La prevista reunión de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y
catalán se celebrará en un momento en que PSOE y ERC, aunque por diferentes
razones, necesitan ganar tiempo. Sánchez para acabar la legislatura, Aragonès
para romper el empate con Junts.
En vísperas de la mesa de
diálogo
El Viejo Topo
27 julio, 2022
La prevista reunión de la mesa de diálogo entre los
gobiernos español y catalán se celebrará en un momento en que PSOE y ERC,
aunque por diferentes razones, necesitan ganar tiempo. Pedro Sánchez para
acabar la legislatura, Pere Aragonès para romper el empate con Junts.
Hace poco más
de un año de la trabajosa investidura de Pere Aragonès (21/5/21) que necesitó
tres sesiones parlamentarias para acceder a la presidencia de la Generalitat y
tras seis meses de presidencia en funciones tras la inhabilitación de Quim Torra.
Las elecciones
al Parlament del 14 de febrero de 2021 arrojaron, dentro del bloque
soberanista, una ligera ventaja a favor de ERC, con una mínima distancia de un
escaño y treinta mil votos respecto a Junts per Catalunya (JxCat) que presentó
a Laura Borràs investigada por un feo asunto de corrupción. ERC cerró un pacto
con la CUP antes de encarar la negociación con Junts. La CUP exigió que pasados
dos años -a mitad de legislatura- Aragonès se sometiese a una cuestión de
confianza para evaluar los resultados de su apuesta por la mesa del diálogo con
el gobierno español donde ERC plantearía dos puntos centrales: amnistía y
autodeterminación. Junts le hizo sudar la camiseta, elevando el nivel de sus
exigencias y poniendo como cuestión innegociable otorgar la presidencia de la
Cámara a Laura Borràs, una votación en la cual la CUP se abstuvo.
Desde 1980 -con
el intervalo de los tripartitos de Maragall y Montilla- la presidencia de la
Generalitat había estado ocupada por Convergència y sus avatares políticos:
Pujol, Mas, Puigdemont y Torra. La investidura de Aragonès marcaba un punto de
inflexión en el largo combate sin concesiones entre Junts y ERC por la
hegemonía política del movimiento independentista, aunque el “empate técnico”
le impedía cantar victoria. ERC accedía a la presidencia de la Generalitat,
cosa que no sucedía desde los tiempos de la Generalitat republicana, una
institución connotada simbólicamente desde la trágica ejecución de Lluís
Companys. Junts y ERC mantienen una extraña relación política. Socios en el
gobierno de la Generalitat, son competidores feroces en los medios y en las
urnas. Tanto es así que Junts prefirió que la poderosa Diputació de Barcelona
estuviese en manos del PSC antes que cederla a ERC. De este modo, Junts ejerce
como gobierno pero también como oposición del gobierno del que forma parte. Así
no es extraño que, tanto en la anterior legislatura como en ésta, se
multipliquen los sonados desencuentros entre los socios como, solo poner
algunos ejemplos, los relativos a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona o
al Cuarto Cinturón en el Vallès.
Quim Torra, su
predecesor en el cargo, proclamó que se consideraba un presidente vicario, pues
sólo reconocía la legitimidad de Carles Puigdemont. Por el contrario, Aragonès,
desde el primer momento, quiso aclarar que él era el único presidente legítimo
de la Generalitat, todo y reconocer la gran labor desarrollada por Puigdemont
en el exilio. La primera prueba de fuego que hubo de superar fue en torno a la
mesa de diálogo entre gobiernos, justamente el núcleo de la estrategia política
de ERC que impuso como conditio sine qua non para facilitar la
investidura de Pedro Sánchez. Junts realizó una auténtica provocación al
incluir en su delegación al vicepresidente del Govern Jordi Puigneró, pero
también a tres miembros que no formaban parte del ejecutivo catalán: Míriam
Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso y dos de los indultados del procés e
inhabilitados Jordi Sànchez y Jordi Turull. Aragonès se vio obligado a dar un
golpe de autoridad, excluir a esos miembros de la delegación del gobierno
catalán con el ejecutivo español y acudir a la mesa de diálogo a la que solo
asistieron representantes de ERC por la parte catalana. Para Junts y la CUP, la
mesa de diálogo es una trampa concebida para anestesiar al movimiento
independentista, alimentando falsas esperanzas sobre la autodeterminación.
