jueves, 25 de julio de 2019

TRATADO UE-MERCOSUR O UN PISOTÓN EN EL PESCUEZO Y UNA MANO QUE TE REGISTRA LOS BOLSILLOS, MIENTRAS UNA VOZ SUSURRANTE DICE: NO TE CANTEES QUE TE ESTOY TRATANDO, LUEGO TE QUITARÉ ALGO MÁS


UE-Mercosur, cheque en blanco para violar derechos humanos y devastar el planeta

Rebelión
El Salto
22.07.2019

Aclamado por Pedro Sánchez, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur está recibiendo muchas críticas por blanquear a la ultraderecha brasileña o por las consecuencias devastadoras del comercio entre ambas regiones para las personas y el clima.



Concentración en Bruselas en contra del tratado con Mercosur. Foto: Tom Kucharz.  

"Histórico” fue el adjetivo manoseado hasta el infinito para anunciar a bombo y platillo un acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con los gobiernos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay). Primero se publicó el acuerdo en principio, con tan sólo 17 páginas y que no era un “texto legal", con la intención de confundir a la opinión pública mientras aún se está terminando de redactar el tratado final, que tendrá más de 1.500 páginas.  

Como en las últimas dos semanas se habían multiplicado las críticas por la falta de transparencia de las negociaciones, el Gobierno de Uruguay empezó a publicar partes de los textos consolidados del tratado. Presionada por esta circunstancia, la Comisión Europea tuvo que publicar también una parte de los textos legales en su página web. Lo hizo el viernes a las 23:00. 

Una vez finalizada la letra pequeña, habrá una revisión legal del tratado, la traducción a los idiomas de la UE y luego comenzará el proceso de ratificación que puede durar años. 

En una entrevista en El Mundo, la comisaria de comercio de la UE, Cecilia Malmström, dijo que "El acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar". Afirmando así la naturaleza antidemocrática de la política comercial de la UE y enviando una señal clara de que los parlamentos no pintan nada (ni el europeo ni los nacionales) y que ni siquiera los gobiernos puedan modificarlo. 

Una cosa parece segura: cuando en octubre se retire la actual Comisión Europea dejará un regalo envenenado. Y se está viendo ya. 

UNA SEMANA CALIENTE
 
Las protestas y el debate político en Francia se están extendiendo. El Parlamento holandés ha adoptado dos mociones sobre el acuerdo comercial, instando al Gobierno que se haga público todo y obligándole a evaluar el impacto para la agricultura familiar antes de que el tratado se discuta en el Consejo de la UE. 

También hubo movilizaciones de agricultoras/es en Irlanda y Bélgica. La manifestación de miles de personas en Dublín fue decisiva en el voto simbólico del Parlamento de Irlanda que expresó mayoritariamente su oposición al acuerdo con Mercosur. 

Por su parte el presidente valenciano Ximo Puig, ha viajado a Bruselas para trasladar a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, el temor del sector citrícola por los perjuicios económicos que el acuerdo provocaría a la región de Valencia. 

EN CLAVE GEOPOLÍTICA
 
No fue casual que la noticia se divulgase justo el día que empezó en Osaka la cumbre del G20. La UE, y muy especialmente la canciller alemana Angela Merkel, pretendían restar protagonismo al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su política de amenazas constantes, en un momento en el que toda la atención mundial está centrada en las negociaciones EE.UU.-China. Las élites europeas intentan —desesperadamente— recuperar cierto poder económico y político y muy concretamente para el capital transnacional europeo y la economía digital (incluso asumiendo los riesgos por hacerse la foto con el ultra Bolsonaro el mismo día, por cierto, del Orgullo LGTBIQ+).

UN REGALO PARA LA OLIGARQUÍA LATINOAMERICANA
 
El retorno de la derecha a los gobiernos de Argentina y Brasil —gobernados por políticos neoliberales, autoritarios y sumisos a los intereses extranjeros— así como la expulsión ilegal de Venezuela del bloque, habían permitido acelerar el proceso negociador con Bruselas. Pero la mayoría de sus poblaciones sufre una crisis económica que sacude la región y va a peor. 

