Cosas de dos paisanillos míos, de Isla Mayor, ambos más simples que el mecanismo de un tenedor y tan largos en conocimiento como las mangas de un chaleco (dejando constancia que en mi pueblo hay seis mil paisanos más de los que pueden ser dichas muchas y muy buenas cosas, que lógicamente no están incluidos aquí). El uno, como yo soy dado a esto de la escritura, me deslegitimaba diciendo que de donde sacaba el tiempo para publicar tanto, cuando en realidad publicaba quizá dos post a la semana en un Blog de mi pueblo, donde ya no público. El otro, agárrense que viene curva, para rebajarme de categoría decía que leyéndome no entendía nada y que le recordaba a don Miguel de Cervantes, y es que debía confundir la propaganda del Pryca con Don quijote, porque de otra manera no se puede explicar. Pero paisanillos míos (ambos dos) si esto no es escribir, criaturitas mías. Esto es quitarme tiempo de estudio de otras cosas que estoy estudiando. Esto es, en definitiva, actuar en defensa propia en tanto que hombre con conciencia de clase trabajadora, a-un-que-yo-vi-va-mu-y-bi-en-con-mi-pen-si-ón, que vivo muy bien en el sentido literal del término. Pero no se trata de YO, sino de NO-SO-TROS, los trabajadores, los pensionistas, y los que todavía no son trabajadores pero lo serán, y que como no cambien las cosas, co-mo-no-las-ha-ga-mos-cam-bi-ar van a tener que NO vivir a salto de mata para encontrar un trabajo y de pensionistas ya te veré Bernabé. ¿Cómo una banca que de cuando en cuando necesita robarnos cerca de 60 mil millones de euros, además de 20 mil más como en el caso de Bankia, va a garantizar mejor las pensiones que El Estado? No me hagan reír, porque esto es de llanto y no de risas. Y, vamos ahora por lo que yo debería haber empezado este escrito. ¿Cómo es posible que los trabajadores nos quedemos como quien plácidamente escucha llover, cuando nuestros representantes legales planean y llegan a acuerdos secretos para chulearnos las pensiones en el chili Pacto mercantil de Toledo con la bendición política del Congreso de los Diputados? Es evidente que de forma inmediata no podemos hacer nada, pero lo que si puede ser hecho de forma inmediata (cosa que se me ocurre a mí ahora, a botepronto) es que una varias o todas las Plataformas y Asociaciones que declaran defender las pensiones públicas, lleguen a un acuerdo para la redacción de un texto cortito (que no hace falta que sea de largo como El Quijote) que todos y cada uno de los trabajadores, pensionistas o no, podamos enviar por correo electrónico, cuando menos al señor Presidente del gobierno (pero que también se podría enviar a cualquier partido o ministerio) en el que se hiciera saber que cualquier acuerdo en el Pacto de Toledo o en cualquier otro pacto o pactillo, que de forma directa o indirecta suponga disminuir las pensiones o desinflar el dinero de las pensiones, ahora o en cualquier futuro, ni obliga ni respetará ningún trabajador, siendo el responsable a título personal y del partido al que pertenezca el firmante o firmantes de dichos acuerdos que atenten contra los intereses de, los cuales responderán con sus bienes particulares y/o herederos de los daños y perjuicios causados. Con esto, de momento no lograríamos más que enviar 400 mil o 12 millones de correos electrónicos al gobierno y partidos políticos. Algo es algo, que matar no mataría, pero asustar sí, y mientras tanto, y de ahora en adelante apretar más el acelerador para ir preparando , por ejemplo, una huelga general, que si se declarara, no tuviera más duración que la necesaria para que dimitieran de sus cargos todos los políticos, de la a a la z que hubieran participado directa o indirectamente en los pactos referidos, además de un acuerdo con el propio Estado para que a las clases trabajadoras se les devolviera todo lo que se les ha robado, intereses aparte.

 

Plan Escrivá contra las pensiones públicas: imponer planes colectivos de pensiones privadas según el modelo británico

Por Kaos. Laboral Y Economía Publicado el Sep 15, 2020

 

La reforma de pensiones del gobierno Sánchez, con el aval del Pacto de Toledo, no sólo pretende retrasar la edad efectiva de jubilación, penalizando todavía más la jubilación anticipada para que quien se jubile lo haga a los 67 años o incluso más tarde, o rebajar sustancialmente las pensiones de los futuros jubilados ampliando otra vez el período de cálculo de la pensión inicial (que ya está en 25 años) a toda la vida laboral. 

A esas dos medidas, las que más han trascendido a los medios, hay que añadir otra que supondría un golpe definitivo a las devaluadas pensiones públicas. Escrivá pretende implantar el modelo británico de privatización, basado en planes colectivos de pensiones privadas, que afectaría a todos los asalariados por convenio. Una práctica neoliberal que ya está en marcha en algunos sectores y grandes empresas (con la complicidad de CCOO y UGT, que obtienen jugosos ingresos por la gestión de esos fondos) y que, de salir adelante el plan del Gobierno, se generalizaría a todos los trabajadores, como señala el artículo del diario liberal la Vanguardia que reproducimos parcialmente.

 Plan de pensiones privado a la inglesa

Escrivá se inspira en el modelo británico para implantar un nuevo modelo de fomento del ahorro colectivo a largo plazo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que tiene listo un esquema básico de reforma de las pensiones. Sólo necesita, ha insistido esta semana en el Congreso de los Diputados, que los partidos parlamentarios logren llegar a un acuerdo de una vez sobre las recomendaciones para apuntalar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En teoría, debería ser cuestión de semanas que el pacto de Toledo alumbre un texto consensuado… Mientras, ya están sobre la mesa las líneas maestras de la reforma Escrivá, para ser reflejadas en diversos cambios legales. La esperada aprobación de la vinculación al IPC de la actualización anual de las prestaciones y las modificaciones de incentivos y penalizaciones para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal acostumbran a copar los titulares, pero en su plan figura también un cambio llamado a transformar de raíz –si funciona– el modelo vigente en España de los planes de pensiones privados. Y para dar este giro, explica Escrivá, está inspirándose en la experiencia del Reino Unido.

