España ante los desafíos en chips fotónicos

 

TECNOLOGÍA 

España ante los desafíos en chips fotónicos

TERCERAINFORMACION/ 16.03.2023

La creación de plataformas para diseñar los chips que manejan la luz y su fabricación en territorio nacional son dos de los retos a los que se enfrenta España para adquirir la soberanía en este tipo de tecnología. El programa PERTE Chip tiene las líneas maestras para conseguirlo.

Ilustración de procesamiento de información mediante un núcleo fotónico integrado. / XVIVO

 

Nos encontramos en una época de cambios en las tecnologías de semiconductor, los comúnmente llamados chips. Estos han estado en nuestras vidas durante décadas, y tras la pandemia nos hemos cuestionado la forma global de producirlos.

Estamos asistiendo a fuertes iniciativas a escala mundial para fomentar la soberanía en la manufactura de chips, tanto los electrónicos como los fotónicos, aquellos que manejan señales de luz, visible e infrarroja.

Son estos últimos los que han experimentado en la última década un desarrollo sin precedentes, siendo el principal tractor la creciente necesidad de comunicaciones masivas de datos a alta velocidad empleando fibras ópticas, principalmente debida a la proliferación de servicios en la nube, que se apoyan en incontables instalaciones de centros de proceso de datos y super computación.

Mientras que el mercado de la microelectrónica crece al 5 % anual desde hace 20 años, el de la fotónica integrada o chip fotónico lo hace a un promedio de alrededor del 30 % en los últimos 10 años, ya que es una tecnología en despegue.

España cuenta con un ecosistema de fotónica integrada establecido y creciente, que abarca toda la cadena de valor, comenzando por un fuerte núcleo de I+D+i pública y emprendimiento, con fábricas, empresas de diseño, empaquetado, test, fabless (empresas que producen chips en fábricas de terceros), productores de equipo y usuarios finales de chips fotónicos. Nos encontramos compitiendo en muchos casos a nivel mundial, y ello nos aboca a tres desafíos. 

Tres grandes desafíos

El primero es la producción de tecnología propia, que requiere un impulso específico de la I+D+i para la generación de plataformas tecnológicas de fabricación, como las ya existentes en Barcelona y Valencia, y la incipiente en Vigo.

El segundo, la transferencia de dichas plataformas a fábricas en suelo nacional, en cooperación público-privada. Y el tercero, la estimulación de empresas fabless para las aplicaciones de hoy y las que vendrán en el futuro, habilitadas por estas tecnologías.

PERTE Chip

España cuenta con un programa propio para el desarrollo de la industria del semiconductor en general, y de la fotónica integrada en particular, el llamado PERTE Chip con las líneas maestras para ello.

Es tiempo pues de bajar al detalle e implementarlo y determinar cómo se va a hacer, para no dejar resquicio administrativo alguno en el impulso que precisa este sector.

El año 2023 es clave y estamos en marzo. ¿Qué habrá pasado en diciembre? Confío en que los agentes de la cadena de valor de chip fotónico, junto con la administración pública, podamos entonces echar la vista atrás y decir: vamos por el buen camino.

PERTE de microelectrónica y semiconductores

Ante la creciente demanda de semiconductores en sectores clave como la automoción o los electrodomésticos y la necesidad de acelerar la autonomía en la fabricación de chips, este PERTE tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España, y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips.

Está previsto que este proyecto estratégico movilice una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027 y active a su vez un importante volumen de inversión privada.

El denominado PERTE Chip se desarrollará en torno a cuatro ejes estratégicos: concepción, diseño, producción de chips y dinamización de la fabricación de productos electrónicos TIC, para que actúe como generadora de demanda de los microchips producidos, e impulso al ecosistema emprendedor de semiconductores. Esta visión integral ejercerá un efecto multiplicador para el conjunto de la economía española.

Se llevarán a cabo diversas acciones. Una es el refuerzo de la capacidad científica. Con actuaciones como fortalecer la I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas y la fotónica integrada, desarrollar chips cuánticos y lanzar una línea de financiación para reforzar el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación. Se prevé una inversión de 1.165 millones de euros para el periodo 2022-2027.

Otra es la estrategia de diseño. Incluye actuaciones que potenciarán la capacidad española en el diseño de microprocesadores mediante la creación de empresas fabless (cuyos diseños pueden ser fabricados por otros, sin necesidad de tener una fábrica propia) de diseño de microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas; líneas de pilotos de pruebas; red de capacitación en materia de semiconductores. Se destinarán 1.330 millones de euros para este eje.

Una tercera acción es la construcción de plantas de fabricación. Para dotar la capacidad de producción nacional de semiconductores en la fabricación de tecnología de vanguardia (por debajo de 5 nanómetros) y de gama media (de más de 5 nm). La inversión pública presupuestada es de 9.350 millones de euros.