Al presidente argentino Mauricio Macri le puede ayudar a mejorar sus posibilidades en las elecciones presidenciales el 27 de octubre de 2019. En el contexto brasileño, este acuerdo forma parte de un proyecto del golpe institucional contra Dilma Rousseff que continúa. Y al presidente ultraderechista brasileño, Bolsonaro, le ayuda a limpiar su pésima imagen internacional cuando enfrenta varios escándalos. Entre ellos, las revelaciones sobre Sérgio Moro, ministro de Justicia, su falta de parcialidad como juez y amaños con la fiscalía para encarcelar a Lula da Silva. O la detención de un militar de la comitiva presidencial con 39 kilos de cocaína cuando viajaba a Osaka. Ambos utilizan ahora el acuerdo como medio para evitar que la izquierda vuelva a gobernar y blindar las reformas neoliberales que impulsan en la región (como las privatizaciones). 

NEOCOLONIAL 

El mandato con el que la Comisión Europea negocia con Mercosur es de 1999 y se basa en la vieja doctrina que busca reafirmar el papel dominante y neocolonial de la UE en el mundo a través de su política comercial común. 

Ambas regiones ya sufren ese modelo comercial depredador. Los países del Mercosur exportan mayoritariamente materias primas —que generan por ejemplo importantes impactos sobre la agricultura y el mundo rural europeos—. A su vez son inundados con productos y servicios de las empresas transnacionales europeas, lo que genera más desempleo, desigualdades, desequilibrios económicos y una concentración de la riqueza. 

EL MODELO BRUMADINHO
 
El 25 de enero la empresa minera brasileña VALE, la mayor productora de mineral de hierro del mundo, causó la rotura de una de sus represas con desechos en el estado de Minas Gerais, provocando la muerte de más de 300 personas y derramando millones de metros cúbicos de lodo tóxico que afecta a más de 100 municipios. Sólo tres años antes, una negligencia similar de la multinacional en un pueblo llamado Mariana provocó el peor desastre ecológico en la historia de Brasil y dejó 20 muertos. No son casos aislados. Es el modelo de extractivismo que impera en el Mercosur y el mundo. Los accionistas de VALE, aseguradoras como Mapfre o la industria que compra el hierro (una buena parte llega a Europa), se llenan los bolsillos y las comunidades cargan con todos los impactos sociales y ambientales. 

El gobierno español y el IBEX35 sólo piensan en la venta de coches, farmacéuticas o bienes de consumo, la importación barata de soja y minerales o en sacar petróleo en las costas de Brasil o la “Vaca Muerta” de Argentina, sin preocuparles las poblaciones, sus derechos, ni el etorno. Esto completa una forma de genocidio que comenzó con el colonialismo español a partir del siglo XIV. 

UE CÓMPLICE DE BOLSONARO
 
El acuerdo es una amenaza para los derechos humanos. En el caso de Brasil ampara a Bolsonaro, quien desde el 1 de enero de 2019 ha arremetido contra los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales, cumpliendo su promesa electoral de "poner un punto final a todos los activismos" del país. Se ha registrado un aumento dramático de los ataques contra pueblos indígenas, comunidades afrobrasileñas, líderes comunitarios, campesinos y activistas. 

Es muy sintomático que la policía brasileña haya encontrado vínculos entre el asesino de Marielle Franco y la familia Bolsonaro. La feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, fue asesinada el 14 de marzo de 2018 por criticar e investigar la intervención militar y policial en las favelas de Río de Janeiro y asesinatos y abusos contra sus habitantes. 

VIOLENCIA MACHISTA Y HOMOFOBIA
 
Bolsonaro ha declarado la guerra contra las personas LGTBIQ+ y defiende un proyecto político contra las mujeres que busca lapidar derechos y conquistas del movimiento feminista y LGTBIQ+. En su primer discurso tras jurar el cargo, ha prometido “combatir la ideología de género” igual que la extrema derecha en Europa. Pregona impunemente su homofobia (“Brasil no puede ser un paraíso para el turismo gay”) y misoginia (reivindicó el turismo sexual). Sus discursos y políticas que fomentan el odio y la violencia deberían ser perseguidos y no premiados con un acuerdo de asociación. 