La idea que abandera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se basa en fomentar el ahorro a largo plazo de los trabajadores para que puedan recibir un complemento mensual a su pensión pública, cuando lleguen a la jubilación. Escrivá no se cansa de destacar que, en la actualidad, el modelo centrado en los planes individuales no está dando sus frutos (el número de participantes está estancado desde hace años, los gastos de gestión son altos), mientras que los beneficios fiscales tampoco cumplen con los objetivos y tienen efectos perversos. Por ello, postula virar hacia planes colectivos vinculados a las empresas, también llamados de empleo, que sólo han arraigado en Euskadi. “El sistema está mal diseñado”, se quejó el pasado miércoles.

¿Cómo quieren extender estos sistemas colectivos de pensiones privadas? Sin dar detalles, desde el ministerio adelantan su propósito de crear “desde la Administración un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto”. En el Reino Unido, existe un organismo de tutela pública que centraliza los ahorros y subcontrata la gestión del dinero entre varias firmas internaciones. En el sistema británico, los empresarios están obligados a dar de alta a sus trabajadores en un plan colectivo, excepto los de los salarios muy bajos. Salvo que el empleado pida desvincularse, se le descontará una parte pequeña de su salario para hacer una aportación mensual, mientras que el empresario y el Estado (en forma de beneficio fiscal) también deben contribuir al plan. Según explica un reciente informe de la patronal de las aseguradoras Unespa, los porcentajes del automatic enrolment han ido aumentando paulatinamente desde el 2012. A partir de abril del año pasado, la contribución mínima supone el 8% del salario pensionable (arrancó con un 2%): 4% del empleado, 3% de la empresa y un 1% de Estado. Casi nueve de cada diez trabajadores británicos afectados por esta regulación participan en el sistema.

Este tipo de fórmula ha recibido críticas empresariales que ven difícil implantarla en España, con un tejido dominado por la microempresas, y que se quejan de que las compañías ya deben hacer frente a elevadas cuotas de cotización a la Seguridad Social.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (E. Parra. POOL / EP)

Desde el punto de vista fiscal, Escrivá ha anunciado que tienen previsto ir retirando progresivamente la reducción del IRPF por los planes individuales, sobre todo para los contribuyentes con ingresos más elevados. Al tiempo, desplazarían los incentivos tributarios para los planes de pensiones colectivos.

Además, ha adelantado que van a reformar la legislación vigente sobre los planes de empleo para “permitir extender la población cubierta en un enfoque sectorial”, de forma que puedan llegar a implantarse en las pymes y también a autónomos y funcionarios. El Ministerio busca así mismo reducir los costes de gestión. Una batería de medidas graduales que, de acabar consolidándose, podría revolucionar el ahorro de cara a la jubilación.

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Los Círculos de Podemos, las Asambleas locales de Izquierda Unida y las Agrupaciones locales del PSOE, en el caso concreto de estos tres partidos, que se puede y se debe hacer extensivo a cualquier organización o movimiento social que se proponga la transformación social, no es que sean necesarios, sino IMPRESCINDIBLES para que ese cambio social se empiece a producir que, comienza sin miramientos ni planteamiento político previo alguno, porque nadie, absolutamente nadie carezca de los medios materiales necesarios para llevar el nivel de vida que hoy es posible llevar, dado que los recursos materiales existen. Quien mantenga lo contrario, dicho sin pelitos en la lengua, es un reaccionario (que se opone al progreso social) consciente o inconscientemente. La lucha entre los intereses del capital y los trabajadores que hoy está planteada es la misma, con diferentes formas y planteamientos, a la que se inicia con el nacimiento del capitalismo, y es una lucha, ayer, hoy y mientras exista el capitalismo, a muerte. No hay reconciliación posible. La contradicción que representa el salario (para el capitalista un gasto y para el obrero un ingreso) no puede ser resuelta en tanto en cuanto exista el capitalismo. Esta lucha a muerte y sin posibilidad de reconciliación entre el capital y el trabajo se da siempre a tres niveles: el económico, el político y el ideológico, que se corresponden con las tres estructuras del capitalismo (y de cualquier modo de producción, pasado, presente y futuro). Este es el a, b, y c que debe ser entendido por todos los trabajadores, y este aprendizaje se tiene que provocar, porque no puede surgir espontáneamente, al igual que cualquier otro saber. Nadie se hace médico, albañil o agricultor de forma espontánea. Una de las labores especificas (no la única) de los Círculos, Asambleas y Agrupaciones es esta: la de enseñar a los trabajadores (y a los químicos y a los médicos y la mayoría de los licenciados universitarios y a Perico el de Los Palotes para que por nosotros mismos seamos capaces, sin esperar a ver que dice por esa boquita que Dios le dio al líder correspondiente) la realidad social en la que se vive, que no es ni la que dicen los periódicos ni la gran parte de los libros ni la que tratan formalmente los políticos oficiales, y que no se enseña en ninguna escuela ni en ninguna universidad, es más, se impide que sea enseñada. Por ejemplo. A Podemos, con algo más de una docena de absolutas falsedades, muy bien construidas y redondeadas, acerca de su financiación, por parte de quienes nos roban a los trabajadores y, además, negocian con el gobierno (En el que paradójicamente está presente formalmente Podemos, que otra cosa es su militancia, caso de que la tenga) y acuerdan políticas para seguir robándonos, han logrado, a pesar de ser mentira todo su razonamiento, de que penetre en el imaginario social como cosa cierta que Podemos es una organización tan corrupta como lo han sido y lo son algunos jefes o ex jefes oficiales del PP y del PSOE. ¿Y por qué una sarta de mentiras se convierte en una verdad? Sencillamente, porque la lucha ideológica (que es un aspecto de la lucha, junto al económico y político) ha sido y está siendo muy bien planteada por los enemigos de los trabajadores. Pues bien, a Podemos que se le podrá criticar de cuantas cosas se le ocurra al consumidor, menos de carecer de montones de títulos universitarios, todavía no se le ha ocurrido montar un departamento con el único fin de desmontar cuantas mentiras se han dicho sobre la organización y de explicar a los trabajadores y, en consecuencia, a la mayoría de la población qué es la ideología, cómo se forma y qué papel desempeña para favorecer unas u otras políticas económicas a favor o en contra de los intereses de la mayoría de la población. El señor Echenique, por ejemplo, afirma que es mentira que Podemos sea una organización corrupta mientras que es verdad que lo es El PP. Yo estoy absolutamente d acuerdo con tal afirmación desde el punto de vista personal (Pero la política a pesar de que la realizan personas no es nada personal, obedece a otras leyes), pero desde el vista político el señor Echenique no aporta nada para solucionar el problema, puesto que tanta validez tiene su afirmación como la contraria, puesto que la plantea a nivel de creencia, es decir, ideológico, sin haber precisado previamente que la ideología no es otra cosa que una representación personal (tanto verdadera como falsa) y lo que se necesita saber es la razón o razones que conducen a la afirmación de verdad o mentira, y como la afirmación de que Podemos es una organización tan corrupta como las demás, a pesar de que absolutamente es mentira. Echenique lo que consigue, sin querer, es que la mentira prevalezca por no aportar ninguna razón para el desmontaje de la mentira establecida, que en la práctica se traduce en favorecer eso tan temido de palabra, pero que en la práctica bien poquito se hace en contra, el fascismo, entendiendo por tal la simplicidad mental y la unilateralidad que, a su vez, se traduce en la chabacanería social y la indigencia intelectual reinante (Y que va a más) en la actualidad, problema que ya había señalado por Ortega y Gasset en las primeras décadas del siglo pasado, ¡y eso que era liberal!, y en consecuencia, ni fue ni es santo de mi devoción, a pesar de que esto último ni importa ni viene al caso ahora.

