(O la
historia no contada de la lucha por la democracia
desde las
entrañas del Estado)
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Rodrigo M.
Rico Ríos
Asociación
Unificada de Militares Españoles (AUME)
Rebelión
Organizar el silencio
Y declararlo en huelga...
Antonio Gamoneda
La contradicción detonante:
represores sin derechos.
El 17 de
diciembre de 1976 cerca de cuatrocientos miembros de la Policía Armada (los
llamados «grises») y la Guardia Civil, ambos dependientes del Ejército de
Tierra, se concentraron a las once de la mañana en la Plaza de Oriente de
Madrid.
En la plaza
celebraron una asamblea y a continuación marcharon hasta las puertas del
Ministerio de Gobernación con una lista de reivindicaciones de corte laboral:
aumento salarial, ser acogidos en el régimen de la Seguridad Social, cien por
cien del salario al llegar a la jubilación, derecho a vacaciones, regular los
turnos (entonces se hacían jornadas de 48 horas seguidas) o dejar de ser
tratados como militares y pasar a ser profesionales del orden público.
Lógicamente esta acción contundente no era producto de la generación
espontánea.
Había sido programada
metódicamente y con discreción. Los líderes de la acción sabían lo que se
jugaban puesto que pertenecían a unos cuerpos militarizados. La contagiosa
conflictividad social del año 1976 y el notable malestar de los componentes de
estos cuerpos fue garantía del éxito de la convocatoria.
A pesar de
que algunos oficiales fueron a la puerta del Ministerio de Gobernación a
disolver la manifestación, las órdenes que daban para cargar contra los
manifestantes no eran obedecidas. Los propios agentes responsables de disolver
la manifestación desobedecían las instrucciones manteniéndose en actitud
pasiva.
Las fotos que otros compañeros de seguridad
debían tomar a los cabecillas aparecían veladas o desenfocadas (16. La solidaridad se había extendido entre los compañeros
de los manifestantes y las contradicciones sociales habían llegado al núcleo
del Estado. Cuando el Estado tiene que reprimir una protesta del propio cuerpo
represor entonces sus estructuras chirrían y la estabilidad política peligra.
La llamada
manifestación de la Seguridad Social recibió una destacada cobertura mediática,
extendiéndose la notica por medios provinciales y nacionales.
Fue todo un
golpe de mano mediático, una deflagración que dejó aturdidos a muchos mandos y
miembros del gobierno. Pero los efectos sancionadores no tardaron en llegar y
fueron implacables: más de doscientos guardias civiles y policías detenidos,
interrogados con «malos tratos» y posteriormente expedientados.
De éstos
cerca de cincuenta guardias civiles fueron expulsados y tuvieron que luchar por
su reingreso. Muchos de los participantes, ya fueran policías o guardias,
fueron enviados al País Vasco como medida de castigo. Sin embargo, esto último facilitó la sinergia
entre ellos y la creación de focos sindicales policiales en esta región. De esta confluencia
surgió en 1978 el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el cual sería
clandestino hasta 1984 y que fue un referente para los círculos sindicales que germinarían en la Guardia
Civil.
¿Qué pasó
para que se produjera esta explosión de rebeldía en unos cuerpos
militarizados?
El detonante fundamental fue la contradicción intrínseca que vivían estos
hombres: represores sin derechos, víctimas y verdugos. A la vez que debían
contener la alta contestación social de la época, sufrían unas condiciones
laborales deplorables.
Los cuerpos
de seguridad, sea en la época que sea, no son contenedores estancos, no son
grupos de personas impermeables a la realidad social. De un medio a otro, de la
vida civil a la vida marcial, se filtra información, se filtran problemas, se
filtran soluciones, se filtran emociones.
España estaba inundada de movilización social,
huelgas y protesta, donde el movimiento obrero era el más pujante de las
fuerzas disidentes. Igualmente, la muerte del dictador abrió la puerta a la
esperanza de cambio y libertades en amplias capas y sectores sociales. Estos
servidores del Estado no eran ajenos a esta realidad e incluso algunos llegaban
a simpatizar con los movimientos que tenían que controlar.
Sus penosas
condiciones de trabajo les llevó a dar el gran salto adelante y tirando del
hilo de las reivindicaciones laborales ampliaron sus demandas en
reivindicaciones políticas: derecho de sindicación, acercamiento pueblo-cuerpos
de seguridad, desmilitarización de la Policía y la Guardia Civil. En
definitiva, unos reclamos que arrancan pidiendo mejoras de las condiciones
materiales y que llegan hasta la búsqueda de la democratización de los cuerpos
de seguridad, una evolución en sintonía con los acontecimientos que
transcurrían en el país.
