miércoles, 8 de mayo de 2024

TODO ES GEOPOLÍTICA: Rusia contra las armas nucleares OTAN, la "muerte" ...

Patronal, salarios e ilusiones financieras

 

A nadie le gusta pagar impuestos, pero nadie ¬–o casi nadie– se pregunta de dónde sale el dinero para pagar la educación de nuestros hijos o los médicos de nuestros abuelos. La patronal ha hecho una propuesta, que más que propuesta es una simplona ocurrencia. A nadie le gusta pagar impuestos, pero nadie ¬–o casi nadie– se pregunta de dónde sale el dinero para pagar la educación de nuestros hijos o los médicos de nuestros abuelos. La patronal ha hecho una propuesta, que más que propuesta es una simplona ocurrencia.


Patronal, salarios e ilusiones financieras


Ricardo Rodríguez

El Viejo Topo

8 mayo, 2024 


Hace unas semanas levantó bastante polvareda la propuesta del señor Antonio Garamendi de que los trabajadores percibieran no sólo el que se denomina salario neto, sino también el importe de la retención de IRPF y todas las cotizaciones sociales, tanto las correspondientes al trabajador como las que se pagan por cuenta de la empresa, para que luego fuese el mismo trabajador quien se encargara de efectuar los ingresos en el Tesoro Público. El objetivo sería, dijo, que los trabajadores adquiriesen conciencia del coste real de su salario.

El verdadero propósito de la sugerencia se encuadra dentro del persistente ataque a los sistemas tributarios que venimos presenciando de unos años a esta parte, dentro de una guerra más general de derribo de los restos del Estado social. Ni siquiera creo que se proponga en serio. Es improbable que la patronal ignore que la ejecución técnica de suprimir las retenciones fiscales en la fuente ocasionaría tal elevación de costes de gestión y menoscabaría de tal modo la eficiencia del sistema, que llevaría al Estado a la quiebra, lo que en nada aprovecharía a las empresas, desde luego.

Se están invirtiendo millones en campañas mediáticas y publicitarias que presentan los impuestos como una losa asfixiante para la ciudadanía. El deterioro creciente de los servicios públicos desde luego les ayuda, y la izquierda y el movimiento obrero deberían entender que o son capaces de reconstruir un robusto tejido de servicios comunitarios esenciales o estarán derrotados. Lo mismo cabría decir de la erosión de la progresividad. No se puede pedir que la gente desembolse cerca del 30 por ciento de sus ingresos de manera permanente si el retorno que viene del sector público se reduce a modestas transferencias para evitar que los muy pobres mueran de hambre y a alguna que otra regulación o subvención de precios, en tanto la sanidad, la educación o los transportes públicos se caen literalmente a pedazos, o mientras resulta bien visible la facilidad con que las grandes fortunas eluden el fisco.

Pero habría, a mi juicio, otras dos lecturas de la idea sobre las que quizá ni su autor haya reparado.

Para empezar, la propuesta patronal solamente es concebible, de manera tácita o explícita, si se parte de la noción marxista de salario. Concretamente, de aquella que se expone en la sección sexta del libro primero de El Capital. El presidente de la CEOE habló de la totalidad de los costes salariales y, unos días después, un análisis de abierto apoyo a la iniciativa firmado por Ricardo T. Lucas para Expansión llevaba por título “El Estado no quiere que el trabajador sepa todo lo que se queda de su sueldo” (Expansión, 15/04/2024). Afirmación que carecería de sentido si se refiriese en exclusiva al que se tiene por salario bruto (lo que percibe el trabajador más la retención de IRPF y su cotización social). Primero porque todas las cantidades retenidas e ingresadas en el Tesoro por cuenta del trabajador se consignan en su nómina. Segundo, porque el mismo Garamendi incluye en la propuesta las que se consideran cotizaciones por cuenta de la empresa.

Así pues, todo es salario, que de esta forma vendría a definirse, de acuerdo con Karl Marx, como el nombre especial dado al precio de la fuerza de trabajo que usual, y erróneamente, se llama precio del trabajo. Cuando un empresario contrata a un trabajador por el salario mínimo sabe que ha de pagar en torno a 1.700 euros mensuales, (el que se tiene por salario en sentido estricto más el tercio aproximado de cotizaciones sociales empresariales). Al empresario le da lo mismo entregar todo el dinero al trabajador que una parte al trabajador y otra a Hacienda, a la Seguridad Social o a una mutualidad. Para él todo es precio, para él todo es salario. En otras palabras, es parte del capital que destina a comprar la disposición temporal de la capacidad de trabajo de sus empleados, denominada por Marx capital variable, por contraposición al capital constante, porque tras el proceso de producción reproduce su equivalente y un excedente por encima de él al que se conoce como plusvalía.

Entendido esto así, la diferencia entre cotización empresarial y cotización del trabajador supone en gran medida una ficción jurídica sin contenido económico y la totalidad del coste de las pensiones resultaría estar financiándose con una parte del salario de los trabajadores. Aún más, cada rebaja de las cotizaciones empresariales supondría una rebaja encubierta y fraudulenta de salarios, salvo que los ingresos del trabajador se incrementaran en el importe exacto de la rebaja. ¿O el señor Garamendi quiere, caso de que se entregara todo el coste laboral al trabajador, que las rebajas de cotizaciones sociales menguaran sus ingresos? Uno ha de ser coherente con lo que propone.

Si no soportáramos al parásito del Estado, le vendría a decir la patronal a los trabajadores, ambos nos beneficiaríamos: vosotros cobraríais salarios más altos y nosotros incrementaríamos nuestros beneficios. No dice, naturalmente, que se reducirían los fondos destinados a la educación y la sanidad que de otra manera los trabajadores no podrían permitirse, o directamente al pago de pensiones que garantizan una vejez digna; ni que el aumento del beneficio empresarial se detraería de esa pérdida de derechos de los trabajadores sin que éstos ni mucho menos recuperasen en forma de salario líquido cuanto en salud y educación perdieran.

Y hay aún otra derivación importante.

La propuesta presume que la forma en que se recaudan algunos impuestos oculta al contribuyente la carga fiscal que soporta. Y esto es cierto como hecho general. Lo denunció hace más de un siglo el economista italiano Amilcare Puviani en su obra Teoría de la ilusión financiera, de la que en 1972 el Instituto de Estudios Fiscales sacó a la luz la única edición en castellano que conozco.

Pero el señor Garamendi se equivoca al apuntar a los tributos en los que esto sucede; ni el IRPF ni las cotizaciones sociales adolecen de opacidad alguna; serán más o menos justos, escasos o excesivos, pero diáfanos: representan un porcentaje de nuestros ingresos. Lo contrario sucede con los impuestos indirectos. Y no ya porque para la inmensa mayoría de nuestras compras cotidianas no se nos expida factura. Aunque dispusiéramos de factura de todos nuestros gastos, ¿quién sabe qué porcentaje de sus ingresos mensuales representa el IVA de la totalidad de sus compras?

