miércoles, 22 de abril de 2020

Para unos nuevos pactos por el mejoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población que no pueden ser "Los Nuevos Pactos de la Moncloa"


Crisis, coronavirus y pactos
  • Hay espacio y recorrido para acuerdos, pero será un abanico de pactos con geometría variable y abiertos al conjunto de la sociedad. Liderados por el Gobierno de Coalición por principio democrático fundamental
  • Cada fuerza debe ser situada ante su responsabilidad
  • Solo el incremento de la demanda permite una salida de esta crisis y la reconstrucción del país, que habrá de ser articulada por lo público
CUARTO PODER.ES
El martes, 21 de abril de 2020

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), preside el primer Consejo de Ministros celebrado en enero en el Palacio de la Moncloa. / Emilio Naranjo (Efe).

Terminando el año 2019 la crisis sistémica del capitalismo parecía estar acabando según el punto de vista propio del capital. Su verdadera causa estaba globalmente superada (la pérdida progresiva de la tasa de ganancia -es decir, el beneficio que la inversión produce- que caía desde finales de los años setenta aunque la crisis se agudizara a partir de 2008). En la salida, los salarios han sido fuertemente disminuidos (como demuestra el descenso de su participación en la renta nacional), ha aumentado la precariedad del trabajo, se han reducido los derechos laborales y sindicales mediante la aplicación de las Reformas Laborales, y varios cientos de miles de pequeñas empresas han desaparecido. 

El sistema utilizó la globalización neoliberal y una acentuación desbordante de la financiarización (el predominio del uso de los instrumentos financieros sobre la economía productiva de bienes y servicios) como instrumentos principales de la recuperación de los beneficios. Pero esto sólo produjo unos resultados limitados y sectorializados. Fue necesario volverse sobre el mercado interno de los países desarrollados para incrementar la plusvalía. Se redujeron salarios y derechos, y se privatizaron servicios públicos y empresas en sectores con mercados muy rentables, frescos por su reciente incorporación a la competencia capitalista. De esto último es un buen ejemplo Telefónica. Así, la periferia está ahora también en el interior de los países del Norte. Núcleos de trabajo estable con salarios regulados, derechos y convenios colectivos (aunque sistemáticamente amenazado y fracturado) rodeados de un mar de trabajos precarios con pocos derechos y despido barato.

Sin embargo hay un problema: crece la tasa de ganancia pero cada vez es más difícil realizarla en el mercado. Es decir, no hay demanda suficiente para vender lo producido y realizar el beneficio. La polarización de los ingresos (ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres) es una realidad constatada.

En España, una respuesta bastante moderada a esta situación es el Programa del Gobierno de Coalición PSOE-UP que mediante el aumento de salarios y pensiones, la creación de una renta mínima y el incremento de la inversión en el sector público se proponía lograr un aumento de la demanda. Pero estamos viendo la reacción del capitalismo de caverna. Luego me extenderé en esto.

Coronavirus y capital

Los contagios por virus no son nada nuevo en la Historia de la Humanidad. La peste, la llamada “gripe española” a comienzos del siglo XX, la epidemia del Ébola en 2014-2016 o la malaria (500.000 muertos por año) son buenos ejemplos. 

Las epidemias son cada vez más frecuentes y la del Covid-19 no será la última. Numerosos investigadores, entre ellos el biólogo Rob Wallace (estadounidense, autor del libro Big Farms Make Big Flu), han señalado que el aumento de la incidencia de los virus está estrechamente vinculado al modelo intensivo industrial de la agricultura y la ganadería y a los beneficios de las multinacionales de producción y la distribución alimentaria.

Pero en los últimos 80 años los diferentes tipos de virus, salvo en el caso del SIDA, no habían atacado significativamente a los países occidentales, donde ya vive solamente una población envejecida que representa el 15% de la población mundial. 

Ahora, el Covid-19 es universal. Y eso afecta fundamentalmente a la fuerza de trabajo, aunque no a los medios de producción (sólo estarán necesitados de desinfección, que será un nuevo negocio). En gran medida son los mismos efectos que una bomba de neutrones. 