UNA BOMBA CLIMÁTICA
 
El acuerdo comercial exacerbará la deforestación al legitimar el desmontaje de regulaciones ambientales y seguir exportando masivamente productos agrícolas a Europa. Por el otro lado, favorecerá la explotación y la quema de combustibles fósiles así como la exportación de automóviles europeos al Mercosur, especialmente de vehículos 4x4 que tienen una gran huella ecológica. La Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) está encantada. 

DEFORESTAR LA AMAZONÍA
 
Se prevé aumentar la exportación de carne, soja y agrocombustibles a Europa. En 2018, el 78,5 % de las importaciones de vacuno de la UE ya procedían del Mercosur, uno de los mayores impulsores agrícolas de la pérdida de bosques y un sector responsable además de trabajo esclavo. 

Más de 600 científicos europeos y 300 grupos indígenas alertaron a la UE de la deforestación en Brasil. Bolsonaro ha desmantelado protecciones ambientales y ha facilitado el dramático incremento en las tasas de deforestación en la Amazonía, socavando así años de progreso en la materia. Solo el procesador de carne más grande del mundo, la multinacional brasileña JBS, emitió en 2016 más gases de efecto invernadero que Holanda. 

LAS MENTIRAS DE MACRON
 
El presidente francés Emmanuel Macron prometió ante la asamblea general de la ONU que no firmaría más acuerdos que comprometieran la lucha contra el cambio climático. En mayo su Gobierno dijo en el Parlamento francés que no permitiría un tratado con Mercosur. 

Macron creía que enfatizando con que Brasil cumpliera con el Acuerdo de París iba ser suficiente para esquivar las críticas por apoyar el tratado con Mercosur. Pero no. El debate en Francia está cogiendo impulso. Manifestaciones de agricultores, protestas de ecologistas, sindicatos y ONG de derechos humanos y división interna en la mayoría gubernamental. La extrema derecha de Le Pen e incluso los republicanos critican el texto como "traición". Acusan a Macron de desproteger la agricultura familiar francesa, un tema muy sensible en el país. Solo el fallido acuerdo comercial con Estados Unidos (TTIP) había suscitado tanta oposición en Francia. 

LA TRAMPA CON EL ACUERDO DE PARÍS
 
El preacuerdo habla de “implementar efectivamente el Acuerdo de París”, pero no es vinculante, como tampoco las alusiones a la deforestación o la biodiversidad. Incluir un lenguaje engañoso sobre clima, derechos laborales y género en los tratados comerciales, proporciona a las élites una coartada perfecta para decir que han abordado el problema, sin realmente hacer nada. 

Aunque Bolsonaro haya dicho a Macron que Brasil permanecerá en el Acuerdo de París (a pesar de la presión de Washington), tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Asuntos Exteriores están encabezados por quienes niegan el calentamiento global. Es improbable que tomen las medidas necesarias para implementar el Acuerdo.

En estos acuerdos comerciales las medidas para frenar la emergencia climática son consideradas "barreras no arancelarias". Penalizan, por ejemplo, la salida de las energías fósiles, el fomento de la agricultura sostenible o favorecer empresas locales en la contratación pública para los planes de transición energética. 

NEGOCIOS PARA LA AGROINDUSTRIA, POBREZA PARA EL RESTO
 
Todos los países involucrados en el Acuerdo se encuentran en una situación agronómica catastrófica, con cierre de explotaciones y pérdida masiva de empleos, con la concentración y conflictos por la tenencia de tierras, con suelos esterilizados por el uso masivo de productos fitosanitarios, impactos del cambio climático, así como graves problemas para la salud y la biodiversidad por los pesticidas tóxicos. 

Este acuerdo complace los intereses de las multinacionales de la agricultura industrial, pero mina los esfuerzos por una la agricultura sostenible. Cuestiones urgentes como la soberanía alimentaria, la transición al modelo ecológico, el vaciamiento del territorio rural, planes para adaptación al cambio climático o los derechos campesinos son vendidas en el altar del comercio internacional. Se rebajarán o incumplirán aún más las normas sanitarias y ambientales. Las organizaciones agrarias españolas advierten de que muchos sectores quedarán desprotegidos. 

¿QUIÉN PUEDE TUMBAR EL ACUERDO?
 