Si la propuesta del señor Garamendi se aplicara al IVA y, en lugar de sernos repercutida la cuota del tributo por el peluquero o por el ferretero, Hacienda anotara todas y cada una de nuestras compras y nos cobrara el total de IVA a final de mes, saltaría a la vista que no sólo no es un tributo progresivo, sino que ni siquiera es proporcional. Su impacto es radicalmente regresivo. Un ejemplo extremo lo probará. Una persona que gane 1.000 euros al mes precisará de sus ingresos íntegros sencillamente para sobrevivir. Si supusiéramos un tipo único de IVA del 21% para simplificar el supuesto, estaría aportando al fisco más del 17% de todo lo que gana. Otra persona que ganase un millón mensual, no llevaría mal tren de vida si gastara 50.000 euros al mes. Ésta pagaría por IVA poco más del 0,8% de sus ingresos (el 17,35% de sus 50.000 euros de consumo). Así pues, ganando mil veces más que el primero y consumiendo 50 veces más pagará 20 veces menos impuesto. A lo que habrá que añadir que, dado que el IRPF privilegia las rentas de capital sobre las de trabajo, también tributará mucho menos por el rendimiento adicional que obtenga de su ahorro.

En esto consiste la ilusión financiera. Hemos admitido todos pacíficamente que el sistema tributario es más o menos progresivo, o al menos proporcional, porque en conjunto hay un peso similar de impuestos directos e indirectos, porque el tributo directo que más ingresos públicos aporta es también el más progresivo y porque tomamos a los indirectos por tributos aproximadamente proporcionales. Pero lo son sólo respecto a su base, que es la renta consumida, no respecto a la renta ganada, que es la que de verdad refleja nuestra capacidad económica.

Se trata de una ficción que conviene a la clase dominante y que articula el Estado, según nos avisó Puviani tan temprano como en 1903.

De lo que podríamos deducir que sí cabría aliviar la carga fiscal de la clase trabajadora y de las capas más modestas de la población sin, además, reducir los fondos destinados a bienes y servicios públicos. Bastaría con la nivelación completa en tributación directa de rentas de capital y de trabajo, la rebaja sustancial de impuestos indirectos y un aumento equivalente de los directos, amén de un gran incremento en la tributación de grandes patrimonios y rentas.

Si el señor Garamendi está dispuesto, ¿por qué no?

 

Fuente: elDiario.es

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La Educación Prohibida - Película Completa HD Oficial

martes, 7 de mayo de 2024

“Ya hay soldados franceses muriendo en el frente de batalla en Ucrania a...

TERRIBLE NOTICIA PARA UCRANIA: ODESA ES OBJETIVO DE RUSIA | PUTIN PRESID...

No hay dos sin tres

 

Miembros de COESPE, Eduardo Luque y Ramón Franquesa –su portavoz– nos advierten del chantaje al que quiere someternos la UE sobre las pensiones. Una pesadilla que regresa aunque nunca se haya demostrado seriamente que el futuro de las pensiones esté en peligro.


No hay dos sin tres


Eduardo Luque,   Ramon Franquesa

El Viejo Topo

7 mayo, 2024 

 


Porque no hay dos sin tres: Bruselas ataca de nuevo.


Lo había validado la propia Comisión Europea; lo habían refrendado el Fondo Monetario Internacional y la propia OCDE. La reforma que habían introducido José Luis Escrivá y Pedro Sánchez aprobada en marzo del 2023 solucionaría durante décadas, eso querían que creyéramos, el problema de las pensiones en nuestro país. Rememorando a Cervantes sería como aplicar el bálsamo de Fierabrás al “problema de las pensiones”.

Bruselas dio por buenos los cambios introducidos: entre ellos, la subida anual del IPC, o el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI) cuyo objetivo era nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Una vez más vemos como las instituciones europeas se desdicen. Y, como los malos augures que preguntaban al César qué convenía que dijeran los sacrificios, los nuevos adivinos, revestidos de una aparente cientificidad matemática, pronostican nuevas calamidades.

Sólo hace 12 meses que avalaron los anteriores informes; las medidas aún no han hecho efecto, pero ya se pretenden modificar. Paradójicamente los datos macroeconómicos de la economía española son buenos: en números de trabajadores dados de alta en la s/s, en ingresos por cotizaciones y en niveles de crecimiento del PIB….

La propuesta de la Comisión Europea en el informe de envejecimiento 2024 (Ageing Report) sorprende a propios y extraños. Los analistas del BBVA, nada proclives a ideas socializantes, señalan una grave carencia en el estudio. Bruselas no ha contemplado los ingresos adicionales que establece la reforma de Escrivá: el Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI), el incremento de ingresos derivado de la introducción de la cuota de solidaridad para los salarios más altos, la subida de la base máxima de cotización, ni la reducción de los gastos impropios a la que se ha comprometido el gobierno…

Todo apunta a que las reformas propuestas adolecen del rigor que se les debería suponer. ¿Cómo es posible que los datos que eran buenos hace pocos meses ahora no lo sean?

No nos equivoquemos; las instituciones europeas están en pie de guerra contra sus ciudadanos. Necesitan cada vez nuevas fuentes de ingresos. Es necesario sostener los altísimos niveles de corrupción, que salpican a las más altas instituciones de la Unión como la Comisión Europea (la compra de las vacunas toca de lleno a la propia Ursula von der Leyen) y, especialmente, mantener viva la guerra en Ucrania.

Vivimos una auténtica ofensiva de las instituciones europeas cuyo objetivo no es otro que introducir recortes sociales para financiar sus actuales y futuros conflictos. El ejército y el rearme europeo es ya un gigantesco pozo sin fondo donde caen sin control alguno los impuestos de los trabajadores y pensionistas europeos.

Es un asalto coordinado. Primero fue el Banco Mundial allá por 1994 quien en sus informes dio el pistoletazo de salida para la privatización de las pensiones públicas. El Fondo monetario Internacional tomó el relevo a continuación llegando a pronosticar, no menos de siete veces en los últimos 15 años, la quiebra de las pensiones, Por último, y más recientemente, ha sido la OCDE quien criticó al ejecutivo porque la hucha de las pensiones estaba casi vacía. Olvidó intencionadamente su papel: fue esta organización internacional la que validó y aplaudió (en época de Rajoy) el uso impropio del Fondo de Reserva.

Ahora, en el nuevo informe sobre envejecimiento que ha presentado la Comisión Europea se afirma lo contrario de lo que se anunció hace tan solo 12 meses.