Por último, la dinamización de la industria de fabricación TIC. Contempla actuaciones como la creación de un fondo de capital centrado en los chips para financiar startups, scaleups y pymes innovadoras del sector de semiconductores nacional, con una dotación pública inicial de 200 millones de euros. También se dirige a fortalecer la producción interna de la fabricación de productos electrónicos –que utiliza los microchips como input– para que ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su producción. El presupuesto estimado asciende a 400 millones de euros. 

Pascual Muñoz es director de UPVfab e investigador del Photonics Research Labs-iTEAM de la Universitat Politècnica de València (UPV)

Fuente: UPV

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Una reforma cosmética que no revierte los ataques a las pensiones ni la precariedad

 

Una reforma cosmética que no revierte los ataques a las pensiones ni la precariedad

Publicado el 16 de marzo de 2023 / Por Sindical

KAOSENLARED /

 

En el Estado español se va aprobar otra reforma de las pensiones contando con el beneplácito de las burocracias sindicales de CCOO y UGT. Una reforma que consolida los ataques al sistema público de pensiones durante más de una década.

Mientras en Francia ya se suman siete jornadas de huelga general contra la reforma de las pensiones de Macrón, el Gobierno del PSOE-UP pretende mostrar su propia reforma de las pensiones como un avance para los trabajadores. Pero, ¿es realmente así? ¿O más bien consolida un modelo de deterioro a las pensiones implementado por los gobiernos anteriores?

La noticia se conoció el pasado viernes. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, venía muy ufano de Bruselas con un acuerdo bajo el brazo sobre la reforma de las pensiones, avalado también por sus socios de gobierno de Unidas Podemos. La reforma se había convertido en un auténtico ultimátum por parte de la UE, si se quería recibir con normalidad la cuarta entrega de los Fondos Next Generation. Unos fondos vitales para el Gobierno que están sirviendo para engrasar la economía española y, sobre todo, las cuentas de resultados de las grandes empresas de IBEX35, puesto que son estas las más beneficiadas por estos fondos europeos.

 

Aumento de cotizaciones, fiscalización del déficit y futuros recortes

Lo que se ha conocido de la propuesta del Gobierno implica que no se ampliará el cómputo del cálculo de las pensiones hasta los 30 años, con la posibilidad de eliminar los dos peores, como era la propuesta inicial, sino que ahora se mantiene la voluntariedad de basarse en los 25 años para el cálculo de la pensión u optar por la nueva modalidad de computar los últimos 29 años, con la posibilidad de sustraer del cálculo los dos peores de ellos. Es decir, en la práctica, los futuros pensionistas podrán elegir entre un cómputo de cálculo de los 25 o 27 años últimos de su vida laboral. Una propuesta final que, aunque diluye el golpe a los futuros pensionistas sobre la cuantía a recibir en relación al planteamiento inicial, no deja de abrir la brecha que futuros Gobiernos podrán utilizar para futuras ampliaciones, lo que puede generar resistencia como estamos viendo hoy en Francia, además de establecer un período transitorio en el que se acabarán imponiendo más años de cotización.

En cualquier caso, se están planteando unos períodos de vida laboral que para la mayoría de las mujeres y las personas jóvenes de la clase trabajadora no son más que un espejismo. Desde la reforma de Zapatero en 2011, que fue un ataque en regla contra las pensiones aumentando la edad de jubilación a los 67 años, se produjo también la ampliación de 15 a 25 años en el cálculo de la pensión, lo que recortó las pensiones iniciales un 5%, como ha reconocido el mismo Banco de España. En la actualidad, en un marco laboral determinado por la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios, es virtualmente imposible que la mayoría de la clase trabajadora alcance ese elevado número de años en sus vidas laborales. O lo que es lo mismo, hace casi imposible que la gran mayoría pueda recibir pensiones mínimamente dignas al final de su vida laboral. Un marco de precariedad y temporalidad que, por cierto, la reforma laboral de Yolanda Díaz no reduce, por mucha campaña de marketing que haga el Gobierno “progresista”. Aunque han disminuido, los contratos temporales se han camuflado en fijos discontinuos. Algo que, de cara a las cotizaciones para las pensiones, resultan absolutamente paupérrimos, puesto que la mayor parte del año la pasan sin trabajar de manera efectiva, aunque permanezcan vinculados a la empresa con un contrato indefinido.

El principal objetivo de la reforma de las pensiones es aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto en pensiones sobre el PIB para hacer frente al envejecimiento de la población y las jubilaciones de la denominada generación del “baby boom”. En este sentido, la reforma plantea el incremento de las bases de cotización a las empresas, incluidos los salarios de los altos mandos empresariales, gerentes y CEOS. Pero no solo a ellos, también otros sectores de trabajadores que no son parte del personal jerárquico de las empresas capitalistas sufrirán aumentos. De este modo, el costo de la reforma se traslada también en parte a un sector de la clase obrera, cuando deberían ser los capitalistas los que soportaran la carga. Es decir, quienes se han forrado aumentando precios en forma desorbitante y recibiendo ayudas multimillonarias y una ingente transferencia de recursos del Estado como nunca antes por parte de este Gobierno, como ha reconocido sin sonrojarse el Secretario General del PCE y ex secretario de estado, Enrique Santiago.

