Entrevista a Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Madrid
“La
auditoría de la deuda será integral, con los impactos no solo financieros sino
también en las políticas sociales o medioambientales”
24.09.2015
Carlos Sánchez Mato es el nuevo delegado del área de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Madrileño, cristiano de
base y luchador contra los abusos de la Iglesia católica, concejal presidente
del distrito de Vicálvaro, estudió en la Universidad
Complutense y está especializado en economía monetaria y en el sector
público. Aunque militó dos años en Izquierda Unida, no ha tenido
ningún contacto con la política activa antes de entrar en el Ayuntamiento. Del
departamento que controla dependen los presupuestos y la
política financiera municipal. Además, Carlos Sánchez está actualmente
elaborando su tesis doctoral, que versa sobre la necesidad de una banca
pública, una de sus grandes batallas.
Trabajó
durante años en la empresa privada, fue director de la Escuela Ideo y es
técnico investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización, centro
dedicado a estudiar los mecanismos asociados a la deuda financiera de los
países más pobres de la UE. Además, destaca su trayectoria como activista en la
plataforma "Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa", que
se enmarca en una campaña contra las instituciones financieras internacionales,
y en "Plataforma 0,7", dedicada a la lucha por la cooperación al
desarrollo y a erradicar la pobreza. También es un destacado miembro de la
Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción
Ciudadana (ATTAC), movimiento internacional que promueve el control democrático
de los mercados financieros.
Sánchez
Mato procede de los "rebeldes" de Izquierda Unida, capitaneados por
Mauricio Valiente, que decidieron elaborar una candidatura propia reivindicando
el papel activo de la ciudadanía para concurrir a las primarias de Ahora
Madrid. Según expresó el concejal electo, fue una decisión “con poca ambición
personal y mucha colectiva”. Y ahora, desde el consistorio, su hoja de ruta
pasa por elaborar una profunda auditoría de la deuda municipal, que según las
cifras que maneja el nuevo ejecutivo rondaría los 6.000 millones de euros. Y en
segundo lugar, revisará todos los contratos que los anteriores gobiernos del PP
firmaron durante los últimos años, con el ojo puesto en los de limpieza y
jardinería, que tantas polémicas han generado este tiempo.
El
concejal de Ahora Madrid es además autor de un blog en el que comparte sus
reflexiones sobre la actualidad económica. Bajo el nombre de "Economía
para críticos e indignados", Sánchez Mato ha criticado activamente el caso
Bankia, sobre el que ya se manifestó hace meses al apoyar un documento
elaborado por la plataforma "Banca Pública'" que pedía el cese
inmediato de José Ignacio Goirigolzarri y el resto de directivos de la entidad
y, además, que se abriera un proceso judicial para depurar las responsabilidades
de todos ellos.
-La
auditoría de la deuda de Madrid ha sido uno de los puntos del programa
electoral de la candidatura de Ahora Madrid. ¿Cómo se va a realizar?
-No
es un proceso inmediato ya que se trata de una deuda descomunal, con una
inmensidad de contratos. Y es curioso que en estos momentos están aflorando una
serie de cantidades que no preveíamos para incluir dentro de la deuda, están
llegando cosas que no estábamos inicialmente pensando. La magnitud del trabajo
es enorme y mucho mas amplia de lo que pensábamos.
Por
un lado es algo espectacular porque estamos viendo las cifras reales; por otro
lado significa mas dolor para todo aquel que le duela lo público y lo que han
hecho de este Ayuntamiento.
Hemos
creado una estructura que va a permitir hacer ese trabajo, con una subdirección
general con rango suficientemente elevado que se llama Auditoría de la Deuda y
de las Políticas Públicas. La idea es que la auditoría de la deuda no sea
solamente el análisis de los datos financieros sino una auditoría integral, que
vea todos los componentes que tenga esa deuda, todos los impactos que tiene, no
solo el financiero sino también el impacto que tiene en las políticas sociales,
o medioambientalmente, qué impacto ha podido tener una infraestructura como la
M-30, una visión mas amplia de la puramente financiera y un análisis mas amplio
del puramente legal, que es lo que molesta a algunos.
-Los
críticos de este proceso dicen que se trata de una deuda legal
-Según
ellos no se puede decir nada de algo que ha cumplido la ley y contra eso hay
que decir a la gente que hay muchísimos contratos que entendemos son abusivos a
pesar de cumplir la ley y han pasado por el tamiz de la intervención. Sin
embargo, no podemos ocultar que hay contratos que no son lógicos, ni adecuados,
ni que se haya mirado el dinero de todos. Por el edificio en el que nos
encontramos estamos pagando 18.422 euros diarios de alquiler, pero este
edificio era municipal y se lo vendimos a una empresa para que nos lo alquilara
a ese precio. Y ese precio no es de mercado. Todo eso ha sido legal, la
intervención lo ha dado como bueno pero, ¿es legítimo, es adecuado,
políticamente tiene que conllevar responsabilidades a quien firmó ese contrato?