Mientras, se negociaba la privatización de las pensiones que aprobó el Parlamento español el año pasado; Bruselas bendecía la operación como una solución al denominado ”problema de las pensiones”.

En realidad, y tal como habíamos denunciado, no era sino un primer paso para una reforma mucho más amplia y mucho más profunda de todo el sistema público de pensiones. El objetivo de la Unión Europea es reducir su cuantía, un objetivo que va mucho más allá de la mera privatización.

El informe de Bruselas sobre envejecimiento insiste en que los desequilibrios financieros obligarán a nuestro país a realizar nuevos ajustes a partir del año 2026, unos 12.000 millones de euros/año (prácticamente una paga de los jubilados actuales). En este momento, según las cuentas de este organismo europeo, la nómina mensual de pensiones en nuestro país alcanza unos 13.000 millones por 14 pagas. De nuevo la justificación es la necesaria disminución del déficit público; Bruselas nos obligaría a que el gasto en pensiones no sobrepasase el 13,3% del PIB.

Según esos cálculos el costo de las pensiones en relación al PIB ascendería, si no se introducen sus medidas, al 17,3% del PIB en 2050. Para descender en el 2070 ¡¡¡dentro de 46 años!!! al 16,7%. Curiosos técnicos estos que son incapaces de acertar con la inflación en el trimestre inmediato, pero que, tras “sesudos” análisis, saben cuál será el peso de las pensiones en el PIB dentro de casi medio siglo.

Basándose en esos cálculos, al superar la frontera del 15% tal como señala la propia ley de Escrivá, se dispararía un sistema automático de recortes (unas 8 décimas) para alcanzar el citado 13,3% del PIB.

La Comisión Europea pretende de forma progresiva varios objetivos: la reducción de la Tasa de Prestación (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio) que habría de bajar del 64% en 2022 al 51% en 2070. También se busca aumentar sustancialmente la Tasa de Dependencia (porcentaje

de mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar) lo que equivale a un aumento de los años de trabajo en 4,8 años. Las jubilaciones, en ese momento y con esa propuesta, superarían los 70 años. También se propone no indexar las pensiones al IPC anual con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, y por último se busca la reducción de la Tasa de sustitución (porcentaje entre el último salario recibido y la primera pensión, que actualmente hemos conseguido que se mantenga muy por encima del 80%)

la Comisión Europea sostiene –no puede ser de otra forma– que los responsables son los pensionistas por haber impuesto la retirada del factor de sostenibilidad aprobado por el PP y conseguir ligar, aunque con ligeras pérdidas de poder adquisitivo, las pensiones al incremento del IPC.

La comisión (no olvidemos que está controlada por el PP europeo) considera inconcebible que las pensiones subieran en el 2022 un 8,5%. Las instituciones europeas con su miope vista suspiraban por el 0,25% Impuesto por Rajoy.

Atados como estamos a la rueda de los fondos Nex generation, Bruselas vuelve a chantajearnos. Si queremos recibir el cuarto pago, unos 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, debemos introducir ajustes que recorten el gasto en pensiones. Este paquete se llevaría al Consejo de Ministros el 20 de mayo.

El Ejecutivo obedecerá las órdenes provenientes de Bruselas y es por ello que la ministra Sáez envío en el mes de abril un documento a los agentes sociales en el que ya se proponen ideas nuevas sobre «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión”.

Las reacciones de Bruselas muestran que la lucha pensionista ha conseguido algunas victorias, que aunque parciales, cuestionan los planes de los grandes grupos de poder financieros. Desde COESPE sabemos que no ha sido poco lo conseguido porque el enemigo es enorme. Vamos a seguir perseverando porque nuestras acciones muestran que es posible conquistar victorias, aunque sean pequeñas.

Con nuestras fuerzas y a pesar de la oposición de las grandes burocracias sindicales y algunos partidos políticos a los que molestamos, estamos metiendo miedo, son ellos los que han de demostrar la validez de sus argumentos porque nosotros les estamos ganando el relato.

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Feijóo o el hooliganismo en política

 

Feijóo o el hooliganismo en política

 


Por Agustín Moreno

Rebelion / España

07/05/2024 

 


Fuentes: eldiario.es


El problema sigue estando ahí. Unas derechas muy ultras a las que se les llena la boca de con la palabra “democracia” cuando no tienen el poder, porque consideran que la democracia son ellos. Intentan derribar al Gobierno de España con una campaña de deslegitimación continua, plagada de bulos y bárbaros ataques

A Sánchez el partido se le estaba yendo de las manos por la agresividad del equipo contrario, cuando decidió pedir tiempo muerto. Algunos llegaron a pensar que tiraba la toalla y se acababa el partido, pero no. Se trataba de detenerlo y poner en evidencia el juego sucio del rival. Era una manera de dar la vuelta a la situación y tener el balón. Pero ganar tiempo no sirve de nada sin agrupar las propias fuerzas, tensionar a la hinchada para que anime y recuperar la iniciativa.

El dilema era seguir aguantando la brutal ofensiva del contrario o plantarle cara con una nueva estrategia.  Tenía claro que las únicas batallas que se pierden son las que no se dan. El objetivo era rechazar el peligroso juego e intentar garantizar que los árbitros no sean parciales. La afición al baloncesto del presidente del Gobierno le ha debido inspirar este movimiento de parar para recuperar el balón, maniobra que puede ser discutible para algunos pero que ha puesto a la derecha a la defensiva. Ya lo hizo tras el 28 de mayo y le funcionó, pero ahora o hay un cambio de estrategia o no servirá de mucho. 

Pero el problema sigue estando ahí. Unas derechas muy ultras a las que se les llena la boca de con la palabra “democracia” cuando no tienen el poder, porque consideran que la democracia son ellos. Intentan derribar al Gobierno de España con una campaña de deslegitimación continua, plagada de bulos y bárbaros ataques. Son incapaces de reconocer ningún logro ni siquiera en la marcha de la economía: no les importa que crezca el empleo y su estabilidad o que España adelante a la eurozona en la recuperación del PIB tras la pandemia. Siguen con su matraca de que este es el peor Gobierno de la historia de España, aunque se sitúen a la derecha de la realidad y del sentido común. Con ellos, no estamos en democracia, estamos en demagogia y urgencia. 

Este ataque se resume en la imagen de un Núñez Feijóo acusando a Pedro Sánchez de ser como Franco y a su gobierno legítimo una dictadura. Menos mal que llegaba para modernizar al PP. No basta decir que le marcan el paso Aznar, Ayuso y Abascal, que se precipitaron a opinar antes que él sobre la decisión de Sánchez de continuar. Feijóo se encuentra cómodo en la hipérbole y parece que MAR le asesora. Practica un hooliganismo político que es muy peligroso cuando mucha gente, colocada en condiciones de supervivencia por el sistema, está entre el miedo y la ira. 