El llamado Estado de bienestar y sus gastos sanitarios y educativos entre otros, pero también los salarios y las pensiones, están ahora limitados por el déficit presupuestario y la deuda, como amartilló la reforma del artículo 135 de la Constitución Española. No se trata sólo de los recortes, sino de las subvenciones al capital privado (fondos de inversión y grandes empresas) destinadas a sus inversiones y gastos. Eso permite a la derecha política decir que se ha aumentado el gasto sanitario en la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo.

El llamado “libre mercado” ha organizado el hospital siguiendo la lógica del beneficio y no la lógica de la salud. El “justo a tiempo” de la industria, la ausencia de stocks, que se entienden como capital inmovilizado inútil, la productividad entendida como criterio de negocio para la obtención de dividendos, están ahí. Este modelo de gestión se ha trasladado también a lo público.

El virus está haciendo ver que el mercado nunca fue libre sino regulado por el capital. Que la mano oculta siempre dio las bofetadas en las mismas mejillas y que es el capital quien está a la ofensiva en la lucha de clases. Estamos viendo que razonan siempre en términos de beneficio de clase y no de población ni de ciudadanía. Por eso presionan para la reapertura de las actividades económicas no esenciales y lo logran. Hay que ver en detalle las reacciones de los nacionalistas vascos o catalanes, también preocupados por “su” industria, y la de los españolistas centrados en los negocios controlados por la oligarquía como la construcción.

Millones de trabajadores se desplazan ahora diariamente (por ejemplo, 1,2 millones de la construcción), muchos en transporte público, y trabajan en actividades donde es difícil mantener el distanciamiento, mientras se confina rígidamente a niños y mayores.

Vemos las trágicas tasas de mortalidad en las residencias de mayores, por ejemplo en Madrid, que han hecho elevar estadísticamente la media en toda España hasta aparecer con las peores tasas de mortalidad. Las medias estadísticas no pueden ocultar el problema real que es la puesta en pie de un modelo de beneficio privado, que ha contagiado a la gestión pública, y que ha llevado, con no muchas excepciones, a la mera estabulación de los residentes. El cambio radical de este modelo es una exigencia insoslayable. 

En España, es el capital quien mantiene la ofensiva en la lucha de clases y la dirige de forma coherente y sin vacilaciones. Ahora y desde hace años.

Por su parte, la izquierda se ha mostrado incapaz de analizar la crisis y, por ello, de construir una alternativa global y coherente. Aceptó su categorización como mera crisis financiera (salvo IU en su día), cuando era una crisis sistémica global, y eso teniendo en cuenta que en España teníamos delante una tasa de paro brutal.

En el Estado de bienestar (en España, del medio estar) el poder público pudo articular políticas fiscales que gravaban la renta y el patrimonio para moderar las diferencias de ingresos y riqueza impuestas por la rentabilidad financiera, mientras que renunciaba al control de la propiedad de los medios de producción. Pero las condiciones que permitieron ese pacto al terminar la II Guerra Mundial ya no existen; la derecha económica no teme nada que la obligue y está claro que no está por la labor.

Tampoco nada que tenga que ver con la recuperación del Estado de bienestar está detrás de los miles de millones que la UE, el BCE y el FMI destinan ahora a superar la crisis motivada por la pandemia. Las medidas anunciadas, los créditos y los avales solo mejoran los beneficios de la Banca, debidamente garantizados por los Tesoros Públicos de cada Estado.

Sarkosy dijo en relación a la crisis en 2008 que había que refundar el capitalismo. Nada se hizo cuando el miedo del capital desapareció. Macron dice ahora que habrá que cambiar muchas cosas. Veremos. Pero, como ejemplo y síntoma, el empresariado español ha renunciado a cambiar el modelo productivo perverso que originó consecuencias tan graves para los trabajadores españoles en la crisis de 2008. Han seguido con la especulación inmobiliaria, el turismo de baja calidad, los salarios bajos y precarios y las escasas medidas de salud laboral, rasgos más significativos pero no únicos del mismo. Ahora ese turismo está gravemente herido. Veremos.

Y es que para muchos empresarios solo existe el corto plazo, justo lo necesario para recoger el fruto de lo invertido.

Por su parte, las fuerzas políticas de la derecha han puesto en marcha un modelo de oposición sin equivalente en Europa. Todo vale, incluso la falacia y el insulto personal. Pero lo más grave es que los autollamados constitucionalistas orillan la Constitución y en no pocos casos se la saltan. No muestran la más mínima lealtad institucional. Sin embargo, las fuerzas que integran el Gobierno de Coalición sí mantienen una crítica constructiva en los gobiernos autonómicos en los que no están presentes. La Comunidad de Madrid es un ejemplo. 

