miércoles, 4 de junio de 2014

EL REY, CAMPECHANO. ZAPATERO, CON TALANTE

Casa Real Corrupción — 21 febrero 2014
 
Juan Carlos y Zapatero mediaron con el jeque Al Waleed, socio de Urdangarín
Juan Carlos y Zapatero mediaron con el jeque Al Waleed, socio de Cristina y Urdangarín

“¿Qué sabe usted de “Mixta África”?”, preguntó el juez Castro. Y a la infanta Cristina se le desató un poco la lengua: “Sé que mi marido prestaba servicios de asesoramiento a “Mixta África” y ahora, preparando la declaración con mis abogados, hemos podido ver ese documento”. Al resto de las preguntas sobre “Mixta Africa” contestó con “no sé nada”, “no lo recuerdo” o “lo desconozco”, tal y como hizo en 511 ocasiones. Lo cierto es que la firma de la infanta aparece en la compra de unas acciones de Aizoon a “Mixta Africa”, que a su vez había adquirido antes Iñaki Urdangarín. Al final, 150.000 euros acabaron en una cuenta en La Caixa con firma de la propia Cristina y desde ésta se devuelven también 150.000 euros a “Mixta Africa” en un cheque que nunca se cobró. Una operación “rara”, según el juez, y que la propia Agencia Tributaria la califica de “muy extraña” y “ficticia”. Y tanto: los periodistas Ignacio Cembrero y Jesús Duva desvelaron que el rey Juan Carlos y el entonces presidente Zapatero mediaron en el caso del jeque Al Waleed, socio de Cristina y Urdangarín en Mixta Africa y acusado de violación por su víctima, Soraya Heilmann Cano, a quien una jueza de Ibiza impidió examinar el ADN del semen de su violador que había caído en su ropa. Al jeque lo defendía el abogado Horacio Oliva, que ha asesorado a más de una veintena de políticos corruptos, narcotraficantes y banqueros.

El trono de Al Waleed en su avión privado y cubierto de oro
El trono de Al Waleed en su avión privado y cubierto de oro: en Mallorca lo tachan de rico “hortera y estrafalario”

Como la infanta no recuerda nada, “Espía en el Congreso” le refresca la memoria: “Mixta Africa” es una empresa inmobiliaria del jeque Al Waleed, sobrino del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz, quien llama “hermano” a Juan Carlos. Y el jeque Al Waleed logró un imposible: que el rey y el entonces presidente Zapatero le felicitaran públicamente por haber logrado enterrar judicialmente una grave acusación de violación a una joven modelo española. Una juez de Ibiza cerró el caso sin practicar siquiera la prueba de ADN al semen encontrado en sus ropas, pero el monarca y el político se pusieron de parte del rico saudí, que además tiene entre sus amistades a una mujer que se ha hecho famosa en España: la princesa Corinna.

Habitación del yate Turuma donde se consumó la violación, según la denuncia
Habitación del yate “Turuma”, donde se consumó la violación aprovechando que la chica fue drogada

El jeque o príncipe Al Waleed –se hace llamar de las dos formas– veranea en Mallorca, es amigo del rey y es uno de los hombres más ricos del mundo. Fue denunciado por violar a la modelo española Soraya Heilmann Cano utilizando narcóticos para adormecerla y subiéndola sin su consentimiento a su lujoso yate “Turuma”, anclado en aguas baleares. El jeque quería organizar una fiesta aprovechando que no estaba su esposa y ordenó a sus guardaespaldas que trajeran “carne fresca española” de las discotecas de Ibiza. La joven Soraya cayó en sus garras.
La jueza nº 3 de Ibiza, Carmen Martín, que instruyó el sumario, nunca quiso analizar los restos de semen en las ropas de la joven y su abogado, Max Turiel, denunció “presiones tremendas” para que el caso no prosperara judicialmente. El Consejo General del Poder Judicial no intervino ante tan escandalosa inhibición. ¿Quién movió los hilos judiciales?.

Horacio Oliva, el abogado de la mafia política y económica española
Horacio Oliva, el abogado de la mafia política y económica española

Bien asesorado desde las alturas, el jeque contrató al abogado Horacio Oliva, letrado de los principales políticos españoles acusados de corrupción y de relevantes capos del narcotráfico o de la banca: Jesús Gil (Marbella), Enrique Sarasola (Metro de Medellín), Guillermo Galeote, Carlos Navarro (Filesa), Yolanda Barcina (Navarra), Rafael Vera (Gal), Félix Millet (CiU), Antonio Barrientos (Estepona), Pedro Arahuetes (Segovia), Fernando del Valle (Ballena Blanca), Manuel Delgado Solís (Gurtel), etc… Horacio Oliva también asesoró al banquero cántabro Emilio Botín por los casos de las indemnizaciones millonarias a Amusátegui y Corcóstegui y de las cesiones de crédito. También ha defendido al presidente de Telefónica, César Alierta por el ‘caso Tabacalera’. Y al ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra, por el caso de los fondos de pensiones del banco.

Al Waleed y Juan Carlos: luego negarán que se conocen...
Al Waleed y Juan Carlos: luego negarán que se conocen…

El letrado preferido de la “casta” logró que la jueza enterrara el asunto de la violación de Soraya Heilmann Cano sin las más mínimas diligencias. Pero el jeque reclamó a España algo más: quería resarcirse del escarnio –y seguramente de la enorme bronca de su esposa, una mujer árabe de linaje y de armas tomar– y reclamó un comunicado oficial de la Casa Real española. Tan insólita petición tenía un precio: se estaba negociando el “AVE del desierto” para empresas españolas y Al Waleed presumía de tener mano en la concesión.

Soraya, la chica de la que abusó Al Waleed
Soraya, la chica de la que abusó Al Waleed

Dicho y hecho: Zarzuela llamó a su periodista favorito, Juan Luis Cebrián, editor del diario “El País”, y este movilizó a dos de sus mejores redactores para escribirlo: a Jesús Duva e Ignacio Cembrero les impusieron un meloso y almibarado titular: “El rey se alegra del archivo de la denuncia contra un príncipe saudí”.  En el texto informaban que “el rey Juan Carlos envió el pasado domingo una breve carta al príncipe saudí príncipe Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud mostrándole su “alegría” y su “felicitación” por que la justicia española haya archivado la denuncia de una joven modelo hispanoalemana que le acusaba de violación, según han confirmado fuentes de la Casa del Rey”. Pero los periodistas desvelaron algo más, que hoy se debe leer entre líneas:
“Fuentes diplomáticas han informado ahora que el acaudalado príncipe saudí requirió también ayuda del entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y a la Embajada de España en Riad. A través de estas vías se le aconsejó al magnate que tuviera paciencia, haciéndole notar que la justicia acabaría imponiéndose”, hasta el punto que tras el archivo de las actuaciones judiciales, “el embajador Pablo Bravo entregó personalmente a Al Waleed el pasado domingo una carta de don Juan Carlos en la que el monarca se alegra de la decisión del tribunal”. El encargo estaba cumplido y los periodistas solo pudieron dejar entrever que el rey y el presidente del Gobierno habían movido Roma con Santiago para que Al Waleed no fuera investigado. El virgo de la joven Soraya fue sacrificado por el “interés de Estado” de la “marca España”. Ninguna asociación feminista española, fuertemente subvencionadas, denunció la tropelía o se solidarizó con la víctima.