 

El comunista debe desmontar las falsificaciones reaccionarias sobre la historia nacional mientras rescata sus tradiciones revolucionarias

DIARIO OCTUBRE

Publicado porBitácora Marxista-Leninista

15.09.2020

 

«Uno de los aspectos más débiles de la lucha antifascista de nuestros partidos consiste en que no reaccionan suficientemente, ni a su debido tiempo contra la demagogia del fascismo y siguen tratando despectivamente los problemas de la lucha contra la ideología fascista. Muchos camaradas no creían que una variedad tan reaccionaria de la ideología burguesa, como es la ideología del fascismo, que en su absurdo llega con harta frecuencia hasta el desvarío, fuese en general capaz de conquistar influencia sobre las masas. Esto fue un gran error. La avanzada putrefacción del capitalismo llega hasta la misma médula de su ideología y su cultura, y la situación desesperada de las extensas masas del pueblo predispone a ciertos sectores al contagio con los desechos ideológicos de este proceso de putrefacción.

No debemos menospreciar, en modo alguno, esta fuerza del contagio ideológico del fascismo. Al contrario, debemos librar por nuestra parte una amplia lucha ideológica, basada en una argumentación clara y popular y en un método certero a la hora de abordar lo peculiar en la psicología nacional de las masas del pueblo.

Los fascistas resuelven la historia de cada pueblo, para presentarse como herederos y continuadores de todo lo que hay de elevado y heroico en su pasado, y explotan todo lo que humilla y ofende a los sentimientos nacionales del pueblo, como arma contra los enemigos del fascismo. En Alemania se publican centenares de libros que no persiguen otro fin que el de falsear la historia del pueblo alemán sobre una pauta fascista.

Los flamantes historiadores nacionalsocialistas se esfuerzan en presentar la historia de Alemania, como si, bajo el imperativo de una «ley histórica», un hilo conductor marcara, a los largo de 2.000 años, la trayectoria del desarrollo que ha determinado la aparición en la escena de la historia del «salvador nacional», del «Mesías» del pueblo alemán, el célebre cabo de progenie austriaca. Todos los grandes hombres del pueblo alemán en épocas pasadas se presentan en estos libros como fascistas, y todos los grandes movimientos campesinos, como precursores directos del movimiento fascista.

Benito Mussolini se esfuerza obstinadamente en sacar partido de la figura heroica de Giuseppe Garibaldi. Los fascistas franceses tremolan a Juana de Arco como su heroína. Los fascistas estadounidenses apelan a las tradiciones de la guerra de la independencia americana, a las tradiciones de George Washington y de Abraham Lincoln. Los fascistas búlgaros explotan el movimiento de liberación nacional de la década del 70 del siglo pasado y a los héroes populares tan queridos de este movimiento, como Vasil Levski, Stefan Karadsha, etc.

Los comunistas que creen que todo esto no tiene nada que ver con la causa obrera y no hacen nada, ni lo más mínimo, para esclarecer ante las masas trabajadoras el pasado de su propio pueblo con toda fidelidad histórica y el verdadero sentido marxista-leninista-stalinista para entroncar la lucha actual con las tradiciones revolucionarias de su pasado, esos comunistas entregan voluntariamente a los falsificadores fascistas todo lo que hay de valioso en el pasado histórico de la nación, para que engañen a las masas del pueblo.

¡No, camaradas! A nosotros nos afectan todos los problemas importantes, no sólo del presente y del futuro, sino también los que forman parte del pasado de nuestro propio pueblo, pues nosotros, los comunistas, no practicamos la política mezquina de los intereses gremiales de los obreros. Nosotros no somos los funcionarios limitados de las tradeuniones, ni tampoco los dirigentes de los gremios medievales de artesanos y oficiales. Somos los representantes de los intereses de clase de la más importante y grande de las clases de la sociedad moderna, de la clase obrera, que tiene por misión emancipar a la humanidad de los tormentos del sistema capitalista, clase, que ya ha abatido el yugo del capitalismo y es la clase gobernante en una sexta parte del planeta. Nosotros defendemos los intereses vitales de todos los sectores trabajadores explotados, es decir, de la mayoría del pueblo de todos los países capitalistas.

Nosotros, los comunistas, somos, por principio, enemigos irreconciliables del nacionalismo burgués, en todas sus formas y variedades. Pero no somos partidarios del nihilismo nacional, ni podemos actuar jamás como tales. La misión de educar a los obreros y a los trabajadores en el espíritu del internacionalismo proletario es una de las tareas fundamentales de todos los partidos comunistas. Pero, el que piense, que esto le permite, e incluso, le obliga a escupir en la cara a todos los sentimientos nacionales de las amplias masas trabajadoras, está muy lejos del verdadero bolchevismo y no ha comprendido nada de las enseñanzas de Lenin y Stalin sobre la cuestión nacional (Aplausos)». (Georgi Dimitrov; La clase obrera contra el fascismo; Informe en el VIIº Congreso de la Internacional Comunista, 2 de agosto de 1935)

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Sobre el Ingreso Mínimo Vital. A ver, a ver. A ver si suena la flauta y logro sonrojar a los militantes –que yo creo que son muy poquitos, caso de que los haya- del PSOE, Podemos e Izquierda Unida (A sus planas mayores no me dirijo, porque con los sinvergüenzas oportunistas mientras menos trato mejor) diciéndoles que posts como el que sigue no debería ser trabajo mío, que llevo sobre el lomo como unos 50 años de esos de cobrar mi nómina y mi correspondiente pago a la Seguridad Social para cobrar la pensión que ahora cobro, sino de ellos, de modo y manera que su contenido, que es el del Ingreso Mínimo Vital, junto al contenido de 85.000 asuntos más que afectan a la economía y a la política, deberían haberlo divulgado tanto como para que lo supieran hasta los niños de teta, en vez de discutir entre ellos qué partido es el que la tiene más larga y cuál el que lleva más pureza de sangre chipen democrática en las venas.

