francesa y la unidad de los opositores populares. Por último, y muy importante,
no han calculado que en Francia, al igual que en otros países occidentales, hay
un mar de fondo de descontento social muy importante que se viene arrastrando
desde hace años y que ha sido reforzado por las actuaciones de los poderes
establecidos durante la pandemia y por el entreguismo a la política belicista
de Washington, que está ocasionando un desastre en las economías europeas.
Lanzar el ataque contra las pensiones públicas en este momento, por más lejanas
que parezcan las citas electorales, sólo servirá para exacerbar la nueva fronda
que agita Francia y extenderla en el tiempo. Así pues, no es fácil que el
desenlace esté próximo, máxime cuando se ha producido una unidad sindical con
los jóvenes de indudable importancia y, más decisivo, en Francia existe una
fuerza política democrática que no ha sido cómplice, sino todo lo contrario, en
todas las medidas de corte neoliberal que Macron y sus antecesores han
venido tomando en los pasados lustros.
En España,
donde este Gobierno y los anteriores -orientados por los burócratas
bruselenses- llevan ya años debilitando el sistema público de pensiones
(recordemos que ya el lejano 20 de junio de 1985 CC.OO. realizó en solitario
una huelga general contra las primeras medidas tomadas por el Gobierno de
González), aparentemente se da un escenario casi idílico. El reciente Real
Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, analizado únicamente por su título y su
exposición de motivos, haría pensar que, lejos de perseguir esos objetivos
antipopulares que mencionamos antes, lo que se busca es todo lo contrario.
Claro que si analizamos el texto y la normativa precedente la conclusión es
otra. Es cierto que este nuevo Real Decreto-ley permitirá aumentar los ingresos
del sistema, pues ha destopado las cotizaciones de los salarios más altos, pero
otras medidas publicitadas como maravillosas mejoras, no son más que humo. Por
ejemplo el cómputo de años para calcular la pensión -ahora son 25, pero en
épocas no muy lejanas fueron 8- se pasa a 29, aunque se contarán los 27
mejores, y se podrá optar por mantener los 25 si el resultado fuere más
favorable para el trabajador. La trampa está en que dentro de tres años un
“comité de expertos” designado por el Gobierno de turno (no el Congreso para
que los diputados no tengan que señalarse) podrá eliminar esta disposición.
Otro brindis al
sol es la promesa de aumentar la pensión mínima hasta 1.200 € dentro de cuatro
años (además este aumento no afectaría a las pensiones de viudedad, con lo que
la brecha de género seguirá creciendo, en contra de lo que dice la
justificación oficial del Real Decreto-ley). Dado el ritmo galopante al que
sube la inflación, 1.200 € dentro de 4 años, es menos de lo que representarían
entonces los 1.080 € consolidados y con las subidas anuales correspondientes,
que se deberían estar pagando ahora, en el caso de que se cumpliera la
reivindicación del movimiento pensionista. Junto a esto no podemos olvidar las
anteriores medidas para ir eliminando las normas que permitían anticipar la
jubilación, como las jubilaciones parciales, todo encaminado a que dentro de
tres años sea efectiva la jubilación a los 67 años que estableció el Gobierno
de Rodríguez. Ni la oposición a legislar para que quienes han cotizado más de
40 años vean recompensado este esfuerzo. Ni las facilidades concedidas para
privatizar una parte del sistema.
¿Podría ser
peor? Por supuesto, de hecho siguen abundando los voceros del capital que
proclaman que las pensiones públicas no se pueden sostener y que hay que
proceder con toda dureza contra ellas. El propio Gobierno omite enfrentarse a
esa sarta de mentiras cuando incumple la legislación aprobada hace poco más de
un año y que obliga a realizar una auditoría sobre la situación del sistema. Y
lo omite en razón de que esa auditoría demostraría la falsedad de esa presunta
quiebra, así como que eso que ellos llaman “gastos impropios” (el dinero que ha
salido del sistema para dedicarse a otros fines y que no ha sido devuelto)
asciende a medio billón €. En realidad estas medidas recientes no satisfacen
totalmente a la banca y a la Comisión Europea, pero aquí, a diferencia de
Francia, las elecciones están próximas y eso induce a la prudencia y a aplicar
la técnica del “salchichón” (cortar las rodajas poco a poco y de una en una,
para no alarmar demasiado). Sin embargo, la diferencia más llamativa con
Francia es la concertación que existe entre los sindicatos representativos de
la mayor parte de los trabajadores, trabajadores cuyos derechos futuros se
están poniendo en almoneda.
En España no
existe una fuerza política democrática importante que se oponga a este
atropello. Aquí lo que hay son fuerzas cómplices del desaguisado (basta leer el
fútil comunicado del PCE sobre la cuestión). Este concierto que tanto daño
causa se debe probablemente a dos motivos: Primero a esa táctica que decíamos
de ir debilitando el sistema poco a poco que lleva años produciéndose en
España, de este modo cuando ya se han hecho las primeras cesiones es más
difícil oponerse a las siguientes. Segundo al convencimiento de que todo esto
es un “mal menor”, frente a lo que puede estar por llegar; postura de una
irracionalidad muy grave, ya que se está defendiendo un mal, por menor que
pueda ser este, y, sobre todo, se está desmoralizando a los trabajadores de manera
que cuando llegue el mal “mayor” no habrá fuerzas para oponerse a él y no hay
duda de que con esta línea de conducta ese mal mayor podría llegar.
Por todo
ello la defensa del sistema público de pensiones en España está en las
manos de un movimiento social de pensionistas, extendido a todo lo largo y
ancho del país, que lleva años luchando en las calles por medio de
plantones de regularidad semanal en muchas plazas y que es el único movimiento
con capacidad para movilizar a decenas de miles de personas (como demostró el
pasado 15 de octubre, en Madrid) sin contar con el apoyo de ningún
medio de comunicación de masas o grupo de poder. Ciertamente este
movimiento abarca únicamente a los trabajadores pasivos (los jubilados) y eso
es una debilidad, pues son las pensiones de los trabajadores activos las que
corren más peligro, y estos, y los jóvenes, al contrario que en Francia,
todavía no se movilizan. Esta es la razón principal de que en España el ataque
a las pensiones públicas no haya desembocado en una crisis política. Pero esto
no quiere decir que no pueda suceder, ya que otras condiciones, como el
creciente malestar social, existen en ambos países. Además el
movimiento pensionista ha tenido éxitos concretos, como lograr la subida del
8,5% para las pensiones este último año u obligar al Gobierno y a la Comisión
Europea a aplazar algunas de las medidas que tenían previstas. Igual que
mantener su unidad frente a todos los esfuerzos dirigidos a quebrarla, como
tratar de dividirlos territorialmente o enfrentarlos con la juventud.
En suma, ni
el movimiento pensionista español ha dicho su última palabra, lo que indica que
la lucha seguirá por más que diga el ministro Escrivá que las pensiones
públicas ya están en el mejor de los mundos posibles, ni en Francia cederá la
crisis política. La causa de la defensa de los sistemas públicos de
pensiones es una causa democrática y mientras haya personas unidas y
organizadas para esta defensa esta causa seguirá viva.
Fuente: Diario Progresista.
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