Juan Carlos y Zapatero dieron la espalda a un delito y protegieron al acusado
Juan Carlos y Zapatero dieron la espalda a un delito y protegieron al acusado

Según los periodistas Pedro Agueda y Alicia Gutiérrez, “Urdangarin se embolsó 365.328 euros entre 2006 y 2009 gracias a sus supuestos conocimientos del negocio inmobiliario en Marruecos. Esa cifra es la suma de los trabajos que la consultora Aizoon SL, propiedad de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, facturó en cuatro ejercicios a “Mixta África”, una promotora inmobiliaria con sede en Barcelona y participada por grandes holdings internacionales”.

Al Waleed y su esposa: una mujer de armas tomar
Al Waleed y su esposa: una mujer de armas tomar

¿Como llegó la pareja real hasta “Mixta Africa”? Solo se sabe que alguien de muy alto rango sabía que Corinna era una estupenda “introductora” o “intermediaria”. Durante un viaje oficial de los Reyes a Arabia Saudí –al que Corinna acudió por decisión de Juan Carlos en el mismo avión militar que la reina Sofía, dos ministros del Gobierno y una docena de empresarios españoles–, la princesa alemana planificó y concertó una entrevista con Al Waleed. Ya antes había organizado la agenda del monarca en viajes oficiales a Kuwait y Emiratos Arabes Unidos.

Juan Carlos y Corinna: una relación oficial y mercantil
Juan Carlos y Corinna: una relación oficial y mercantil

Pese a estar aún convaleciente de su operación en el talón de Aquiles de su pie izquierdo, acudió con Corinna a este último país para presenciar el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi. La alemana fue agasajada por las autoridades como consorte del Rey, y compartió mesa y mantel con las primeras damas de otros mandatarios invitados al evento, entre ellos los presidentes de Ruanda, Gabón o Chechenia. Al rey le regalaron además dos ferraris solo por haber hecho acto de presencia.

Al jeque Al Waleed no le bastaba con su mujer
Al jeque Al Waleed no le bastaba con su bella mujer

Corinna también lo acompañó en el más célebre viaje a Bostwana y al banquete que las autoridades del Estado alemán de Baden-Württemberg ofrecieron a Juan Carlos en 2006 en el castillo de Schöckingen: “Corinna fue la persona que se ocupó de todos los detalles antes de que llegara el rey. Le organizó la agenda y concertó las citas con las personas que debía conocer. Ella controlaba cada uno de los detalles. A tal punto que hasta el responsable de protocolo de la Casa del Rey estaba desconcertado”, dijo un testigo. El letrado Max Turiel asegura que Wolfgang List, fotógrafo alemán, posee abundante documentación gráfica de Corinna actuando junto al rey, señala a Bonnie Young como una amiga de Corinna que podría declarar ante la justicia española y a Manfred  Osterwald, el alemán que organizó esa recepción al rey “en la que la señora Corinna aparece sentada junto al monarca. Posteriormente fue condenado por corrupción”.

Interior del avión privado de Al Waleed
Interior del avión privado de Al Waleed

Como propietario del emporio empresarial Kingdom Holding Company, el jeque Al Waleed es dueño de “Mixta Africa”. Tiene sede en Barcelona y Urdangarín recaló allí cuando era presidente Luis Hernández de Cabanyes, que no supo explicar ante el juez cual era la experiencia del ex jugador de balonmano en temas inmobiliarios y aún menos en Africa. Alguien se lo impuso “desde arriba”. Como la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín llegaron a formar parte de ese 7% de “otros accionistas” de “Mixta Africa” y a cambio de qué es un secreto que de momento ni el juez Castro ni nadie ha conseguido revelar.

Declaración de la infamta Cristina sobre Mixta Africa
Declaración de la infamta Cristina sobre Mixta Africa

A la pareja real se les pagó también en acciones de “Mixta Africa”, una constructora que, por cierto, se dedica a la “vivienda social” en el continente negro y por ello está participada por el Banco Mundial. Pero sus proyectos más emblemáticos son de todo menos “sociales”: viviendas de alto standing, complejos turísticos y hasta hoteles de lujo. “Alguien” les consiguió un crédito marroquí de 20 millones de euros junto con los permisos para construir, que en el reino alauita se pierden en el laberinto de las mil y una noches. Y no fue precisamente Urdangarín o Cristina, que apenas conocen estos entramados, sino “alguien” de España con enorme influencia sobre el rey Mohamed VI. Alá los cría y ellos se juntan…

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PUBLICADO EN CRONICA DE ARAGON

Cuando los votos de los que te mantienen veas bajar, pon tu corona a remojar



Que el trono estuviera en pie sobre dos muletas desde la matanza del elefante es harto sabido y evidente. Pero que el Rey ni siquiera pudiera estar de pie sin la ayuda de una muleta, no ha sido razón argüida por el monarca para su anunciada abdicación. De haberlo hecho habría sido perfectamente creíble.

La “espontaneidad” del Rey diciendo, como si él escribiera lo que dice, que se va del negocio de la Corona por motivos generacionales, para darle con su hijo Felipe, frescura y salero a la Corona, lo vamos a dejar en una mentira más muy mal construida por sus asesores en forma de pienso político, ofrecido irrespetuosamente a  la opinión pública, proveniente de un sistema corrupto que no puede producir más que corrupción.

Evidentemente, para los fontaneros de la monarquía que trabajan en sus interioridades para mantenerla en pie, no pudieron dejar de ver la matanza del elefante por parte del Rey, las castas aventuras con su entrañable amiga Corina, que a veces dejaba en segundo lugar a su real esposa, las trifulcas conyugales con esta, sus supuestas correrías de cama en cama, el escándalo de robi-robo de su yerno Urdangarín y la implicación de su hija en el mismo, todavía no cerrado, etc., constituirían elementos más que suficientes para ir elaborando alguna versión con lo que poder salir a la luz pública, caso de que los escándalos reales, por acción ú omisión, fueran calando en el amado pueblo español, y pudiera crear en el mismo desafección a la monarquía hasta llegar a cuestionarla si se iba más allá de los limites socialmente permisibles.

La desafección social a la monarquía llegó, como lo prueban objetivamente los estudios sociológicos encargados al respecto. Pero a pesar de todo ello, los fontaneros de la monarquía no debieron considerar que la misma peligraba, porque no plantearon en ningún momento la baja del Rey y el engarce de su hijo Felipe para la continuidad de los intereses de la oligarquía. Sino que debieron pensar que los altos niveles de desafección social a la monarquía podrían ser rebajados con algunos viajecillos del Rey y ramillete de empresarios a sus corruptos y antidemocráticos amigos del Golfo en Arabia, donde tenían montado tenderete de AVEs y demás de gran envergadura. Pero esto por lo visto les salió rana.