Creemos que sí.
-¿Cómo
se comenzará este proceso de auditoría?
-Primero
se trata del trabajo técnico y de mostrar a la gente los resultados de ese
trabajo técnico. Además debe ser un trabajo con una amplia participación para
que la gente se empodere, recupere la capacidad de decidir si esto está bien o
está mal y si hay alguien que debe responder política o penalmente si ha
cometido algún delito.
-¿Cuál
es la deuda actual del Ayuntamiento de Madrid?
-La
deuda de la ciudad de Madrid es de 5.400 millones de euros. Se ha creado una
subdirección, que la dirigirá un funcionario de la casa que trabajaba en la
delegación de Hacienda, una persona con gran capacidad técnica, que cree
profundamente en lo público y que va a tener un equipo de funcionarios de
diferentes departamentos del Ayuntamiento que pasan a formar parte de esta
subdirección.
-¿Cuáles
son los objetivos?
-Es
necesario esclarecer lo que ha ocurrido y, además, eso debe tener
consecuencias. Pero es mas, también debemos poner los medios para que eso no
vuelva a pasar. Hay, por ejemplo, contratos de arrendamiento de edificios que no
necesitamos o que estamos pagando muy caros. Pues casi todos han sido firmados
con cláusulas de confidencialidad; o contratos blindados. Irnos de este
edificio nos supondría el pago de la totalidad del contrato, esos 18.422 euros
diarios durante cuatro años. Y eso es legal, pero profundamente injusto,
profundamente ilegítimo. Y desde esa subdirección ya se ha firmado que no se
vuelve a firmar un contrato de arrendamiento blindado nunca más. Tampoco se
firmará un contrato donde haya una cláusula donde se diga que el contrato es
confidencial porque somos administración local y pública. Va en la línea de que
lo que ha pasado no vuelva a pasar nunca más.
-¿Contáis
con la colaboración de alguna organización social?
-Tenemos
una propuesta de la Plataforma Ciudadana por la Auditoría de la Deuda, personas
que llevan años trabajando en este tema. La participación ciudadana está
planteada y todavía se está elaborando. Pero tenemos claro que la auditoría va
a ser ciudadana, no exclusivamente técnica de funcionarios sino que va a ver
participación en todo el proceso.
Vamos
a convocar al resto de los movimientos sociales que quieran participar,
aquellos colectivos organizados o no organizados para trabajar. No se trata de
hacerlos auditores, estamos hablando de un debate ciudadano sobre el proceso
que no requiere de un conocimiento técnico previo sino de conseguir que la
gente pueda conocer lo que ha pasado con herramientas asequibles y con
capacidad de poder opinar sobre lo que ha ocurrido. No se trata de que todos se
conviertan en economistas y todo dependerá de cómo participa la sociedad civil.
Para
arrancar entendemos que los elementos que deben utilizarse son los ya
existentes en el propio Ayuntamiento, las propias Juntas de distrito, utilizar
ese canal de participación, pero si se cree que se deben crear juntas
específicas para la auditoría de la deuda, se crearán. O sea, cualquier canal
que se crea oportuno, útil, canales telemáticos, posibilidad de webs que se
puedan habilitar al efecto con la concejalía de participación ciudadana que
está también en el proceso.
Se
trata de un proceso que se está construyendo, de tal manera que si nadie quiere
participar habrá que calificarlo como un fracaso ya que es una auditoría pero
también es ciudadana. Y se van a utilizar todos los recursos públicos
existentes, centros culturales por ejemplo como centros de información y
educación para que se conozca qué se hace con el dinero público, un proceso de
transparencia ligado a todo eso.
-¿Qué
casos existen de una auditoría de este tipo? ¿Qué similitudes tiene con la
auditoría de Grecia?
-Todo
esto puede ser, por desgracia, una innovación porque ha habido procesos de
auditoría popular o procesos de auditoría que no ha sido ciudadana, como en
Grecia, donde ha habido un comité formado por expertos pero con un proceso
diferente ya que se ha elaborado un informe en el que se habilitaba una
herramienta para negociar con la UE para intentar justificar la incapacidad de
pago.