Aunque la política comercial sea una competencia exclusiva de la UE, el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur será en principio de competencia compartida, al incluir elementos de diálogo político y cooperación. Eso significa que debe ser adoptado primero por el Consejo de la UE (los gobiernos) y por unanimidad (si un sólo gobierno se opone, el tratado cae). Luego, el Parlamento Europeo decide por mayoría. Finalmente, al igual que con el acuerdo comercial con Canadá (CETA), los parlamentos nacionales (y regionales en el caso belga) tendrán la posibilidad de pararlo. 

Podría pasar que la Comisión Europea divida el acuerdo en dos partes para acelerar la ratificación. Los gobiernos de la UE decidieron en mayo de 2018 que Bruselas puede dividir los acuerdos comerciales para aprobar sus partes de comercio por una vía rápida excluyendo a los parlamentos nacionales. Este procedimiento ya se aplicó para los acuerdos con Japón, Singapur y Vietnam. Sin embargo, el Consejo decidió el año pasado que México, Mercosur y Chile sigan siendo acuerdos mixtos.

La trampa está en que mientras llegue a los parlamentos nacionales (pueden pasar años e incluso décadas), las partes de “competencia exclusiva” podrían aplicarse de forma provisional después del voto del Parlamento Europeo, sin esperar a la decisión del poder legislativo. Antes de eso, los gobiernos y los parlamentos del Mercosur tendrán que ratificarlo y no está nada claro que eso ocurra sin dificultades. 

En marzo el Parlamento Europeo rechazó abrir negociaciones comerciales con Trump. ¿Por qué no puede repetirlo? 

NECESITAMOS MOVILIZARNOS
 
Es posible frustrar el acuerdo y hay muchas oportunidades. Primero, de cara al Consejo de la UE (donde decide el gobierno de Pedro Sánchez), luego en el Parlamento Europeo (donde Iratxe García preside al grupo socialdemócrata S&D) y, si no ha dado frutos, en Las Cortes. Si hay una mayoría para investir a Sánchez como presidente del Gobierno, debe haber una mayoría para vetar a estos tratados neoliberales. Necesitaremos un frente amplio entre movimientos ecologistas, feministas, LGTBIQ+, campesinos y organizaciones en defensa de los derechos humanos. Nuestros aliados son los movimientos de resistencia en Europa y América Latina. 

Tom Kucharz, investigados y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña “NO A LOS TRATADOS DE COMERCIO E INVERSIÓN” 


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miércoles, 24 de julio de 2019

APARECE AHORCADO UN EX ALTO CARGO VENEZOLANO ENEMIGO DE MADURO QUE LE PROPORCIONABA NEGOCIOS AL HIJO DEL EX EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VENEZUELA. MAJESTÁ, POR PEDRO (El Sánchez no, el otro) Y PABLO (El Iglesias no, el otro) ACTÚE QUE LE VAN A JODER EL REINO CON TANTA DELICUENCIAL DE ALCURNIA VENEZOLANA Y ROBONA DE LOS TRABAJADORES VENEZOLANOS ANDANDO SUELTOS POR LA SANTA TIERRA DEL CID Y TENERIFE


Se ahorca en Madrid un excargo venezolano de la trama del exembajador de España

El juez Pedraz le había prohibido salir de nuestro país 

REDACCIÓN/EL PLURAL, 23 de julio de 2019


 El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Fuente: Antena 3 

El exalto cargo de la petrolera estatal venezolana PDVSA Juan Carlos Márquez Cabrera, uno de los implicados en la trama de blanqueo de capitales y corrupción investigada por la Udef, fue hallado muerto en una nave del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, el pasado domingo.

Márquez Cabrera había firmado contratos por 4,5 millones de euros, como mínimo, para Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción, el conseguidor era el exembajador, gracias a sus relaciones con miembros del Gobierno venezolano. Morodo hijo, a través de su bufete de abogados (Aequitas Abogados y Consultores Asociados. S. L.) y de al menos otras dos empresas, era el ejecutor de las operaciones de blanqueo a través de una compleja operativa que pasaba por Panamá y Suiza, informa ABC.

El hijo del embajador y otras tres personas fueron detenidos el pasado 20 de mayo por la trama de corrupción, que habría recibido unos 14 millones de euros de la petrolera venezolana, desde 2008.