Y les salió rana, probablemente, no porque los fontaneros de la monarquía plantearan mal sus estrategias para seguir engañando a la inmensa mayoría de la población, sino porque el 25 de Mayo había elecciones al “Parlamento Europeo” y lógicamente no se podían saber sus resultados.

Pero los resultados de esas elecciones se produjeron: unos cinco millones de votos menos a los partidos que le han servido de base a la monarquía (PP-PSOE) y que la han protegido cuanto han podido. Y esto ya no son suposiciones ni prospecciones de intencionalidad política, sino la prueba del algodón que viene a demostrar de forma fehaciente, que de seguir por el camino que va la Monarquía, en manos de dos muletas, cuesta abajo y sin freno, dura menos que un caramelo en la puerta de una escuela, y esta es la razón, a mi juicio, de que el Rey nos anunciara que se jubilaba.

Anuncio de la jubilación del Rey que no debe ser tomado, por lo ya dicho, como algo espontáneo, sino como algo que ya estaba previsto realizar, pero que han urgido la realización de los planes previstos los resultados de las elecciones europeas y en previsión de que tanto PP como PSOE vuelvan a perder votos en las próximas elecciones que ya tenemos a la vuelta de la esquina.

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¡ MARCHANDO FELIPE, NO VI, SINO 50 DE MILITARES !

Casi 50 militares del Ejército del Aire están imputados por emitir facturas falsas

La estafa para el cobro de indemnizaciones por traslados forzosos y dietas falseadas podría alcanzar entre los 7  y los 10 millones de euros

JULIA PÉREZ Madrid 
PUBLICO.ES
 02/06/2014

FOTO: Ejército del Aire.

FOTO: Ejército del Aire.

Un comandante,  23 tenientes, 11 capitanes, 5 Sargentos... Un total de 46 militares del Ejército del Aire llevan ya imputados como presuntos autores de una estafa al Ministerio de Defensa, consistente en la presentación de facturas falsas para cobrar indemnizaciones por mudanzas y dietas en los casos de traslado forzoso de residencia.
La organización, liderada por un teniente del Ejército del Aire, podría haberse apropiado de entre 7 y 10 millones de euros, según las estimaciones realizadas a partir de la revelación que hizo a la propietaria de una empresa de mudanzas que destapó este fraude en la elaboración de facturas falsas de empresas de mudanzas entre los años 2008 y 2012.
El teniente David Hernández Calet, destinado en el ala 49 de la Base Aérea de Son San Juan (Palma de Mallorca) está considerado como principal responsable de la trama. Está imputado por un delito continuado de deslealtad y otro continuado contra la Hacienda Militar, entre otros delitos. Se le acusa de crear y alterar facturas de empresas de mudanzas, presupuestos y certificados que luego vendían a los militares del Ejército del Aire. A cambio, "obtenía aproximadamente el 25% defraudado" en concepto de indemnizaciones por traslado fraudulentas, "una vez que eran abonadas por el Ministerio de Defensa a cada uno de sus cliente/compañeros", según consta en el sumario. La horquilla de la comisión por factura falsa oscilaba entre el 14% y el 27%.
El teniente Calet 'vendía' a sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de mudanzas y que él les tramitaba la documentación para obtener el dinero de Defensa por el traslado forzoso de una base aérea a otra de España. La trama falsificaba hasta tres facturas de empresas de transportes para presentar ante el Ejército del Aire. ya que la más barata iba a ser la autorizada.
Los 46 militares investigados están destinados en la base aérea de la Academia de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de cárcel.
Los funcionarios pueden ser indemnizados en los casos de traslados forzosos, como es el caso de los militares. El Ministerio de Defensa denomina estos traslados ITR y exige que sean presentados tres presupuestos, para concede la indemnización al presupuesto más barato. El presupuesto falso solía tener una media de 3.500 euros.
Las investigaciones apuntan a que, en buena parte de las ocasiones, las mudanzas no se realizaban y se cobraba la indemnización del Ejército del Aire. En otras, la mudanza se realizaba por una empresa relacionada con el teniente y a un precio muy inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres.

Hasta 150 investigados


La instrucción está dirigida por el coronel auditor Eduardo Reigadas, del Juzgado Togado Militar Central 2. Está muy avanzada y, ahora, este Juzgado deberá determinar si archiva o si se procesa a los oficiales y suboficiales investigados. Ha llegado a tener hasta 150 investigados, lo que causó dificultades en alguna base aérea porque algunos de ellos quedaban suspendidos de sus funciones.
Uno de los imputados es el comandante de aviación Ignacio D.V., destinado en el Estado Mayor de la Defensa, de ahí que el caso se investigue en un juzgado militar central. Este comandante "solicitó, adquirió con conocimiento y mediante precio, documentos falseados para su posterior entrega a la Administración y obtener beneficios propios", según el sumario.  Esa factura falsa estaba a nombre de la empresa Grupo SJT por valor de 4.059 euros. El comandante está imputado por delito contra la Hacienda en el ámbito militar y delito de Deslealtad.
El capitán Claudio Bartolomé Baya Martínez, destinado en el Ala 31, en la Base Aérea de Zaragoza, está investigado por ser el autor de alterar y falsificar los documentos de mudanzas. Principal cómplice del teniente Calet, se le imputa un delito continuado de deslealtad, tres delitos de deslealtad adicionales, y otros tres delitos contra la Hacienda en el ámbito militar.
El hermano del teniente Calet, Buenaventura, es investigado por recibir en su cuenta corriente, presuntamente, pagos de los militares proveniente de las comisiones que cobraban a sus 'clientes' por las facturas falsas.
Un correo del capitán Claudio enviado al teniente David, con unas facturas falsas adjuntas, explica cómo se alterarían los documentos:
- Si quien lo vaya a imprimir tiene impresora buena los puedes sacar hasta con sello chaval! Te envío con sello y sin sello, a falta de poner datos. He cambiado algo el texto, he metido nuevo recibí y he metido tb el número de factura que, hay que ir poniéndolos.
Ale, un abrazo (sic)
Poca documentación se han encontrado en la casa del capitán Baya: borró sus archivos y correos, tras haber sido alertado por el teniente Calet de que había sido detenido por la Guardia Civil y habían registrado su casa y su centro de trabajo. Tampoco se ha podido recuperar la información de sus ordenadores.
Las facturas falsificadas eran facturas modificadas de empresas reales de mudanzas, a las que en el pasado se les había solicitado un presupuesto. Con el paso del tiempo, fueron inventado empresas falsas (Mudanzas Pérez, por ejemplo), escribían CIF falsos y hasta aplicaban el IVA en traslados a Canarias.
 