La negociación
de sus primeros presupuestos de Aragonès escenificó la ruptura del acuerdo de
investidura con la CUP. Durante todos los años del procés, la formación
de la izquierda independentista ha sido imprescindible para la conformación de
la mayoría absoluta secesionista en la Cámara catalana. Ante el no de la CUP,
ERC hubo de recurrir a los ocho diputados de los Comunes para aprobarlos. Eso
sí, a cambio de que Esquerra hiciese lo propio en el Ayuntamiento de Barcelona,
presidido por Ada Colau, el principal activo político e institucional de la
coalición, obligando al alcaldable de ERC, Ernest Maragall, hermano de Pasqual,
a cambiar su anunciado sentido negativo de voto. Ante ello, Esquerra manifestó
que daba por roto el pacto con la CUP y que por tanto Aragonès no tendría que
someterse a la prometida cuestión de confianza.
El movimiento
independentista sin una hoja de ruta clara, con los partidos divididos y con
los presos indultados en la calle, experimenta una suerte de repliegue
identitario en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, ratificada por el Tribunal Supremo, que obligaba a todos los centros
del país a impartir como mínimo un 25% de las clases en lengua castellana. Una
sentencia cuya ejecución ha quedado suspendida y pendiente del recurso ante el
Tribunal Constitucional, pero que ha desencadenado una potente campaña política
y mediática en torno a la supervivencia de la lengua catalana, última trinchera
del movimiento nacionalista.
El estallido
del caso Pegasus de espionaje en parte legal, autorizado por el CNI, en parte
ilegal, a líderes independentistas reavivó las brasas del victimismo por la
represión policial y judicial contra el movimiento secesionista tras el 1-O. Un
fuego alimentado por la publicación de las grabaciones del comisario Villarejo
y las sucias operaciones contra el independentismo de la denominada “policía
patriótica”.
El clima
político generado por la sentencia del 25% y las repercusiones del caso Pegasus
provocaron, cara a la galería, la congelación de las relaciones entre ambos
ejecutivos y la suspensión de las reuniones de la mesa diálogo. La presión
sobre ERC de Junts y CUP por Pegasus impedía reanudar los encuentros públicos.
Tras la salida
de Jordi Sánchez de la secretaria de Junts, enfrentado con Puigdemont, se
celebró el congreso de Junts que eligió una dirección bicéfala formada por
Borràs y Turull. La primera como representante del sector Puigdemont, el
segundo del aparato convergente. Ahora bien, sobre Turull, indultado de la pena
de prisión, mantiene la de inhabilitación, con lo cual no podrá presentarse a
los comicios. Como probablemente le ocurrirá a Borràs cuando sea juzgada. Bajo
estas circunstancias emerge la figura de Jaume Giró conseller de Economía y
exdirectivo de CaixaBank como posible candidato a la presidencia de la
Generalitat. En otro orden de cosas, una de las resoluciones del congreso iba
dirigida a ERC en clave de amenaza: el partido realizaría una auditoria del
cumplimiento del pacto de gobierno, en caso de que el resultado no fuese
satisfactorio reconsideraría su permanencia en el mismo.
El afer Borràs
La piedra de
toque de la continuidad de la coalición Junts-ERC se ventilará en torno a la
resolución del caso Borràs. Según el reglamento del Parlament, aprobado tras la
confesión de Pujol, se instituyó una norma según la cual cuando se abra la
vista oral a un diputado por delitos de corrupción debe dejar inmediatamente el
escaño. Borràs, a pesar de las pruebas acumuladas en su contra, ha anunciado su
negativa a cumplir esta norma, aduciendo que es víctima de una acusación falsa
cocinada en las cloacas del Estado. Una resistencia numantina que evoca el
comportamiento de Boris Johnson.
Recientemente,
la posición de Borràs se ha debilitado aún más tras su entrevista en el
programa de TV3, FAQS conocido por su militancia
independentista, a la que acudió acompañada por Francesc Dalmases, diputado de
Junts y para más inri presidente de la comisión de control de la Corporació
Catalana de Mitjans de Audiovisuals (CCMC). Al acabar la entrevista, Dalmases,
a quien no le gustaron las preguntas sobre la situación judicial de Borràs, le
montó una bronca monumental a una periodista del programa, a quien encerró en
un camerino, emprendiéndola a gritos y golpes contra el mobiliario. Todo ello
en presencia de Borràs que intentó quitar importancia al incidente y disculpar
a Dalmases, que se ha visto obligado a dimitir de su cargo en la CCMA.
