¿Es más grave la Reforma de
las Pensiones francesa que la reforma de pensiones del Estado español?
Publicado el 14 de marzo de 2023 / Por CGT
KAOSENLARED
Ambas reformas, son
diametralmente opuestas en la agresividad, respecto a los sistemas públicos
de pensiones, su accesibilidad, es decir, el tiempo necesario de
cotización para acceder a la pensión de jubilación y su porcentaje,
así como la edad para tener derecho a jubilarse.
La reforma francesa, decayó
en la primera embestida, en sus aspectos más lesivos y en esta otra
agresión por parte del capitalismo francés, representado por Macron, la
batalla sindical y de la calle, se centra en que la jubilación se
mantenga a los 62 años y los años cotizados para obtener plena pensión no se
amplíen. La ciudadanía francesa, especialmente las personas trabajadoras,
asalariadas, llevan con huelgas, boicot y manifestaciones más de un mes.
Supone un principio de esperanza, a la vez que refuerza la cultura de
defensa de lo público y los Derechos Fundamentales de las personas.
Las distintas reformas en
el estado español, todas con consenso político y sindical (los sindicatos
institucionales), llevadas a cabo desde 1985 hasta la última de 2023, se
llevaron por delante esos derechos fundamentales de la mayoría y
refuerzan los privilegios de una minoría, a la vez que traspasan recursos
públicos hacia los mercados privados, por medio de los Fondos de Pensiones de
Empleo.
Aquí en el Estado Español,
las personas que no hayan cotizado más de 38,5 años, no pueden jubilarse
sino es a los 67 años. Si deciden jubilarse anticipadamente, no lo pueden
hacer sino a partir de los 63 años y con penalizaciones en su pensión. Su
pensión se calcula en base a los últimos 25 años, cuando en 1985 del
siglo pasado, con una economía que generaba menor riqueza, la base de cálculo
eran los últimos dos años y ahora, pasará a los 29 años en el 2026 que
coexistirá con los 25 años, hasta 2044 y los años necesarios para tener
derecho al 100% de la BR, se sitúan en 36,5 años.
Y lo más grave para el
sistema público de pensiones, son los fondos de pensiones de empresa. Llevan
tiempo llamando a la puerta con insistencia. Cuando se creó el Pacto de Toledo,
en el año 1995, ya se incluyó en la recomendación 14 la potenciación de
los sistemas complementarios y no han dejado de aparecer en las sucesivas
reformulaciones del mismo, y así figura en la última, firmada el 27 de octubre
de 2020.
Ha hecho falta una
pandemia, atarnos de pies y manos a los fondos europeos de recuperación para
salir de ella y un gobierno de coalición, supuestamente progresista, para
que los sistemas complementarios tomen carta de naturaleza a través de
los planes de pensiones de empresa o planes de empleo que confluirán en
un engañoso fondo de pensiones de promoción pública pero gestionado por
entidades privadas, la cuadratura del círculo, mezclar agua y aceite.
No se sabe aún si el dinero
depositado contará con el aval del Estado, pero quien piensa en eso ahora,
lo inmediato es ponerlo a andar, sacarlo al mercado cuanto antes para que
respire “libre”. Que la rentabilidad de los planes de pensiones, sean de
la naturaleza que sea, llevan tiempo siendo una ruina, eso es un detalle
que carece de importancia cuando nos encontramos ante un negocio tan suculento.
Por último, y como guinda del pastel, los recursos de este fondo se invertirán
en un principio en productos de riesgo supuestamente rentables. Ese
riesgo se irá reduciendo según se aproxime la edad de jubilación. Está
todo pensado.
Hasta aquí la propaganda,
el engaño, la hipocresía y una pequeña dosis de ironía para digerir el mal
trago. Nos encontramos ante un cambio radical de modelo, pasamos de
garantizar un sistema público de pensiones como un derecho de ciudadanía
a negociar con un producto más del mercado. Mercantilizando derechos se
consigue que estos cambien de naturaleza y dejen de ser tales, se privaticen.
Una campaña francesa de apoyo a lo público lo define en una sola frase:
“Cuando todo sea privado, estaremos privados de todo”.
Llevan lustros cuestionando
la sostenibilidad del sistema público de pensiones y cuando el sentido
común demanda que para asegurar su viabilidad la solución pasa por
conseguir más recursos, se opta, por lo contrario, aumentar las cuotas, pero no
para mejorar el sistema público si no para privatizarlo. Restar recursos
al sistema público para alimentar el denominado segundo pilar del sistema: los
planes y fondos de empleo, luego tenemos el tercer pilar, los planes
privados. Demasiados pilares para tan escaso cimiento. Acudiendo a esta lógica
inhumana, insolidaria y criminal concluiremos que los planes de pensiones
alcanzarán un mayor beneficio a costa de degradar las condiciones laborales,
sociales o medioambientales de personas y lugares que se encuentran a
miles de kilómetros, que no se vea, que no salpique. Estos productos son
también expertos en eludir obligaciones fiscales, son enemigos del bien común y
fieles amantes de atesorar cada vez más recursos en menos manos, solo una
de esas empresas, BlackRock, supera en casi seis veces el PIB español.
Planes de pensiones y reparto de la riqueza son conceptos antagónicos.
Se quiere alejar del ámbito
político el tema de las pensiones públicas como si se tratara de algo
meramente técnico, de una herramienta de un solo uso, y para ello se
muestra un consenso parlamentario, el cual, con una gran dosis de
caradura, se quiere imponer a la sociedad: esto ya no hace falta votarlo, las
pensiones son así y no pueden ser de otra manera. Quienes a ello nos
conducen no creen en lo público, ni siquiera en su democracia liberal
delegada que tras un corto período de actividad pasa a ser una democracia
olvidada que concluye en la muy neoliberal dictadura del mercado ahora en
auge.
Si creyeran en el sistema
público de pensiones el camino solo puede pasar por conseguir sumar más
recursos al mismo. Ya existe, si se quiere, la posibilidad de potenciar la
suscripción de convenios especiales con la propia seguridad social con el
fin de aportar recursos a la caja única, sin intermediarios, ni
comisiones, pero entonces no habría negocio, seguirían fuera del mercado y no
es esto lo que buscan. La diferencia con la “reforma que quiere imponer el capitalismo
francés”, sólo se encuentra en un hecho sencillo: la ciudadanía francesa,
las personas trabajadoras, tienen una conciencia clara, los derechos
públicos, los derechos fundamentales, sólo pueden ser mantenidos si se lucha,
si la calle dice NO. En el estado español, desde la década de los 90 del
siglo pasado, los políticos de cualquier color político y los “agentes
sociales”, especialmente los sindicatos institucionales, han pactado la ruptura
con lo público y han ido entregando al “negocio privado” todos los
comunes: educación, sanidad, vivienda y ahora, los sistemas públicos de
pensiones.
Salgamos a las calles para
impedir la barbarie de que “Cuando todo sea privado, estaremos privados
de todo”.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS
SISTEMAS PÚBLICOS SE DEFIENDEN
Gabinete de Comunicación de
la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
Avenida del Cid,154 C.P.
46014 Valencia
Tel 693926678-963834440 /
Fax 96 3834447
No hay comentarios:
Publicar un comentario