500 'mudanzas' al año y unas vacaciones en Canarias

La empresa S.D.R. Mudanzas, de Madrid, destapó la trama al denunciarlo en el juzgado. En el año 2008 se les pidió presupuesto, lo entregaron y no supieron nada de ese documento hasta que, en el año 2012, recibieron una llamada de Defensa para que corrigieran un kilometraje de una factura que era erróneo. Al descubrir que no habían hecho esa mudanza, los propietarios de esa empresa se citaron con el supuesto cliente en un centro comercial de Madrid. Tras la entrevista, optaron por poner una denuncia en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid. Ellos también están imputados, aunque defienden su inocencia.A la cita del centro comercial iba a aparecer el cliente y supuesto solicitante del documento alterado, el teniente Fernando M de C. Sin embargo, acudió el teniente David Hernández Calet, el líder de la trama, quien dijo hablar en representación del primer teniente. Propuso resolver el desliz del documento alterado, con el ingreso de los 300 euros que la empresa debía devolver a Defensa y, ya en confianza, explicó en qué consistía su negocio y ofreció a la empresa entrar en el negocio a cambio de una comisión. Ni siquiera tendrían que realizar las mudanzas; tan sólo falsear facturas.
La propietaria de la empresa relata que el teniente Calet les explicó que realizaba cada año unas 500 mudanzas falsas. La factura media era de 3.500 euros. Por lo tanto, en los cinco-seis años transcurridos desde que comenzaron a operar, la cuantía defraudada superaría los 10 millones de euros. En el sumario figura que el teniente les ofreció además unas atractivas vacaciones en instalaciones pertenecientes al Ejército del Aire, en las Islas Canarias, a cambio de no destapar el supuesto fraude.
El teniente Calet niega toda implicación en su declaración ante el juzgado que realizó en abril, y ha culpado al matrimonio propietario de la empresa SDR de hacer negocios con el Ejército. También están imputados.
De los oficiales y suboficiales imputados, sólo el teniente Calet tenía antecedentes. En concreto, fue detenido en 2009 acusado de detención ilegal y amenazas con arma de fuego; en el año 2010 fue detenido por un supuesto delito de malos tratos y, ya en el año 2012, por conducir bajo los efectos del alcohol.

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ZARAGOZA: BANDERA REPUBLICANA EN SU AYUNTAMIENTO

martes, 3 de junio de 2014

FELIPE 0 HIPOCRITA Y CINICO ANTES DE EMPEZAR OFICIALMENTE A SER HIPOCRITA Y CÍNICO

 

La cara oculta de la Fundación Príncipe de Asturias

La cara oculta de la Fundación Príncipe de Asturias
El príncipe Felipe, durante una entrega de premios de su fundación. CASA REAL
 

Lamarea.com
 25 de octubre de 2013
 
Artículo publicado en el dossier especial sobre el príncipe Felipe del nº2 de La Mareaa la venta aquí:

MADRID // Para su padre es “una bendición del cielo” y para el resto de los españoles, monárquicos o no, acabará siendo rey por gracia divina. El príncipe Felipe se mantiene en un segundo plano aséptico para esquivar escándalos y toma posiciones ante la cada vez más inminente sucesión. Los empresarios que han acompañado al rey Juan Carlos en las últimas décadas, conscientes de las “bendiciones” reales, también toman posiciones y pelean por un sillón en la corte del futuro monarca.

El hermetismo sobre la figura del heredero, que cumplió 45 años el pasado 30 de enero, es casi absoluto. Los ciudadanos suelen recibir informaciones controladas que ensalzan su preparación, cuidada al detalle desde su más tierna infancia; y sus discursos están aliñados siempre de alusiones a la concordia, la cultura y el deporte, tres conceptos que rodean las campañas de imagen del hijo varón del rey. Casa Real intenta justificar con esa “preparación” su continuidad en un sistema democrático moderno, en el que muchos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, no entienden que el cargo más alto del Estado se herede de padres a hijos varones.

Y es que los tiempos cambian. Es la primera vez que el rey suspende en el barómetro del CIS. La primera vez que se juzga a un miembro de su familia. La primera vez que el monarca pide perdón. La primera vez en 13 años que concede una entrevista. Y la primera vez que TVE dedica un programa semanal exclusivo para hablar de la monarquía.

Por el contrario, el heredero sigiloso se mantiene ajeno a los escándalos que aceleran aún más la creciente desafección ciudadana hacia la institución, mientras se rodea de una élite de empresarios heredada de su padre de la que Emilio Botín, presidente del Banco Santander, es uno de los miembros más destacados.

La corte del príncipe pivota, entre otros foros, en dos fundaciones: Príncep de Girona (FPdGi) y Príncipe de Asturias (FPA). Esta última, creada en 1980 e impulsada en la actualidad por 77 patronos –entre ellos, los presidentes de Banco Santander, El Corte Inglés, Telefónica, Repsol o Iberdrola– se ha convertido en un trampolín de lujo para entrar en el despacho del heredero. “Las aportaciones [anuales] de cada uno son bajas: 70.000, 80.000, 100.000 euros… y con ellas consigues un ticket para sesiones privadas con él y con grandes empresarios”, explica uno de los patronos. A los mecenas, además, Hacienda les desgrava un 20% de la donación. Entre éstos, la FPA mantiene al presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a pesar de su imputación. “Es una cuestión que no depende de la fundación, ya que es la institución miembro del patronato quien debe nombrar a su representante”, se justifica la FPA.

La fundación, instrumento de altavoz y toma de contacto empresarial del príncipe, se diseñó cuando él tenía 12 años. Entonces, costó conseguir financiación. Fueron organismos públicos y empresarios asturianos, como Pedro Masaveu, quienes costearon los primeros Premios Príncipe de Asturias, hace 33 años. “Pero ahora que la fundación está consolidada, hay codazos por entrar”, añade el mismo patrono.

El heredero al trono mantiene reuniones periódicas en El Pardo con algunos de estos mecenas para debatir sobre política o economía, según reconoce Casa Real, al margen del encuentro anual de junio, en el que aprueban las cuentas de la fundación. Las audiencias más jugosas son las de grupos reducidos, de unos cinco o seis. El príncipe les convoca cada cuatro o seis semanas, sin una periodicidad fija.

Esta agenda paralela a la de su padre permite a Felipe forjar su red de cortesanos millonarios, que durante estos años de transición siguen acompañando al rey en sus viajes al extranjero en busca de inversiones. Es el caso de la reciente expedición a Brasil, en la que participaron Antonio Brufau (Repsol), Botín y altos directivos de Telefónica, Iberdrola, Iberia, Gas Natural, Indra, Acciona y Talgo, entre otras. Los nombres de estas empresas se repitieron en la mayoría de las excursiones económicas del monarca en 2012 (Rusia, India, Kuwait…).

Botín, el primero de la clase

El socio más aventajado es el Banco Santander. En abril de 2008, Casa Real entregó el sillón de presidencia de la Fundación Príncipe de Asturias al vicepresidente de la entidad, Matías Rodríguez Inciarte. Su designación provocó un terremoto entre el resto de los patronos, especialmente los banqueros, celosos del nuevo pelotazo que había dado Emilio Botín.

BBVA trató de frenar la creciente hegemonía de su competidor creando, de inmediato, los ocho galardones Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento (el mismo número que los Príncipe de Asturias, pero con una dotación 10 veces superior, de 500.000 euros, y centrados en la investigación científica). No obstante, BBVA mantuvo su tributo a la fundación. A Caja Rural y Cajastur tampoco les hizo gracia. La caja de ahorros asturiana había donado 300.000 euros, frente a los 30.000 del Banco Santander.