 

 

Cómo cobrar el Ingreso Mínimo Vital de 462€, con el que el gobierno dice que acabara con el 80% de la pobreza severa

insurgente.org

30.05.2020 

«…El Ingreso Mínimo Vital establece así una renta garantizada en toda España que se considera como el mínimo imprescindible para asegurar unas condiciones de dignidad…»  Pablo Iglesias, 2º vicepresidente de gobierno de España dixit.

 

 Su nombre oficial es Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se trata de una prestación mensual para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El Ministerio aclara que la medida «se suma a nuestro sistema de protección social y no será una medida transitoria«. El IMV cubrirá la diferencia entre los ingresos familiares (incluidos salarios) y el umbral fijado para ese tipo de hogar denominado «renta garantizada».

El Ingreso Mínimo Vital comenzará a cobrarse en junio y costará unos 3.000 millones

..El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que España tiene un «problema estructural de redistribución de rentas» y que la medida debe tener un carácter permanente. También ha anunciado el cálculo aproximado sobre el coste de la medida: «El esfuerzo será, cuando esté plena y en un año completo, de 3.000 millones de euros».

…El Gobierno hizo una estimación inicial de un millón de hogares que luego rebajó a 850.000 en los que viven 2,3 millones de personas. La Seguridad Social calcula que unos 550.000 hogares padecen pobreza extrema en España, es decir, viven con menos de 230 euros al mes. El IMV pretende sacar de esa situación al 80 % de esas familias.

¿Cuáles son los requisitos?  Para solicitar la renta mínima es necesario ser residente en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado un año a la Seguridad Social. Lo pueden cobrar personas de 18 años con hijos a cargo que lleven un año de residencia legal en España.

A los solicitantes se les hará un test de patrimonio neto, ingresos menos deudas,y se descontará el valor de la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del hogar y parte de 16.614 euros para una persona que viva sola, hasta 43.196 euros en el caso de una familia de cuatro personas.

De forma general, el cálculo se realizará sobre los ingresos del año anterior. En este ejercico, como la crisis sanitaria ha provocado un empobrecimiento súbito de muchas familias, se podrá acceder al IMV con una declaración responsable si la proyección de ingresos anuales cae por debajo del umbral de renta garantizada.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social  vigilará los requisitos y que los hogares sean reales, es decir, que no se generen de forma «espúrea» para cobrar la renta mínima lo que se comprobará con el libro de familia y el padrón municipal.

Sí, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo, pero el Ministerio de Seguridad Social aún no ha detallado los plazos. El vicepresidente segundo ha especificado que la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral y evitar la «trampa de la pobreza» (elegir entre aceptar un empleo o cobrar una prestación). La ayuda va ligada a la búsqueda activa de trabajo

Uno de los requisitos es tener más de 23 años y haber cotizado al menos un año por lo que no pueden pedirla de forma indiscriminada todos los estudiantes universitarios españoles que estudien fuera de casa.

¿Cómo se cobrará el ingreso mínimo vital?. En un principio se barajó un cobro trimestral, pero finalmente se abonará de forma mensual en 12 pagas mediante una transferencia bancaria. Todas las solicitudes que se cursen desde ahora hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

¿Dónde se pide la renta mínima?.  … Los beneficiarios pueden hacer la solicitud en la página de internet del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o enviando la documentaciòn por correo ordinario. Habrá un teléfono 900 y un asistente virtual, pero también colaboran los ayuntamientos que firmen un convenio.

La medida tendrá un coste anual de alrededor de los 3.000 millones de euros, según ha indicado el ministro de Seguridad Social. Escrivá ha  indicado que la renta garantizada media será de 10.070 euros anuales y la aportación del IMV será de unos 4.400 euros al año.

El dinero saldrá de los presupuestos del Estado como todas las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y se financiará con la batería de impuestos ya planteada antes de que estallara la crisis sanitaria del coronavirus.

¿Es compatible con las ayudas de las CC.AA.?  Sí. El Gobierno ha consensuado con las comunidades autónomas que el ingreso mínimo sea “el mínimo de arranque” que después puede ser complementando con otras ayudas autonómicas ya existentes. Navarra y el País Vasco gestionarán el IMV. Otras comunidades también lo han pedido como Cataluña o Galicia, mientras que la Generalitat Valenciana pide la «cogestión».

Fuente

 

 

 

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Algunas preguntas de un obrero que pasaba por aquí.:

Al ser el pago por transferencia bancaria: ¿Van a permitir como ocurre con las pensiones que a muchas de las personas que cobren esta casi ayuda, el banco les cobre una comisión, ademas de onerosos cargos por descubierto en las cuentas que les obligaran a abrir, o no?

¿Es posible que este estado sea capaz de salvar con decenas de miles de millones de euros a los bancos que tanto dolor, desahucios, embargos …, han causado al pueblo trabajador, a constructores de autopistas,  miles de millones a empresas en dinero, en exenciones fiscales… como a Nixan que ahora cierra tras haberse embolsado 179 millones de euros públicos, dejando en la calle a miles de trabajadores. De entregar 11 mil millones de euros anuales a la jerarquía católica…, de gastarse miles de millones en armamento, tanques, aviones, submarinos que no flotan, ademas buena parte de ellos para empresas norteamericanas ….  y no tenga la decencia de poner a trabajar, arreglado edificios públicos, parque de viviendas, calles, colegios, jardines, cuidando ancianos, limpiando arroyos y riachuelos…. a través de ayuntamientos, diputaciones…, recuperando empresas cerradas para el sector publico con gestión obrera…., a todas esas personas con un salario suficiente, digno, en lugar de darle esa humillante limosna, necesaria hoy para sobrevivir, por no existir un mínimo de justicia social?

¿Por que paga el estado 90 millones diarios de intereses de una deuda ilegitima? Por que mantiene la modificación del articulo 35 de la constitución y las leyes que lo desarrollan para priorizar el pago de esa deuda por encima de las necesidades del pueblo trabajador a pesar incluso de la dramática situación que estamos viviendo, continuando con los recortes que le imponen las instituciones financieras y la UE….. mientras a parte  nuestros mas empobrecidos ciudadanos les decreta esa caritativa ayuda de 468€ llamado ingreso mínimo vital?