Las subidas generalizadas en las bases de cotización ya se han producido de hecho a través del mecanismo de “equidad intergeneracional” con un incremento del 0,6% (0,1% sobre el trabajador y 0,5% sobre la cuota empresarial). Es decir, que en el contexto de una devaluación salarial -una reducción de 6 puntos de pérdida de poder adquisitivo, ya que hubo 2,5% de subida salarial media en 2022 frente a una inflación media del 8,4% y con los alimentos por encima del 15%-, un sector de la clase trabajadora verá reducir más sus salarios.

Como contrapartida, las cotizaciones de las empresas siguen siendo mínimas y el Gobierno, más allá del discurso, se opone a plantear una sola medida seria para que sean justamente las empresas las que sostengan el sistema de pensiones, como sería promulgar una ley que establezca el aumento automático de las pensiones al nivel del IPC real. Al contrario, el progresismo neoliberal deja a las empresas las manos libres para que descarguen cualquier mínima medida o situación que afecte sus beneficios, como ha sucedido con los precios de los alimentos o allí donde se han regulado los alquileres y han sacado miles de pisos del mercado, por negarse a tomar medidas de intervención y control.

Al mismo tiempo, la situación de solvencia del sistema público de pensiones será controlada cada tres años por un organismo técnico independiente del Gobierno, la Airef, que buscará que no se traspasen los límites de déficit que se consideren oportunos según la disciplina fiscal de Bruselas, algo que puede llevar a aumentar las cotizaciones, pero también a buscar un recorte en las mismas. A lo que hay que agregar los fondos de pensiones de empresa que se aprobaron ya por este Gobierno en la anterior reforma y que implican la privatización de gran parte de los recursos de las pensiones, que se canalizarán a través de empresas capitalistas en un sistema de contribución privado con participación pública, pero gestionado por grandes fondos de inversión privados.

 

Las reformas de las pensiones a uno y otro lado de los Pirineos

Ante la nueva reforma del Gobierno lo sindicatos CCOO y UGT salieron rápidamente a la palestra emitiendo un comunicado conjunto para apoyar la propuesta, aunque manifestando que había todavía “flecos por pulir” en relación a aspectos vinculados a la reducción de la brecha de género en las futuras pensiones. Pero, en todo caso, valorando positivamente tanto “la orientación que se plantea” como las medidas concretas.

Por el contrario, la patronal esgrimió una contundente oposición a la reforma calificándola como “regresiva” y “populista”, algo que se expresó en un comunicado también conjunto emitido por las asociaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA. Su disconformidad a la reforma se basa en considerar que “mermará los salarios e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”. Llegan incluso a descalificar al Gobierno por una supuesta “voracidad recaudatoria”. No obstante, manifestaron también su voluntad de mantenerse en la mesa de negociación.

En definitiva, la cantinela de costumbre de la patronal ocultando que en realidad por lo que protestan es porque el Gobierno ahora pretende subir las cuotas patronales a la Seguridad Social, algo a lo que no están acostumbrados. Las cuotas empresariales históricamente se han mantenido congeladas e incluso se han reducido en situaciones de crisis económica, lo que sucedió tanto durante la crisis de 2008 como durante la pandemia, con reducciones, aplazamientos y todo tipo de ayudas a las empresas, mientras el sistema de la Seguridad Social se tambaleaba por la falta de ingresos. Teniendo en cuenta, además, que el Gobierno regó con miles de millones de euros durante la pandemia de 2020 a las empresas financiando los ERTE y los préstamos blandos avalados por el propio Gobierno. Además, las empresas del IBEX 35 han tenido beneficios en 2021 históricos de más de 60.000 millones, coyuntura de maximización de beneficios que se ha prolongado durante 2022 gracias a la especulación de los precios en medio de la crisis bélica de Ucrania y que continúa durante 2023.

Como siempre, las patronales derraman lagrimas de cocodrilo ante cualquier mínima medida que pueda afectar sus intereses. Y como siempre también, las burocracias sindicales están dispuestas a hipotecar el presente y el futuro de nuestra clase por un plato de lentejas. Así fue, sin ir más lejos, cuando se aprobó la reforma de Zapatero en 2011 que amplió la jubilación a los 67 años, con la complicidad de CCOO y UGT. Las mismas burocracias que no convocan una huelga general desde el año 2012.