Hasta 2011, el balance de situación y la cuenta de resultados eran secretos. Antes de ese año, los detalles de la auditoría sólo se habían aireado una vez, como consecuencia de las constantes denuncias de “oscurantismo” que publicó en la prensa asturiana David Ruiz, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. La presión hizo claudicar al director de la FPA, Graciano García, que terminó entregándole a Ruiz el informe. El catedrático define la organización que preside Rodríguez Inciarte como “un chiringuito para blindar la monarquía y crear un espacio en el que colocar gente”.

Que el presidente de la fundación pertenezca a la cúpula del principal banco español forma parte de la estrategia de la Corona, orquestada directamente por el rey y no por el príncipe, según reconocen fuentes de la fundación. Matías Rodríguez Inciarte fue ministro de Presidencia con UCD y, en 2011, uno de los 15 directivos mejor pagados de España: 6,51 millones de euros.

La Fundación Príncipe de Asturias tiene tres grandes vías de financiación: un 63% de los ingresos procede de entidades privadas –grandes empresas, la mayoría–; un 18%, de las arcas públicas (Gobierno central, gobierno de Asturias, Junta Central del Principado y ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés); y otro 15%, de inversiones financieras que la fundación realiza, en parte, con dinero público. En 2011, sumaron más de seis millones. Cuánto aporta cada empresario es secreto.

Y las contribuciones públicas no cesan. Además de las aportaciones regulares, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2005 la inyección de 12 millones de euros a la fundación durante el periodo 2006-2008. “En 2013, el ayuntamiento de Oviedo entregará otros 350.000 euros”, denuncia el portavoz de IU en el consistorio de la capital asturiana, Roberto Sánchez. Rivi, como se le conoce después de más de 20 años recorriendo los pasillos del ayuntamiento, provocó un alboroto en el patio de butacas durante la entrega de los premios en 1994, al ponerse de pie con una pancarta que reclamaba el 0,7% del PIB para cooperación. En la sala de realización de TVE se hicieron malabares técnicos para que no saliese la imagen, pero un fotógrafo de La Voz de Asturias logró inmortalizar la escena. Desde aquel año, se prohíbe el acceso de los fotógrafos al escenario.

En busca de financiación

El creador del patronato de la fundación fue su segundo presidente, Plácido Arango, empresario mexicano y padre de la cadena de restaurantes y tiendas Vips. En la organización recuerdan la anécdota de una de las primeras reuniones con grandes empresas a las que Arango asistía para pedir dinero. Fue en el Comité Ejecutivo del Banco Popular. El presidente de la fundación llegó con una carta de recomendación del rey debajo del brazo.

Antes del encuentro, los miembros del comité especulaban con la cantidad que les pediría: “¿Cuánto querrá? ¿100 millones de pesetas [equivalentes en 1987 a 600.000 euros]? ¿50? ¿80?” Por prudencia o por ignorancia del poder que tenía la rúbrica del monarca, Arango pidió apenas cinco millones de pesetas (30.000 euros). Los banqueros respiraron pero, al terminar la reunión, desde Casa Real se espetó al presidente: “¿Pero tú qué te has creído, que la firma del rey es para pedir calderilla?”, recuerdan fuentes cercanas a la fundación. Finalmente, Banco Popular aportó 10 millones.

Además de la fundación, los grandes patronos abren canales alternativos para agasajar a la Familia Real. El presidente de La Caixa (actual Caixabank), Isidro Fainé, por ejemplo, es uno de los habituales en los corrillos empresariales cercanos a la monarquía. De hecho, La Caixa fue una de las empresas que, junto con el Gobierno balear, realizó una colecta al más alto nivel para obsequiar a Juan Carlos de Borbón con un yate, el Fortuna III, que les costó 18 millones de euros. El pasado 15 de enero, Caixabank era una de las empresas participantes en el Spain Investors Day, unas jornadas presididas por el Príncipe de Asturias para establecer contacto con inversores extranjeros.

El primo del rey y hombre de su extrema confianza, Carlos de Borbón, es una figura clave para acceder al monarca, ya sea a través de reuniones o en una de sus habituales cacerías, a las que es muy aficionado. Carlos, de 75 años, es apenas 10 días menor que Juan Carlos y los dos han tenido vidas paralelas.

De hecho, Carlos de Borbón tuvo un papel clave, junto al abogado Juan Luis Iglesias, en el derrocamiento en 2009 del mentor de la Fundación Príncipe de Asturias, Graciano García, según fuentes internas. García es el periodista republicano que más ha ayudado a la monarquía desde que a finales de la década de 1970 se le ocurrió la idea de crear los premios como el mejor escaparate posible para el príncipe. Felipe tenía 12 años. Vincularle desde entonces al mundo de la cultura y el deporte (abanderado en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, esquiador, regatista…) le daba una imagen afable. Además, le aseguraba un discurso anual en el que todo el país centraba su mirada en el Teatro Campoamor de Oviedo.

El sueldo de 183.000 euros que alcanzó García, recogido en el libro Nada fue un sueño. Biografía íntima del creador de los Premios Príncipe de Asturias (KRK), da cuenta de lo agradecida que quedó Casa Real por el invento. Sin embargo, después de 30 años, Zarzuela decidió dar un giro a la dirección, apostando por un perfil experto en fundaciones y del entorno del Opus Dei: Teresa Sanjurjo. Carlos de Borbón presidía la Asociación Española de Fundaciones (AEF) cuando Sanjurjo era la directora. Además, la buena relación de la AEF con el Banco Santander y, en concreto, con la mujer de Botín, Paloma O’Shea, allanó todavía más el camino.

En realidad, los encargados de la elección del director de la FPA tendrían que haber sido los patronos, según consta en los estatutos de la fundación. Dos de ellos, el periodista Juan Cueto y el presidente de Caja Rural, Román Suárez Blanco, protestaron por la elección a dedo de Sanjurjo, que incluso obvió el consenso de los mecenas de buscar a alguien de origen asturiano. Sí que se cumplió la voluntad de la reina Sofía y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de que fuera una mujer quien ocupase el cargo.

Del ‘juancarlismo’ al ‘felipismo’

Dicen desde Casa Real que no existe un planteamiento para la sucesión. Que se pondrá en marcha cuando toque. Lo que sí funciona a pleno rendimiento desde hace años es el trasvase de contactos empresariales del rey al príncipe, bajo la dirección y el control del primero.

La preparación del heredero para asumir el trono comenzó desde el primer momento de su educación y se ha llevado a cabo de forma progresiva y lineal, sin acelerones en los últimos años, según las mismas fuentes. De hecho, el príncipe participa en actos institucionales en solitario desde mediados de la década de los 90 y empezó a ejercer de representante de España en el exterior en 1996. Destaca su papel en las tomas de posesión de presidentes sudamericanos. Estos viajes protocolarios, sumados a la proyección internacional que atesoran los premios Príncipe de Asturias al reconocer la trayectoria de personajes como Bill Gates, Stephen Hawking, Woody Allen o Nelson Mandela ya dotan al heredero de una nutrida agenda internacional, a la altura de un jefe de Estado.

