martes, 19 de septiembre de 2023

El Corte Inglés vende en España su aceite de oliva virgen extra 14 euros más caro que en Portugal

 

 

El Corte Inglés vende en España su aceite de oliva virgen extra 14 euros más caro que en Portugal

Se trata del mismo producto, envasado en Jaén por Aceites del Sur-Coosur SA. FACUA ha puesto los hechos en conocimiento de Consumo. La ley prohíbe subir márgenes de beneficio en alimentos con el IVA rebajado.

TERCERAINFORMACION / 19.09.2023


FACUA-Consumidores en Acción ha detectado una diferencia de 14 euros en la garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen extra marca El Corte Inglés en función de si se compra en España, más caro, o en Portugal. La asociación ha puesto los hechos en conocimiento del Ministerio de Consumo, ya que desde el 1 de enero está prohibido aumentar márgenes de beneficio en los alimentos afectados por la rebaja del IVA.

El precio de este producto es de 41,95 euros en la tienda online de supermercados de El Corte Inglés de España. Por su parte, la misma garrafa de aceite se vendía hasta ayer 12 de septiembre a 27,89 euros en la tienda online de esta cadena de distribución en el país vecino. Este miércoles, la empresa le ha subido el precio en Portugal para igualarlo al de España antes de impuestos.

La asociación ha comprobado que se trata del mismo aceite de oliva virgen extra, con idéntico formato, envasado en ambos casos por Aceites del Sur-Coosur SA para El Corte Inglés, empresa con sede fiscal en el municipio jiennense de Vilches.

Es más, las garrafas que se venden en España y en Portugal incluso comparten el mismo EAN: 8433329060158. Este número es un código de barras europeo que se utiliza como identificador del producto.

En España, a día de hoy el precio de este producto es idéntico en El Corte Inglés y en Hipercor. Los seguimientos realizados por FACUA en Hipercor ponen de manifiesto que se ha encarecido un 51,8% entre enero y septiembre, pasando de 27,63 a 41,95 euros. La gran subida se ha producido este mes, nada menos que un 20,7% con respecto al precio de agosto.

IVA cero en Portugal

Como medida para luchar contra la inflación, Portugal aplica desde el pasado mes de abril el 0% de IVA a una serie de alimentos básicos entre los que se encuentra el aceite de oliva. Esta medida, en principio, se mantendrá hasta finales de octubre.

En España, el aceite de oliva también se encuentra entre los alimentos básicos a los que el Gobierno viene aplicando una rebaja del IVA desde comienzos de 2023. En el caso concreto del aceite, se ha pasado de un 10% a un 5% de IVA.

Los 41,95 euros a los que se vende la garrafa de aceite de oliva virgen extra El Corte Inglés se quedan en 39,95 euros antes de impuestos, por lo que la diferencia con el precio que tenía hasta ayer en Portugal es de 12,06 euros si no se incluye el IVA.

La misma marca de aceite de oliva virgen extra cuesta hasta un 45% más en función del supermercado

La misma marca de aceite de oliva virgen extra cuesta hasta un 45,0% más en función de la cadena de supermercados donde se adquiera, una diferencia que en euros representa nada menos que 4 por litro. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado este mes por FACUA-Consumidores en Acción sobre 50 marcas de aceites de oliva virgen y virgen extra en ocho de las principales cadenas del país (ver tablas).

Las diferencias de precios entre las distintas marcas y establecimientos llegan a alcanzar los 5,31 euros por litro (el 68,1%) en el caso de la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra.

FACUA reclama al Gobierno que investigue a fondo la escalada de precios que se está produciendo en el sector y aplique topes a los márgenes de beneficio en todas las fases de la cadena, ya que las subidas no son únicamente consecuencia de malas cosechas de aceitunas, sino también de la especulación. Además, la asociación recuerda que el real decreto ley por el que se aprobó la rebaja del IVA del 10 al 5% prohíbe desde enero cualquier subida que no sea consecuencia de incrementos de costes, por lo que representaría una práctica sancionable.

El estudio de FACUA, cuya toma de datos se realizó el 4 de septiembre, compara 144 precios de aceites de oliva virgen y virgen extra a la venta en Alcampo, Carrefour, Dia, Hipercor, Eroski, Mercadona, Aldi y Lidl. En este análisis se han tenido en cuenta los aceites en envases de plástico de 1, 2 y 5 litros, en lata de 1, 2,5, 3 y 5 litros, y en espray de 200 mililitros.

Precio del aceite en envases de plástico

El precio medio del litro de aceite de oliva virgen extra en envases de plástico de 1 litro se sitúa actualmente en los 9,67 euros. De los analizados por FACUA, el más caro es el litro de virgen extra marca Maestros de Hojiblanca, a la venta en Carrefour a 13,10 euros. Por su parte, el más barato es de la firma Mar de Olivos, a 7,79 euros en Alcampo. La diferencia de precio entre uno y otro alcanza el 68,1%.

Entre los aceites vírgenes en formato de 1 litro, la diferencia llega al 53,4%. El más caro es de la firma Coosur Serie Oro, a 11,80 euros en Carrefour. El precio más barato es compartido entre las marcas blancas de Carrefour, Lidl y Aldi, a 7,69 euros el litro. El precio medio de esta variedad de aceite se sitúa en 8,91 euros.

Por su parte, la media de la garrafa de 5 litros de virgen extra es de 44,35 euros (8,87 euros por litro). El más caro es de marca Maestros de Hojiblanca, a 52,49 euros en Carrefour. El más barato es de Iznaoliva, a 33,99 euros en Alcampo. La diferencia de precio entre uno y otro alcanza el 54%. El oliva virgen, también en garrafa de 5 litros cuesta 39 euros de media. El más caro está en Carrefour, a 48,05 euros la marca Carbonell. El más barato en Alcampo, a 33,99 euros la marca Olivar Centenario.

El precio medio de la garrafa de 3 litros de virgen extra es de 27,10 euros (9,03 euros porl itro). El más caro es de marca Maestros de Hojiblanca, a la venta en Alcampo a 34,99 euros. Los dos más baratos, a 22,99 euros, son de las firmas Coosur y Olisone en Lidl. En virgen, la media de los aceites analizados es de 23,63 euros. El más caro, a 28,99 euros en Hipercor, es de marca Coosur Serie Oro. El más barato es una oferta temporal de la marca Carbonell, a 21,59 euros, en Eroski.

Precio del aceite en envases de lata

En lata, todos los aceites analizados por FACUA son virgen extra. El precio medio del formato de 5 litros es de 46,36 euros. La marca más cara es Parqueoliva DOP Priego de Córdoba, a 56,22 euros en Hipercor. La más barata es De Nuestra Tierra, que se vende en Carrefour a 40,95 euros.

En 2,5 litros, el precio medio se sitúa en 29,71 euros. El producto más barato es de marca Oro Bailén Arbequina, a 35,27 euros en Hipercor. El más barato es también de la marca De Nuestra Tierra, en Carrefour a 24,95 euros.

El precio medio de venta del virgen extra en lata de un litro es de 9,70 euros, cifra prácticamente idéntica a la media de un litro en plástico (9,67 euros). El más caro, en este caso, es la marca De Nuestra Tierra en Carrefour, a 11,25 euros, mientras que el más barato es una oferta de Eroski en la marca La Española, a 8,75 euros.

En espray, el precio medio para el formato de 200 mililitros es de 3,12 euros. El producto más caro de los seis recogidos en este estudio es de marca Maeva, a 3,80 euros en Carrefour. El más barato, la marca blanca de Mercadona a 2,80 euros.