Esta labor de la burocracia sindical, junto con la cobertura “progresista” que le otorga de Unidas Podemos al gobierno social liberal del PSOE, es una de las principales causas de la pasivización y el escepticismo de que se puedan enfrentar estos ataques. Pero hay escenarios alternativos. Allí está el ejemplo de Francia. En los últimos dos meses, millones de trabajadores y trabajadoras se vienen movilizando con huelgas generales y manifestaciones masivas contra la ampliación de dos años para alcanzar la edad de jubilación, que pasaría de los 62 a los 64 años, que quiere imponer el gobierno derechista de Emmanuel Macron. A pesar de la política conciliadora de las centrales sindicales, que se niegan a incorporar al movimiento las demandas de otros sectores y transformar la lucha en una verdadera huelga de masas que le tuerza el brazo al Ejecutivo francés, en las calles se muestra una gran predisposición para luchar y cada vez más sectores de vanguardia plantean la necesidad de avanzar hacia una verdadera huelga general reconductible para tumbar la reforma.

Aunque no se presenta como un ataque directo, la reforma de pensiones del Gobierno viene a consolidar todos los ataques que se han hecho en la última década contra el derecho a una pensión pública que asegure a toda la población ingresos mínimos equivalentes a un salario mínimo de 1.500 euros. La lucha por el aumento de las pensiones y por la reducción de la edad de jubilación a los 60 años, para terminar con la privatización de las pensiones y los beneficios de los grandes fondos de inversión, entre otras medidas, sigue teniendo plena vigencia. El movimiento de lucha de nuestras hermanas y hermanos de clase al otro lado de los Pirineos demuestra que hay un camino alternativo a la resignación, a condición de plantear una estrategia de independencia de clase para enfrentar al gobierno, la patronal y las burocracias. Porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.

 

Juan Carlos Arias

 

Fuente: Izquierda Diario

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Laicismo: A mí ya no me toman más el pelo

 

Laicismo: A mí ya no me toman más el pelo

 

Por Francisco Delgado

Rebelión / España

 | 15/03/2023 | 

 

Fuentes: Nueva Tribuna

Es una evidencia tozuda que poder político y religión forman “parte de un mismo todo”, gobierne quien gobierne. Esto lo he aprendido tras décadas de una amplia experiencia política y societaria, bajando “al barro” y remando, en muchas ocasiones, contra corriente. Por ello, en esta etapa de mi vida, a mí, las y los políticos del PSOE, Izquierda Unida, Podemos, nacionalistas de centro izquierda, etc. etc. y las coaliciones “supuestamente progres” que pudieren venir… ya no me van a dar más “palmaditas en la espalda”, ya no me van a “tomar más el pelo”.

Seguiré participando en debates sobre laicidad y el derecho a la libertad de conciencia y aplaudiré acciones reivindicativas, pero (personalmente) no participaré más en foros, reuniones y acciones directas con las y los políticos: “¡Tiro la toalla!”. -“Se van a reír de ellos y ellas mismas” y de las y los incautos de turno… De mí, evidentemente, no. Hasta tal punto, de que -a estas alturas- incluso me niego a seguir exigiéndoles: 1) Que supriman/cancelen/deroguen el “puto” Concordato católico de 1979 y los Acuerdos con otras religiones de 1992; 2) que cada año no les regalen a los obispos cientos de millones de euros robados impunemente a la Agencia Tributaria, ya que pagamos todos en connivencia con el Gobierno y el Parlamento (sólo en la última década han supuesto 2.721 millones de euros); 3) que no se “callen” ante el robo de las in-matriculaciones… y no sólo eso, sino que sean cómplices activos de ese expolio de patrimonio público por parte de la Iglesia católica; 4) que aprueben una Ley de Patrimonio Histórico Artístico para que éste siempre sea de gestión y propiedad pública; 5) que no mantengan la religión confesional en la escuela y que dejen de financiar -con miles de millones de euros- centros de ideario católico; 6) que eliminen -de una puñetera vez- el delito de blasfemia; 7) que consideren a las corporaciones religiosas como unas asociaciones más y no con un trato privilegiado y excepcional a nivel asociativo y fiscal; 8) que dejen de asistir oficialmente a liturgias religiosas… 9) que construyan los cimientos y el edificio de un Estado Laico, base de los principios democráticos… Y, por fin, 10) que, de una vez por todas, deroguen la anacrónica ley de Libertad religiosa de 1980 y elaboren una “Ley orgánica de libertad de conciencia”, tomando como base la propuesta de ley que Europa Laica elaboró en su día y puso a disposición de los grupos parlamentarios… 

Cuando, hace casi cuatro años, Unidas Podemos y el PSOE firmaron el pacto de gobernabilidad -deliberadamente- no contemplaron ningún avance hacia el Estado Laico. Ya “dieron señales” de su cutre confesionalidad, que se ha cumplido exquisitamente: ¡faltaría más!