¿Cómo se legitima a un rey nombrado “desde la emoción del recuerdo a Franco” y que prometió “guardar lealtad a los principios que conforman el Movimiento Nacional”? Para los historiadores que defienden la figura del monarca, como Paul Preston, Juan Carlos lo logró gracias a su “sacrificio y dedicación”, como apunta el historiador inglés en Juan Carlos, rey del pueblo (Debate), la última biografía publicada del soberano. Para otros, como Alberto Carrillo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, “su legitimidad de origen es el franquismo, porque fue Franco el que determinó la línea dinástica saltándose a Don Juan”.

Ambos coinciden, eso sí, en la importancia del golpe de Estado del 23-F para crear la base sociológica del llamado juancarlismo, aunque lo hacen desde visiones antagónicas. En la biografía, Preston asegura que el rey coordinó el desmantelamiento del alzamiento militar desde la Zarzuela para “dar una segunda oportunidad a la democracia española”. Para Carrillo, tanto los movimientos de Casa Real tras la muerte de Franco como la imagen dada durante el 23-F responden a una “estrategia” calculada de la Corona, que “sabía que la única manera de mantenerse viva era distanciarse de la dictadura”. Ese hecho histórico “ha blindado en gran medida a la monarquía, ha sido su colchón salvavidas”, añade.

Pero los réditos de aquella “jugada maestra” del rey, según el historiador malagueño, no son hereditarios. “El príncipe necesitará su propia estrategia, intentando ofrecer un perfil más cercano al pueblo. Y en eso, el papel de Letizia es fundamental”, augura Carrillo. Eso sí, estas variaciones son “estéticas” porque “desde un punto de vista democrático no se justifica de ninguna manera la herencia de una jefatura de Estado”.

Incluso entre quienes alaban la figura del monarca, como Preston, existen ciertas dudas sobre cómo afectará la sucesión a la legitimidad de la institución: “Depende de cuándo y de las circunstancias en que se haga el traspaso de poderes. Pero en principio, en circunstancias normales, sí que sería legítimo”.

La asunción del trono por parte del príncipe Felipe, en un futuro más o menos lejano, se encontrará con un problema extra: el creciente desapego de la ciudadanía hacia la monarquía. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles por su confianza en varias instituciones, en octubre de 2011, la Corona obtuvo su primer suspenso de la historia con un 4,89 sobre 10, una nota menor que la que los encuestados otorgaron a los medios de comunicación (4,97) y muy inferior a los resultados de años anteriores (5,35 en 2010 y 6,67 en 1997, por ejemplo).

Esta pregunta, que no ha vuelto a aparecer en los barómetros del CIS desde entonces, incluye valoraciones sobre otras instituciones, como las Fuerzas Armadas (5,65) o los partidos políticos (2,76) y forma parte de un paquete flexible del barómetro que suele incluirse en las encuestas, sin una pauta fija, cada cierto tiempo. “No hay una razón concreta por la que no se ha incluído en las últimas encuestas. No significa en absoluto que se vaya a dejar de hacer esa pregunta o que no vaya a entrar en las próximas oleadas”, explican desde el CIS.

Mientras llega ese nuevo examen oficial a la monarquía, las encuestas de los medios ofrecen resultados dispares. La última, publicada en enero por El Mundo, muestra que el 50,1% de los españoles valora positivamente al rey. La oleada anterior, de enero de 2012, le dio un 76% de aprobación. El príncipe, eso sí, se lleva el visto bueno del 62,3% de los encuestados. Mientras la monarquía sigue perdiendo fieles, los principales partidos políticos, PP y PSOE, apoyan sin fisuras a la institución.

La pérdida de adeptos a la Corona no es flor de un día, tal y como explica Belén Barreiro, Doctora en Ciencia Política y Sociología, fundadora de la firma de investigación social MyWord y exdirectora del CIS: “A lo largo de la democracia se ha ido produciendo una caída de la valoración de la monarquía, que estaba muy bien vista en los 80, al contrario de lo que ha pasado con otras instituciones como el Ejército, que tenía una mala valoración tras la dictadura y ha ido ganando simpatías”. A esto se le suma la evaluación que hacen los jóvenes de la institución, que la deja peor parada que la media. Esto supone, según la socióloga, un obstáculo a largo plazo.

Barreiro culpa de esa desafección hacia la Corona tanto a factores coyunturales, “de posible recuperación”; como estructurales, derivados de la propia esencia de la monarquía. “El hecho de que no sea una institución democrática, porque no ha sido elegida por la ciudadanía, hace que chirríe, sobre todo para los más jóvenes”, explica.

De los factores coyunturales, el más importante es la imputación de Iñaki Urdangarín. No ayuda, tampoco, que el Rey fuese pillado en plena cacería de elefantes en Botsuana el 14 de abril porque tuvo un accidente y necesitó volver a España para ser intervenido, aunque luego pidiera disculpas públicas e hiciese propósito de enmienda. Todos estos escándalos han trasladado los temas relacionados con la Corona, que solían habitar en el escaparate de las páginas de la prensa rosa, a las portadas de los medios generalistas.
¿Existía hasta ahora un veto sobre la monarquía? Según Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), no. Lo que sí había, en su opinión, es una “prudencia” a la hora de denunciar hechos escandalosos que “no se ha dado en otros casos, porque el respeto del que gozaba la monarquía los hacía más difícil de creer, no sólo para los periodistas sino también para los ciudadanos”.

Para Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), sí ha habido un “cambio radical” más patente en el tratamiento que los medios hacen de los temas reales porque, hasta ahora, había “un pacto no escrito entre los editores para respetar o proteger la figura del rey”, nacido de la idea forjada en la Transición de que criticar al monarca podía afectar a la democracia. Para González, la receta para los nuevos tiempos es más vigilancia desde la prensa y más transparencia desde la Corona.

Y es en esa mejora de la transparencia en la que, según fuentes de Zarzuela, basan su política de trabajo desde hace años. Un ejemplo de ello, siempre según la institución, es la publicación de los presupuestos de Casa Real en su web. Las cuentas de 2013 han sido las terceras en salir a la luz después de 32 años de secretismo. Esta decisión, alabada por casi todos, tuvo sin embargo dos frentes críticos: uno exigía un mayor desglose del gasto y el otro recordaba que, además del presupuesto oficial, algunos ministerios hacen frente a gastos derivados de la Corona que deberían constar en las cuentas finales.

Desde Palacio argumentan que en muchos casos es difícil desglosar gastos que son compartidos (si en un viaje que sufraga Exteriores participan el rey y el ministro, por ejemplo) y que, en todo caso, desvelar o no esos gastos es responsabilidad del ministerio competente. La institución se defiende e insiste en que el presupuesto es modesto y que la austeridad es marca de la casa.

Zarzuela vigila también que la gestión del patrimonio económico del príncipe no tenga ni un solo punto flaco. A diferencia de otros miembros de la Familia Real, el heredero no ha tenido opción de gestionar su dinero a través de una impopular Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Estas entidades son la trampa que utilizan cientos de grandes fortunas en España para tributar sólo un 1%, frente al 25% que pagan las pequeñas y medianas empresas o el 30% de las grandes.