¿Cuántos de Uds., de los que aprueban estas medidas, de los que aprueban el SMI, de los patrones y banqueros que se enriquecen con nuestro trabajo, y/o especulando con nuestras necesidades podrían sobrevivir con esos ingresos?

Si, ya sabemos que otros gobiernos incluso harían menos, pero uds son un gobierno progresista, o al menos eso dicen. Si hubieran estado otros seguramente con pandemia incluida la gente estaría en la calle peleando por su vida.

¿De verdad saben Uds. cuanto cuesta el alquiler de una vivienda, o la letra de una hipoteca, el recibo del agua, ya privatizada en casi todos los sitio, el recibo de la luz, el teléfono, internet,… Saben cuánto cuesta un kg de patatas, de pimientos,  de tomates, de legumbres, saben cuánto cuesta el transporte publico, o 1 litro de gasolina…  y tienen valor de vender esto como ingreso mínimo vital ?

¡Porque hablan de justicia cuando quieren decir caridad!

 

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Coronavirus. Aviso a navegantes demócratas de toda la vida. En los Estados Unidos de América, el país capitalista más rico del mundo en toda la historia de la humanidad, se han producido 6.480.339 contagios de coronavirus y 194.323 muertes, lo que lo convierte en el país más afectado del mundo por coronavirus, mostrándose la mercantil de la medicina privada (como en España) tal que agua chirres contra la pandemia. Lea quien quiera leer. Que quien no quiera leer que no lea, que los 6.480.339 afectados y las 194.323 muertos permanecen invariables (hasta el sábado pasado).

 

Bernie Sanders denuncia el billonario gasto de EEUU en ‘guerras interminables’

• El senador Bernie Sanders critica el gran gasto militar de EE.UU. ante la negativa del Gobierno de Trump a proporcionar seguro médico a todos los ciudadanos.

Bernie Sanders compara el gasto presupuestario militar frenta a inversión federal en gastos sociales / AFP / Joe Readle

Tercerainformación

13.09.2020

 

“Las guerras interminables le han costado a Estados Unidos 6,4 billones de dólares. Asimismo, las exenciones fiscales para el 1 % de las empresas han costado 1 billón de dólares”, afirmó el viernes el senador estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

Sanders explicó que actualmente la Administración del presidente Donald Trump destina anualmente unos 740 mil millones de dólares al Ejército, es decir, “más que el total de 11 países después de Estados Unidos”.

Entonces, critica el político demócrata, es inaudito que la Administración Trump diga que “no tenemos seguro médico para todos los estadounidenses”.

El senador por Vermont, acérrimo crítico de la gestión de Trump, anteriormente ha dicho que el magnate republicano es el presidente “más incapaz, aislado e desquiciado que nunca” y su “patética Administración” debe ser “derrocada”.

En su tuit, refiriéndose a la enorme riqueza de Estados Unidos, Sanders escribió: “No deberíamos simplemente derrotar a Trump. EE.UU. es el país más rico de la historia del mundo. Podemos y debemos asegurarnos de que toda nuestra gente disfrute de un nivel de vida adecuado”.

“Nuestra democracia, nuestra economía y nuestro planeta no pueden soportar a Trump y al Senado republicano por otros cuatro años”, fustigó Sanders, candidato de las primarias demócratas que ganó Joe Biden.

La epidemia de la COVID-19 ha sacado a luz el débil sistema sanitario en Estados Unidos, en su mayoría basado en seguros privados, lo que complica la situación en un momento en el que se necesita identificar los casos de contagio de manera temprana para contener la propagación.

Estados Unidos ha reportado hasta este sábado 6 480 339 contagios de coronavirus y 194 323 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de NBC News. Esto lo convierte en el país más afectado del mundo por la pandemia.

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Los pensionistas despiertan y avanzan en la defensa de sus intereses, que en realidad es la defensa de los intereses de todos los trabajadores presentes y futuros, cosa desconocida en las planas mayores de CCOO y UGT. Gran participación en la IV Asamblea de la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de las Pensiones, a la que hay Plataformas y Asociaciones de Pensionistas (COESPE) que no están adheridas, cuestión esta que se deberían plantear los pensionistas que las forman para analizar el por qué no están adheridas a la COESPE. Empieza a ser cuestionada seriamente la pirula mentira-farsa del Pacto de Toledo montada por los poderes financieros para quitar las pensiones a los pensionistas. NO AL PACTO DE TOLEDO.

 

Celebrada la IV Asamblea del movimiento pensionista (COESPE) con importantes acuerdos sobre el Sistema Público de Pensiones

Por Coordinadora Estatal Por La Defensa Del Sistema Público De Pensiones (COESPE) 

KAOSENLARED

Publicado el Sep 13, 2020

 

Celebrada la IV Asamblea de Coordinadora Estatal por la defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE)

Importantes acuerdos en defensa del Sistema Público de Pensiones

Tras más de seis meses de parálisis a causa del confinamiento, las personas elegidas en toda España de COESPE se han encontrado de forma telemática para debatir el programa, el plan de acción y reforzar sus comisiones en un difícil momento para el futuro de las pensiones públicas.

Esta IV Asamblea del movimiento social pensionista estaba prevista que se celebrase el pasado marzo en Fuenlabrada, pero unos días antes se declaró el confinamiento en todo el país. Luego se trató de celebrar presencialmente en Aranda de Duero y Valladolid, pero las nuevas medidas de prevención frustraron de nuevo esa posibilidad. Tras meses de trabajo telemático, finalmente la Asamblea se ha desarrollado de forma no presencial entre el viernes 4 y el miércoles 9 de setiembre. La arriesgada experiencia ha resultado todo un éxito:

a) se ha alcanzado la participación más alta en la historia de COESPE con una presencia de 42 de las 49 personas electas (87%);

b) se ha mejorado la disponibilidad de tiempo de trabajo, las 12 horas previstas se han convertido en más de 25 a lo largo de tres sesiones maratonianas;

c) ello ha permitido deliberar con muchas más intervenciones y decidir muchas más cuestiones que nunca (más de 300 votaciones resueltas en su mayor caso por consenso);

d) y todo ello se ha alcanzado preservando la seguridad de todas las personas participantes. Realizar esta asamblea, mediante nuevas tecnologías, con todas las garantías y con una gran participación con personas que en su mayoría hace unos meses no dominaban esas herramientas, demuestra un importante éxito de la voluntad y capacidad para defender nuestras pensiones contra viento y marea.

