Trabajador, Master en Criminología, 2025; Experto Universitario en Antropología y Ética, 2023; Master en Cooperación Internacional y Desarrollo de los Pueblos, 2022; Diplomado en Sociología, 2021; Químico industrial; asesor de inversiones y financiación; Gerente de empresas Cooperativas; Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid (CEPADE).( y cazador de forajidos, atracadores de Estados y ex-presidentes vivos de gobiernos Españoles )
El monumental
escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, propiciadas por el PP y
blindadas por el PSOE, va para largo. No estamos en Francia o Alemania. Ni
siquiera en Portugal, donde es impensable lo ocurrido aquí. Las
inmatriculaciones son producto «made in Spain», porque la esencia de su Iglesia
responde al Estado retrógrado, oscurantista y corrupto que –salvo breves
primaveras republicanas– le ha permitido hacer cuanto quiere a lo largo de la
historia.
Conste que
cuando en 2007 unos pocos iniciamos esta causa, teníamos tantos frentes
abiertos para pelear que la Iglesia (española, precisemos), era la mosca que
menos nos picaba. Unos éramos ateos, pero no clerófagos; otros creyentes,
cándidos hasta para creer que la heredera de Jesús no podía hacer tal
sinvergüenzada. Incluso los había meros ciudadanos conscientes que, una vez
denunciado el escándalo, pensaban que las instituciones democráticas actuarían
en consecuencia y desharían el entuerto. Tonto de mí, yo hasta esperaba que,
ante la protesta popular, incluso de amplios sectores católicos, la jerarquía
se avendría a negociar, por no escandalizar a su rebaño con tantos pecados y
malaventuranzas. Por puro marketing, vamos.
Pasados los
años, hemos reconocido nuestro error. La avaricia de la cúpula eclesial es
mayor de lo que nadie podía imaginar. La distancia entre lo que hace y predica,
galáctica. El afán de poder y de acumular, su única razón de ser. Un vistazo al
reciente libro “Iglesia S.A.”, de Ángel Munárriz, demolerá las dudas que
queden.
Alguien definió
a la Iglesia como una empresa con productos a la venta: Dios, perdón,
salvación; su logotipo la cruz; oficinas centrales en el Vaticano; consejo de
administración en el colegio cardenalicio; delegaciones en todo el mundo y una
clientela fidelizada que ellos mismo llaman «rebaño». Su objetivo, la propia
Iglesia: permanecer, crecer, acumular.
En suma,
sacrificar principios y valores en el altar del más prosaico economicismo. «No
hay punto de la Iglesia donde se rasque sin que aparezca, bajo la piadosa
cáscara, el color del dinero», nos dice Munárriz.
Además, es una
empresa en rescate permanente: sus ingresos están privatizados; sus gastos,
socializados. Según Europa Laica, la Iglesia española se lleva al año 11.000
millones del Estado, a través de IRPF, exenciones de impuestos; conservación de
sus edificios; sueldo de profesores de religión; conciertos educativos;
subvenciones; sueldo de sus capellanes… Y siguen quejándose.
Ningún gobierno
ha dejado de engrosar sus arcas y prebendas. A lo acumulado durante el
franquismo, Felipe González añadió el invento de la cruz en el IRPF. Aznar
mejoró el sistema y además cambió la Ley Hipotecaria para que pudiera
inmatricular a mansalva. Y cuando la Unión Europea obligó a España a acabar con
la escandalosa exención del IVA, llegó Zapatero con un privilegio aún mayor,
aumentando un 33% la asignación del IRPF. La Iglesia siempre gana.
«Una ley
especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
presupuesto del clero», decía el artículo 26 de la última constitución
republicana. Respondieron con una Cruzada de Liberación.
Pero el
escándalo de las inmatriculaciones, ese burdo sistema de acumulación
patrimonial, solo tiene parangón con los antiguos sistemas de saqueo. La
Inquisición fue el gran invento para hacerse con las propiedades de los que
hacían ceniza en los autos de fe. De paso, la imagen infernal de los que ardían
activaba la venta de indulgencias, aquellas txartelas que posibilitaban estar
un rato menos de eternidad socarrándote en el purgatorio, otro invento
diabólico, otrora dogma de fe, del que ahora nadie habla porque ha dejado de
ser rentable.