El
proceso en Madrid es diferente porque tiene capacidad técnica de pagar la
deuda. Capacidad técnica es una cosa, que haya sostenibilidad social es otra.
Ahora se está pagando la deuda a costa de no gastar en otras cosas. En el caso
de Grecia el problema que tenía con su auditoría es que la necesitaba para
justificar una imposibilidad de pagar. El planteamiento aquí es diferente, no
es porque no queramos pagar la deuda sino porque queremos que se sepa por qué
ha ocurrido y que se tomen democráticamente las decisiones que se tengan que
tomar. En Grecia se ha hecho un proceso corriendo que aquí no vamos a hacer
porque nos olvidaríamos de lo más importante, que haya participación, que haya
conocimiento y que haya una transparencia de qué se hace con el dinero de
todos.
-¿Se
va a plantear el impago de la deuda?
-No
se hace una auditoría para no pagar porque el problema no es la
insostenibilidad económica, Madrid tiene la capacidad de pagar, genera muchos
recursos propios, tiene gran capacidad de captación de ingresos a través de
impuestos que difícilmente se pueden evadir, como el IBI, cosa que no sucede en
ciudades más pequeñas. Aquí el planteamiento siempre ha sido otro desde el
punto de vista de los activistas sociales. Las deudas ilegítimas no solo hay
que perseguirlas sino que no hay que pagarlas y las deudas ilegales todavía
menos. Pero en Madrid el proceso no nace por eso sino por hacerlo de forma
diferente y atender las necesidades sociales independientemente de la deuda.
-¿Cómo
se va a reflejar en los presupuestos municipales?
-En
los presupuestos de 2016 vamos a plantear un cambio del orden en que deben
hacerse los pagos. En el de Botella (la anterior alcaldesa del PP) se pagaban
primero los salarios, después la deuda y por último todo lo demás, como los
gastos sociales. Nosotros, en el Decreto de Presupuestos vamos a cambiar el
orden, a pesar de la normativa que nace del artículo 135 de la Constitución. Y
eso no quiere decir que no vayamos a pagar la deuda. El año que viene todavía
estaremos haciendo la auditoría. Y presupuestaremos un aumento muy importante
en gasto, fundamentalmente el social para atender las necesidades que irá por
delante del resto de pagos.
En
una suposición de que ese gasto social no se pudiera hacer es entonces cuando
nos plantearíamos no pagar la deuda. Pero tenemos capacidad de realizar ese
gasto social y con un incremento muy importante. Hay un problema: tenemos que
incumplir el techo de gasto que Montoro (ministro de Economía de la nación)
dice que debemos tener en esta administración local. Y lo vamos a incumplir
conscientemente. Igual que el Gobierno del PP anterior incumplió la cantidad de
deuda que deberíamos tener. Vamos a potenciar la Empresa Municipal de la
Vivienda, la vivienda social en alquiler, nada de venta, se acabó vender
vivienda pública, atención de programas a mayores, infancia, juventud, dar
poder a las juntas de distrito con presupuesto para equipamientos que estaban
totalmente olvidados por las anteriores corporaciones.
Y
después viene la deuda. ¿La vamos a poder pagar? Yo creo que sí, el año que
viene podremos amortizar los 500 millones de euros de deuda que nos toca pagar.
Si no la pudiéramos pagar estaríamos en otras circunstancias. Pero podemos
hacerlo, pagar las nóminas, los gastos corrientes, las barbaridades que nos ha
dejado la anterior administración, e incluso pagando todo eso nos da para
amortizar la deuda y un pequeño superávit. ¿Cuál es el planteamiento que nos
presenta Montoro? Tendríamos que haber reducido el gasto y realizar
amortización anticipada. ¿Es un riesgo? Yo creo que el riesgo es dejar a la
gente en la imposibilidad de atender sus necesidades.
-¿Qué
diferencia a Madrid de otros ayuntamientos?
-La
situación es la misma para todos los ayuntamientos pero no todos estamos en la
misma situación. Cádiz está en situación de bancarrota, con sus ingresos no
tiene capacidad de gestionar su deuda que es una miseria comparada con la de
Madrid, 274 millones contra 5.400. Pero la capacidad recaudatoria que tiene
Madrid permite hacer frente a eso. Con la política que hagamos no tendremos
problemas para afrontar los préstamos porque no vamos a pedir préstamos. No
vamos a bajar los impuestos a los madrileños y a pedir un préstamo
para pagar préstamos. Con el escenario presupuestario de los próximos cuatro
años vamos a financiar el crecimiento del gasto social con impuestos. Y eso es
como quien vive de su trabajo y no necesita un préstamo para comprar una vivienda,
lógicamente no está en manos del banco.