Hasta un 45% de diferencia de precio en función del supermercado

La mayor diferencia de precios entre una misma marca según el establecimiento donde se vende se encuentra en la botella de un litro de virgen extra Carbonell variedad picual. El precio va desde los 8,86 euros en Alcampo hasta los 12,85 euros en Carrefour, lo que supone una diferencia del 45% (3,99 euros/litro).

Las 50 marcas analizadas en este estudio son Hacendado, Almazara del Olivar, Carbonell, Hojiblanca, Dcoop, Jaencoop, El Corte Inglés, Coosur, Oleoestepa, Abril, La Española, Oliva de Segura, Alcampo, Maestros de Hojiblanca, Campomar Nature, El Molino de Gines, Picualia, Betis, Mar de Olivos, Borges, Eroski, Urzante, Koipe, Mendia, Ybarra, Trujal Tudela, Carrefour, Retama, La Masía, Guillén, Conde de Benalua, Iznaoliva, Oleodiel, Fruto del Sur, Olivar Centenario, Valdezarza, Loxa, AOVE, Framoliva, Aromas del Sur, De Nuestra Tierra, Maeva, Oleocazorla, Parqueoliva, Oro Bailén, Olivo de Cambil, Palacio de los Olivos, La Organic Cuisine, Olisone y Olearia del Olivar.

Si bien la sequía y la falta de precipitaciones se argumenta como la causa principal de esta subida de precios en el aceite de oliva virgen y virgen extra, FACUA pide al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lleve a cabo un mayor control de la cadena de producción e investigue si existe especulación por parte de las grandes cadenas de distribución u otros intermediarios a la hora de aplicar márgenes de beneficio a estos productos.

La asociación recuerda que el Gobierno puede fijar precios máximos o topar los márgenes de comercialización tal y como permite la ley del comercio. En su artículo 13, relativo a la libertad de precios, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que «el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa».

Esta capacidad está prevista en varios supuestos, entre ellos «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas» y «excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva».

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Declaración final de la Cumbre G-77 y China

 

La reunión del Grupo de los 77 y China ha concluido con esta Declaración que aborda el papel de la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo, y el rechazo a leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las medidas coercitivas. La reunión del Grupo de los 77 y China ha concluido con esta Declaración que aborda el papel de la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo, y el rechazo a leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las medidas coercitivas.


Declaración final de la Cumbre G-77 y China

El Viejo Topo /  19 septiembre, 2023

 


DECLARACIÓN DE LA HABANA SOBRE “RETOS ACTUALES DEL DESARROLLO: PAPEL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Grupo de los 77 y China, reunidos en La Habana, Cuba, los días 15 y 16 de septiembre de 2023, a propósito de la Cumbre del Grupo sobre Retos actuales del desarrollo: Papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, convencidos de la imperiosa necesidad de actuar unidos, reafirmamos nuestra adhesión plena al espíritu, principios y objetivos del Grupo de los 77 y China.

Reafirmamos, asimismo, el compromiso de fortalecer la unidad y solidaridad del Grupo en aras de lograr sus objetivos y de reforzar su papel en el contexto internacional actual. Ratificamos el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Lamentamos profundamente las pérdidas de vidas humanas y materiales tras los recientes fenómenos naturales que impactaron a Libia y Marruecos. Trasladamos nuestras sentidas condolencias a los respectivos pueblos y Gobiernos y a los familiares y allegados de las víctimas en ambas naciones.

Notamos con profunda preocupación que los principales desafíos generados por el actual orden económico internacional injusto para los países en desarrollo, han alcanzado su expresión más aguda en la actualidad debido, entre otras cosas, a los persistentes efectos negativos de la pandemia de COVID-19, a pesar de que la OMS ha levantado la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por COVID-19;  las tensiones geopolíticas; las medidas coercitivas unilaterales y las múltiples crisis actuales, incluidas las crisis económica y financiera; la fragilidad de las perspectivas económicas mundiales; el aumento de la presión sobre los alimentos, la energía; el desplazamiento de personas; la volatilidad de los mercados; la inflación; el ajuste monetario; la creciente carga de la deuda externa; el aumento de la pobreza extrema; el aumento de las desigualdades dentro de los países y entre ellos; y los efectos adversos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, las tormentas de arena y polvo y la degradación del medio ambiente, así como las brechas digitales, sin que hasta ahora haya una hoja de ruta clara para hacer frente a estos problemas mundiales.

También expresamos nuestra profunda preocupación por la enfermedad, la muerte y la continua perturbación socioeconómica y devastación causada por la pandemia de COVID-19, que ha exacerbado aún más las marcadas desigualdades en y entre los países y las regiones, con un impacto desproporcionado en los países en desarrollo. Esta situación subraya la urgencia de reforzar la solidaridad mundial y la cooperación internacional con los países en desarrollo, así como el apoyo a los mismos, para prevenir, prepararse y responder a las pandemias y otras emergencias sanitarias, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19.

Subrayamos la urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial, con mayor énfasis en la cooperación entre los países, incluso mediante el aumento de la representación de los países en desarrollo en los órganos mundiales de toma de decisiones y formulación de políticas, lo que contribuirá a mejorar las capacidades de los países en desarrollo para acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación y desarrollarlas.

Reiteramos la firme convicción de que todos los Estados y partes interesadas deben consagrarse colectivamente a la consecución del desarrollo mundial y de una cooperación para el desarrollo científico y tecnológico “que beneficie a todos”,  sobre la base de amplias consultas, contribuciones conjuntas y beneficios compartidos,  que puede aportar enormes beneficios a todos los países y a todas las partes del mundo en la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad.

Rechazamos la imposición de leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo y reiteramos la urgente necesidad de eliminarlas inmediatamente. Subrayamos que tales acciones no sólo socavan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que constituyen un serio obstáculo para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación y la plena consecución del desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo.

Además, hacemos hincapié en que las medidas coercitivas unilaterales tienen repercusiones negativas y devastadoras en el disfrute de los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la alimentación. Dichas medidas también obstaculizan el acceso de los países afectados a la asistencia sanitaria, la ayuda y suministros humanitarios y los bienes de propiedad de la nación.

Rechazamos los monopolios tecnológicos y otras prácticas desleales que obstaculizan el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo. Los Estados que tienen el monopolio y el dominio en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluido Internet, no deben utilizar los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas de contención y supresión del legítimo desarrollo económico y tecnológico de otros Estados. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que fomente un entorno abierto, justo, inclusivo y no discriminatorio para el desarrollo científico y tecnológico.

Observamos con preocupación que, a mitad de camino de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mundo, en particular los países en desarrollo, siguen estando muy lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Observamos además que la ciencia, la tecnología y la innovación se han identificado como motores de transformación para acelerar el progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que su despliegue estratégico podría resolver y minimizar las diferencias entre los Objetivos y las metas, y reconocemos que la transferencia de tecnología a los países en desarrollo será fundamental para intensificar y acelerar la aplicación de la Agenda 2030.

Destacamos el importante papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares, facilitadores y catalizadores para apoyar el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, acelerando la plena aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba y, en este contexto, reafirmamos la necesidad de que la adopción de decisiones políticas en todos los niveles cree un entorno internacional propicio para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y tenga en cuenta, en primera instancia, los conocimientos científicos y la innovación disponibles, así como el uso y la promoción de las capacidades y los saberes tradicionales, locales, de afrodescendientes y autóctonos.

Reafirmamos la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información de 2005, en la que se reconocieron las necesidades especiales y específicas de financiación del mundo en desarrollo, y promovemos una estrecha alineación entre el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacando las contribuciones transversales de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, y señalando que el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones también se ha convertido en un indicador y una aspiración de desarrollo en sí mismo.

