Pensionistas: retos y límites
26.03.2019
Recientemente, la Unión Europea ha dado luz verde a los Planes Paneuropeos de Pensiones Privadas
(PEPP). El objetivo es fomentar el ahorro de las familias y derivarlo
al mercado de capitales. En lugar de garantizar pensiones públicas
suficientes en los estados, y eliminar desgravaciones fiscales a fondos
de pensión privados, se aprueban más medidas para sustituir los sistemas
públicos de reparto y solidaridad entre generaciones a favor de la
capitalización privada.
Este poder político de bancos,
aseguradoras, y fondos de inversión, esta detrás, también, de las
reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 y 2013. Revertir
estas reformas es nuestro primer reto, porque lenta y progresivamente
están minando el sistema público de pensiones . La reforma de 2011
aumentó la edad de jubilación hasta los 67 años, alargó hasta los 25
años el periodo para el cálculo, y restringió las jubilaciones parciales
y anticipadas. La reforma de 2013 suprimió la revalorización según la
carestía de la vida, e introdujo el factor de sostenibilidad que reduce
la cuantía de las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida.
El segundo reto, es el de regular por ley que las pensiones se
actualicen según el IPC, y que su financiación no se utilice como excusa
para empeorar el sistema, porque, en realidad, no hay un coste real
para el estado, dado que la inflación aumenta el gasto pero también los
ingresos. En lugar de tomar toda la vida laboral para rebajar las
pensiones, o retrasar la edad real de jubilación, se puede eliminar la
base máxima de cotización sin modificar las prestaciones, eliminar las
actuales bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social,
suprimir ayudas fiscales a fondos privados de pensiones, o financiar
parcialmente las pensiones mediante la imposición fiscal.
El
tercer reto, es reducir la profunda brecha de género. Toda una
generación ha trabajado desde niñas combinando el trabajo productivo,
sin protección ni cotización, con los trabajos reproductivos y de
cuidados, que nunca han sido reconocidos. La precariedad y los contratos
parciales tienen nombres de mujer. Además, las trayectorias laborales
discontinuas, en ausencia de políticas compensatorias, son
determinantes, por el embarazo, cuidado de menores, y lagunas de
cotización. Y la brecha generacional, porque la obligación de jubilarse a
los 67 años afectará mas a trabajadores con menor renta, justo el
sector que tiene menor esperanza de vida real, y bloquea el acceso al
empleo de los más jóvenes.
La movilización sostenida en el
tiempo, desde hace más de un año, esta siendo efectiva. Se están
revalorizando las pensiones según el IPC, algo más las mínimas, se ha
retrasado la aplicación del factor de sostenibilidad, facilitado el
aumento del salario mínimo, o popularizado los 1.084 euros que la Carta
Social Europea considera el umbral de la pobreza. Y lo más importante,
expresamos la oposición frontal a convertir el actual sistema público de
pensiones en un modelo asistencial de subsistencia.
Pero lo
que esta claro es que sin trabajo decente no se puede mantener el
sistema, porque las cotizaciones son su fuente principal de
financiación. Este vínculo entre los intereses de los pensionistas y los
del conjunto del movimiento obrero debe expresarse en un programa
común, que incluya la derogación de la reforma laboral del 2012, que ha
tenido un impacto decisivo en el déficit de la seguridad social. Una
reforma que ha debilitado la negociación colectiva, y agravado la
precariedad laboral y la depreciación salarial. Hoy día, la regulación
del trabajo a tiempo parcial es la principal fuente de fraude a la
seguridad social, junto con la falta de control de los 7 millones de
horas extras semanales que no se cotizan. Se esta dando la paradoja de
que aumenta la afiliación a la seguridad social mientras caen los
ingresos del sistema.
Un vínculo que es especialmente necesario
en Euskadi, donde la movilización ha sido significativamente mayor y
más unitaria, pero donde hay más fondos privados de pensiones. Un 45% de
los trabajadores, incluidas las plantillas de las administraciones
públicas, participan en EPSV de empleo, en las que la empresa aporta una
parte del salario diferido a cambio de que el trabajador aporte una
cantidad igual. Son aportaciones que, al no cotizar, no van a un fondo
común sino a un fondo privado, y cuentan con significativas ayudas
fiscales, reduciendo los ingresos para las pensiones públicas. Es
contradictorio reclamar un Sistema Público Vasco, al margen del sistema
estatal, mientras en la práctica se construye un Sistema Privado Vasco
financiado con recursos públicos.
Como decía Gabriel García Márquez: “No es cierto que la gente deja de perseguir sus sueños porque envejecen, envejecen porque dejan de perseguir sus sueños.” Los
próximos días 13 de abril y 11 de mayo, toda la clase trabajadora esta
convocada a defender un empleo digno y con derechos, y una pensión
suficiente al final de la vida laboral, una tarea común que hay que
coordinar en el marco europeo.
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