Una
reforma cosmética que no revierte los ataques a las pensiones ni la precariedad
Publicado el 16 de marzo de 2023 / Por Sindical
KAOSENLARED /
En el
Estado español se va aprobar otra reforma de las pensiones contando con el
beneplácito de las burocracias sindicales de CCOO y UGT. Una reforma que
consolida los ataques al sistema público de pensiones durante más de una
década.
Mientras en Francia ya se
suman siete jornadas de huelga general contra la reforma de las pensiones de
Macrón, el Gobierno del PSOE-UP pretende mostrar su propia reforma de las
pensiones como un avance para los trabajadores. Pero, ¿es realmente así? ¿O más
bien consolida un modelo de deterioro a las pensiones implementado por los
gobiernos anteriores?
La noticia se conoció el
pasado viernes. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, venía muy
ufano de Bruselas con un acuerdo bajo el brazo sobre la reforma de las pensiones,
avalado también por sus socios de gobierno de Unidas Podemos. La reforma se
había convertido en un auténtico ultimátum por parte de la UE, si se quería
recibir con normalidad la cuarta entrega de los Fondos Next Generation. Unos
fondos vitales para el Gobierno que están sirviendo para engrasar la economía
española y, sobre todo, las cuentas de resultados de las grandes empresas de
IBEX35, puesto que son estas las más beneficiadas por estos fondos europeos.
Aumento
de cotizaciones, fiscalización del déficit y futuros recortes
Lo que se ha conocido de la
propuesta del Gobierno implica que no se ampliará el cómputo del cálculo de las
pensiones hasta los 30 años, con la posibilidad de eliminar los dos peores,
como era la propuesta inicial, sino que ahora se mantiene la voluntariedad de
basarse en los 25 años para el cálculo de la pensión u optar por la nueva
modalidad de computar los últimos 29 años, con la posibilidad de sustraer del
cálculo los dos peores de ellos. Es decir, en la práctica, los futuros pensionistas
podrán elegir entre un cómputo de cálculo de los 25 o 27 años últimos de su
vida laboral. Una propuesta final que, aunque diluye el golpe a los futuros
pensionistas sobre la cuantía a recibir en relación al planteamiento inicial,
no deja de abrir la brecha que futuros Gobiernos podrán utilizar para futuras
ampliaciones, lo que puede generar resistencia como estamos viendo hoy en
Francia, además de establecer un período transitorio en el que se acabarán
imponiendo más años de cotización.
En cualquier caso, se están
planteando unos períodos de vida laboral que para la mayoría de las mujeres y
las personas jóvenes de la clase trabajadora no son más que un espejismo. Desde
la reforma de Zapatero en 2011, que fue un ataque en regla contra las pensiones
aumentando la edad de jubilación a los 67 años, se produjo también la
ampliación de 15 a 25 años en el cálculo de la pensión, lo que recortó las
pensiones iniciales un 5%, como ha reconocido el mismo Banco de España. En la
actualidad, en un marco laboral determinado por la precariedad, la temporalidad
y los bajos salarios, es virtualmente imposible que la mayoría de la clase
trabajadora alcance ese elevado número de años en sus vidas laborales. O lo que
es lo mismo, hace casi imposible que la gran mayoría pueda recibir pensiones
mínimamente dignas al final de su vida laboral. Un marco de precariedad y
temporalidad que, por cierto, la reforma laboral de Yolanda Díaz no reduce, por
mucha campaña de marketing que haga el Gobierno “progresista”. Aunque han disminuido,
los contratos temporales se han camuflado en fijos discontinuos. Algo que, de
cara a las cotizaciones para las pensiones, resultan absolutamente paupérrimos,
puesto que la mayor parte del año la pasan sin trabajar de manera efectiva,
aunque permanezcan vinculados a la empresa con un contrato indefinido.
El principal objetivo de la
reforma de las pensiones es aumentar los ingresos del Estado y reducir el gasto
en pensiones sobre el PIB para hacer frente al envejecimiento de la población y
las jubilaciones de la denominada generación del “baby boom”. En este sentido,
la reforma plantea el incremento de las bases de cotización a las empresas,
incluidos los salarios de los altos mandos empresariales, gerentes y CEOS. Pero
no solo a ellos, también otros sectores de trabajadores que no son parte del
personal jerárquico de las empresas capitalistas sufrirán aumentos. De este
modo, el costo de la reforma se traslada también en parte a un sector de la
clase obrera, cuando deberían ser los capitalistas los que soportaran la carga.
Es decir, quienes se han forrado aumentando precios en forma desorbitante y
recibiendo ayudas multimillonarias y una ingente transferencia de recursos del
Estado como nunca antes por parte de este Gobierno, como ha reconocido sin sonrojarse
el Secretario General del PCE y ex secretario de estado, Enrique Santiago.
Las subidas generalizadas
en las bases de cotización ya se han producido de hecho a través del mecanismo
de “equidad intergeneracional” con un incremento del 0,6% (0,1% sobre el
trabajador y 0,5% sobre la cuota empresarial). Es decir, que en el contexto de
una devaluación salarial -una reducción de 6 puntos de pérdida de poder
adquisitivo, ya que hubo 2,5% de subida salarial media en 2022 frente a una
inflación media del 8,4% y con los alimentos por encima del 15%-, un sector de
la clase trabajadora verá reducir más sus salarios.