La asamblea ha dedicado sus trabajos a las personas activistas de COESPE que nos han dejado en los últimos meses a causa del COVID19. Se ha denunciado que la altísima mortalidad que se ha producido en nuestro país, entre la gente mayor y en particular a quienes quedaron encerrados en las residencias.

Esa tasa solo se explica por la degradación previa de los servicios públicos, los recortes en el gasto social y las deleznables condiciones de trabajo de las personas que atienden esos servicios, ya sea en la sanidad o en la atención a los dependientes. Una resolución específica sobre el tema recuerda que no vamos a permitir que esas víctimas sean olvidadas, ni que los que tienen responsabilidad en ello (personas y empresas), puedan salir indemnes de esos asesinatos inducidos.

A lo largo de sus sesiones se ha afinado la tabla reivindicativa, que ha sido aprobada por unanimidad tras aportar cientos de contribuciones desde las asambleas de todo el país. También se ha avanzado en mejorar el funcionamiento interno del movimiento. Durante el confinamiento hemos sufrido obstrucciones y dificultades para poder resolver algunas discordancias internas y distorsiones que han aparecido incluso en nuestras redes de información. Era evidente que, de proseguir, podían desorientarnos y dividirnos ante los retos que afrontamos. Por ello hemos abierto un debate para la próxima asamblea sobre las normas de funcionamiento (activando un grupo de trabajo para preparar una propuesta) y se han afinando los mecanismos de funcionamiento de nuestras comisiones, agilizando el nombramiento y la revocabilidad por los territorios. Así mismo, se han nombrado por amplia mayoría las nuevas personas que este año van a ejercer de portavoces de COESPE: Concepción Ribera, Ciriaco García y Ramón Franquesa.

Afrontamos un horizonte muy peligroso. La epidemia ha producido una contracción económica, que el poder económico quiere aprovechar como pretexto para desangrar aún más los derechos sociales. En particular desde la Unión Europea se está promoviendo un plan de recuperación para ayudar a las grandes empresas a mejorar su rentabilidad, con enormes ayudas que luego pretenden sean devueltas por los estados. Los ingresos del estado deben atender en primer lugar las necesidades sociales (pensiones, educación, sanidad…), no a empresas que apenas pagan impuestos y que ya tienen enormes beneficios. Tratan de aprovechar de nuevo las crisis para enriquecerse aún más a costa de la gente. Pero como el nivel de endeudamiento de los estados ya sobrepasa el 100% del PIB, pretenden garantizar esos créditos, hipotecando los ingresos del sistema público de pensiones (que son el 40% de los ingresos de la Hacienda española).

Para hacerse con las pensiones, están promoviendo una nueva reforma para bajar las percepciones de los pen sionistas, alargar la edad de jubilación, romper con los mecanismos de revalorización y privatizar lo más que puedan las cotizaciones sociales (pensiones de empresa, fondos privados, etc.). Desde el Banco de España, comisiones de “expertos” o las fundaciones de los bancos siguen pidiendo un nuevo“pacto” a las fuerzas políticas y sindicales. La COESPE viene desmontando sus argumentos y vamos a continuar: denunciando el mecanismo del pacto de Toledo, exigiendo un debate público a todas las fuerzas tanto políticas, como sindicales y explicando a la sociedad que las pensiones son un derecho justo y sostenible.

La asamblea ha aprobado un ambicioso plan de acción que parte de mantener nuestras movilizaciones semanales descentralizadas en las plazas de todo el país, pero que va a promover nuevas y creativas iniciativas. Entre ellas podemos destacar: a) exigir una auditoria de los gastos e ingresos de la seguridad social, empleada repetidamente como fondo de emergencia para todo desde hace decenios; b) activar un pro ceso de formación y argumentación con ayuda de las nuevas tecnologías; c) realizar actos simbólicos en todo el país (ocupaciones, encierros, recogidas de firmas..); d) colaborar con otros movimientos sociales en defensa de unas residencias dignas y públicas; e) dirigirnos a los trabajadores activos y sus representantes en cada centro de trabajo para que se manifiesten por la sostenibilidad del sistema y contra su erosión y f) preparar una gran acción estatal cuando se supere la epidemia.

Frente a las presiones de negociar nuestro futuro a espaldas de los pensionistas en el Pacto de Toledo, de privatizar el sistema para satisfacer los poderes financieros europeos, de desvalorizarlas año a año o de mantener excluidas y en la pobreza a pensionistas por razones de género, enfermedad o precarización de las condiciones de trabajo, COESPE sigue en su lucha. En estos meses se ha demostrado la capacidad del movimiento pensionista para desarrollar nuevas formas de movilización, profundizar en sus argumentos y mejorar su capacidad de seguir defendiendo un sistema público de pensiones suficiente, solidario y sostenible.

Llamamos a todos los pensionistas a seguir constituyendo asambleas locales, reforzando las estructuras autonómicas de COESPE. Llamamos a toda la ciudadanía a promover nuestro discurso entre las personas trabajadoras y la juventud a quienes se les pretende arrebatar su futuro en dignidad. Y manifestamos con toda la fuerza que nos queda, pero con toda la inteligencia acumulada en nuestra vida de trabajo que pese a quien pese, aquí estamos en pie sin resignarnos a un futuro peor:

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!