Para lograrlo hace falta un patrimonio inicial de 2,4 millones de euros y encontrar 100 mariachis que pongan su nombre para cumplir el mínimo de los 100 socios. Hay empresas especializadas en conseguir esos 100 titulares. Pero entre la Familia Real no todos sus miembros son tan cuidadosos con las formas. El ejemplo más claro es Pilar de Borbón, hermana del rey, que preside la sociedad Labiernag 2.000 Sicav S.A. Esta entidad también sirve de cobijo para otros familiares, como los hermanos Bruno Alejandro y Beltrán Ataulfo Gómez-Acebo De Borbón.

El gasto de la monarquía, en un país con cinco millones de parados y cuando aún retumban en las cadenas de televisión las palabras del monarca sobre la “igualdad de todos los españoles”, ha pasado a un primer plano. Aun así, en opinión del historiador Alberto Carrillo, el debate monarquía-república no debería fundamentarse con argumentos económicos. En su opinión, se debería reflexionar sobre si la máxima institución del Estado es democrática o, como en el caso de la monarquía, no es más que un “anacronismo”.

Pero, como explica el profesor, Casa Real sabe aprovechar estas circunstancias desfavorables para su propio beneficio. Así lo hizo cuando Juan Carlos espetó su “¿Por qué no te callas?” al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Para Carrillo, se trató de “un acto con una gran carga simbólica para buscar un enemigo fuera que reforzara la unión con el rey”. La táctica fue similar en su último discurso de Navidad, en el que pidió una “política con mayúsculas”. Entonces desvió el foco hacia los partidos políticos, consciente de las críticas que los últimos escándalos de corrupción habían despertado. Carrillo lo considera un “acto de populismo”, porque el rey dijo exactamente lo que la gente esperaba oír.

Audiencia abierta se emite cada sábado a las 13.00 horas en La 1 y recoge discursos, apretones de manos, actos de protocolo, apariciones públicas y un análisis de la monarquía. El programa pasa de unos niños de uniforme describiendo lo que es para ellos un rey, a una enumeración de sus funciones y de las leyes que afectan a la Corona. Intercalados, se cuelan frases y rótulos de ensalzamiento de la institución: “El rey es la figura en la que empieza y acaba el engranaje constitucional”; “el príncipe moderador, que ejerció por unas horas de árbitro entre Rajoy y Mas”. Su coste es de unos 2.500 euros por programa, aunque también utiliza recursos de los servicios informativos, según fuentes de TVE. El semanal empezó a emitirse el pasado 13 de octubre y su objetivo, tal y como explicó su presentadora en el primer programa, es “acercar la institución a los ciudadanos, cumpliendo un mandato parlamentario”. Lo que no dijo es que esa orden está fechada en 2007. Entonces, ¿por qué ahora? Según el director del programa, Miguel Ángel Sacaluga, es un proyecto que lleva años planteando como miembro del consejo de administración de RTVE.

Para Yolanda Sobero, presidenta del consejo de informativos de RTVE hasta las recientes elecciones, las motivaciones son otras: “La estrategia nace de Casa Real, que ante el descalabro del caso Urdangarín intenta reforzar su imagen”. Para Sobero, se trata de un programa institucional mucho más que informativo, algo que no es nuevo: “Las noticias en TVE siempre se han quedado ahí, nunca se han realizado reportajes de investigación profunda y crítica sobre la monarquía”. Un defecto de forma y de fondo que, según ella, no es exclusivo de la televisión pública sino que se ha extendido, durante años, a todos los medios.

El director del programa responde que es un programa institucional, pero también informativo. Y asegura que sí se informa sobre escándalos como el caso Urdangarín o el viaje a Botsuana porque “afectan a la institución”. Estos temas se trataron en el resumen especial del año y en el programa que repasó la vida del rey con motivo de su 75 cumpleaños. Eso sí, edulcorados con una voz en off que toma partido: “La Corona, que sufre como el resto de las instituciones el desprestigio causado por la crisis” o “el deterioro de la imagen surgido a raíz del proceso abierto a su yerno. Y eso que desde que se conoció la noticia, no sólo condenó los hechos sino que le apartó de la familia real”.

“Audiencia abierta no es un programa sobre el rey para defender la monarquía, igual que no se hacen programas sobre las Cortes para defender a los parlamentarios”, se defiende Sacaluga.

La entrevista de Jesús Hermida al rey el pasado 4 de enero (“absolutamente versallesca”, en palabras de Yolanda Sobero) incluyó halagos de padre a hijo que inciden en una expresión que la retórica monárquica repite hasta la saciedad desde hace años y que una mayoría de los españoles ha hecho suya. Para el rey, Felipe es, además de una bendición, un hombre “muy preparado”. Si Juan Carlos quiso parecer cercano a la ciudadanía gracias al término campechano, inseparable ya de su persona, Felipe se aferra a esa imagen de hombre forjado para ser rey que haga frente al desapego creciente y al difícil encaje de una institución como la realeza en una democracia del siglo XXI.

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LA LEY EN EL REINO DEL REY JUAN CARLOS I Y ÚLTIMO DE ESPAÑA

No es verdad que Blesa sea banquero o banquista, sino atraca banca, que anda suelto, y el juez que lo enchiqueró por dos veces, dos, esta siendo juzgado por prevaricaqué o algo parecido, que no ando yo muy puesto en esto de juzgar al juez que condena al delincuente y este se ande derositas más fresco que una lechuga. Otro que tal es el Urdanga o Urdangarín o rostro pálido, que no sé que nombre hay que darle, amado tal que trucho por trucha ciega y desmemoriada, hija del Rey, al que ya le quedan tres telediarios, que se ha puesto ciego y hasta las orejas de trae estos miles que me los llevo, más esta subvención que me la engancho, más esto qu eno voy a pagar, porque es que no lo voy a pagar, que al igual que Blesa, el atraca banca, anda suelto.
Y los hermanos de la ministra Bañez del PP más que de trabajo, que no los voy a mencionar, porque yo en política no me meto, dado que soy neutro con tendencia a la cabra que tira al monte, eso sí, que son unos pájaros que se le han escapado a la juez Alaya porque los delitos les han precrito, ¡vaya por Dios, hombre, que suerte han tenido los hermanos de la minsitra del PP.!
En fin, que la ley en el reino de Juan Carlso I y Último de España es para todos igual, excepto para quellos que no se les aplica en nombre del Rey, porque han de saber ustedes que la ley, no la justicia, no empecemos a joder la marrana mezclando el tocino con la velocidad , los jueces la aplican en nombre del Rey, que como todos sabemos anda muy fino en eso de siete tiros por elefante y amistades de intimidad, y como prueba de lo dicho, cuatro banqueros, cuatro, después de robar como manda la ley del robo, y después de ser condenados como manda el Rey, han quedado en libertad. Eso sí, hay que decirlo en favor del Rey, Carlos y Carmen, por defender sus derechos y los de los demás iran a la cárcel, salvo que nos encabritemos los "demás" y digámos: ¡no hijo, no! Esto no es asi, esto es al revés.