Posiblemente, el Gobierno central debería extender esa lealtad a la sociedad y priorizarla informando de las competencias y responsabilidades concretas de cada parte (empezando por las muertes en las residencias).

Este es el “medio ambiente” realmente existente para cualquier proceso de reconstrucción económica y social.

¿Qué pactos?

Con este contexto el Gobierno ha propuesto unos nuevos Pactos de la Moncloa. Reconozcamos que la figura, buscada como éxito mediático, escondía un fracaso político en las condiciones actuales. Ni los objetivos ni las circunstancias son las mismas y lo han subrayado ya numerosos trabajos publicados.

Pero no es menos cierto que las exigencias de la reconstrucción del país exigen acuerdos. Máxime cuando la mayoría parlamentaria es débil y el relato del Gobierno no consigue, esperemos que lo haga, encabezar el consenso social.

Hay un punto de partida. El Gobierno es legal y legítimo y su programa tiene todo el derecho a ser desarrollado porque está respaldado democráticamente. Lo contrario sería un golpe de Estado.

Pero las necesidades que plantea la reconstrucción del país serán enormes y no están aún escritas. Por tanto, hay espacio y recorrido para la negociación. El primer campo para el acuerdo serán los próximos Presupuestos Generales del Estado, que deberán iniciar las políticas de reconstrucción. El Fondo Monetario Internacional ha señalado una disminución en el PIB de 8 puntos y un aumento del paro hasta superar el 20%. Son cifras discutibles, pero incluso se superarán si la terapia es la de 2008. 

Sólo es posible iniciar la reconstrucción con políticas de aumento de la demanda interna (las posibilidades de crecimiento del comercio internacional y de las exportaciones en las actuales circunstancias son utópicas). Esto sólo se consigue haciendo crecer salarios y pensiones, poniendo en marcha nuevas políticas de rentas sociales, aumentando la inversión púbica y aumentando la dotación presupuestaria de los servicios públicos. Simplemente hasta las cifras medias de la UE, algo no excesivamente bolivariano. Y para ello aumentar los ingresos mediante medidas suficientes, justas y más progresivas de contribución fiscal. Este es un primer campo para el acuerdo.

La reconstrucción del país está profundamente ligada a las exigencias del cambio climático y al papel creciente de la robotización, la inteligencia artificial y la digitalización. Esas exigencias plantean “nuevos mercados”, en esta ocasión frescos, poco maduros. Aquí hay espacio para acuerdos ganador-ganador (con envergadura estratégica para la reconstrucción y el cambio de modelo productivo) entre los trabajadores y los sectores del empresariado que aún defienden que el capitalismo tiene un papel en el avance social.

Determinados servicios públicos también pueden ser objeto de pactos. Los ejemplos más evidentes son la sanidad, la educación y la economía de cuidados (incluyendo aquí la reformulación radical del modelo de residencias de mayores).
Igualmente, la reconstrucción de la economía productiva, en la que lo público habrá de jugar un papel articulador y la economía social deberá ser impulsada. Se trata de garantizar la soberanía alimentaria, pero también la farmacéutica y de instrumental sanitario, la energética y la financiera, entre otras. 

Habrá que hacer también acuerdos para lograr un mayor equilibrio territorial en la reconstrucción y, en ese marco, resolver las grandes cuestiones que plantea la España vaciada y el hábitat urbano.

Y, finalmente, un Pacto político con las fuerzas españolas para intervenir en las instituciones europeas pero también con los correligionarios de otros países e incluso con otros Estados.

En definitiva, un abanico de pactos diferentes con geometría variable, abiertos a todas las fuerzas políticas pero a ser cerrados con quienes lo deseen, también con agentes sociales diferentes, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Universidades y centros de investigación, y organizaciones sociales. En el fondo, pactos concretos con la ciudadanía, abiertos a todos, pero ante los que cada fuerza queda retratada y responsabilizada en su práctica política. Pactos que han de ser propuestos y liderados por el Gobierno por principio democrático fundamental.

Es difícil, pero es la mejor forma de hacer posible lo que es necesario.

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