También hacemos un llamamiento a una estrecha concordancia entre el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la Agenda de Acción de Addis Abeba y otros resultados de los procesos intergubernamentales pertinentes, incluidos el Pacto Mundial Digital y la Cumbre del Futuro. Acordamos trabajar en pro de una posición sólida y concertada del G-77 y China para garantizar que el proceso de Revisión General de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI+20), el Pacto Mundial Digital y la Cumbre del Futuro contribuyan, entre otras cosas, al logro del desarrollo sostenible y a cerrar la brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo.

Reiteramos que la Agenda de Túnez y la Declaración de Principios y el plan de acción de Ginebra, establecerán los principios rectores de la cooperación digital.
Reconocemos la oportunidad que ofrecen la ciencia, la tecnología y la innovación para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas,  incluido el derecho al desarrollo. Instamos a avanzar en la inclusión digital, así como a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y a reforzar su acceso y participación de forma plena, equitativa y significativa en estos ámbitos, incluida la participación de las mujeres en los procesos científicos y tecnológicos, como una vía para eliminar la brecha digital de género, hacer frente a los riesgos y desafíos derivados del uso de las tecnologías y garantizar que sus beneficios estén al alcance de todos, incluidas las mujeres y las niñas.
Convenimos en la necesidad de invertir más en ciencia, tecnología e innovación y de poner en marcha iniciativas a todos los niveles para el desarrollo de los recursos humanos en estos ámbitos. Subrayamos la importancia de formular estrategias encaminadas a combatir la fuga de cerebros de recursos humanos especializados formados en los países del Sur. Acordamos seguir promoviendo el interés de los jóvenes por los estudios científicos, incluido en la esfera educativa.

Reafirmamos nuestro compromiso con la colaboración científica abierta y equitativa, y reconocemos la importante contribución de la ciencia abierta al desarrollo de soluciones para enfrentar los desafíos globales. A este respecto, alentamos a que se adopten medidas para fomentar la incorporación de pruebas científicas en los procesos de formulación de políticas.

Reconocemos las importantes contribuciones que el conocimiento producido por las actividades de investigación e innovación puede aportar al diseño de mejores políticas públicas, así como la necesidad de fortalecer la colaboración y los intercambios entre los formuladores de políticas y las comunidades científicas y tecnológicas para tal fin.

Alentamos la promoción de una gestión de gobierno basada en la ciencia y la innovación, tanto a nivel nacional como local, así como la inclusión de esta perspectiva en las estrategias nacionales de desarrollo como elementos integrales y transversales.  Llamamos asimismo, al fortalecimiento de ecosistemas de ciencia e innovación que conecten los gobiernos nacionales y locales, los sectores público y privado, la academia, los centros de investigación y la sociedad civil, teniendo en cuenta las legislaciones y los contextos nacionales.

Expresamos nuestra disposición a apoyar la ampliación de modelos de ciencia abierta en todos los niveles, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a los resultados de las investigaciones y a la información científica, de modo que la ciencia y el conocimiento estén al alcance de todas las personas.

Abogamos por un desarrollo y uso de la ciencia, la tecnología y la innovación de manera ética y responsable, así como por el fortalecimiento y ampliación de las infraestructuras para la investigación y el desarrollo.

Reconocemos que los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a promover la innovación tecnológica, de modo que favorezcan el bienestar social y económico, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales e instamos a que se apliquen, cuando proceda, las flexibilidades consagradas en las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes en materia de derechos de propiedad intelectual.

Reconocemos la contribución de la ciencia al desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para avanzar hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. En ese contexto, instamos a que se faciliten a los países en desarrollo los medios de implementación necesarios para reforzar sus capacidades científicas y tecnológicas. Tomamos nota, además, de la necesidad de sensibilizar sobre el desarrollo y los modos de vida sostenibles, de conformidad con los compromisos recogidos en la Agenda 2030. A este respecto, nos comprometemos a seguir promoviendo estrechos vínculos y asociaciones entre los responsables políticos, el mundo académico, los centros de investigación y el sector privado, según proceda.

Reconocemos además la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo industrial de los países en desarrollo y como fuente fundamental de crecimiento económico, diversificación económica y adición de valor.

Exhortamos a la promoción de nuevas investigaciones, el desarrollo y la transferencia de las tecnologías necesarias y el acceso a las ya existentes en las esferas de la alimentación y la nutrición, la salud, el agua y el saneamiento y la energía, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y al logro de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, del bienestar humano y del desarrollo sostenible.

Tomamos nota del papel central de los gobiernos, con la contribución activa de las partes interesadas del sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y las instituciones de investigación, en la creación y el apoyo a un entorno propicio en todos los niveles, incluidos marcos normativos y de gobernanza propicios, de conformidad con las prioridades nacionales, para fomentar la ciencia, la innovación, el espíritu empresarial y la difusión de conocimientos y tecnologías, en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la diversificación industrial y el valor añadido a los productos básicos.

Destacamos la importancia de la investigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología en la esfera de la salud humana, teniendo en cuenta el aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles emergentes y reemergentes, incluidos sus factores de riesgo.

Exhortamos a la comunidad internacional y a los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas urgentes para promover el acceso sin trabas, oportuno y equitativo de los países en desarrollo a las medidas, productos y tecnologías relacionados con la salud, necesarios para hacer frente a la preparación y las respuestas actuales y futuras en materia de prevención de pandemias. Ello incluye la financiación, el fortalecimiento de los sistemas de salud, el desarrollo de capacidades, la garantía de la sostenibilidad de las cadenas de suministro, la transferencia de tecnología y los conocimientos técnicos para la fabricación y producción local y regional de contramedidas médicas, incluidos medicamentos, vacunas, terapias, diagnósticos, tecnologías sanitarias y otros productos sanitarios en los países en desarrollo.

Reconocemos el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para identificar y enfrentar los desafíos planteados por el cambio climático, cuyos efectos impactan de manera desproporcionada a los países en desarrollo. Reconocemos que todas las barreras tecnológicas, entre ellas las señaladas por el IPCC, limitan la adaptación al cambio climático y la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) de los países en desarrollo. En tal sentido, reiteramos la necesidad de dar una respuesta eficaz a la amenaza urgente del cambio climático, especialmente mediante el aumento de la financiación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades sobre la base de las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, de conformidad con los principios y el objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Acuerdo de París, incluida la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, así como sobre la base de los conocimientos científicos más avanzados disponibles.

Reconocemos que las tecnologías de la información y la comunicación son un catalizador clave y facilitan el desarrollo sostenible. Reafirmamos la visión de construir una sociedad de la información inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional y a los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para que adopten medidas urgentes encaminadas a reducir las brechas digitales y las desigualdades en la generación, infraestructura y accesibilidad de datos en y entre países y regiones, así como entre países desarrollados y en desarrollo, prestando especial atención a los más pobres y vulnerables. Instamos a crear las condiciones necesarias para proporcionar a los países en desarrollo una conectividad asequible y fiable, destinada, entre otras cosas, a promover el acceso y la inclusión digitales, incluso para las personas de comunidades remotas y rurales, así como a garantizar un desarrollo, acceso y  uso ético, fiable y más equitativo de la inteligencia artificial.