Hay que preguntarse por qué es tan difícil que haya en España una derecha moderna y europea. Para ello hay que bucear en las raíces franquistas y en el modelo de transición. Es muy interesante para encontrar las claves, estudiar el análisis comparativo de la construcción de la democracia en España y Portugal que hace Robert Fishman en su obra “Práctica democrática e inclusión” (Ediciones Catarata, 2021).

Lo cierto es que parece que vivimos el coleteo del “atado y bien atado”: a medida que pasa el tiempo, en vez de disolverse el franquismo bajo el desarrollo de la modernidad social, ocurre lo contrario, aparece cada vez más como elemento que constituye el núcleo de una derecha que se reproduce a sí misma. Hasta la ONU se acaba de pronunciar sobre la agenda negacionista de PP Vox atacando la memoria democrática en las CCAA.  Lo dijo gráficamente Rafael Chirbes antes de morir: “es como si hubiesen tenido el cadáver del dictador en el fondo de la charca y se hubieran decidido a cortar la cuerda para que saliera a flote, trayéndonos toda su pestilencia” 

Mantener el Gobierno por mantenerlo no tiene demasiado sentido. El único, evitar que tome el poder la derecha y haga un destrozo con los logros sociales, pero eso no es suficiente. A pesar de la complejidad de los apoyos parlamentarios, se trata de desarrollar un programa avanzado de regeneración democrática y de reformas sociales para la modernización del país. La tarea principal que tiene el actual Gobierno de coalición y sus socios de la investidura es ir en serio. 

Ello pasa por la derogación de la ley Mordaza para fortalecer los derechos y libertades de la ciudadanía, la renovación sin más demoras del Consejo General del Poder Judicial para garantizar la Constitución y la independencia judicial, y medidas para combatir la intoxicación con bulos y mentiras. Por una estrategia decidida de reconquista de lo público y de mejora de la sanidad y la educación, políticas medioambientales y de lucha por la descarbonización, un nuevo modelo económico que fortalezca la industria y sea sostenible, una política fiscal con mucha mayor progresividad fiscal que grave a la banca y grandes capitales, avances en la laicidad del estado y supresión de todo tipo de privilegios. 

Un tema clave es dotar a la ciudadanía de espíritu crítico, como vacuna frente a la manipulación mediática y política. Eso pasa por una educación pública universal, plural, laica y democrática y cuestionar la doble red privada sostenida con fondos públicos que juega un papel segregador y adoctrinador.  

Además de la desestabilización del Gobierno, el segundo objetivo que las derechas ultras persiguen, es provocar desafección política y alejamiento ciudadano con una tensión y un ruido insoportable. Esto es muy viejo. Ya nos advertía hace un siglo de estas estrategias, Antonio Machado, que decía: “Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.

Hay que explicar de nuevo la relación entre la política y las cosas de comer, es decir, sobre lo que realmente importa. Por ejemplo, si una persona es operada de corazón o de cadera, vive o anda no gracias a la ciencia sino a la política; porque, aunque la técnica quirúrgica esté muy desarrollada, si no tiene dinero quizá no se la apliquen, a no ser que la política decida que hay sanidad universal para todos. Esta es la grandeza práctica de la política que no se puede perder.     

La desconfianza hacia la política es una característica de los momentos de derrota y la peor derrota es la pérdida de la esperanza. Es peligroso pasar de política. Hannah Arendt se preguntaba si la política tiene aún sentido y concluía que el totalitarismo era la desaparición de la política. Fin de la política, fin de la historia. Por ello, no se puede dejar ni la política ni la calle en manos de la derecha. 

Es preocupante lo que está pasando y convendría que todos hiciéramos un esfuerzo por reconducir la situación. En mi breve paso de dos años por la política institucional, cuando me despedí en la Asamblea de Madrid hacía la siguiente recomendación a sus señorías: “Guarden siempre un tono de respeto y de escucha. No olvidemos que la democracia no es otra cosa que la capacidad de diálogo civilizado. Los modos y la ética deben ser parte fundamental de la democracia y de la política, porque la política sin ética es simple politiqueo y un club de cínicos. Y porque las instituciones sin respeto se convierten en una cesta de cangrejos que aleja a la ciudadanía de la política y erosiona la democracia”.

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lunes, 6 de mayo de 2024

MÁXIMA TENSIÓN EN UCRANIA: RUSIA ANUNCIA LOS PRIMEROS EJERCICIOS NUCLEAR...

Hablar sobre Palestina

 

Las élites del Norte global tratan de amordazar las voces que defienden al pueblo palestino ante el genocidio israelí. Influyen en los medios, y reprimen a los que se manifiestan. Alemania y Estados Unidos están a la cabeza de la represión.


Hablar sobre Palestina


Vijay Prashad

El Viejo Topo

6 mayo, 2024 



LAS ÉLITES DEL NORTE GLOBAL TIENEN DE HABLAR SOBRE PALESTINA

 

Las bombas israelíes siguen cayendo sobre Gaza, asesinando civiles palestinos a mansalva. Al Jazeera publicó un reportaje sobre la destrucción de 24 hospitales en Gaza, cada uno de ellos bombardeado sin piedad por el ejército israelí. La mitad de las 35.000 personas asesinadas por Israel eran niños y niñas, y sus cadáveres se acumulan en las saturadas morgues y mezquitas de Gaza. El ex secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, declaró a Newsnight de la BBC que el pueblo palestino está sufriendo un “castigo colectivo” y que lo que estamos viendo en Gaza es “probablemente la tasa de asesinatos más alta de cualquier ejército, desde el genocidio ruandés de 1994”. Mientras tanto, en la sección palestina de Cisjordania, Human Rights Watch muestra que el ejército israelí ha participado en el desplazamiento de palestinos de 20 comunidades y ha desarraigado al menos siete comunidades desde octubre de 2023. Estos son hechos probados.

Sin embargo, estos hechos – según un memorando filtrado – no pueden ser mencionados en el “periódico oficial” de los Estados Unidos, el New York Times. Se pidió a los periodistas de este diario que evitaran los términos “genocidio”, “limpieza étnica” y “territorio ocupado”. De hecho, en los últimos seis meses, los periódicos y programas de televisión de los Estados Unidos han escrito generalmente sobre la violencia genocida utilizando la voz pasiva: cayeron bombas, murió gente. Incluso en las redes sociales, donde el terreno suele estar menos controlado, el hacha cayó sobre frases clave; por ejemplo, a pesar de su constante apología de la libertad de expresión, Elon Musk dijo que términos como “descolonización” y frases como “del río al mar” estarían prohibidas en X.