Como contrapartida, las
cotizaciones de las empresas siguen siendo mínimas y el Gobierno, más allá del
discurso, se opone a plantear una sola medida seria para que sean justamente
las empresas las que sostengan el sistema de pensiones, como sería promulgar
una ley que establezca el aumento automático de las pensiones al nivel del IPC
real. Al contrario, el progresismo neoliberal deja a las empresas las manos
libres para que descarguen cualquier mínima medida o situación que afecte sus
beneficios, como ha sucedido con los precios de los alimentos o allí donde se
han regulado los alquileres y han sacado miles de pisos del mercado, por
negarse a tomar medidas de intervención y control.
Al mismo tiempo, la
situación de solvencia del sistema público de pensiones será controlada cada
tres años por un organismo técnico independiente del Gobierno, la Airef, que
buscará que no se traspasen los límites de déficit que se consideren oportunos
según la disciplina fiscal de Bruselas, algo que puede llevar a aumentar las
cotizaciones, pero también a buscar un recorte en las mismas. A lo que hay que
agregar los fondos de pensiones de empresa que se aprobaron ya por este Gobierno
en la anterior reforma y que implican la privatización de gran parte de los
recursos de las pensiones, que se canalizarán a través de empresas capitalistas
en un sistema de contribución privado con participación pública, pero
gestionado por grandes fondos de inversión privados.
Las
reformas de las pensiones a uno y otro lado de los Pirineos
Ante la nueva reforma del
Gobierno lo sindicatos CCOO y UGT salieron rápidamente a la palestra emitiendo
un comunicado conjunto para apoyar la propuesta, aunque manifestando que había
todavía “flecos por pulir” en relación a aspectos vinculados a la reducción de
la brecha de género en las futuras pensiones. Pero, en todo caso, valorando
positivamente tanto “la orientación que se plantea” como las medidas concretas.
Por el contrario, la
patronal esgrimió una contundente oposición a la reforma calificándola como
“regresiva” y “populista”, algo que se expresó en un comunicado también
conjunto emitido por las asociaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA. Su
disconformidad a la reforma se basa en considerar que “mermará los salarios e
incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”.
Llegan incluso a descalificar al Gobierno por una supuesta “voracidad
recaudatoria”. No obstante, manifestaron también su voluntad de mantenerse en
la mesa de negociación.
En definitiva, la cantinela
de costumbre de la patronal ocultando que en realidad por lo que protestan es
porque el Gobierno ahora pretende subir las cuotas patronales a la Seguridad
Social, algo a lo que no están acostumbrados. Las cuotas empresariales
históricamente se han mantenido congeladas e incluso se han reducido en
situaciones de crisis económica, lo que sucedió tanto durante la crisis de 2008
como durante la pandemia, con reducciones, aplazamientos y todo tipo de ayudas
a las empresas, mientras el sistema de la Seguridad Social se tambaleaba por la
falta de ingresos. Teniendo en cuenta, además, que el Gobierno regó con miles
de millones de euros durante la pandemia de 2020 a las empresas financiando los
ERTE y los préstamos blandos avalados por el propio Gobierno. Además, las
empresas del IBEX 35 han tenido beneficios en 2021 históricos de más de 60.000
millones, coyuntura de maximización de beneficios que se ha prolongado durante
2022 gracias a la especulación de los precios en medio de la crisis bélica de
Ucrania y que continúa durante 2023.
Como siempre, las
patronales derraman lagrimas de cocodrilo ante cualquier mínima medida que
pueda afectar sus intereses. Y como siempre también, las burocracias sindicales
están dispuestas a hipotecar el presente y el futuro de nuestra clase por un
plato de lentejas. Así fue, sin ir más lejos, cuando se aprobó la reforma de
Zapatero en 2011 que amplió la jubilación a los 67 años, con la complicidad de
CCOO y UGT. Las mismas burocracias que no convocan una huelga general desde el
año 2012.
Esta labor de la burocracia
sindical, junto con la cobertura “progresista” que le otorga de Unidas Podemos
al gobierno social liberal del PSOE, es una de las principales causas de la
pasivización y el escepticismo de que se puedan enfrentar estos ataques. Pero
hay escenarios alternativos. Allí está el ejemplo de Francia. En los últimos
dos meses, millones de trabajadores y trabajadoras se vienen movilizando con huelgas
generales y manifestaciones masivas contra la ampliación de dos años para
alcanzar la edad de jubilación, que pasaría de los 62 a los 64 años, que quiere
imponer el gobierno derechista de Emmanuel Macron. A pesar de la política
conciliadora de las centrales sindicales, que se niegan a incorporar al
movimiento las demandas de otros sectores y transformar la lucha en una
verdadera huelga de masas que le tuerza el brazo al Ejecutivo francés, en las
calles se muestra una gran predisposición para luchar y cada vez más sectores
de vanguardia plantean la necesidad de avanzar hacia una verdadera huelga
general reconductible para tumbar la reforma.
Aunque no se presenta como
un ataque directo, la reforma de pensiones del Gobierno viene a consolidar
todos los ataques que se han hecho en la última década contra el derecho a una
pensión pública que asegure a toda la población ingresos mínimos equivalentes a
un salario mínimo de 1.500 euros. La lucha por el aumento de las pensiones y
por la reducción de la edad de jubilación a los 60 años, para terminar con la
privatización de las pensiones y los beneficios de los grandes fondos de
inversión, entre otras medidas, sigue teniendo plena vigencia. El movimiento de
lucha de nuestras hermanas y hermanos de clase al otro lado de los Pirineos
demuestra que hay un camino alternativo a la resignación, a condición de
plantear una estrategia de independencia de clase para enfrentar al gobierno,
la patronal y las burocracias. Porque gobierne quien gobierne, las pensiones se
defienden.
Juan
Carlos Arias
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