Notamos con profunda preocupación las disparidades existentes entre los países desarrollados y los países en desarrollo en cuanto a las condiciones, posibilidades y capacidades para producir nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Llamamos a la comunidad internacional, al Sistema de las Naciones Unidas y a las Instituciones Financieras Internacionales a apoyar los esfuerzos de los países del Sur encaminados a desarrollar y fortalecer sus sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Instamos a los países desarrollados a movilizar urgentemente medios de implementación tales como la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y la financiación, a través de recursos nuevos, adicionales y predecibles en relación con las necesidades de los países en desarrollo en esta esfera, de conformidad con sus necesidades, políticas y prioridades nacionales.

Reconocemos que no deben imponerse restricciones al acceso de los países en desarrollo a los materiales, equipos y tecnologías de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mantener un desarrollo sostenible.

Reconocemos además la importancia de ayudar a los países en desarrollo a enfrentar los desafíos y oportunidades relacionados con el uso de Internet y el comercio electrónico para desarrollar, entre otras, sus capacidades de comercio internacional.

Apoyamos el fomento y la aplicación de políticas de innovación específicas y focalizadas destinadas a impulsar el crecimiento económico sostenible y la creación de nuevas oportunidades de empleo para las generaciones actuales y futuras.

Reiteramos el papel crucial de la Asistencia Oficial para el Desarrollo en el apoyo a las necesidades de desarrollo de los países del Sur e insistimos en la urgente necesidad de que los países desarrollados cumplan su compromiso histórico en este sentido.

Destacamos la importancia de fortalecer la cooperación Norte-Sur, incluido el cumplimiento de los compromisos en materia de Asistencia Oficial para el Desarrollo con el fin de apoyar las necesidades de desarrollo de los países del Sur.  Al propio tiempo, acordamos seguir trabajando en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los países en desarrollo mediante el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, que es necesaria para optimizar nuestro potencial y complementar nuestros recursos y conocimientos especializados, al tiempo que ofrece caminos viables para hacer frente a los desafíos comunes de los países en desarrollo y, entre otros, acelerar el progreso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Alentamos los debates sobre las posibilidades de establecer nuevas plataformas para la cooperación Sur-Sur y los intercambios en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Alentamos además la promoción de proyectos y programas de cooperación triangular destinados a mejorar el acceso de los países en desarrollo a más y mejores recursos para la implementación de iniciativas técnicas y científicas. Reconocemos que la cooperación triangular tiene por objeto facilitar, apoyar y mejorar las iniciativas Sur-Sur, mediante la provisión, entre otras cosas, de financiación, desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y otras formas de apoyo, a petición de los países en desarrollo, en consonancia con los principios de la cooperación Sur-Sur, y que debe ser liderada por los países del Sur.

Reconocemos que debe considerarse un marco tecnológico internacional que incluya el Pacto Mundial Digital, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que brinde acceso preferencial a los países en desarrollo a las tecnologías avanzadas pertinentes, desarrolle sus capacidades productivas, ponga fin a las restricciones discriminatorias y se centre en la investigación y el desarrollo mundiales sobre los avances científicos que guarden relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconocemos el papel de las alianzas pluripartitas para fomentar la inversión estratégica a largo plazo en apoyo del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en los países en desarrollo, entre otras cosas mediante una financiación innovadora.

Ratificamos nuestra decisión de retomar el trabajo del Consorcio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sur (COSTIS), e instamos a los miembros del Grupo a evaluar y trazar estrategias para garantizar su funcionamiento efectivo.

Acordamos que nuestros Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación se reúnan periódicamente, según proceda, para realizar un balance del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en las agendas de desarrollo aprobadas en las Naciones Unidas y fortalecer la cooperación Sur-Sur en estas esferas.

Instamos a las Comisiones Regionales, Organismos, Fondos y Programas de las Naciones Unidas, en particular el PNUD, la UNESCO, la UNCTAD, la ONUDI, la UIT y la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, en el marco de sus respectivos mandatos, a realizar esfuerzos adicionales para apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de los marcos institucionales y las políticas públicas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Acordamos solicitar al Presidente de la Asamblea General que convoque, en el contexto del Octogésimo Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una Reunión de Alto Nivel sobre Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, centrada en particular en las medidas que deben adoptarse para atender las necesidades de los países en desarrollo en estos ámbitos.

Reafirmamos nuestro compromiso de aplicar en los planos nacional e internacional las medidas concretas contenidas en la presente Declaración.

Acordamos declarar el 16 de septiembre como el Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Sur.

Manifestamos nuestro agradecimiento al gobierno de la República de Cuba, Presidente del Grupo de los 77 y China, por la organización y desarrollo de esta Cumbre.  Confiamos en que esta reunión marque la pauta de nuestras acciones en estos tiempos de enormes desafíos y nos permita avanzar hacia la realización de nuestras legítimas aspiraciones de desarrollo.

Fuente: ACN/Eerumen Latinoamericano.

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lunes, 18 de septiembre de 2023

¿Una «revolución de color» en Indonesia?

 

El presidente Joko Widodo no puede presentarse a un tercer mandato, y la CIA anda moviendo los hilos para asegurarse un sucesor menos díscolo que Widodo. De momento compra voluntades, pero hay quien sospecha que sus planes van mucho más allá de ejercer influencia. El presidente Joko Widodo no puede presentarse a un tercer mandato, y la CIA anda moviendo los hilos para asegurarse un sucesor menos díscolo que Widodo. De momento compra voluntades, pero hay quien sospecha que sus planes van mucho más allá de ejercer influencia.


¿Una «revolución de color» en Indonesia?

 

Kit Klarenberg

El Viejo Topo

18 septiembre, 2023 

 



Documentos entregados de forma anónima a MintPress News revelan que la Fundación Nacional para la Democracia (NED), un notorio frente de la CIA, está sentando las bases para una revolución de color en Indonesia.

En febrero de 2024, los ciudadanos elegirán a su presidente, vicepresidente y ambas cámaras legislativas. El actual líder inconformista, Joko Widodo, muy querido por los indonesios, no puede optar a un tercer mandato, y la NED se prepara para hacerse con el poder tras su marcha. Esta operación se lleva a cabo a pesar de las filtraciones que indican que la principal agencia de inteligencia de Yakarta ha advertido expresamente a los funcionarios estadounidenses que no se muevan.


El rastro documental proporciona una asombrosa visión de cómo opera la NED entre bastidores, de la que pueden extraerse evidentes inferencias sobre sus actividades en otros lugares, pasadas y presentes. Según la propia organización, opera en más de 100 países y concede más de 2.000 subvenciones al año. En Indonesia, estas sumas han contribuido a extender los zarcillos de la Fundación hacia diversas ONG, grupos de la sociedad civil y, lo que es más importante, partidos políticos y candidatos de todo el espectro ideológico.


Esta amplia apuesta contribuye en cierta medida a garantizar que los activos estadounidenses, de un modo u otro, saldrán victoriosos el próximo febrero. Sin embargo, un verdadero ejército de agentes de la NED sobre el terreno también está preparado para cuestionar, si no anular, los resultados en caso de que ganen las personas equivocadas. Ya se han distribuido en secreto subvenciones personales –es decir, sobornos– de la NED a indonesios por organizar protestas contra el gobierno.
No se sabe con certeza qué trampas tiene preparadas la NED para el día de las elecciones, aunque es seguro que saltarán chispas. Como mínimo, estos documentos refuerzan ampliamente lo que el cofundador de la Fundación, Allen Weinstein, admitió abiertamente en 1991: «Mucho de lo que hacemos hoy lo hizo la CIA de forma encubierta hace 25 años».

El «efecto Jokowi»

Joko Widodo –conocido popularmente como Jokowi– es una especie de rockstar. Es el primer dirigente indonesio que no procede de la élite política o militar establecida en el país desde su independencia de los holandeses en 1949, que tanto costó conseguir, y nació y creció en un barrio marginal de Surakarta. Desde allí, luchó para convertirse en alcalde de su ciudad natal en 2005, gobernador de Yakarta en 2012 y Presidente dos años después.