 

Silencio en los campus universitarios

En la Universidad del Sur de California (USC), Asna Tabassum, una estadounidense de origen sudasiático, iba a pronunciar un discurso en el campus ante 65.000 personas, como valedictorian de la promoción de 2024. Por estar involucrada en las discusiones en torno a la guerra israelí contra los palestinos, Tabassum fue blanco de activistas proisraelíes que afirmaron sentirse amenazados. Basándose en este sentimiento de peligro (la universidad se negó a revelar su fuente) la USC decidió cancelar su discurso. En una respuesta reflexiva, Tabassum –que se especializó en ingeniería biomédica e historia (con una especialización en resistencia al genocidio)– instó a sus compañeros y compañeras “a pensar con originalidad, a trabajar por un mundo en el que los gritos de igualdad y dignidad humana no se manipulen para convertirlos en expresiones de odio. Nos retó a responder a la incomodidad ideológica con diálogo y aprendizaje, no con fanatismo y censura”. Tabassum tiene 21 años. El preboste de la USC que canceló su discurso, Andrew Guzman, tiene 56 años. Sus razones para anularla son menos maduras que su llamado al diálogo.

Estudiantes universitarios de todos los Estados Unidos han intentado desesperadamente concientizar sobre lo que está ocurriendo en Gaza y han tratado de conseguir que sus campus se desliguen de empresas con inversiones en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados. Las primeras protestas fueron toleradas, pero luego los políticos estadounidenses se involucraron con audiencias en el Congreso y comentarios temerarios acerca de que estos estudiantes estaban siendo financiados por chinos y rusos. Los administradores universitarios, temerosos de sus donantes y de la presión política, cedieron y comenzaron a censurar a los estudiantes de un extremo del país (Universidad de Columbia) al otro (Pomona College). Los presidentes universitarios invitaron a los departamentos de policía locales a sus campus, les permitieron arrestar a los estudiantes y los suspendieron de sus universidades. Pero el ambiente es innegable. Los sindicatos estudiantiles de todo el país –desde Rutgers hasta Davis– votaron para obligar a sus administraciones a desinvertir en Israel.

 

¿Qué es repugnante?

El 12 de abril de 2024, la policía de Berlín clausuró una conferencia sobre Palestina que reunía a personas de toda Alemania para escuchar a diversos oradores, quienes venían de otras partes de Europa y de Palestina. En el aeropuerto, la policía detuvo y luego deportó al médico británico-palestino Ghassan Abu Sitta, que había trabajado como voluntario en Gaza y había sido testigo directo de la guerra genocida. El ex ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis iba a pronunciar un discurso en la conferencia. No sólo se le impidió dar ese discurso, sino que también se le impuso un betätigungsverbot –o prohibición de cualquier actividad política en Alemania (prohibición de entrada en Alemania y prohibición de hacer un acto en línea). Esto, dijo Varoufakis, es esencialmente la “sentencia de muerte de las perspectivas de la democracia en la República Federal de Alemania”.

Unos días antes de la conferencia de Berlín, la profesora Jodi Dean publicó un ensayo en el blog Verso titulado “Palestina habla por todos”. El ensayo se basa en la simple, e inobjetable, idea de que los pueblos oprimidos tienen derecho a luchar por su emancipación. Esta es la base de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, también citada con frecuencia por Varoufakis. Al día siguiente de la clausura de la conferencia sobre Palestina en Berlín, el empleador de Jodi Dean, el presidente Mark Gearan de Hobart and William Smith Colleges en los Estados Unidos, publicó un comunicado en el que anunciaba que la profesora Dean no podía impartir el resto de sus clases este semestre. Gearan escribió que no sólo estaba en “completo desacuerdo” con Dean, sino que también encontraba sus comentarios “repugnantes”. Es interesante que, desde octubre, Gearan sólo haya hecho una declaración pública condenando a Hamás, pero nada sobre la horrenda violencia genocida contra los palestinos.

¿Qué escribió Jodi Dean que fuera tan “repugnante”? Gearan se centró en la palabra “estimulante”, que Dean utilizó para describir su reacción ante los parapentes que sobrepasaron la valla de ocupación israelí que rodea Gaza. En realidad, Dean no celebró los atentados del 7 de octubre, sino que se limitó a utilizar los parapentes como metáfora para considerar la política de esperanza y liberación desde un punto de vista palestino (citando el último poema de Refaat Alareer, asesinado por Israel el 6 de diciembre de 2023, con su meditación sobre las cometas para resaltar la idea de elevarse por encima de la opresión). Gearan no quería un diálogo sobre la ocupación ni sobre el genocidio. Al igual que los directores y editores del New York Times, al igual que el Gobierno alemán y al igual que otros presidentes de universidades estadounidenses, Gearan quería restringir la conversación. El alegato de Tabassum a favor del “diálogo y el aprendizaje” fue amordazado. Demasiado asustadas para hablar realmente de Palestina, personas como Gearan prefieren “el fanatismo y la censura”.

Fuente: Globetrotter

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Olvidos que hablan

 

La huelga general del 94 y las Marchas de la Dignidad


Olvidos que hablan

 

 

Manuel Cañada Porras

REBELION / ESPAÑA

03/05/2024 



Fuentes: Rebelión

“Lo que asusta a los capitalistas es la historia de los obreros, no la política de las izquierdas. A la primera la enviaron con los demonios del infierno, a la segunda la recibieron en los palacios de gobierno. Y a los capitalistas hay que darles miedo”

Mario Tronti

El Primero de Mayo es la “Pascua Obrera”, la fiesta de los olvidados y omitidas de todo el mundo, el día en el que se renueva la promesa de una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados. Es una fecha arrancada a los poderosos, “tal vez la única mella indiscutible que un movimiento secular ha hecho en un calendario cristiano o en cualquier otro calendario oficial”, afirmaba el historiador inglés Eric Hobsbawn. Y es también un día de memoria, de combate contra la gran máquina del olvido, que pretende arrinconar la esperanza de otro mundo y nos invita permanentemente a adherirnos al candoroso y universal imaginario de la clase media.

“La clase obrera ha sido derrotada no sólo porque el trabajo productivo ha perdido su centralidad, sino porque toda una historia ha sido primero empequeñecida, luego demonizada y finalmente liquidada”. Es Mario Tronti, uno de los grandes filósofos militantes que puso en pie el obrerismo en Italia en la década de los sesenta y setenta, quien nos alerta sobre la importancia de defender y rescatar la historia de la clase obrera, una historia marcada por el estrecho vínculo entre identidad y conflicto. El poder, con su legión de olvidadores y olvidadizos, en las academias, en los grandes medios de comunicación e incluso en los aparatos sindicales y políticos de la izquierda, se encarga de ir borrando las huellas de la autonomía de clase, el rastro de las luchas del mundo del trabajo.