El proceso
constituyente de 1978 despertó las esperanzas delos miembros de la Guardia
Civil. Las llamadas Fuerzas de Orden Público (Guardia Civil y Policía) serían
definitivamente deslindadas de las Fuerzas Armadas. Según el artículo 8 de la
Constitución las Fuerzas Armadas estarían formadas por los tres Ejércitos y no
se hacía mención alguna a las Fuerzas de Orden Público.
Por lo tanto
Guardia Civil y Policía ya no serían parte de las Fuerzas Armadas. Esto suponía
un gran paso para el cambio. El anhelo principal de los luchadores demócratas
de la Guardia Civil era la desmilitarización completa, puesto que esto les
permitiría tener mayores derechos civiles y desarrollar la lucha sindical
legalmente.
La Policía al pasar, mediante leyes y
victorias judiciales, a ser definida como un cuerpo íntegramente civil conseguiría,
al cabo de años de presión sindical (principalmente del SUP), derechos y
libertades fundamentales como cualquier otro funcionario público.
La Guardia
Civil no corrió la misma suerte y los caminos de aquellos dos cuerpos
militarizados que lucharon juntos en la manifestación de la Seguridad Social empezaron
a divergir. La ahora llamada Policía Nacional caminaba hacia la normalización
democrática mientras la Guardia Civil se congelaba en las peores tradiciones
preconstitucionales.
En 1980 se promulgó
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Organización Militar , la cual
mostraba un texto ambiguo en lo referente a la Guardia Civil. La ley supuso un
regreso a la doble dependencia: del Ministerio de Defensa para las misiones de
carácter militar, y del Ministerio de Interior para el desempeño de las
funciones relacionadas con el orden público. Los sectores más escorados a la
derecha optaron por mantener la militarización, los sectores antagonistas
(incluido el PSOE) apostaron por la desmilitarización total.
La solución
salomónica (similar a la impuesta por Narváez y Ahumada en 1844) que parecía
tener un espíritu modernizador y progresista, fue utilizada precisamente para
lo contrario.
Aprovechando el carácter confuso de la reforma,
las instancias políticas y de la propia Dirección General de la Guardia Civil
pusieron todo el acento en el carácter militar, en la disciplina castrense,
abriendo el campo al autoritarismo y la discrecionalidad en las sanciones
cometidas contra los integrantes del cuerpo. Un gran jarro de agua fría para
los guardias sindicalistas y demócratas que habían entregado su esperanza al
proceso constituyente y las nuevas leyes.
La
justificación a la promulgación de esta confusa ley podía ser que la coyuntura
no era la apropiada para una reforma legal más avanzada, que la fuerza del
militarismo reaccionario era demasiado potente como para dar un salto radical
a la
desmilitarización real de la Guardia Civil. Sin embargo, los hechos posteriores
al 23F de 1981 demostraron que el motivo real era la falta de voluntad política
por parte del Gobierno de entonces por cambiar al estamento armado. Si el golpe
de Tejero, Milán del Bosch, Armada y compañía dejó a flote la podredumbre de
valores que existía en la Guardia Civil y en el Ejército, la actitud
condescendiente y a favor de la impunidad del Gobierno de Calvo-Sotelo o de
González mostraron su cobardía o complacencia. Aquel intento fracasado de golpe
de Estado hubiera sido el pretexto ideal para hacer una limpieza de los dinosaurios
involucionistas que existían en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
La opinión
pública nacional e internacional, y el ambiente interno en ambas instituciones
en aquel momento, eran propicios para una depuración democrática. Era el
momento preciso para sanear a fondo estos aparatos del Estado, para
democratizar realmente estas instituciones. Nada de esto se hizo.
El triunfo
arrollador del PSOE en las elecciones generales de 1982 no cambió el panorama.
El Gobierno socialista no apostó por una depuración de los cuerpos armados del
Estado ni tampoco por una reforma profunda de la Guardia Civil a pesar de que
la coyuntura post-golpe se lo “ponía en bandeja”. Prometió en su campaña
electoral, a bombo y platillo, la desmilitarización de la Guardia Civil y en
1983, con mayoría absoluta en el Parlamento, reformó la Ley Orgánica de la
Defensa Nacional y la Organización Militar. Para sorpresa e incomprensión de
muchos, el Gobierno del PSOE no tocó el artículo referido al carácter dual de
la Guardia Civil: militar y civil.
De esta
manera incumplía radicalmente sus promesas y los guardias demócratas que se
mantenían en silencio y a la expectativa recibieron otro jarro de agua fría,
aún más impactante que el anterior.
La batalla por la desmilitarización es clave
para el movimiento reivindicativo. Un cuerpo de carácter militar prohíbe la
sindicación y por tanto lleva a unas condiciones extremadamente complejas y
hostiles la lucha por las mejoras sociales y laborales de sus miembros. Esa es
la importancia que tiene la batalla por convertir a un cuerpo con funciones
policiales como es la Guardia Civil en una institución plenamente civil.
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