En cada etapa, Widodo ha luchado contra la burocracia y la corrupción y ha puesto en marcha programas de sanidad universal, crecimiento económico, desarrollo radical de infraestructuras y mejoras materiales en la vida de los ciudadanos. Tal es su popularidad interna que los analistas hablan habitualmente del «efecto Jokowi». Después de que el Partido Democrático de Lucha de Indonesia lo nombrara candidato presidencial en 2014, su porcentaje de votos se disparó un 30% en las elecciones legislativas de ese año.
Al parecer, la candidatura de Widodo también estimuló el mercado indonesio de valores y la rupia debido a su brillante historial político y económico. Se podría pensar que el hecho de haber mejorado las finanzas del país hasta tal punto gracias a la fuerza de su personalidad le convertiría en el líder ideal desde la perspectiva de Washington. Sin embargo, el Presidente también ha dado prioridad a «proteger la soberanía de Indonesia» y limitar la influencia extranjera en Yakarta. Además, aplica una política exterior intensamente independiente, para disgusto del Imperio estadounidense.

Widodo ha animado a los líderes de los Estados musulmanes a reconciliarse y ha presionado a favor de la independencia de Palestina. Su ministro de Asuntos Exteriores visita Palestina, pero se niega a establecer relaciones diplomáticas con Israel. También ha distribuido cuantiosas ayudas a los musulmanes oprimidos en el extranjero. Y lo que es más atroz, desde la invasión rusa de Ucrania, voló a ambos países e instó a sus líderes a buscar la paz. Cuando Yakarta acogió la Cumbre del G20 ese año, invitó no sólo a Zelensky, sino también a Putin, a pesar de las feroces críticas occidentales.

En muchos aspectos, Widodo emula el gobierno de Sukarno, el primer presidente de Indonesia, de 1945 a 1967. Sus políticas, a nivel nacional e internacional, eran explícitamente antiimperialistas. En el ámbito nacional, impidió la explotación occidental de la gran riqueza de recursos de su país, al tiempo que mantenía relaciones cordiales con Oriente y Occidente y defendía personalmente el Movimiento de Países No Alineados, cuyos miembros evitaban ambos bloques de poder para seguir un camino independiente.

La audaz negativa de Sukarno a plegarse a los intereses imperiales le convirtió en un hombre totalmente marcado. En 1965, fue derrocado en un sangriento golpe militar patrocinado por la CIA y el MI6, que dio paso a 30 años de férrea dictadura militar dirigida por el general Suharto. Más de un millón de personas fueron asesinadas mediante masacres por motivos políticos, ejecuciones, encarcelamientos arbitrarios y una represión salvaje. Incluso la CIA describe su purga de izquierdistas como «uno de los peores asesinatos en masa del siglo XX».

Widodo se prepara ahora para dejar el cargo, una vez finalizado su mandato constitucional y con sus índices de aprobación personal en máximos históricos. Su marcha crea una pizarra política limpia, que la NED está ansiosa por llenar

Afortunadamente, parece poco probable que se repita la matanza orquestada por la agencia de inteligencia que llevó a Suharto al poder hace décadas. Pero los documentos filtrados obtenidos por MintPress News dejan claro que el Imperio estadounidense se está preparando para dar otro golpe en Yakarta bajo la égida de la «promoción de la democracia».


Esta ha sido la razón de ser de la NED desde su creación, en 1983. La organización fue fundada explícitamente por espías de alto rango de la CIA y apparatchiks de la política exterior estadounidense para servir de mecanismo público al tradicional apoyo clandestino de la Agencia a grupos de la oposición, movimientos activistas y medios de comunicación en el extranjero, que se dedican a la propaganda y el activismo político para perturbar, desestabilizar y desplazar a los regímenes «enemigos».


La intromisión maligna de la NED a lo largo de los años es demasiado larga para enumerarla aquí. Pero recientemente ha patrocinado un levantamiento fallido en Cuba, ha canalizado dinero a manifestantes separatistas en Hong Kong y ha intentado derrocar al gobierno bielorruso. Haber fracasado en estas aventuras insurreccionales no es, evidentemente, un impedimento para volver a intentarlo ahora en Indonesia.

Desarrollo de la marca personal

Los archivos filtrados son informes semanales enviados desde la oficina indonesia del Instituto Republicano Internacional (IRI) a la sede central en Washington durante junio, julio y agosto de 2023. El IRI es un componente básico de la NED, que suele trabajar con otro, el Instituto Nacional Demócrata, en operaciones de cambio de régimen en el extranjero. Ambos están estrechamente vinculados a sus respectivos partidos políticos homónimos en el país.


Estas sesiones informativas ofrecen información actualizada sobre cuestiones administrativas, acontecimientos políticos locales, actividades del personal, recortes de prensa y los avances del IRI en el cumplimiento de los objetivos de su subvención de la NED en Indonesia «para mejorar la capacidad de los líderes emergentes de los partidos políticos para asumir posiciones de liderazgo dentro de los partidos y actuar como agentes de cambio en apoyo de una mayor democracia interna de los partidos, transparencia y capacidad de respuesta a los ciudadanos». Los últimos registros disponibles de subvenciones del Endowment, de 2022, muestran que el Instituto recibió 700.000 dólares para esto.


Cada semana, el IRI informaba de su «alcance» a los «líderes emergentes» del país: graduados de los programas de formación de la NED, ahora miembros destacados de docenas de partidos políticos y ONG locales y organizaciones de la sociedad civil. Muchos de ellos se presentan como candidatos en 2024, después de que la Dotación les enseñara estrategias de campaña y de participación electoral y a impugnar los resultados.


Se tiene constancia de que uno de los «líderes emergentes» del IRI «lleva a cabo la reforma interna de su partido» y «siempre aparece» de forma destacada en sus filas. Recientemente se le formó en el lanzamiento de impugnaciones legales de los resultados de las próximas elecciones, lo que «dio lugar a que el partido confiara en él como candidato».


Otro se jactó ante sus responsables del IRI de que «sigue presentándose al público en relación con su candidatura, ya sea en persona o a través de las redes sociales» y que recientemente había aparecido en populares programas de radio y televisión. Atribuyó a la formación impartida por la Asociación para las Elecciones y la Democracia (Perludem), financiada por la NED, «el desarrollo de su marca personal en política» y su capacidad para «actuar como orador público y relacionarse con los medios de comunicación».


Perludem publica periódicamente revistas financiadas por la AID estadounidense, que «ofrecen recomendaciones y referencias para mejorar la gobernanza electoral y los procesos democráticos y políticos en la región de Asia y el Pacífico». También convoca periódicamente actos de la Academia de Líderes Emergentes (ELA), en los que se prepara a las personas mencionadas en los documentos del IRI y se les enseña a «elaborar mensajes», entre otras técnicas electorales.


Una graduada dijo al IRI que había «empezado a compartir y difundir información sobre sus planes de presentarse como candidata legislativa» y que ahora era «cada vez más activa en las redes sociales». Con «las herramientas que recibió de ELA, espera atraer a más votantes jóvenes, especialmente a los que votan por primera vez». Se informó de que otro había «reforzado de nuevo su papel en el órgano interno del partido» y estaba «formando personalmente a posibles testigos en los colegios electorales» para supervisar los procedimientos el día de las elecciones.