Algunos olvidos llaman la atención especialmente. La amnesia es tan desmañada, tan burda, que los hechos silenciados nos interpelan aún más y nos reclaman que recuperemos su recuerdo. Es el caso de dos acontecimientos muy importantes para la clase obrera en España que, sin embargo, parece que han sido condenados al ostracismo. Resulta muy revelador que en un ecosistema mediático y político tan fetichista de las efemérides y en especial de aquellas asociadas a aniversarios con cifras redondas, sin embargo, tanto la huelga general del 27 de enero de 1994 como las Marchas de la Dignidad que colapsaron Madrid el 22 de marzo en 2014, hayan pasado desapercibidas casi por completo. En el primer caso se trata de la huelga general secundada por el mayor número de trabajadores desde la recuperación de la democracia; incluso, según las propias fuentes oficiales, más que en la huelga del 14 de diciembre de 1988. Y por lo que se refiere a las Marchas de la Dignidad la movilización iniciada por 8 columnas desde todos los rincones del país fue capaz de juntar a más de un millón y medio de personas, representando el punto más alto del ciclo de intensas protestas que viviera España entre 2011 y 2015, al calor del seísmo que abrió el 15M.

Evoquemos aunque sea de forma somera ambos acontecimientos, rastreemos su genealogía y su significado, evitemos que nos roben incluso la historia de la que hemos sido partícipes o testigos, alimentemos las luchas del presente con su aliento generoso. Articular históricamente el pasado, ya lo advirtió Walter Benjamin, “significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro”.

La huelga general del 94, una victoria transformada en derrota

La huelga no contará con el golpe de efecto del fundido a negro en TVE, como sí ocurriera en 1988, en el mítico 14D, pero sí gozará de un enorme respaldo. Una encuesta del propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vinculado al gobierno, reconocerá que el 67’3% por 100 de los trabajadores participaron en la huelga. El 27 de enero los centros y polígonos industriales de toda España pararán de forma prácticamente unánime y también lo hará de forma muy elevada el sector de transporte de pasajeros y mercancías. Como ha subrayado el historiador Gonzalo Wilhelmi la participación tanto en la huelga como en las manifestaciones al cierre de la jornada serán masivas: 250.000 trabajadores recorrerán las calles de Madrid, otros tantos en Barcelona, 125.000 en Vigo, 20.000 en Murcia… Y todo ello a pesar de enfrentarse a la activa oposición del gobierno y de la patronal, a casi todo el arco parlamentario -exceptuando a Izquierda Unida- y a la campaña de estigmatización en los medios de comunicación. La jornada se saldará con un importante número de detenidos, muy superior a huelgas anteriores. En Burgos, el militante de UGT Lucinio Núñez, de 42 años, fallecerá al ser atropellado cuando formaba parte de un piquete. Nicolás Redondo, el histórico dirigente de la central socialista, que asiste al funeral, declara: “conviene aclarar cuanto antes lo ocurrido, para determinar si la muerte fue un accidente o si obedeció a la satanización de los piquetes informativos por parte del Gobierno y de la patronal CEOE, y al tratamiento despiadado que han dado algunos medios de comunicación a la jornada de huelga. Es intolerable que en un país que se dice democrático se pueda criminalizar a los piquetes».

En 1994 se producirá “la última gran huelga obrera con trascendencia real” durante el periodo democrático, en palabras de Sergio Gálvez. La huelga responde a la reforma laboral más profunda que llevará a cabo el gobierno de Felipe González. Entre las medidas lesivas para la clase trabajadora que recoge la reforma se incluyen algunas de tanto calado como la legalización de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), la institucionalización de los contratos basura (por ejemplo, un nuevo contrato de aprendizaje para jóvenes de hasta 28 años, sin derecho a baja por enfermedad ni a prestación por desempleo), más facilidades a los empresarios para poder ampliar la jornada máxima de 9 a 12 horas o para poder imponer la movilidad geográfica o funcional, la minoración del precio de las horas extra o la reducción de la indemnización por despido… Se trata en definitiva de toda una batería de nuevas normas que ahondan en la política neoliberal que el PSOE viene desplegando desde los años ochenta y que la adhesión al Tratado de Maastricht en 1992 no ha hecho sino reforzar.

Es “una cultura impropia de la izquierda”, señalará Nicolás Redondo refiriéndose al anterior atropello, el decretazo de 1992, que endurecía las condiciones para acceder al subsidio de desempleo y reducía su cuantía. La reforma laboral del 94 es, como indica también el dirigente de CCOO Agustín Moreno, “mucho más que un conjunto de leyes, es un modelo social que se aleja del concepto de Estado democrático y social (…) Miseria despojada de esperanza, que diría Paul Eluard”. El gobierno de Felipe González ha asumido con entusiasmo el neoliberalismo. Modernización, competitividad y flexibilidad son las palabras preferidas que entonarán los ministros de Economía, Boyer, Solchaga o Pedro Solbes; eufemismos amables que encubren la apuesta decidida la sociedad insolidaria, el darwinismo social y la desregulación laboral que representa esta modalidad de turbocapitalismo.

En junio de 1993 el PSOE había perdido por primera vez la mayoría absoluta, podía elegir entre aliarse con Izquierda Unida o con Convergencia i Unió. Pero para González no hay duda posible, se trata de ahondar el camino elegido y para ello la compañía natural es la burguesía catalana que representa como nadie Jordi Pujol. Un camino que exige además “desarticular cualquier vestigio de resistencia colectiva que pueda dificultar que el capital se mueva a su antojo”.

El gobierno desoyó por completo el clamor de la huelga general. Había que liquidar el poder sindical, que había fortalecido sus posiciones tras la unidad trenzada entre UGT y CCOO en los últimos años. “Es cierto, como el Gobierno dice, que la sociedad exige otro tipo de sindicalismo”, editorializará el periódico ABC por entonces, mostrando a las claras la sintonía de los sectores de la derecha conservadora con los objetivos de la dirección del PSOE.

Tras la huelga general del 27 de enero la presión política quiebra a los sindicatos mayoritarios. Agustín Moreno lo recordará así: “La huelga fue un éxito. El error fue que no tuvo continuidad y que los convenios no podían parar una reforma de ley. Aquello provocó una profunda división en CCOO.Aprovechando las divisiones por estrategia en los sindicatos, hubo una auténtica operación desde el poder económico y político para desmontar el poder real y el prestigio de los sindicatos. En UGT, liquidaron a la dirección que encabezaba Nicolás Redondo con la excusa de la cooperativa PSV. CCOO culminó en su VI Congreso de enero de 1996, con la defenestración de Marcelino Camacho y la marginación y persecución del «sector crítico».