A punto de concluir esta legislatura no sólo no se ha dado ningún paso en la línea de impulsar la laicidad de las instituciones del Estado (salvo que el presidente Sánchez, en 2019 y 20, no prometió el cargo ante un crucifijo) – sino que los privilegios confesionales han ido subiendo en escala, a nivel central y en todas las CCAA. Las relaciones de este Gobierno con El Vaticano y la Conferencia Episcopal Española son excelentes y ya no digamos con entidades católicas y de otras religiones dedicadas a la muy rentable “industria de la caridad”.

En el ámbito municipal, hace ocho años Europa Laica propuso la creación en España de una “RED de municipios por un Estado laico”, se movilizó mucha gente en todas las CCAA y tan sólo, de más de ocho mil municipios que existen, se sumaron aprobando una moción (en algunos casos muy “descafeinada”) medio centenar y, de éstos, menos de diez llegaron a hacer unos reglamentos de laicidad municipal. Pero, además, en la mayoría de los que aprobaron la moción o no se cumple absolutamente nada o, sin más, se han olvidado en un cajón. En no más de un centenar de ayuntamientos hay reglamentos de “ceremonias de paso” laicas (salvo las bodas civiles). En centenares de municipios todavía hay un solo cementerio “cristiano”, a pesar de que hay normas, células y leyes del siglo XIX que obligan a mantener cementerios civiles en todos los municipios del Estado. En suma, con muy pocas excepciones, la laicidad institucional en el ámbito municipal es un bien escaso, como lo es en los ámbitos provinciales y autonómicos, a pesar de que, por término medio, en estas últimas cuatro décadas en más de la mitad de los municipios, CCAA, diputaciones y cabildos ha gobernado y gobierna el centro izquierda, con el PSOE a la cabeza, además de partidos nacionalistas, IU, etc. etc. Y en la última década se ha puesto de moda e incrementado nombrar alcaldes y alcaldesas de honor o conceder “privilegios” y medallitas a cofradías e imágenes católicas, en muchos de los cuales gobierna la (supuesta) izquierda. El más sonado fue en Cádiz.

Participé durante años del proyecto Europa Laica, siendo su vicepresidente entre 2005 y 2008, presidente entre 2008 y 2016 y responsable de educación entre 2018 y 2022. Fui diputado y senador por el PSOE, en 1977 y 1979-1982, también teniente alcalde de la ciudad en la que resido (Albacete) entre 1991 y 1995. En los primeros años de afiliación a este partido (hasta el año 2000, que lo abandoné) traté de dar “la batalla” por la laicidad y la justicia social, frente a la caridad / pero fue inútil – según sus dirigentes no era el momento (¡nunca era el momento!) – había otras prioridades. La presión católica interna era de órdago, escupiendo en la cara a históricos dirigentes socialistas que habían hecho del laicismo uno de sus objetivos políticos. Y muchos murieron o fueron encarcelados por ello.

Cuando el PSOE en el gobierno, a través de la LODE y la LOGSE, decidieron financiar los centros de ideario católico lo hicieron con burdos y vergonzantes engaños de que era una decisión transitoria… y hasta hoy, que la LOE (del PSOE) lo consumó en una disposición transitoria, consumándolo en la última reforma LOMLOE. Además de mantener la religión confesional en el horario lectivo. Generando una segregación ideológica y por motivos de conciencia, incluso entre escolares de muy corta edad. Algo vergonzoso e indigno. 

Con los gobiernos de González, Zapatero y Sánchez, incluso estando el PSOE en la oposición y hasta hace un año he tenido la oportunidad de hablar y debatir, sobre laicidad, Estado laico, educación, etc. etc. con numerosos dirigentes al más alto nivel, también lo he hecho con dirigentes de IU, Podemos, ERC, etc. etc. Y, sí, mucha “palmadita en la espalda”: Con el habitual -“tienes razón, pero no toca”.

En 2016, justo cuando dejé la presidencia de Europa Laica, elaboré un largo y detallado informe (*), en donde trataba de analizar la situación de la laicidad en España y a nivel internacional, ofreciendo mi opinión (personal) sobre la posición de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento, ante la hipótesis (posiblemente lejana) ¡Y tan lejana, visto lo visto! de iniciar -en su caso- un proceso hacia un Estado laico, en el marco de una sociedad plural y altamente secularizada. La opinión que emití entonces era que no observaba voluntad política en casi todo el aro parlamentario. Y así se ha confirmado.

No me equivoqué. Los partidos (todos) siguen enrocados en un modelo cripto-confesional de Estado, como sostenía el amigo Gonzalo Puente Ojea.

La derecha política no engaña, sigue con su propuesta confesional, al más puro estilo nacional católico. Es la “pseudo izquierda” política la que en términos de laicidad engaña, miente. No quieren oír hablar de laicismo y Estado laico. Les molesta. Les repele. Incluso cuando (algunos) en los programas “colocan” una líneas sobre laicidad (sólo) como “reclamo electoralista”, una vez que consiguen el escaño, se olvidan. Ocurrirá, también, en esta próxima campaña, como “señuelo electoral”. 