Hasta el nivel escolar, el compromiso político de los jóvenes era de evidente importancia para el IRI y su cuadro de operativos políticos. En consecuencia, el 1 de julio, Perdulem organizó un evento, Make Election Great Again!, en el que se enseñó a los asistentes el fino arte de «identificar el papel estratégico de los estudiantes en las elecciones de 2024».

La capacidad de interceptación de votos del IRI aumentó considerablemente el 12 de julio, cuando sus agentes asistieron a un acto organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y Google. En un panel participaron dos políticos de la oposición, periodistas e investigadores, que advirtieron de que la «des/información» podría afectar a las elecciones de 2024 y, lo que es más aterrador, daría como resultado la llegada a la presidencia de un personaje similar a Widodo. Un experto local en sondeos presentó los datos de una reciente encuesta realizada por su empresa sobre cómo influye la confianza en los partidos políticos en las preferencias de los votantes.

Hito alcanzado

Uno de los extractos más tentadores de la filtración se encuentra en una nota informativa del 28 de junio de este año. En ella se recoge cómo representantes del IRI se reunieron con miembros de alto rango de la Embajada de Estados Unidos en Yakarta, incluido su responsable político, Ted Meinhover. Éste «transmitió las preocupaciones de Estados Unidos» sobre las elecciones de 2024, en particular cómo la «elegibilidad» del ministro de Defensa Prabowo Subianto había «aumentado drásticamente», es decir, que «era el más votado según las encuestas». Mientras tanto, las valoraciones del ex Gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, estaban «en declive».


Meinhover lamentó cómo la ley indonesia restringe a los partidos con menos del 20% de escaños en el parlamento la posibilidad de presentar candidatos presidenciales. Si se eliminara ese «umbral», «habrá más candidatos en las elecciones, y Estados Unidos tendrá más opciones», declaró. Aún así, Washington «necesita mantener relaciones amistosas con todas las partes para salvaguardar los intereses estadounidenses en Indonesia, independientemente de cómo se desarrollen las elecciones».


Meinhover añadió que la Embajada había «contactado activamente» con dirigentes del partido laborista local y de la Confederación de Sindicatos de Indonesia «para conocer sus planes de protestar» contra una ley sobre creación de empleo firmada recientemente por Widodo. Temiendo que la legislación «desaliente el entusiasmo de los inversores extranjeros» en el país, «EE.UU. apoya firmemente las actividades que se opongan a ella».


En consecuencia, la Embajada sugirió en secreto a los jefes de los partidos laboristas que podían aprovechar «la oportunidad» del Día de la Independencia de Indonesia, el 17 de agosto, «para lanzar protestas» contra la ley de creación de empleo y el odiado «Umbral Presidencial» de Meinhover. Llamativamente, un apparatchik diplomático estadounidense presente mencionó que la Agencia de Inteligencia Estatal de Yakarta (BIN) había «advertido recientemente» a la Embajada de que «no interfiriera» en las elecciones de 2024.

Meinhover dijo que esto había motivado a la Embajada a «apoyar continuamente» las actividades encubiertas del IRI para «seguir aplicando las políticas de EE.UU. evitando al mismo tiempo las normativas indonesias.» Así, en una sesión informativa celebrada entre el 8 y el 14 de julio, el Instituto se puso en contacto con dirigentes del Partido Laborista y con un montón de organizaciones sindicales indonesias -a las que el IRI «proporciona continuamente pequeñas subvenciones»- y discutió «planes para organizar protestas» contra las leyes de creación de empleo y de umbral presidencial «a finales de julio o principios de agosto.»


Las protestas tuvieron lugar el 9 de agosto ante el Tribunal Constitucional y el Palacio de Estado de Yakarta. La cobertura de los acontecimientos por parte de los medios de comunicación locales quedó debidamente recogida en un informe del IRI, en el que también se señalaba que el Instituto «proporcionó una tercera subvención» de 1.000.000 de rupias a la presidencia ejecutiva del partido laborista Pandeglang para este esfuerzo. Al parecer, «agradecieron el apoyo del IRI a sus actividades». El informe añadía: «Las protestas se desarrollaron bien y [concluyeron] con éxito».


Una semana después, el personal del Instituto volvió a prestar «apoyo» a la sección de Pandeglang del Partido Laborista para protestar «con éxito» contra las dos leyes. El presidente ejecutivo recibió otra subvención personal de 5.000.000 rupias «por este hito conseguido». Aunque esto equivale a 330 dólares, difícilmente puede considerarse una suma insustancial en términos locales, dado que el 50% de la población de Indonesia gana menos de 800 dólares mensuales.


Otros informes indican que varias organizaciones e individuos indonesios reciben pagos directos del IRI por alcanzar «hitos» específicos, Perludem entre ellos. En una perversa ironía, la edición de febrero de 2021 de la revista de la organización incluía ensayos sobre temas como «la financiación política y su impacto en la calidad de la democracia»; «la urgencia de prevenir la recaudación ilícita de fondos de los partidos políticos»; «un campo de juego desproporcionadamente desigual: retos y perspectivas de la ley de financiación de campañas»; y «responsabilidad y transparencia de la financiación de los partidos políticos» en toda Asia-Pacífico.


Dieciocho meses después, Perludem lanzó una aplicación que ayudaba a los indonesios a «entender cómo se trazan los límites electorales» y permitía a los usuarios «crear sus propias versiones de delimitación o trazado/redibujado de distritos electorales según considerasen apropiado según las normas y principios universales». No se dijo quién o qué financió esta empresa sediciosa.

Presupuestos ajustados

Uno sólo puede imaginar el justo furor que estallaría si los documentos revelaran que agentes gubernamentales chinos o rusos, incluido el personal de las embajadas, estaban preparando en secreto a políticos y actores de la sociedad civil en países extranjeros, al tiempo que alentaban y financiaban encubiertamente el activismo de partidos de la oposición y sindicatos, contraviniendo consciente y deliberadamente las «normativas» nacionales. Sin embargo, esta actividad es habitual en las misiones diplomáticas de Estados Unidos en todo el mundo y, por supuesto, en la NED.


También vale la pena señalar que el desembolso de la Fundación en Indonesia es relativamente modesto. En un informe semanal se menciona incluso que los presupuestos «para los tres proyectos del IRI» en el país «son ajustados en un futuro previsible». Aparte de la operación de formación de líderes de partidos indonesios del Instituto, la naturaleza de las otras dos empresas no está clara en los documentos filtrados. Pero, según las cifras publicadas en el sitio web de la NED, la organización gasta menos de 2 millones de dólares anuales en Yakarta.
Por lo general, las sumas son muy superiores. Por ejemplo, durante los 12 meses previos a la Revolución Maidan de 2014 en Ucrania, la NED inyectó alrededor de 20 millones de dólares en el país. Aun así, los periodistas, políticos y expertos occidentales rechazaron enérgicamente cualquier sugerencia de que la revuelta insurreccional fuera otra cosa que una expresión de la voluntad popular, resultado del creciente anhelo de liberalismo y democracia por parte de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y así lo han hecho desde entonces.


Y ello a pesar de que las encuestas actuales nunca han mostrado un apoyo mayoritario de los ucranianos al Maidán o a la pertenencia a la UE y la OTAN; de que el presidente Víktor Yanukóvich siguió siendo el político más popular del país hasta su último día en el cargo; de que todos los protagonistas de las protestas, incluido el individuo que las inició, recibieron financiación de la NED o la USAID; de que los líderes de las organizaciones financiadas por Estados Unidos en el país declararon abiertamente su deseo de derrocar al gobierno en los años anteriores; y de que las manifestaciones del Maidán estaban plagadas de nacionalistas acérrimos.