El propio embajador, Raúl Morodo, también tuvo que declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, aunque no se le arrestó por su avanzada edad (84 años). El hijo del embajador y su sucio, Carlos Prada, así como sus esposas, quedaron en libertad sin fianza, aunque con medidas cautelares.

Márquez declaró ante el juez Pedraz

Juan Carlos Márquez Cabrera, exalto cargo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, se encontraba en busca y captura desde mayo hasta que fue detenido el viernes en Madrid para declarar ante el juez Pedraz.

Márquez se defendió afirmando que firmó los contratos por indicación de superiores y negó haber cobrado comisiones. El juez lo dejó en libertad, pero con la prohibición de salir de España.

El alto funcionario venezolano se ahorcó

El sábado, el diario El País publicó que el exalto cargo venezolano se había fugado, a raíz de una alerta de Interpol en Washington, sin embargo, Márquez no llegó a salir de Madrid. El domingo por la tarde, los agentes le localizaron muerto en una nave de San Sebastián de los Reyes de su propiedad que había sido registrada el 20 de mayo. Se había ahorcado.

El mismo domingo había estado trabajando en la nave con uno de sus socios hasta las 11 de la mañana. Quedaron más tarde y como no cogía el móvil, uno de sus colaboradores acudió al sitio. La puerta estaba atrancada, así que llamó a los bomberos y a la Policía de Alcobendas, que forzaron la puerta y encontraron a Márquez colgado del marco.

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PENSIONES. NO NOS ANDEMOS CON EUFEMISMOS CON LAS PENSIONES PORQUE ESE SERÁ EL PRINCIPIO DEL FIN. PRIVATIZAR LAS PENSIONES NO ES CONTRADECIR NADA, SENCILLAMENTE ES ROBAR EL DINERO DE NUESTRAS PENSIONES, Y QUIEN BOGUE POR LA PRIVATIZACIÓN O PROPONGA UN CONSENSO O INTENTE SUAVIZAR LA PRESIÓN SOCIAL DE LSO PENSIONISTAS PORA LA PRIVATIZACIÓN ES UN LADRÓN, Y SI TODO ESTO SE HACE EN EL PACTO DE TOLEDO, EL PACTO DE TOLEDO SERÍA EL LUGAR DONDE SE REUNEN LOS LADRONES PARA ROBARNOS LAS PENSIONES. LOS TRABAJADORES, QUE ESO SOMOS LOS PENSIONISTAS, NECESITAMOS INFORMACIÓN, NO DOSÍS DE LIDERINA. ESA COSA QUE NOS ECHA EL LIDER POR LAS NARICES PARA QUE PERDAMOS LA CONCIENCIA, NOS ENTREN LAS CAGUERILLAS DEL MIEDO Y ENTONCES PUEDA DECIDIR POR NOSOTROS LO QUE NOSOTROS NO DECIDIRIAMOS NUNCA POR IR CONTRA NUESTROS INTERESES



Domiciano Sandoval: «Con la gran mentira de que no hay dinero para las pensiones quieren cargarse el sistema público y privatizarlo»

Por Vicente Pérez /kaosenlared/23.07.2019

Domiciano Sandoval, portavoz de la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, afirma en Tenerife que dotar de dinero a la ‘hucha’ estatal para este fin se logra con voluntad política en el Consejo de Ministros e invita a defender esta causa «en la calle».



«Que no hay dinero para las pensiones es una gran mentira, una falacia, porque no es falta de medios para sostenerlas, sino que que el capitalismo puro y duro quiere entrar en lo que hasta ahora era un sistema público». Quien así opina es Domiciano Sandoval, impulsor de la Marea Pensionista en España, nacida en Barcelona y que se ha extendido por todo el país, a través de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, de la que es portavoz.

Sandoval asegura que lo que hoy ocurre con este tema «proviene de los años 80, cuando el Banco Mundial dijo que las pensiones en Europa eran caras» y se empezó a favorecer los planes de pensiones privados.