Tanto la CUP
como ERC y el propio Aragonès han pedido la dimisión de Borràs por el bien del
prestigio el Parlament, al igual que su predecesora en el cargo, Carme
Forcadell, condenada en el juicio del procés y posteriormente indultada.
Cuando llegue el momento, cada vez más próximo, que la mesa del Parlament
reciba la notificación de apertura de vista oral contra su presidenta, ERC y
CUP tendrán que retratarse. Si votan en contra de la retirada de su condición
de diputada, como estipula el reglamento de la Cámara, se comprometería el
discurso de ambas formaciones contra la corrupción. Si votan a favor se
arriesgan a que Junts salga del gobierno y precipite el fin de la legislatura.
Un peligro relativo, pues un sector de Junts se opondría con uñas y dientes ceder
sus parcelas de poder por la cara bonita de Borràs.
Además, el PSC
se ha ofrecido a negociar los Presupuestos con ERC, lo cual les permitiría
aprobarlos sin el concurso de Junts y CUP. Esto supondría un jalón en la ruta
hacia la formación de un hipotético gobierno de izquierdas con los Comunes, con
la benevolente neutralidad del PSC. Siempre y cuando, claro está, que ERC
garantice el apoyo a Pedro Sánchez en Madrid.
Ganar tiempo
Pasada la
tormenta de Pegasus, los jefes de gabinete de ambos ejecutivos, Félix Bolaños y
Laura Vilagrà mantuvieron dos encuentros preparatorios para desbloquear la mesa
de diálogo. Las reuniones estuvieron precedidas por el voto contrario de ERC a
la reforma laboral, aprobada in extremis a causa del error en la votación de un
diputado del PP, mostrando la importancia del apoyo de los 13 diputados de ERC
para la estabilidad del gobierno Sánchez.
Un día después
del debate del Estado de la Nación, donde Sánchez escenificó un giro a la
izquierda tras la debacle andaluza, se celebró una reunión entre los dos
presidentes, Pedro y Pere, en la que se limaron asperezas y se acordó convocar
la mesa de diálogo para la última semana del mes de julio.
En estos
encuentros previos volvió a ponerse de manifiesto las grandes distancias que
separan a ambas formaciones respecto a las reivindicaciones del movimiento
independentista. ERC reclama la amnistía y la autodeterminación. PSOE insiste
en que los eventuales acuerdos deben situarse dentro del orden constitucional
que no contempla ni una cosa ni la otra. Las declaraciones de Bolaños, Vilagrà
y del propio Aragonès respecto a la “desjudicialización” del conflicto político
apuntan a que los avances pueden concretarse en este terreno (reforma del
delito de sedición, retirada o rebaja de peticiones de pena en los procesos
judiciales en curso…) Según algunos medios, la dimisión de la Fiscal General
del Estado, Dolores Delgado, exministra socialista de Justicia, podría
interpretarse en este sentido.
En cualquier
caso, PSOE y ERC se necesitan para comprar tiempo. Para los socialistas el
apoyo de ERC resulta imprescindible para acabar la legislatura y darse tiempo
para combatir el efecto Feijoo, tras el serio aviso de Andalucía, uno de sus
principales graneros electores. Por su parte, Esquerra precisa demostrar la
utilidad de la mesa de diálogo frente a las feroces críticas de Junts y la CUP
que acusan a ERC de renunciar a la lucha por la independencia. También, para
aposentar a Aragonès en el cargo y ampliar distancias con Junts.
La
recomposición de las relaciones entre PSOE y ERC se produce en un marco de
repliegue del movimiento independentista tras el fracaso de la vía unilateral.
Una prueba adicional de ello es la personación de Anna Gabriel, exdiputada de
la CUP, que escapó a Suiza para evitar el juicio por el delito de desobediencia
que no comporta penas de prisión. De este modo sigue los pasos de Meritxell
Serret, consellera de Agricultura de ERC en el gobierno Puigdemont, acusado del
mismo delito y que como Gabriel está en libertad provisional a la espera de
juicio. Un caso muy diferente a la secretaria general de ERC, Marta Rovira,
huida a Suiza, pero sobre la cual pesan delitos como el de sedición con penas
de prisión.
A la hora de
redactar estas líneas, aun no se ha fijado fecha para la reunión de la mesa de
diálogo, a la que en principio no está previsto la asistencia de los
presidentes de ambos ejecutivos, pero en la que ambas partes están obligadas a
ofrecer algún avance.
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