Pero
esa situación es la de Madrid y debemos ser solidarios con el resto de los
compañeros de viaje, por lo que deberemos también intentar cambiar el marco
para que ellos también tengan la posibilidad de gestionar las cosas de esta
manera. Con nuestros planes de amortización, a pesar de que hay deuda de largo
plazo que no vamos a anticipar, nos quedaremos sin deuda en 7 u 8 años, con
deuda residual. Si llega el PP volverá a endeudarse y si seguimos nosotros no
nos endeudaremos y financiaremos todo con los impuestos.
-¿Qué
peligros conlleva esta política en un marco como el actual y con una
experiencia como la de Grecia en la que la voluntad popular ha sido enterrada
por la troika?
-Soy
optimista, porque aunque tenemos una normativa estatal vergonzosa, no tengo
miedo, el miedo lo tiene que tener otros y el miedo habría que tenerlo de otras
cosas, por ejemplo, si tuviéramos que depender de los bancos y de sus recursos
para pagar las viviendas sociales. A nivel estatal vamos a tener gobiernos
esclavos de la troika y de las grandes oligarquías económicas y financieras que
son las que dominan la actuación política en la UE y en el resto del mundo.
¿Qué puede hacer un ayuntamiento pequeño en esa inmensidad? Poco. Un ayuntamiento
grande como el de Madrid tiene posibilidad de situarse de forma diferente ante
esa realidad pero somos una pequeña pieza en el tablero mundial.
Amenazas
hay muchas, quien piense que la crisis económica ha terminado porque Rajoy diga
que la economía crece al 3% se equivoca, porque se trata de un problema global
de agotamiento del sistema capitalista. No hay ni se genera capacidad de
crecimiento y nos enfrentamos a retos gravísimos de superación del sistema y
veremos si hay interés por parte de la mayoría social en el cambio.
-Pero,
¿será necesario renegociar la deuda con los acreedores?
-No
va a ser necesario renegociar la deuda con los acreedores. En 2015 vamos a
amortizar 66 millones de euros en intereses por cláusulas suelo. Los gestores
del PP firmaron unas cláusulas por las que estamos pagando 66 millones de euros
más de gastos financieros de lo que correspondería pagar por el tipo de interés
del préstamo. Eso supone financiar 4.000 viviendas sociales anualmente, eso es
lo que estamos pagando de peaje a las entidades financieras. Y queremos
rescatar eso, pero supone un dineral por lo que vamos a tratar de denunciarlo,
vamos a pelear por tratar de reducir determinadas cláusulas que consideramos
abusivas. Si las hay ilegales trataremos de resolverlas en los tribunales.
Buscaremos la situación más justa dentro de lo injusta que es la situación.
Y
no necesitamos cambiar el calendario de la deuda para atender las necesidades
sociales. Si dentro de unos años hay una necesidad social que requiriera una
inversión importante, lo restaríamos de esos 500 millones de euros de
amortización de deuda. Pero para el año que viene tenemos capacidad de
incrementar el presupuesto un 20%, cuando nos están diciendo que tenemos que
reducir el gasto, lo que nos da grandes posibilidades de redistribución de
riqueza. Las cosas se pueden hacer de otra manera, y no estoy planteando
ninguna alternativa socialista, ya me gustaría, estoy planteando pura
socialdemocracia, pero incumpliendo el techo de gasto.
-Una
pregunta final que nos interesa a las vecinas y vecinos de Madrid. ¿Se bajarán
nuestros impuestos tras años de subidas desorbitadas?
-Bajaremos
el IBI incluso a quienes no nos gustaría bajárselo. Vamos a bajar el IBI a los
inmuebles residenciales y, tal y como está la ley, no nos permite bajar el
impuesto por el valor catastral, hay que bajar todos los impuestos a los
inmuebles residenciales. Y eso es algo regresivo porque se bajará, por poner un
ejemplo, 15 euros al del barrio de Carabanchel y 300 al del barrio de
Salamanca, algo regresivo y vergonzoso. Lo intentaremos compensar con la subida
de impuestos a los inmuebles que no son residenciales (comerciales,
industriales, oficinas, almacenes, deportes…) Y ahí, por ejemplo, a los
inmuebles con valor catastral por encima de los 850.000 euros, subiremos el
IBI. Redistribuimos la bolsa, bajamos el impuesto a las personas físicas,
incluidos los ricos, y a los grandes propietarios les haremos pasar por caja
pagando un 10% mas. Y el resultado neto es que recaudaremos más.
*++