El sindicalismo de clase, que había sido la punta de lanza en la lucha antifranquista, que había arrancado importantes mejoras en el Estado del Bienestar y había constituido el principal núcleo de resistencia a las políticas neoliberales, era cooptado de forma progresiva por el poder. El historiador Sergio Gálvez da cuenta de la envergadura de la transformación: “El VI Congreso Confederal de CCOO en 1996 no sólo se llevó por delante la presidencia honorífica de Marcelino Camacho, sino que sobre todo apostó por un nuevo sindicalismo de servicios rompiendo toda una trayectoria histórica. Cambió el país, cambiaron los sindicatos. Los hechos, en adelante, hablan por sí solos”. Las direcciones sindicales acabarán imponiendo la “estrategia del sosiego”, subordinándose de forma creciente a los últimos gobiernos de González y a sus necesidades electorales. Paco Fernández Buey, que formará parte de la Plataforma por los Derechos Sociales, que se crea meses después de la huelga, retratará así el giro: “Hay quien ha elegido como estrategia dar voces diciendo que viene el ogro para asustar a los de abajo y pactar con los de arriba el disfraz que debe ponerse al ogro ya existente. Porque el ogro lo tenemos ya aquí. Hace tiempo que ha venido”.

Las Marchas de la Dignidad: sólo el pueblo salva al pueblo

Sorprende y mucho que el treinta aniversario de la huelga general del 94 haya pasado casi de incógnito pero resulta todavía más llamativo que, como el coronel de la novela de García Márquez, las Marchas de la Dignidad tampoco hayan tenido hasta la fecha quienes le escriban. Se han conmemorado los 10 años de la creación de Podemos y el 16 de junio el movimiento republicano saldrá a la calle para denunciar el décimo aniversario de Felipe VI pero, sin embargo, el recuerdo de las Marchas de la Dignidad permanece casi clandestino.

Aunque pueda parecer paradójico las razones de la ocultación mediática y política quizás estén relacionadas precisamente con la excepcionalidad del acontecimiento, con la singularidad de la convocatoria y de quienes la promovieron, con la alianza y formas de unidad que fueron capaces de poner en pie y con el programa que dibujaron; en definitiva, con la cantidad inmensa de energía social y política que el movimiento y la movilización que se levantó entre el verano de 2013 y el 22 de Marzo de 2014 consiguieron galvanizar.

Las Marchas nacían al margen del PSOE y de los dos grandes sindicatos, de CCOO y de UGT. El movimiento no lo promovía ningún grupo de intelectuales ni de audaces profesores universitarios. Ni contaba tampoco con grandes medios de comunicación que lo mimasen o amparasen. No surgía en ninguna sede institucional o partidaria, sino en la calle monda y lironda. Bebía en primer lugar, por supuesto, del impulso de las plazas, de la indignación del 15M, pero también de otras luchas anteriores y, sobre todo, posteriores a esa fecha emblemática.

Los arquitectos del prodigio eran los y las de abajo, los más jodidos, las más precarias. Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entrando a las grandes superficies comerciales a por carros de comida, poniendo el cuerpo, jugándose multas y talego, demostrando que la política de verdad está siempre donde menos se la espera. Las desahuciadas y desahuciados de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), humilladas por el crimen de la dación en pago, estafados por bancos e inmobiliarias, recorriendo el camino desde el espejismo del individualismo propietario a la ocupación colectiva de viviendas. Las valientes mujeres de la Corrala Utopía en Sevilla o de la Corrala Solidaridad en Almendralejo, las miles de personas que daban el paso de recuperar los pisos vacíos de la SAREB y de los bancos ladrones, que habían sido rescatados con dinero público. Los Yayoflautas, enfrentándose a los planes de saqueo de las pensiones y pasando el testigo de dignidad a los más jóvenes. Los trabajadores en huelga indefinida de Coca-Cola en Fuenlabrada o de Panrico, en Barcelona, plantando cara a las multinacionales, a sus matones y a sus planes de deslocalización. El barrio de Gamonal en Burgos que, dos meses antes de las Marchas de la Dignidad, se enfrentó derrochando coraje a los planes urbanísticos de los corruptos. Los interinos de las Mareas Verde y Blanca, defendiendo la educación y la sanidad públicas, desbordando el corporativismo y los límites del sindicalismo de concertación. Las marchas de los mineros de Asturias, de León y Teruel, denunciando la subcontratación, la precariedad y el clientelismo, abriendo el camino a Madrid con su ejemplo. Los barrenderos de Madrid, las Kelllys de Benidorm y las trabajadoras de ayuda a domicilio de Oviedo. Los marineros de la Central Unitaria de Traballadores (CUT) de Galiza, los ferroviarios de la CGT, los maestros de la Intersindical, los trabajadores de Telefónica de las COBAS y los del Metro de Solidaridad Obrera. El Centro Social Rey Heredia de Córdoba, el Eko de Carabanchel, La Casika de Móstoles, el Patio Maravillas y tantos otros centros autogestionados en todo el país. La parroquia de San Carlos Borromeo en Entrevías o la de Suerte Saavedra en Badajoz dando también cobertura a las asambleas del movimiento. La Coordinadora de Parados del Baix Llobregat reivindicando la renta garantizada y denunciando la pobreza energética. Los parados de Valladolid, reventándole el Congreso al Partido Popular y sufriendo el maltrato de los antidisturbios. Los Campamentos Dignidad de Extremadura, arraigando en la puerta de las oficinas de empleo y en las barriadas más machacadas, entrando en los parlamentos y en la televisión para denunciar el paro y la miseria.

Será ahí, en esos espacios y comunidades de lucha y en tantos otros similares, donde nacerían las Marchas de la Dignidad. Sí, también estaban en el impulso inicial las organizaciones de la izquierda y del sindicalismo alternativo, y ATTAC o el Frente Cívico, aportando experiencia, infraestructura y sabiduría organizativa, pero las Marchas nunca perderían el carácter de movimiento social. Esa será la primera gran anomalía. La clase obrera entraba en la escena. El movimiento popular caminaba ahora en gran medida sobre sus pies. “Ese es el movimiento plural, multiforme y vario que expresa la voluntad del cambio. Todo ello confluyó el 22 de marzo de 2014 en Madrid. Allí se plasmó la fuerza que, más organizada y cohesionada, puede a producir el cambio (…) Esta gente en el fondo, no sé si lo saben, pero están planteando una ruptura. No sé si se dan cuenta de que ellos son ya el proceso constituyente”. Julio Anguita veía en las Marchas de la Dignidad la posible plasmación de un contrapoder ciudadano que abriera un proceso constituyente.