Las
indulgencias provocaron la división de la Iglesia, pero la pasta era lo
primero. Trajeron como producto derivado la venta de reliquias, otro gran
negocio hasta tiempos recientes. Los pueblos las compraban; la Iglesia las
autentificaba; los peregrinos las adoraban y se llevaban a buen precio un
zacuto de indulgencias. Están documentados hasta diecisiete brazos de San
Andrés; trece de San Esteban, doce de San Felipe; gotas de leche de María;
pañales del Niño Jesús; mechones del pelo de Cristo; plumas del arcángel San
Gabriel; estornudos del Espíritu Santo; suspiros de San José; veintiún clavos
de la cruz y 850 espinas de la corona. En la iglesia de Reims estaba el «santo
prepucio de Cristo», como nuevo, es de suponer. En la iglesia de San Martín de
Lucca se veneraba «el santo cordón umbilical» del niño Jesús; en Tréveris el
peine de la Virgen; en Extremadura había pedazos de la túnica de Cristo; pelos
de su barba; astillas de su cuna; gotas de su sangre. Dedos de santos a
cestañadas: solo de San Juan Bautista se cuentan sesenta y de Santa Juliana hay
cuarenta cabezas, todas ellas auténticas. Y no se rían, siquiera por respeto a
quienes arrojaron al fuego por no creerlo. Las reliquias, como todos sabemos,
producían no pocos milagros, que derivaban en centros de peregrinación. Puestos
a inventarse cosas, la Iglesia inventó hasta el turismo.
Las
inmatriculaciones ha sido el último intento acaparador, con el mismo descaro,
la misma trapacería, la misma intención saqueadora de siempre. Ya no recurren a
la guerra santa; desaparecieron los Estados Pontificios y la Inquisición;
borraron de las liturgias el infierno y el purgatorio… Hasta cambiaron el Padrenuestro,
trocando «deudas» por «ofensas» en el «perdona nuestras deudas como nosotros
perdonamos a nuestros deudores», lo cual no es lo mismo.
En lo único que
la Iglesia mantiene una coherencia absoluta es en su pasión enfermiza por los
bienes terrenales, para bochorno de los verdaderos cristianos, que haylos. Con
esos pecadores profesionales nos enfrentamos quienes luchamos por la
recuperación de los bienes arrebatados a nuestros pueblos.
En Mozambique el hallazgo de un enorme yacimiento de gas natural en su costa norte, explotado por las mayores empresas energéticas del mundo, ha conllevado la corrupción y la insurgencia yihadista.
Descubrimiento de gas natural en Mozambique: más
tragedias que esperanzas económicas
El 18 de
febrero de 2010, Anadarko Moçambique, una filial de Anadarko Petroleum (comprada por
Occidental Petroleum en 2019), descubrió un
enorme yacimiento de gas natural en la cuenca de Rovuma, frente a la costa del
norte de Mozambique. Durante los años siguientes, algunas de las mayores
empresas energéticas del mundo se acercaron a la provincia de Cabo Delgado, en
donde se encuentra la cuenca. Entre estas empresas, se encontraban
corporaciones como la francesa TotalEnergies SE (que compró el
proyecto de Anadarko), la estadounidense ExxonMobil y la italiana ENI,
que colaboró con la
China National Petroleum Corporation para la “exploración y producción de
petróleo y gas”.
Los
descomunales proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) de estas empresas tienen (según el
Standard Bank Mozambique) un valor potencial de 120.000 millones de dólares.
TotalEnergies SE y ExxonMobil controlan las concesiones más lucrativas. Esta
valoración se produce al mismo tiempo que Mozambique ocupa el puesto
145 – entre 155 países – en el Índice de Desarrollo relativo al Género (según
el Informe de Desarrollo Humano 2009), y el puesto 172 – entre 182 países –
según el Índice de Desarrollo Humano. El inmenso hallazgo del yacimiento de gas
natural y estos proyectos de GNL debían estar destinados a beneficiar económica
y socialmente a un Mozambique empobrecido.
En 2014, el
ministro de Finanzas mozambiqueño, Manuel Chang, declaró que los
ingresos obtenidos de este enorme hallazgo de gas natural permitirían al
Gobierno de Mozambique “invertir en energía, turismo e infraestructura. Los
corredores de Nacala, Beira y Maputo, que fomentarán una mayor comunicación
regional, se están desarrollando para ofrecer oportunidades únicas. La
agricultura está en la base de nuestro desarrollo, y la pesca también es muy
importante, ya que tenemos un litoral de 2.700 kilómetros”.
Chang dijo ser
consciente de los peligros que supone una afluencia masiva de ingresos como
consecuencia del descubrimiento (un problema llamado la enfermedad holandesa).
“Vamos a utilizar los ingresos de los recursos minerales para diversificar y
reducir la desigualdad”, dijo. “Estamos invirtiendo mucho en educación y
sanidad, porque entendemos que sin una población cualificada y sana no puede
haber crecimiento”.