«El Estado pide piden créditos para pagar las pensiones, para meternos miedo, hay poderosos intereses que se quieren cargar el sistema público de pensiones, y nos asustan así, por lo que tenemos que defenderlo en la calle», afirmó en un debate público que se celebró en Tenerife organizado por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. El coloquio estuvo moderado por el periodista David Cuesta y también participaron el catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna Federico Aguilera Klink  y la abogada laboralista Alicia Mujica.


Sandoval (con camisa naranja), en el debate celebrado en Tenerife.

Sandoval recorre España animando la contestación social contra las medidas que han hecho perder poder adquisitivo a los jubilados. En Barcelona que se presentaran miles de demandas de pensionistas, al punto de que calapsaron los juzgados de lo Social de la ciudad condal y llegaron hasta el Tribunal Constitucional que luego las desestimó Pero no se arredró por ello y ha continuado su batalla judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

«Aquí los políticos españoles poco menos que han querido que los viejos se mueran antes, porque como ellos tienen sus pensiones resueltas», expone, con sarcasmo, «en lugar de tomar las medidas que aseguren el dinero para los jubilados, ya que recursos ha habido y hay, pues estamos en un país donde le hemos regalado a los banco más de 60.000 millones de euros, y la banca está creciendo en beneficios».

Insiste Sandoval en que la victoria contra la precarización de las pensiones «solo la podemos ganar en la calle» pues «garantizar este sistema público se podría lograr con unas medidas que se podrían tomar en el Consejo de Ministros».

Propuestas de la Coordinadora para llenar la hucha de las pensiones
En este sentido, Sandoval esbozó algunas propuestas, como trasladar las pensiones no contribuitivas a los Presupuestos Generales del estado, que además estos se hagan cargo de los gastos de administración y de edificios de la Seguridad Social, destopar las cotizaciones sociales, no desgravar fiscalmente la pensiones públicas…

En su batalla contra el miedo a la quiebra de las pensiones, Sandoval afirmó que la Coordinadora de la que es portavoz «ha hecho un trabajo fantástico» porque, con sus actos de protesta y sus debates, «ha cambiado el discurso oficial de que no hay dinero para las pensiones, y ahora nos toca defender que es un derecho, pagado y ganado por los jubilados» durante décadas de cotizaciones.

Reivindica además que se eleve la pensión mínima hasta el salario mínimo interprofesional, objetivo que considera «no solo posible sino una necesidad», pues 2,5 millones de personas viven en España con menos de 650 euros, de los que 1,5 millones son mujeres, «que deberían encabezar una revuelta, porque eso es inaceptable».

Advierte de que en abril se aprobó en el Parlamento Europeo un plan de pensiones individuales que trata de favorecer que los ciudadanos se hagan pensiones privadas en entidades financieras, «contra lo únicos que podemos hacer es movilizarnos», ya que además «no solo lo hacemos por nuestras pensiones, sino por las de las generaciones futuras».

Recordó que la Coordinadora ha planteado a la ministra de Trabajo en funciones recuperar el poder adquisitivo perdido, derogar la reforma de las pensiones de 2013 y el factor de sosteniblidad, el 0,25%, incluir las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental, retirar el copago de las medicinas y no solicitar préstamos al Tesoro.

Eso, para una primera fase, pues para una segunda tanda de medidas, la Coordinadora ha propuesto al Gobierno estatal retirar las tarifas planas, potencial la Inspección de Trabajo, reducir los tramos exentos al máximo y los falsos autónomos, subir la pensión mínima a 1.084 euros, derogar las reformas laborales «que nos han llevado a la esclavitud del siglo XXI», terminar con la desigualdad de género en los salarios, reconocer el derecho a un pensión mínima y una reforma fiscal que haga que paguen impuestos los que no los pagan a pesar de ser ricos, ya que la presión fiscal en España es inferior a la media de la UE.

Sandoval echa mano de cifras: «En España nos gastamos el 11% del PIB en pensiones, cuando en la UE es un 12,3% de media; en Francia es un 14,5% y en Italia casi un 15%».

FEDERICO AGUILERA: «Mienten: las pensiones no son problema»

En el debate participó también el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna Federico Aguilera Klink, quien tuvo una intervención muy vehemente, apoyándose en titulares de prensa, criticando que en España lo que ha habido son «gobiernos para la banca, a quien es la banca no les deja tirar de ningún hilo, pues el poder económico es el que realmente gobierna». Tal así, comentó que tras las elecciones. Alicia Botín (Banco Santander) «ha recomendado un pacto PSOE-Ciudadanos».