La segunda singularidad del movimiento será su ductilidad y radicalidad programática. Las Marchas se dotarán de un programa sencillo y al tiempo ambicioso. Elevarse por encima de los estrechos horizontes del pan cotidiano, pero sin levitar nunca del pan cotidiano, decíamos en los Campamentos Dignidad. Pan cotidiano y horizonte, en ese vínculo se jugaría también la unidad de este movimiento de ruptura. La Asamblea del 18 de septiembre de 2013 caracteriza a la criatura que está naciendo como “marchas contra el paro, la precariedad, los recortes y la represión”. Los puntos que unirán al primer programa serán muy sencillos. La reivindicación del trabajo con derechos y la Renta Básica, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. La defensa de los servicios públicos, de la educación y la sanidad, el rechazo frontal a los recortes sociales, el derecho a la vivienda y la prohibición de los desahucios. Y ligado a todo ello el rechazo a la deuda ilegítima, a las políticas austericidas de la Troika y al engranaje del Régimen del 78. La denuncia de la corrupción y la exigencia de dimisión del gobierno figurarán también entre las primeras demandas. Pan, trabajo, techo y dignidad, ese será el lema que exprese en lenguaje llano la vocación de llegar a la mayoría de la población.

Pero junto al quiénes y al qué también adquiere una importancia fundamental el cómo, las nuevas formas de unidad que caracterizarán el despliegue del movimiento. Para empezar la convocatoria se plantea con muchos meses de antelación, para que dé tiempo a llegar al último rincón y colectivo social. Bola de nieve, acumulación sostenida de fuerzas, extensión territorial de la propuesta. Las marchas son en sí mismas una herramienta de solidaridad, unidad y de movilización allí por donde pasan. La solidaridad se aprende practicándola, organizando juntos la recepción de las marchas, las comidas o los espacios de alojamiento, aprovechando ese piquete móvil para acciones concretas de apoyo a la PAH o a los grupos que lo necesiten. Ocho columnas avanzarán hacia Madrid durante quince días en un clima de efervescencia popular.

Tras el aldabonazo del 15M, las Marchas de la Dignidad constituirán sin duda el segundo gran momento del ciclo de luchas que se levantará en España entre 2011 y 2015. Representarán una extraordinaria herramienta de alfabetización política y empoderamiento y esbozarán una alianza social de enorme calado. Los poderes tendrán plena conciencia de ello, de la potencia antagonista que supone esa tupida red de movimientos y por ello se aplicarán a reventarla. El 22 de Marzo, cuando la Solfónica aún toca en el escenario, un enorme dispositivo de la Policía Nacional arremeterá contra la multitud en la plaza de Colón, justo a tiempo de que esas imágenes entren en el Telediario. Según datos oficiales, como consecuencia de las cargas policiales e incidentes posteriores a la manifestación recibirán asistencia 67 policías y 34 manifestantes. Además se producirán 24 detenciones. El estigma de la violencia empezará a utilizarse contra las Marchas esa misma noche. Y la represión contra el movimiento popular se adensará en los meses sucesivos. Alfon, Andrés Bódalo, Raquel Tenías, los sindicalistas de Airbus, el Centro Social Can Vies, serán algunas de las víctimas de esta estrategia estatal coercitiva.

Dos meses después de las Marchas de la Dignidad, el 25 de mayo, se celebran elecciones europeas. El PP y el PSOE sufren una gran descalabro. Izquierda Unida crece tímidamente y Podemos irrumpe con fuerza. El temblor que han supuesto las Marchas de la Dignidad junto con el resultado electoral acrecientan el pánico de las élites, que maniobran con rapidez y destreza. El 2 de junio Juan Carlos I, cuya imagen se ha deteriorado rápidamente a causa de sus correrías cinegéticas y de diversos casos de corrupción, abdica y es relevado al frente de la Corona. En los años sucesivos los poderes de la oligarquía actuarán con determinación para conjurar los peligros, combinando la iniciativa política (creación de Ciudadanos, atemperamiento de las condiciones económicas impuestas por la Troika) y la represiva (la ley mordaza).

Las Marchas de la Dignidad sufrirán el nuevo escenario marcado por la centralidad de la lucha electoral. “El asalto institucional” se convertirá en el objetivo de las nuevas formaciones políticas. Pero la apuesta institucional mostrará rápidamente sus limitaciones. El electoralismo programático se impone sin reservas: la renta básica universal o el rechazo a la deuda ilegítima desaparecen de los programas políticos. Y, al tiempo que se produce un trasvase de cuadros desde los movimientos sociales a los partidos, se abre camino un discurso que menosprecia el papel transformador de los movimientos sociales y da por terminado el ciclo de la movilización social. En agosto de 2015, en una entrevista para la revista Encrucijadas, Íñigo Errejón lo expresará con nitidez: “Yo creo que cuando nace Podemos (enero de 2014) el ciclo de protesta estaba en reflujo, pero el único contra ejemplo que conozco son las Marchas de la Dignidad, que movilizan en Madrid a cientos de miles de personas el 22 de marzo de 2014, a dos meses de las elecciones europeas. En mi opinión es más bien el último coletazo del ciclo de acción colectiva abierto en el 15M”.

El electoralismo, la primacía de una concepción que limita la democracia a un proceso de selección de élites, el sustitucionismo e incluso la burda instrumentalización partidaria de los movimientos sociales irán debilitando a las Marchas de la Dignidad, así como a otros muchos y colectivos nacidos en la última década. A ello contribuirán también, claro está, los errores propios, la falta de iniciativa, la burocratización o las dinámicas endogámicas.

Recuperar la riqueza de la presencia pasada, para salir de un presente pobre”, señala Mario Tronti. Este escrito quiere ser una humilde contribución en la recuperación de dos momentos fundamentales en la historia reciente de la clase obrera de nuestro país. Recuperar la memoria de las huelgas generales para salir del “esto es lo que hay”, de la resignación que cada día siembran en nosotros. Recuperar la huelga del 94 para enfrentarnos al prestamismo laboral y a las ETTs que se extienden hoy incluso en las fábricas de fruta de Extremadura, como una cuña que divide a las trabajadoras nativas y a las extranjeras. Para poner en pie un sindicalismo asambleario, combativo, que aspire a una sociedad alternativa al capitalismo.

Recuperar las Marchas de la Dignidad para recordar que la política más noble se construye en la calle, codo con codo con los iguales. Para salir del clasemedianismo y de la política como delegación permanente. Para recordar que somos ciudadanos y militantes, no espectadores ni hoolligans. Para romper el cerco del cinismo y el pesimismo. Para acabar con la desmovilización, que tan bien le viene a los poderosos. Para volver a plantearnos, con más lucidez y con más coraje, un proceso constituyente y un horizonte republicano.

Y recuperar también la memoria de las luchas del movimiento obrero contra las guerras, la huelga general de 2003 contra la guerra de Irak, por ejemplo, para plantearnos algo similar, exigiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino.

Recuperar las luchas del pasado. El olvido, como sabía Benedetti, está lleno de memoria.

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