Para terminar indicar que es un hecho matemático que en esta legislatura que está a punto de terminar hay una mayoría absoluta de escaños de centro izquierda que podrían haber dado algunos pasos laicistas. Pero se han escondido, como siempre y una vez más. Así que a mí: “Ya no me toman más el pelo”. (Espero que futuras generaciones tengan más suerte).

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(*) Se puede ver el informe haciendo una búsqueda en laicismo.org: “Los partidos políticos y el proceso hacia un Estado laico”.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/elecciones-23-laicismo-ni-toman-mas-pelo-religion-iglesia/20230313175759209552.html

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Francia vivió octava jornada de marchas contra reforma de retiro

 

Francia vivió octava jornada de marchas contra reforma de retiro

Tercerainformacion/ 16.03.2023

Avenidas y plazas de Francia fueron hoy testigos de la octava jornada desde el 19 de enero de manifestaciones y marchas para exigir al Gobierno que retroceda en su reforma de la jubilación.

De acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos convocantes, en total salieron a las calles un millón 700 mil personas, 450 mil en esta capital, donde el Ministerio del Interior estimó en 37 mil los participantes en las protestas.

Las movilizaciones devinieron en nuevas condenas al Gobierno y al presidente Emmanuel Macron, a quien acusaron de ignorar el reclamo popular contra la reforma, en particular frente a su objetivo de que los franceses trabajen más tiempo.

En París y otras ciudades, las manifestaciones siguieron a las realizadas el 19 y 31 de enero, el 7, 11 y 16 de febrero, y el 7 y 11 de marzo, nuevamente acompañadas por globos gigantes, pancartas, disfraces y consignas.

Sin embargo, el ambiente fue más tenso, ante la cercanía del desenlace de la batalla parlamentaria entre los promotores y los detractores del proyecto de ley, también cuestionado por el aumento del período de cotizaciones y la eliminación de regímenes especiales de jubilación.

Mientras se producían las protestas, sesionó una comisión mixta de siete senadores y siete diputados con la misión de generar un texto de consenso, que sería votado mañana en el Senado, dominado por los conservadores, y en la Asamblea Nacional, donde el oficialismo perdió la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de junio pasado.

Algunos participantes en las marchas se hicieron eco de las denuncias de que el Gobierno pudiera acudir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar iniciativas sin el voto parlamentario, si siente que su reforma no pasará el filtro de la Asamblea.

jcm/wmr

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¿Hacia dónde va Brasil con Lula?

 

Los primeros pasos de Lula en la presidencia del gobierno han chocado con menos obstáculos de los previstos. Pero no cabe duda de que el bolsonarismo, que pervive agazapado en el ejército y en las instituciones, tratará de poner tantas zancadillas como pueda.

¿Hacia dónde va Brasil con Lula?

Emir Sader

El Viejo Topo

16 marzo, 2023 

 

Está claro de dónde viene Brasil. Los tiempos del bolsonarismo fueron los peores que el país ha vivido desde la dictadura militar. No fueron sólo tiempos de destrucción de la democracia realmente existente, sino también de restablecimiento del neoliberalismo, en su modalidad más radical.

El momento más brutal fue cuando Jair Bolsonaro era presidente de Brasil y Lula un presidiario. No podría haber situación en que las cosas estuviesen más fuera de lugar.

Cuando se dieron elecciones mínimamente normales, Lula ganó y volvió a ser presidente de Brasil. Ya en su primer mes de gobierno, el país ha retomó un clima de convivencia política, de esperanza en que la economía vuelve a crecer y de que los derechos básicos de las personas serán atendidos.

En lo interno, Lula enfrenta la necesidad de retomar el crecimiento económico, sin recaer en un repunte de la inflación. La presión de los medios se concentra en el fantasma de la inflación, tratando de poner obstáculos a la satisfacción de las necesidades de la población ligadas a la reactivación económica.

Tratan de que Lula caiga en las trampas del neoliberalismo: o crecimiento económico con inflación y descontrol de las cuentas publicas, o recesión económica. Los grandes empresarios aceleran el alza de precios y los medios crean el clima de que Lula estaría prisionero del dilema típico del neoliberalismo.

Tener 6 por ciento de inflación anual –para los niveles a que estaba acostumbrado Brasil– es considerado inaceptable para los medios, presionando para que Lula caiga en esa trampa. A la vez que consideran que un crecimiento económico bajo sería un obstáculo insuperable para que Lula cumpla con los objetivos con que siempre se ha identificado su gobierno: mejoría de las condiciones de vida de la población.

En lo político, Lula ha logrado ampliar su base de apoyo, permitiéndole disponer de mayoría suficiente para aprobar la reforma tributaria, la primera gran prueba del gobierno en el Congreso. El apoyo a las víctimas de las lluvias en el litoral norte de la provincia de Sao Paulo ha permitido que todos se den cuenta de la diferencia entre el gobierno de Lula y el de su antecesor. Mientras Bolsonaro, cuando hubo un desastre similar, se quedó paseando en moto acuática, Lula suspendió inmediatamente sus vacaciones en Bahía para visitar las zonas afectadas, además de movilizar recursos para la población y poner a todo su gobierno a trabajar en varios programas de ayuda.