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Sobre las pensiones, que es sinónimo de sobre lo nuestro, porque, con perdón de leandrones, bocanegras y demás ralea de ladrones, las pensiones son de los trabajadores, de los que han trabajado, trabajan y trabajarán en el futuro. Necesitamos los trabajadores en primer lugar tener conciencia de cómo se forman las pensiones y de quienes la forman, es decir, tenemos que tener un conocimiento claro y profundo de qué son las pensiones, que no es sino dinero previamente ahorrado por los trabajadores, para lo que es necesario que leamos a quienes entendiendo de pensiones se proponen defenderlas, para diferenciarlos de los que de una u otra manera, y siempre machaconamente, con la intención de convertir la mentira en verdad, se encoñan en la defensa de que las pensiones públicas no son sostenibles, cuando en realidad lo insostenible es el robo continúo al patrimonio público del que forman parte las pensiones, como es el reciente robo al Estado de los 20 mil millones de dineros públicos invertidos en Bankia con la anuencia y apoyo debido de los chiquilicuas del gobierno que pasan por ser de izquierdas. Hay que procurar convertir en fuerza política real (que en principio no tiene necesariamente que ser fuerza de un partido político concreto) con poder de transformación social las manifestaciones como expresión del descontento social. Manifestaciones que sin discusión alguna son necesarias e imprescindibles, pero solamente como primer paso para conseguir la fuerza política que no tenemos los trabajadores, y que mientras no la tengamos no solo las cosas permanecerán como está sino que empeorarán. Con solo manifestarnos, por muy gorda y sonora que sea la manifestación, si no se logra erradicar los motivos que la originan, el resultado final es que sin pretenderlo sea un reforzamiento del sistema, en el sentido de que reconocida la injustica que motiva la manifestación y realizada esta la injusticia que la motiva queda intacta, y este hecho se traduce en la falsa representación de la realidad que contra el sistema nada puede ser hecho, y ello induce a la creación de la desesperanza y de la impotencia de los trabajadores, puesto que después de la manifestación no se ha conseguido nada, y en consecuencia sale fortalecido el sistema, porque queda sentado que después de la siguiente manifestación nada sería conseguido. Y es que el enemigo no puede ser vencido utilizando los procedimientos y los métodos y el lenguaje que propone el enemigo. Al que nos viene a robar no lo debemos calificar como adversario, sino como enemigo que nos viene a robar. ¿Nos representa nuestro representante político? ¡Pues claro que nos representa! Pero nos representa no porque lo hayamos elegido, sino porque defienda nuestros intereses. Si alza la voz, nos avisa y propone cómo nos podemos defender de quien nos viene a robar, claro que nos representa, pero si se convierte en cómplice de quien viene a robarnos para que nos robe mejor no puede ser nuestro representante, por mucho que lo hayamos podido elegir, como podría ser el caso del gobierno actual que se doblega ante los grandes capitales que nos acaban de robar 20 mil millones de euros en el caso de Bankia. ¿Y esto quiere decir que por malo, malo, malo, en las próximas elecciones elijamos a otros representantes del PP, Vox, Ciudadanos u otros? De ninguna manera, porque todos estos partidos han estado de acuerdo a que a los trabajadores nos haya robado los 20 mil millones de Bankia. La solución a los problemas de los trabajadores empieza cuando comience el proceso para cambiar el plano político donde ejercer la política, es decir, cuando se cree la nueva dimensión de la política (que no es la democracia representativa, por cuanto que en realidad es la sustitución del interés del representado, dado que pierde todo poder de control sobre el representante) en la que los que más fuerza tenemos, por número y por razones de justicia, los trabajadores, podamos hacer valer prevalecer nuestros intereses, absolutamente mayoritarios, frente a la exigua minoría que lo niegan. Que no nos canten canciones. Las pensiones son nuestras, de los trabajadores: he ahí la cuestión. Y todo lo que no sea esto es mareo de la perdiz para robarnos las pensiones.

 

La rebelión de los pensionistas (II)

Juan Francisco Martín Seco

El viejo Topo

19.03.2018

En el artículo de la semana pasada, al filo de la manifestación de pensionistas, traté el tema de las pensiones. No obstante, limité mi análisis a la conveniencia de que las prestaciones se actualicen anualmente por la inflación; postulé la necesidad de que su cuantía en términos reales no se recorte ni se produzcan transferencias del colectivo de los pensionistas a otros colectivos o, lo que es lo mismo, que los poderes públicos no utilicen la inflación y las pensiones para solucionar sus problemas presupuestarios. Al final del artículo prometí abordar esta semana el manido tema de la suficiencia financiera del sistema público de pensiones.

Anticipaba ya que la solución del problema no podía restringirse a bajar la cuantía de las pensiones. Así, lo soluciona cualquiera.  Aunque en realidad, en este caso no se trata de solución sino más bien de destrucción progresiva del sistema público. Adelantaba también que, si realmente se pretende resolver la cuestión, hay que rescatar las pensiones del estrecho campo al que las confinó el Pacto de Toledo con la separación de fuentes y de su exclusiva financiación mediante cotizaciones sociales. En ese marco no hay salida posible, ya que entran en funcionamiento todos esos condicionantes de la pirámide de población, del empleo, de los salarios, e incluso de la presión de los empresarios y la permisividad de algunas fuerzas políticas acerca de la reducción de las cotizaciones sociales, alegando como excusa que se trata de un impuesto al trabajo.

Hay que negar hasta que haya que plantearse el problema. ¿Por qué específicamente nos preguntamos si es posible la financiación de las pensiones públicas y no de la educación, de la sanidad, del ejército, de la policía, de las ayudas a la dependencia, del pago de la deuda, de las subvenciones a los empresarios y emprendedores, de los gastos de los Ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas, del servicio exterior del Estado, de la justicia, del seguro de desempleo, del AVE, y de otras muchas obras públicas, y de tantas y tantas partidas de gasto público? Si de algún capitulo de gasto no se debería dudar, es precisamente del de las pensiones, porque en cierto modo se trata de una deuda contraída por el Estado: devolver a los jubilados lo que han aportado (en su conjunto) a lo largo de su vida activa.

La pregunta que hay que hacerse es qué estructura fiscal se precisa para financiar los múltiples aspectos de un Estado social, al que recurrimos continuamente para reclamarle toda clase de servicios y prestaciones, pero al que somos totalmente renuentes a la hora de financiarlo. La cuestión habrá que plantearla en toda su amplitud. Es el conjunto de los ingresos del Estado el que debe financiar todos los gastos, sin hacer corralitos, sin comportamientos estancos y sin crear impuestos afectados a finalidades concretas. Desde esta perspectiva, la variable estratégica no es la pirámide de población o la tasa de natalidad. Si lo fuesen, la salida sería relativamente sencilla, permitir mayores tasas de emigración. ¿Pero para qué queremos incrementar la población activa si se va a traducir en un número mayor de desempleados? Tampoco podemos afirmar que el quid radique, en sentido estricto, en el número de ocupados. Lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce. Lo que no es lo mismo. Un número más reducido de personas puede producir una cantidad mayor de bienes si se incrementa la productividad.

Desde esa perspectiva global, en la que todos los ingresos financian la totalidad de los gastos, la variable fundamental es la evolución de la renta global del país (sea cual sea el número de activos) y cómo se reparte. Más concretamente, qué porción va al Estado, como accionista mayoritario de la economía nacional, para financiar la totalidad de los bienes y servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones.