Todavía se podría argumentar que muchos manifestantes de Maidan estaban animados por quejas legítimas. Sin embargo, la filtración plantea serias dudas sobre la «agencia» de cualquiera que reciba directa o indirectamente fondos de la NED. Los documentos demuestran ampliamente que las personas y organizaciones sobre el terreno en cualquier lugar pueden ser incitadas al activismo a instancias expresas de la Embajada de EE.UU. local o de la sección de la Fundación en cualquier momento, a cambio incluso de una pequeña «subvención».


Es totalmente inconcebible que los grupos sindicales indonesios hubieran protestado de otro modo contra la ley de creación de empleo de Widodo o contra las restricciones sobre el número de candidatos presidenciales que pueden presentarse si no fuera porque la primera perjudica potencialmente a los inversores e intereses financieros occidentales en Yakarta y la segunda limita la elección de títeres de Washington en el país. Cuántos otros agitadores antigubernamentales de todo el mundo, ya sean manifestantes, sindicalistas, periodistas u otros, están actuando de forma similar para «alcanzar hitos» acordados en secreto con la NED es algo que nadie sabe.


Desde la perspectiva de Washington, no se puede subestimar la importancia de garantizar la instalación de un gobierno dócil en Indonesia. Con los jefes militares estadounidenses discutiendo abiertamente la guerra con China en un futuro muy próximo, la región debe estar poblada de Estados clientes que puedan ayudar e instigar ese esfuerzo de amenaza mundial. No cabe duda de que se están llevando a cabo iniciativas similares en toda la región Asia-Pacífico. Por ello, nunca ha sido tan importante que las actividades de la NED se examinen en todas partes, si no se prohíben directamente.

Fuente: https://www.mintpressnews.com/

Artículo publicado en la Miscelánea de Salvador López Arnal. Artículo seleccionado por Carlos Valmaseda.

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domingo, 17 de septiembre de 2023

Tras las huellas de los esclavistas españoles

 

Hay genealogías que es mejor ignorar u ocultar si es que uno quiere pasearse con la frente alta. La de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, es una de ellas.


Tras las huellas de los esclavistas españoles


Martín Rodrigo y Alharilla

El Viejo Topo

17 septiembre, 2023 

 


José Antonio Primo de Rivera descendía de una saga de militares por vía paterna. No solo su padre, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, alcanzaría el grado de capitán general en el ejército español, sino que antes lo había alcanzado su tío abuelo Fernando Primo de Rivera y Sobremonte, quien fuera capitán general de Filipinas en dos ocasiones (1880-1883 y 1897-1898). Resultan menos conocidos, sin embargo, sus ascendentes familiares por vía materna.

Unos ascendentes que relacionan estrechamente al fundador y líder principal de Falange Española con el mundo colonial español, en Cuba, y que lo vinculan, además, por una doble vía. La madre de José Antonio fue Casilda Sáenz de Heredia y Suárez Argudín y era hija, a su vez, de Gregorio Sáenz de Heredia y Tejada, que según apunta el historiador Alejandro Quiroga fue el último alcalde español de La Habana, en 1898, justo antes de la cesión de la soberanía de Cuba a los Estados Unidos. Por otro lado, la abuela materna del fundador de Falange, Ángela Suárez Argudín y Ramírez de Arellano, había nacido en la capital cubana en el seno de una riquísima familia de empresarios vinculados al mundo del azúcar, al tráfico ilegal de africanos esclavizados y a la explotación de mano de obra esclava.

Entre los antepasados directos de José Antonio Primo de Rivera cabe destacar a su bisabuelo, el traficante de esclavos José Antonio Suárez Argudín, a quien el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals definió en su día como uno “de los primeros contrabandistas negreros del mundo”. Tal vez a José Antonio Primo de Rivera le bautizaron precisamente como José Antonio en recuerdo de aquel bisabuelo negrero enriquecido en Cuba.

Nacido en Avilés, en 1799, José Antonio Suárez Argudín García-Barbosa emigró en su juventud a La Habana, en 1816, para trabajar en una tienda de ropas que un tío abuelo suyo llamado Miguel Galán tenía en la capital cubana. Dejó al poco tiempo aquel trabajo para convertirse en empleado del empresario segoviano Gabriel Lombillo Herce, a quien Fernando VII convirtió, en 1829, en primer marqués de Lombillo. Fue entonces y de la mano de su nuevo jefe cuando el bisabuelo de José Antonio Primo de Rivera se inició en el “odioso comercio” de personas esclavizadas. Tuvo, sin duda, un buen maestro. Consta fehacientemente que Lombillo despachó, desde La Habana, al menos 14 expediciones negreras sucesivas, entre 1813 y 1820, a las costas de África. Lo hizo en seis buques diferentes, todos de su propiedad, que permitieron desembarcar en aquellos siete años en la capital cubana un total de 4.286 cautivos africanos vivos.

Según apuntó el historiador cubano Moreno Fraginals en su monumental obra El Ingenio, Gabriel Lombillo aparece en 1820, año en que se ilegalizó el comercio de esclavos hacia Cuba, como “el séptimo negrero de la época”. Y añade, a continuación: “Asociado a José Antonio Suárez Argudín, desarrolla una febril actividad importadora de negros, que se incrementa en la etapa de contrabando. Posiblemente ellos dos, junto a Joaquín Gómez, constituyen el más importante triunvirato del contrabando de negros de la década de 1820”.

En La Habana se empezó pronto a rumorear sobre los amoríos secretos entre el joven Suárez Argudín y la esposa de su jefe, Teresa Ramírez de Arellano. Lo cierto es que en 1830 Gabriel Lombillo falleció envenenado y las sospechas se dirigieron enseguida al bisabuelo de Primo de Rivera, quien pasó un tiempo en la cárcel, acusado de aquella muerte. Las investigaciones no permitieron, sin embargo, encontrar pruebas de su autoría y finalmente el juez lo dejó en libertad.

El hecho de que Suárez Argudín se casara poco después con la viuda de Lombillo alimentó, aún más si cabe, las sospechas de que ambos habían planeado y ejecutado la muerte de aquel rico empresario. Por eso, un hermano del difunto seguía intentando, aun cinco años después de la muerte del primer conde de Casa Lombillo, que se mantuviera la acusación contra los dos sospechosos de su muerte. No tuvo éxito.

A pesar de los rumores y acusaciones, aquel matrimonio con la viuda de Lombillo permitió a Suárez Argudín aumentar notable y rápidamente su fortuna y su estatus social. Pudo dedicarse, de entrada, a gestionar aquellas fincas que habían sido del conde de Lombillo y que, por herencia, pasaron a ser propiedad de su esposa o de los hijos que Teresa había tenido con el difunto empresario. Así sucedió con el ingenio azucarero San Gabriel, ubicado en el partido de San Diego Núñez. Más aún, el empresario asturiano se dedicó a partir de entonces a comprar y fomentar nuevas fincas cafetaleras y, sobre todo, azucareras, a título individual.

Así, a la altura de 1860, Suárez Argudín era el propietario de al menos un cafetal (llamado Rotunda y ubicado cerca de Artemisa) y de tres ingenios azucareros, equipados los tres con modernas máquinas de vapor y situados en la región occidental de Cuba. Se trata de los ingenios Santa Teresa (de 241 hectáreas de extensión), San Juan Bautista (de 295 hectáreas) y Angelita, llamado así en honor de su única hija (de 671 hectáreas).