En la política internacional, el prestigio adquirido por Lula hace que sufra las presiones de varios países para que Brasil se involucre en la guerra de Ucrania. Volodymir Zelensky insiste para que Lula vaya a Ucrania, para mostrarle los daños causados por Rusia en el país. John Kerry fue a Brasil a presionar para que este país envíe armamento a Ucrania.

Lula ya había definido la posición de Brasil al inicio del conflicto. El país condena la invasión de Rusia, pero concentra sus esfuerzos en buscar las condiciones de restablecimiento de la paz. Brasil se niega a mandar armamento, lo cual significaría participar de la guerra en lugar de buscar la paz.

Lula propuso la formación de un Grupo de Paz con participación de China e India, entre otros países, para negociar las condiciones de paz. Lula ha contestado a Kerry que Brasil condena a Rusia, pero también condena a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y que busca un discurso que permita que Rusia participe de las negociaciones para pacificar el conflicto. Brasil no mandará armas: significaría participar de la guerra, lo contrario de intentar que termine.

En su segundo mes de gobierno, Lula ha restaurado la presencia de una administración legítima con un presidente atento a todos los problemas del país, con autoridad política, conversando con casi todos los sectores del espectro político.

Es temprano aún para juzgar el desempeño de Lula al enfrentar los graves problemas heredados de los seis peores años de la historia de Brasil en este siglo. Pero el clima político ya es radicalmente distinto. Hay un gobierno, hay un presidente con prestigio y la imagen de Brasil en el mundo se ha recuperado.

El fortalecimiento del bloque BRICS y la movilización de los gobiernos latinoamericanos –en especial Argentina, México y Colombia– proyecta a Brasil como protagonista importante en el mundo. Esa recuperación hace que el Brasil de Lula vuelva a ser un sujeto de peso en el mundo contemporáneo.

Fuente: La Jornada.

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Ismael Serrano - Papa Cuentame Otra Vez (Video Oficial)

Jarcha - "Aceituneros de Puente Genil" ("Ahora" TVE) - Ángel Corpa

Vientos del Pueblo

Literatura para descifrar la tragedia de Casas Viejas

 

Reseña de Tres días del 33, de Ramón Pérez Montero (Los libros de la herida, 2022)

Literatura para descifrar la tragedia de Casas Viejas

 

Por Jesús Aller 

Rebelion / España

| 14/03/2023 | 

 

Fuentes: Rebelión

En aquel mundo de equilibrios precarios que fue la Segunda República Española, lo ocurrido del 10 al 12 de enero de 1933 en la aldea gaditana de Casas Viejas supuso un desencuentro, que resultaría casi definitivo, entre las autoridades y los sectores más empobrecidos y concienciados del campesinado. La sombra de la masacre persiguió a Manuel Azaña, entonces al frente del ejecutivo, y contribuyó unos meses después a su dimisión, que llevó a las derechas al poder, pero sobre todo demostró a las claras que a la hora de reprimir revueltas en poco se diferenciaban los nuevos gobernantes de los de viejo cuño.

Los incidentes de aquellos días fueron ampliamente conocidos gracias sobre todo al trabajo de dos jóvenes periodistas, Ramón J. Sender y Eduardo de Guzmán, que investigaron sobre el terreno y publicaron documentados informes desmontando la versión oficial. A partir de entonces, la bibliografía al efecto no ha dejado de crecer, y existe también un largometraje de 1984, titulado Casas Viejas y dirigido por José Luis López del Río. Tres días del 33 (Libros de la herida, 2022) es una novela de Ramón Pérez Montero que con magnífica literatura explora la dimensión humana de la tragedia. A través de sus páginas intuimos, como origen de todo, la miseria del campo andaluz y la desgracia de un país sin vías reales de progreso social y condenado a un abismo de violencia.

Los hechos y sus consecuencias

A comienzos de 1933, los sectores más impacientes del anarquismo español, cuya cabeza visible era Juan García Oliver, estaban decididos a impedir “la consolidación de la república burguesa”, sobrepasándola por vía insurreccional. En esta tesitura y como forma de ejercitar lo que denominaban “gimnasia revolucionaria”, convocaron una huelga general para el día 8 de enero, que no fue respaldada por el comité nacional de la CNT. La acción tuvo no obstante amplio seguimiento, sobre todo en Cataluña, Madrid, Asturias, Valencia y Aragón, pero también en Andalucía, como vamos a ver.