Thomas Piketty, en su libro “El capital en el siglo XXI”, realiza un enorme esfuerzo para obtener series históricas de determinadas magnitudes, remontándose de manera estimable en el tiempo. Entre las variables que estudia se encuentra la elevación de la renta per cápita como resultado del incremento de la productividad. El PIB por habitante apenas creció hasta 1700, con lo que tampoco se modificó sustancialmente el nivel económico y el género de vida de las sociedades. La realidad económica comienza a modificarse de forma notable a partir de la Revolución Industrial. En la Europa occidental la renta per cápita en términos constantes pasó de 100 euros mensuales en 1700 a más de 2.500 euros en 2012, con un crecimiento anual promedio del 1%.

Por supuesto, la evolución no ha sido homogénea a lo largo de todo este tiempo. Centrándonos en los últimos treinta dos años (1980-2012), la tasa promedio fue del 1,8%. Aun cuando esta tasa es bastante más reducida que la de las décadas anteriores, es lo suficientemente elevada como para que la renta per cápita durante estos años se haya incrementado en términos reales el 77% y se haya creado sobrada riqueza para que no exista ningún obstáculo en la financiación en su conjunto del Estado social, incluyendo por supuesto las pensiones. Podemos afirmar que por término medio somos cada vez más ricos, por lo que se viene abajo el famoso discurso de la austeridad y ese intento de convencernos de que ahora no es posible lo que ayer sí lo era.

Un ejemplo muy fácil ayudará a entender lo que afirmamos. En aras de la claridad, el supuesto se ha simplificado al máximo, pero el resultado sería siempre parecido por mucho que lo complicásemos. Para hacerlo lo más sencillo posible se ha supuesto que el único gasto que tiene que afrontar el Estado es el de las pensiones, de manera que el producto se reparte entre el excedente empresarial, los trabajadores y el Estado, es decir, los pensionistas. Todos los datos se expresan en moneda constante prescindiendo de la inflación.

En el año t, existen 20 millones de trabajadores y 8 millones de pensionistas y la renta nacional ha ascendido a 800.000 millones de euros. El excedente empresarial neto de impuestos alcanza el 51% del producto o, lo que es lo mismo, 408.000 millones de euros. La retribución media anual neta de los 20 millones de trabajadores es de 16.000 euros, y la cantidad global, por tanto, dedicada a salarios asciende a 320.000 millones. Los impuestos absorben los 72.000 millones de euros restantes, con lo que se puede hacer frente a una pensión anual media de 9.000 euros.

En el año t+25, el número de trabajadores ha descendido a 16 millones, mientras que el número de pensionistas sube hasta los 12 millones. La renta nacional debido al incremento de productividad se ha elevado en un 25%, ascendiendo por tanto a un billón de euros. El excedente empresarial mantiene su participación en la renta del 51%, en este caso 510.000 millones de euros. Para mantener la pensión media en 9.000 euros anuales (sin pérdida de poder adquisitivo) los impuestos alcanzan los 108.000 millones de euros, lo que permite un sobrante de 382.000 millones de euros que, dividido por el número de trabajadores, ofrece un salario medio de 23.875 euros.

Este sencillo ejemplo desmonta todas las profecías catastrofistas de los que ponen en duda la viabilidad del sistema público de pensiones. El incremento de un 25% del PIB (porcentaje más bien modesto de acuerdo con la tendencia existente en Europa desde 1700) permite que, aun cuando la cifra de los jubilados haya crecido un 50% (cuatro millones) y los ocupados hayan descendido en un número similar, las pensiones puedan mantener el poder adquisitivo y al mismo tiempo es posible un crecimiento sustancial del excedente empresarial y del salario medio.

La viabilidad del sistema público de pensiones, al igual que la del resto de las prestaciones sociales, no es un problema de producción, sino de distribución. Trabajadores, empresarios y Estado concurren a participar en la renta nacional. No es tanto una cuestión económica sino política. ¿Qué parte de la renta debe ir mediante impuestos al Estado para acometer todas las cargas del sector público? John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años la idea de que cambios como la incorporación de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida exigirían una redistribución de los bienes y servicios que habrían de ser producidos y, en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados bienes públicos y en contra de los privados.

El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no solo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva. Habrá quien diga que estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una cuantía suficiente como para garantizarse una pensión de jubilación digna?

Hay dos tipos de ahorro: el individual y voluntario; y el público y obligatorio mediante impuestos. Desde el punto de vista del Estado social, no se puede confiar en el ahorro privado y voluntario para proporcionar los recursos necesarios a los jubilados. Solo algunos, muy pocos, tendrían en ese caso una pensión digna. Sin embargo, la economía nacional produce recursos suficientes para que el ahorro público y obligatorio del Estado (impuestos) subvenga a cubrir con carácter general esta contingencia.

La verdadera amenaza a las pensiones y en general al conjunto del Estado social radica en esa postura cada vez más generalizada que se opone a la subida de impuestos a pesar de que España cuenta con una presión fiscal muy por debajo de la media Europea; y el mayor peligro se encuentra en las fuerzas políticas como Ciudadanos que van más allá, puesto que para pactar con el Gobierno lo primero que exigen es la bajada de impuestos y se niegan después a la actualización de las pensiones de acuerdo con la inflación. Eso sí, pretenden engañar al personal (como buen partido populista) afirmando que la rebaja impositiva va dirigida a los pensionistas.

Los detractores del sistema público de pensiones adoptan a menudo un tono compasivo, preocupándose de las futuras generaciones y considerando que no rebajar las pensiones constituye una enorme injusticia intergeneracional, ya que, según dicen, se hará recaer sobre las próximas generaciones una carga muy pesada. En primer lugar, hay que señalar que los más interesados en que se mantengan las pensiones públicas o en que no se reduzca su cuantía son los jubilados del futuro, porque el efecto de cualquier recorte o reforma será tanto mayor cuanto más se aleje del presente.

En segundo lugar, si cada generación es más rica que la precedente se debe en buena medida a que parten de un nivel técnico, educacional y social mayor, gracias al esfuerzo realizado por las anteriores generaciones que acumularon un bagaje de estructuras y de inteligencia colectiva que ha hecho posible el incremento de la productividad.

Concretamente en el caso de España, los jubilados actuales han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y adolescencia. También con sus impuestos han facilitado en buena medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, facilidades de las que muy pocos de su generación disfrutaron. Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per cápita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?

La rebelión de los pensionistas I

Artículo publicado en Contrapunto

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