Todavía 15 años después, el bisabuelo de José Antonio Primo de Rivera mantenía en propiedad aquellas tres haciendas de producción de caña de azúcar. En el antiguo ingenio Santa Teresa (renombrado como Nueva Teresa), ubicado en la jurisdicción de Bahía Honda, trabajaban, en 1877, 188 esclavos, 21 culíes chinos y 121 trabajadores “alquilados y libres” mientras que la dotación del ingenio Angelita, ubicado en la jurisdicción de Cienfuegos, la componían 95 personas esclavizadas. Según fuentes fiscales, en un solo año, en 1877, el propietario de aquellas tres fincas había obtenido de su explotación un producto líquido total de 116.366 pesos fuertes (equivalentes a 581.830 pesetas, en la España peninsular). Una verdadera fortuna. De una de aquellas haciendas nos dice Moreno Fraginals que su dueño “hizo de su ingenio Angelita, de Cienfuegos, un importante centro de cría” de niños y niñas hijos de esclavas, destinados a convertirse también en futuros esclavos. Al estilo de una granja.

Mientras tanto, el bisabuelo asturiano de Primo de Rivera no había dejado de dedicarse al tráfico de africanos esclavizados, una actividad que era ilegal desde 1821 pero que se mantuvo, en Cuba, hasta 1867. Todavía en agosto de 1855, el cónsul británico en La Habana denunció ante el capitán general de la isla la reciente llegada de un velero con 510 cautivos africanos, señalando los nombres de quienes habían organizado aquella expedición y destacando, entre ellos, precisamente a Suárez Argudín. Una denuncia que, ante la inacción de las autoridades cubanas, la diplomacia británica acabó trasladando, meses después, al Ministerio de Estado, en Madrid, con nulos resultados.

Tanto la presión británica como el contexto político en el mundo occidental hacían cada vez más difícil la actividad de los traficantes de esclavos en Cuba. Mientras tanto, la economía agroexportadora de la isla no dejaba de requerir brazos y más brazos para seguir produciendo más y más azúcar. Surgieron entonces diferentes iniciativas para allegar colonos supuestamente libres a trabajar en los campos cubanos. La Real Junta de Fomento promovió, por ejemplo, la llegada de culíes chinos (fueron casi 125.000 los que arribaron a Cuba entre 1847 y 1874) mientras que diversos particulares impulsaron, en paralelo, otras iniciativas.

Uno de ellos fue el bisabuelo de José Antonio Primo de Rivera, quien planteó, a partir de 1853, la idea de organizar legalmente la llegada de “inmigrantes africanos” a Cuba. Esbozó y publicó en La Habana en 1855 un primer y breve folleto titulado Proyecto o representación respetuosa sobre inmigración africana, dirigido al capitán general de Cuba, y realizó además gestiones en Londres para convencer a las autoridades británicas de la bondad de su proyecto. La negativa de los gobernantes españoles y británicos a dar por bueno su plan le llevó a formular con más detalle su propuesta, ampliando sus horizontes y buscando nuevos aliados. Fue así como en 1860 publicó, también en La Habana, un extenso folleto titulado Proyecto de inmigración africana para las islas de Cuba, Puerto Rico y el imperio del Brasil, a sus respectivos gobiernos. Un proyecto que él lideraba y que contaba con la implicación directa de un paisano suyo, el asturiano Luciano Fernández Perdones, así como del portugués Manuel Basilio da Cunha Reis.

Este último fue uno de los últimos grandes negreros de Brasil y optó por trasladar su residencia desde Rio de Janeiro a Nueva York, en la década de 1850, tras el cese del tráfico de esclavos hacia la antigua colonia portuguesa. Antes había vivido unos años en Angola. Desde Manhattan, Da Cunha Reis se mantuvo como uno de los grandes comerciantes negreros del Atlántico en aquellos años 1850, proveyendo de africanos esclavizados a los hacendados cubanos, como bien explica John Harris en su libro The Last Slave Ships. No hay que descartar que las relaciones entre Manuel Basilio da Cunha Reis y José A. Suárez Argudín se hubieran tejido, precisamente, por su previa asociación en la trata ilegal con destino a Cuba.

De su matrimonio con el asturiano José Antonio Suárez Argudín, la cubana Teresa Ramírez de Arellano alumbró un hijo (llamado José Antonio, como su padre) y una hija (Ángela). El primogénito, José Antonio Suárez Argudín y Ramírez de Arellano, tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera, se casaría en La Habana en 1860 con Francisca María del Valle Iznaga. Un hermano de Francisca María, José María del Valle Iznaga, es bisabuelo tanto de las hermanas Ana y Loyola de Palacio del Valle Lersundi, dirigentes del PP de Aznar, como del periodista y actual eurodiputado de Vox Hermann Tertsch del Valle Lersundi. Los tres son, por lo tanto, primos lejanos de José Antonio Primo de Rivera.

Cabe señalar que Amadeo I otorgó, en 1872, el título de marqués de casa Argudín al tío abuelo del fundador de Falange Española. Poco tiempo pudo disfrutar, sin embargo, de su dignidad nobiliaria pues José Antonio Suárez Argudín y Ramírez de Arellano fue asesinado en La Habana cuatro años después, en el marco de un sonado litigio cuyo principal protagonista era su padre. En palabras, nuevamente, de Manuel Moreno Fraginals: “Su vida se cierra con la mayor quiebra fraudulenta que conociera Cuba, que origina dos atentados contra su vida y el asesinato de su hijo del mismo nombre y apellido, ya transformado en marqués de Casa Argudín. El victimario, Sánchez Iznaga, era uno de los más ricos propietarios azucareros de Cuba”. Y concluye: “La historia real de estos dos negreros supera al más truculento folletín de la época”. Cobra aquí sentido la frase atribuida a Balzac según la cual “detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen”. O dos o tres, podríamos añadir.

La otra hija de Suárez Argudín, Ángela Suárez Argudín y Ramírez de Arellano, abuela materna de José Antonio Primo de Rivera, nació en La Habana en 1839 y se casó en la misma ciudad en 1864 con el riojano Gregorio Sáenz de Heredia, que le llevaba 20 años. Ambos fueron los padres de Casilda Sáenz de Heredia y Suárez Argudín, la cual se casó a su vez, en Madrid en 1902, con el militar Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Hay que tener en cuenta que el futuro dictador no fue el primer militar que optó por casarse con una rica cubana. O americana, en general. El general Francisco Serrano, quien acabaría siendo Alteza Real y Regente de España entre 1869 y 1871, se había casado en 1850 con la cubana Antonia Domínguez Borrell, que era nieta del hacendado José Mariano Borrell Padrón, cuyo ingenio Guaimaro había realizado, en 1827, la zafra más alta del mundo en su época. Era sobrina además del primer conde de Casa Brunet, propietario del ingenio San Carlos.

Domingo Dulce, capitán general de Cuba, se casó por su parte en Madrid en 1867 con Elena Martín de Medina, condesa viuda de Santovenia y propietaria del ingenio Australia. Por otro lado, el general Joan Prim se había casado en 1856 en París con la joven y rica mexicana Francisca Agüero González. En sus matrimonios y a su descendencia, ellas aportaban sus notables capitales, acumulados en tierras americanas. Y uso la palabra “capital” en plural y en un doble sentido, tanto crematístico como social. Fueron esos capitales los que les permitieron después, a su regreso a España, ascender económica y socialmente. Sin la previa experiencia cubana, ni los Sáenz de Heredia ni los Suárez Argudín habrían alcanzado el estatus económico y social que llegaron a acreditar tras su retorno a la península. Un estatus que legaron, después, a sus descendientes, como, por ejemplo, a José Antonio Primo de Rivera o a su primo hermano, el cineasta José Luis Sáenz de Heredia.

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