En el contexto de estas tentativas a nivel estatal, en la mañana del día 11 un grupo de campesinos, armado de escopetas y pistolas, tras proclamar el comunismo libertario en el pueblo, asaltó el cuartel de la guardia civil de Casas Viejas, localidad que contaba por entonces con unos dos mil habitantes. En el enfrentamiento resultaron gravemente heridos dos agentes, que morirían poco después, y a lo largo del día fueron llegando fuerzas de la benemérita y de asalto, que rodearon la vivienda de Francisco Cruz Gutiérrez, apodado Seisdedos, un carbonero de setenta y dos años responsabilizado de lo ocurrido, junto a sus dos hijos y su yerno, en las declaraciones obtenidas por los uniformados.

Ante la resistencia armada que se les oponía desde la choza, las tropas al mando del capitán Manuel Rojas de la guardia de Asalto optaron por incendiarla, con lo que seis personas perecieron calcinadas en su interior, entre ellos Seisdedos, sus dos hijos, su yerno y su nuera. Un hombre y una mujer que trataron de escapar del fuego fueron acribillados, pero la nieta de Seisdedos, que salió con un niño en brazos, salvó la vida. Durante el día 12, Rojas decidió hacer un escarmiento y trece personas fueron fusiladas. El cómputo total de víctimas de la masacre asciende a veintiocho si se contabiliza a varios fallecidos por ataques al corazón en los días siguientes.

El relato de los hechos ofrecido por las autoridades defendía que no se habían producido ejecuciones a sangre fría, pero en seguida afloraron testimonios que las confirmaban. El jefe de gobierno, Manuel Azaña, respaldó en un principio la versión oficial y aunque fue exonerado de las acusaciones vertidas por el capitán Rojas de haber ordenado “disparar a la barriga”, sintió que su reputación quedaba muy maltrecha. Este militar fue condenado a veintiún años de reclusión por catorce homicidios, pero la pena fue reducida a sólo dos años poco después, de forma que cuando se produjo el golpe de estado en 1936, estaba ya en libertad y tuvo ocasión de continuar su labor represiva, en este caso en su Granada natal.

La aproximación literaria

Tras un monólogo en el que Seisdedos nos describe su trabajo de carbonero y su visión de la época incierta que le ha tocado vivir, Tres días del 33 reconstruye pormenorizadamente el desarrollo de los acontecimientos en las jornadas de autos. En todo el libro los protagonistas hablan su propio idioma, rico en expresiones coloquiales, y en el acercamiento s sus vivencias hay que destacar la empatía del autor y su conocimiento profundo de la vida y las faenas del campo andaluz. De esta forma, la obra permite captar lo esencial de la historia, el asalto a los cielos de los desposeídos en un mundo sin alternativas, abismado en su inercia. Era un momento aquél en que la lucha sindical prometía un alivio real de la miseria secular de los campesinos, y con este espíritu arranca la movilización en el pueblo. Sin embargo, pronto naufraga todo en un mar de sangre cuando el máximo responsable de las fuerzas destinadas a aplastar la revuelta ordena numerosas ejecuciones extrajudiciales.

La novela nos ofrece también una aproximación a las secuelas de aquellos sucesos, como el proceso judicial que va a focalizar la culpa en el capitán Rojas, aunque la rebaja de condena no tardaría en llegar. No deja de recordarse tampoco a los estudiosos que en la época más reciente y con un intenso trabajo sobre el terreno han contribuido a esclarecer lo ocurrido. Es el caso del norteamericano Jerome R. Mintz con su The Anarchists of Casas Viejas, publicado por la Universidad de Chicago en 1982 y del que hay una versión castellana de 2006.

Más allá de los hechos que la historiografía despliega ante nosotros, obras como Tres días del 33, de Ramón Pérez Montero, tienen la virtud de abrirnos a un paisaje humano y un caudal de experiencias que de otra forma apenas podríamos adivinar. El autor de este libro muestra un respeto escrupuloso por la “verdad histórica”, pero su labor demuestra fehacientemente que sin caer en la falsedad existe un vasto territorio que la literatura puede explorar para enriquecer nuestra visión. Iluminados de esta manera, estaremos mucho más cerca de unas víctimas inocentes cuya tragedia no deja de interpelarnos.

Blog del autor: http://www.jesusaller.com/. En él puede descargarse ya su último poemario: Los libros muertos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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«Los fugados del fuerte de Ezkaba, 1938»

Tercerainformacion/ 15.03.2023

Acto el 15 de Marzo. A las 19:15 h. en la Sede Círculo Republicano Manolín Abad, en Huesca.

 

Acto organizado por el Circulo Republicano de Huesca y la CNT.

Desde el Círculo Republicano de Huesca anuncian el viaje al Campo de Gurs, Francia, que están preparando junto a otras asociaciones de Huesca y Zaragoza, para el próximo 29 de abril, sábado. Se adjunta programa. 

En breve informarán del programa de las XV Jornadas Culturales Republicanas de abril que ya tienen casi cerrado.

Viaje-a-Gurs-HUDescarga

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