El profesor de la ULL, al igual que Sandoval, considera que «las pensiones no son ningún problema, no se lo crean, pues son unos mentirosos, pues dicen que no hay dinero para las pensiones los que nos están saqueando el país, ya que la crisis está siendo un éxito para los grandes bancos y empresas, que han recibido ayudas públicas ingentes».

Y ello, dijo, pese a que la Constitución obliga a atender a los ancianos, pero que fue reformada en su articulo 135 para dar «prioridad absoluta» al pago de la deuda pública. De modo que, para Klink, «se ha privatizado la Constitución Española».

Desde su punto de vista, por tanto, «se miente cuando se dice que se va a acabar la hucha de las pensiones, es una tomadura de pelo, porque no hay dinero porque no quieren que haya dinero, ya que esa hucha la ha ordeñado la banca». «Han reducido el Impuesto de Sociedades, los beneficios van hacia arriba; la gran banca gana 84.000 millones y 50.000 en ayudas públicas…¡y no hay dinero!», enfatiza el economista, quien observa cómo los grandes contribuyentes tributan poco y los trabajadores mucho.

En su opinión, la deuda pública, «que tienen su origen en el Tratado de Maastricht, es un robo, un saqueo, que se cifra en 12,7 billones de euros entre todos los países de la UE», con la banca.

En el caso de Canarias, criticó la Reserva de Inversiones (RIC) que hizo que entre 1996 y 2014 los empresarios dejaran de pagar 30.000 millones en impuestos «y enciman ahora alertan de que subirlos nos hará menos competitivos». A ello unió «las obras faraónicas» en que se han gastado fondos públicos en el Archipiélago, entre las que citó el aeropuerto de La Palma y el puerto de Granadilla.

ALICIA MUJICA: «Privatizar las pensiones contradice el principio de igualdad»

En el acto participó también Alicia Mujica, abogada laboralista, quien hizo un recorrido por los grandes hitos históricos en España con relación a las pensiones de jubilación, desde la primera Ley de Seguridad Social en 1900.Destacó que fue en la I República (1931) cuando la Constitución por primera vez recogía el compromiso estatal de protección de la vejez.

Señaló que las pensiones se financian el 88% con las cotizaciones y el 12% con impuestos, y criticó que  el polémico factor de sostenibilidad viene a suponer que «cuanto mayor esperanza de vida, menor pensión». Y se mostró contraria a los intentos de privatizar el sistema de pensiones porque, desde su punto de vista, «contradice además el principio básico de igualdad» y nos convierte en «un estado antisocial»



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IU. ¿UN PARTIDO DE IZQUIERDAS AL QUE NI SIQUIERA LA MILITANCIA PROPIA LE RESPONDE MAYORITARIAMENTE, QUÉ ESPERANZA LE PUEDE OFRECER A LA CLASE TRABAJADORA ENTRANDO EN UN GOBIERNO CON EL PSOE?

IU consultó a las bases el apoyo al PSOE y la escasa participación empañó el resultado

La militancia de IU ha votado apoyar un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos si hay acuerdo programático en un referéndum en el que ha participado únicamente el 16,37% del censo.
 
IU puso en marcha una consulta ‘online’ entre la militancia para conocer su posición frente a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno entre las 12.00 horas de este domingo 21 de julio y las 22.00 horas de este lunes.

«Si se alcanza un acuerdo programático para la investidura que evite nuevas elecciones, ¿estás de acuerdo con que se conforme un Gobierno de coalición entre el PSOE y nuestro grupo parlamentario Unidas Podemos», era la pregunta de la consulta.

En el referéndum se han contabilizado un total de 5.9966 votos emitidos, el 16,37% del censo, según los datos facilitados por IU al término de la consulta. De ellos, un 78,76% (4.699 votos) ha apostado por el ‘Sí’ a un gobierno de coalición, mientras que un 19,26% (1.149) ha optado por el ‘no’. El 1,8% de los votos restantes (118) han correspondido a abstenciones.

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