A primera
vista, Mozambique parecía destinado a un futuro brillante. El hallazgo de gas
natural ayudaría a generar dinero para su Gobierno, cuyos funcionarios parecían
lo suficientemente inteligentes como para evitar la “maldición” de los
recursos. Pero todo se fue desviando. Dos tragedias atravesaron Mozambique:
un levantamiento arrasó
con el norte, la misma región de la bonanza del gas natural, y un escándalo de
corrupción paralizó al Gobierno, con la detención de Chang en Sudáfrica
en 2018.
Criminales de cuello verde
En 2017,
militantes armados tomaron el control de
amplios sectores de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado. Operaban bajo la
bandera de al-Shabaab (los jóvenes). Estos jóvenes, que formaban parte de
al-Shabaab, procedían de Cabo Delgado, Nampula y Niassa. Todas estas provincias
vieron aumentar sus
niveles de pobreza tras el hallazgo de gas natural (en Niassa, el índice de
pobreza se duplicó entre
2008 y 2014). Al mismo tiempo, el Estado actuaba con violencia extrema contra
la población (empobrecida) de estas provincias; por ejemplo, en 2014 la Unidad
de Intervención Rápida de Mozambique (Força de Intervenção Rápida) arremetió violentamente
contra personas desesperadas que intentaban ganarse la vida en los campos de
rubí de la segunda ciudad más grande de Cabo Delgado, Montepuez.
Bonomade Machude Omar,
líder de Al Shabaab, nació en Palma, se crió en las escuelas gubernamentales e
islámicas de Mocímboa da Praia y se entrenó en las fuerzas militares de
Mozambique, todo esto, antes de reunir a varios jóvenes para que le apoyaran
contra la extrema pobreza que se vivía en las provincias del norte del país.
Omar dirigió primero este levantamiento contra la pobreza en las provincias
mozambiqueñas ricas en gas natural, bajo la bandera de Al Shabaab y, más tarde
– de forma intempestiva –, bajo la del Estado Islámico.
Por ello, el
Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha definido como
terrorista, y los militares de Ruanda y de la Comunidad de Desarrollo de África
Austral, que incluye tropas de Botsuana, Lesoto, Sudáfrica, Angola y Tanzania,
están operando ahora junto al
ejército de Mozambique en Cabo Delgado. Se encargan del trabajo sucio para
ExxonMobil y TotalEnergies SE.
Criminales de cuello blanco
Mientras tanto,
en un salón de Maputo, la capital de Mozambique, ha comenzado un juicio. 19 hombres han
sido “acusados de chantaje, falsificación, malversación y lavado de dinero”. Se
les señala por un escándalo de corrupción de 2.000 millones de dólares de
“deuda oculta”. Entre 2013 y 2014, estos hombres crearon tres
empresas para aprovechar el descubrimiento de gas natural. ProIndicus se creó
en enero de 2013 para proporcionar seguridad a las multinacionales energéticas;
Ematum, constituida en agosto de 2013, se creó con el pretexto de ser una
empresa de pesca de atún, que trabajaría en las costas del norte; MAM,
constituida en mayo de 2014, iba a proporcionar servicios de astillero para las
multinacionales energéticas. Cada una de estas empresas era copropiedad del
servicio de inteligencia de Mozambique, conocido como Serviço de Informações e
Segurança do Estado (SISE). Ninguna de ellas existía más allá de los papeles;
el director general de las tres empresas era António Carlos do Rosário, un alto
funcionario del SISE.
La mayor parte
de las pruebas disponibles utilizadas para este caso proceden de las acusaciones en
el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, ya que los bancos
neoyorquinos ofrecieron sus servicios para los sobornos que anclaron los
acuerdos. Las tres empresas papeleras – controladas por altos funcionarios del
gobierno de Mozambique – obtuvieron préstamos por valor de 2.000 millones de dólares
de Credit Suisse y VTB Capital (denominados Investment Bank 1 y 2 en las acusaciones). Los
préstamos, que representan el 13% del PIB de Mozambique, fueron tramitados por
consultorías (Palomar) y sociedades de cartera (Privinvest) y en ellos
participaron personas de diversas nacionalidades (Mozambique, Emiratos Árabes
Unidos, Líbano, Nueva Zelanda, Reino Unido y Bulgaria) implicadas en el
escándalo de la “deuda oculta”.
El Fondo
Monetario Internacional (FMI) suspendió los
préstamos a Mozambique en abril de 2016, justo después de que se conociera el
escándalo de la deuda oculta. La economía de Mozambique se contrajo cuando los donantes
internacionales se unieron al FMI para cortar las infusiones de capital, lo que
llevó a que el metical, la moneda de Mozambique, se hundiera en un tercio de su
valor. En 2019, Mozambique se esforzó por renegociar su deuda, luchando por
evitar el embargo de los futuros ingresos de los campos de gas por parte de los
ricos tenedores de bonos.