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PP: CORRUPCIÓN COMPOSTELANA




LAS HIJAS DE ELENA + LAS DE LA PRIMA + UNA = A SIETE DEL PP


Las hijas de Elena como es bien sabido eran tres, más otras tres hijas que tiene una prima de Elena  suman seis, y todavía hay que dar una vuelta por el barrio para encontrar otra más, de quien sea,  para llegar a igualar a los siete concejales, siete, del PP que han sido condenados por prevaricación en el Ayuntamiento de Santiago, lo que ha obligado a bajar la persiana del negocio del gobierno municipal por razones delincuenciales propias en perjuicio, claro está, de todos los compostelanos.


Este “séptimun” caso de corruptela corrupta de la política municipal del PP no sabemos como se nos presentará dentro de la “nueva” política de comunicación adoptada por el PP que le ha llevado a perder dos millones y medio de votos y que como consecuencia ha movido al pasteleo político con el PSOE y la monárquica, otra fábrica de corrupción real, para salvar los muebles de la oligarquía, dando de baja a Juan Carlos I, que se ha convertido en Último de España y nombrando en su lugar a otro que tal, o sea, a Felipe uve palote, o sea, VI, que a mi se me antoja más bien Felipe 0, si me a tengo al sentir popular o simplemente al sentido común, porque eso de que una persona por ser hijo de su padre (que podría ser incluso hijo producto de un accidente mecánico, fallo del condón, por ejemplo) tenga que ser necesariamente el más listo de la escalera tiene su mondongue.

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A nueve años de inhabilitación
Condenados siete ediles del PP de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El juez ha decidido condenar por prevaricación a los siete concejales del PP miembros de la Junta de Gobierno Municipal de Santiago de Compostela que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en la Operación Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes.


   La condena impuesta a los siete concejales es de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Precisamente, Fiscalía había mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para los siete ediles al término del juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 1 el 19 de mayo.


   Los concejales condenados son María Pardo, teniente de alcalde, delegada de Urbanismo y portavoz de la Xunta de Goberno Local; Cecilia Sierra, concejala de Facenda; Francisco Noya, de Festas; Amelia González, de Réxime Interno y Persoal; Juan de la Fuente, de Obras; María Castelao, de Servizos Sociais; y Luis García Bello, de Seguridade Cidadá.


   La sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública".


PLENAMENTE CONSCIENTES


   Para el juez, los acusados "plenamente fueron conscientes" y "sabedores" de que las circunstancias de su compañero de corporación no cumplían los requisitos informados por la Asesoría Jurídica, "pues conocían perfectamente que Adrián Varela estaba llamado a declarar en calidad de imputado por varios delitos denominados de corrupción". Agrega que sabían que, con su decisión, "se estaba comprometiendo el erario público municipal al pago de los honorarios de un letrado" que había designado el entonces concejal, el exjuez decano Javier Míguez Poza.


   "Todo ello en contra de los intereses públicos y con clara intención de favorecer a su compañero de la corporación municipal", apunta el juez, para quien los ediles condenados "fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho".


   Pero aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados, "sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los condicionantes que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos". "Se comprometieron fondos públicos al pago de unas minutas devengadas por un letrado en cuya designación no había intervenido la corporación local", argumenta la sentencia.


   El fallo rechaza "que cualquier miembro de la Corporación de Santiago no supiese el día 30 de mayo de 2013 absolutamente nada acerca de las imputaciones del concejal de Deportes y la famosa y divulgativa Operación Pokémon, tan socialmente relacionada al ámbito de corrupción en el seno de la política". Al respecto, apunta que son "fácilmente refutables y poco creíbles" los testimonios de algunos concejales que alegaron desconocer los delitos que se le imputaban a Adrián Varela.


   Afirma el juez que "sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo".


DECISIÓN ATROPELLADA


   En opinión del magistrado, la decisión de sufragar con fondos públicos la defensa de Varela "se efectuó de manera claramente atropellada" y se trata de un acuerdo "resuelto de forma totalmente precipitada y extemporánea". La decisión de pagarle el abogado a Adrián Varela fue denunciada por una particular y tras el revuelo que se montó por el acuerdo, el entonces edil renunció posteriormente a que se le sufragasen los costes de su defensa.


   El juez desmonta los argumentos de la defensa de los ediles y sostiene que se estableció "una atadura obligacional comprometiendo al erario municipal sin que se diesen los condicionantes", apunta que "queda acreditado el carácter incondicionado del acuerdo", señala que el redactar o no directamente el acuerdo es una "tesis insostenible" y no admite la justificación de que se había colocado la coletilla "sin perjuicio de las posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes".


   "Adoptar un acuerdo donde con carácter previo y en su origen se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral", apunta el juez.


   En su sentencia, el juez Jesús Leal alude al "laborioso interrogatorio" de la fiscal Arancha San José y avala que la pena que solicitó "se ajusta a un criterio justo, equitativo y proporcional" y también elogia el "ejercicio riguroso de la jueza de instrucción", Ana López Suevos, cuya actuación fue cuestionada por miembros del Ayuntamiento de Santiago. En cualquier caso, la Audiencia Provincial de A Coruña ya había avalado que se sentasen en el banquillo los siete ediles, al rechazar el recurso que plantearon.


CRISIS EN EL CONSISTORIO


   Esta condena agrava la difícil situación del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde tras la dimisión de Adrián Varela, permanecen imputados en alguna causa nueve de los 13 ediles con los que cuenta el PP en la corporación compostelana. Así, en la Operación Pokémon están también imputados la edil de Normalización Lingüística, Rebeca Domínguez, y el propio alcalde, Ángel Currás, sobre quien también pesa otra imputación en el caso de un policía que denunció acoso.


   Por su parte, Juan de la Fuente se vio envuelto en un caso de facturas falsas para justificar subvenciones. De esta forma, del grupo municipal del PP en Santiago de Compostela sólo permanecen sin ninguna imputación la primera teniente de alcalde y concejal de Empleo y Turismo, Reyes Leis, así como Luís Meijide Rodríguez y José María Rosende Rico, ambos adscritos al Área de Participación Ciudadana.


   El alcalde de Santiago ya ha avanzado que están "analizando en profundidad el contenido de la sentencia" para tomar decisiones "en próximas horas". Como la sentencia no es firme, podrían optar por presentar un recurso de apelación y bloquear la inmediata aplicación de la inhabilitación, pero en su momento en una entrevista televisiva el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ya había avanzado que si había sentencia condenatoria se aplicarían los estatutos y los ediles deberían abandonar el partido.


   En cualquier caso, en este proceso, los concejales juzgados contaron con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, quien se encuentra en Japón de viaje oficial. También contaron con el respaldo público del regidor compostelano, quien acudió a respaldar a los concejales el día del juicio.


   Su teniente de alcalde, Reyes Leis, llegó a reconocer públicamente que el Ayuntamiento compostelano ya tenía un "plan B" por si se producía una sentencia condenatoria de los ediles, una circunstancia que fue negada por otros compañeros de corporación, por lo que la edil tuvo que aclarar que "el plan B se llama Ley Electoral".


   Buscar los recambios a los ediles condenados en la lista que presentó en PP en las elecciones de 2011 y completarla con el fichaje de personas de fuera como concejales no electos o decidir una eventual intervención del Ayuntamiento son dos de las opciones previstas por ley.

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