No hay
ejércitos que se apresuren a lidiar con este escándalo, ya que Manuel Chang
está sentado en Sudáfrica luchando contra la extradición a
los Estados Unidos, mientras António Carlos do Rosário, Gregorio Leao y
Cipriano Sisinio Mutota – todos ex funcionarios del SISE – se sientan en
una sala de audiencias en
Maputo. Junto a ellos se encuentra en el banquillo de los acusados Ndambi
Guebuza, hijo del ex presidente mozambiqueño Armando Guebuza. Es poco probable
que impliquen al sistema.
Por ejemplo, el
ex presidente Armando Guebuza no se enfrenta a ninguna acusación, ni tampoco su
ministro de Defensa ni el actual presidente, Filipe Nyusi. Tampoco lo está uno
de los hombres más ricos de Francia, Iskandar Safa, que está demandando a
Mozambique por su dinero después de que su socio – Jean Boustani – fuera
absuelto por un tribunal estadounidense por reparos de jurisdicción. Los
bancos, Crédit Suisse o VTB Capital, tampoco están siendo procesados en los
tribunales.
Una tragedia –
un levantamiento contra la pobreza que ha tomado por conveniencia el manto del
Estado Islámico – se enfrenta a toda la ira de los ejércitos africanos.
Mientras tanto, otra tragedia – el robo criminal de miles de millones de
dólares a un país pobre – se está resolviendo en los tribunales y en la
trastienda. Omar es el villano del día, mientras que Chang, Carlos do Rosário y
sus asociados se enfrentarán al acoso y a cortas penas de cárcel.
Los verdaderos
ladrones, mientras tanto, se sentarán en el Cavalli Club de Dubai y disfrutarán
de sus filetes de Wagyu de grado superior – de 700 dólares –, mientras sonríen
y planean sus próximos negocios.
En
las últimas semanas a raíz de la subida histórica de la factura de la luz, se
ha puesto encima de la mesa cuál es el papel de uno de los sectores
empresariales más importantes del Estado español: las eléctricas. Llama la
atención que incluso Nadia Calviño (la ministra más neoliberal del Gobierno) ha
tenido que admitir que las eléctricas están teniendo “excesivos beneficios”.
Este hecho
refleja la enorme influencia de estas empresas, sin embargo su poder no ha
caído del cielo y Calviño parece omitir que el modelo de impunidad del que
gozan y que les permite conseguir esos «excesivos beneficios» ha sido
construido minuciosamente y en cuya construcción, el PSOE ha supuesto un
capítulo importante. Sin figuras como Felipe González o Aznar no se entiende el
actual mercado energético español.
Se trata sin duda
de compañías que forman parte del núcleo duro del capitalismo español y que
muestran cómo el Régimen del 78, sus instituciones y distintos partidos están
al servicio de un puñado de capitalistas.
Un mercado repartido entre los amigos del
dictador
En el caso de la
patronal de las eléctricas y el actual modelo del mercado eléctrico tiene su
origen en el franquismo y en su política de entrega de sectores estratégicos de
la economía a los empresarios afines a la dictadura. A pesar de sus tendencias
intervencionistas, Franco mostró enorme respeto por los intereses económicos
privados, especialmente con los de algunas figuras que habían contribuido
significativamente a financiar el golpe que inició la Guerra Civil.
De esta manera el
papel del régimen franquista fue clave para que Juan March, empresario que
financió notoriamente al ejército sublevado, se hiciera con el control de Fecsa
(Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), grupo que con los años será parte
importante de la actual Endesa.
Otro de los
empresarios beneficiados, y que también fue amigo personal del dictador y
promovió la adquisición por parte de la familia Franco del polémico Pazo de
Meirás, fue Pedro Barrie. Este personaje se hizo con el negocio eléctrico en el
noroeste de la península a través de Fenosa.
Al sur también la
lealtad al Régimen fue recompensada. En Andalucía se le otorgó el monopolio del
mercado eléctrico a los Benjumea a través de la empresa “Compañía sevillana de
Electricidad”. Esta familia tuvo una fuerte vinculación y colaboración con uno
de los generales más sanguinarios del bando sublevado, Queipo de Llanos.
Organizaron con mano de hierro y represión la retaguardia en Andalucía durante
los momentos álgidos de la Guerra Civil para que el llamado “carnicero de
Sevilla” tuviera las manos libres para desempeñar su papel en el frente.
A pesar del
modelo autocrático, Franco no apostó por la nacionalización de este sector
estratégico, sino por una cierta liberalización. Y no solo se dió la
liberalización, sino el nulo control del Estado sobre los precios de la
electricidad. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Industria fundaba
Empresa Nacional de Electricidad, SA, (Endesa), se daba margen a las grandes
eléctricas para que esquivasen el control de tarifas que el Estado les imponía
para combatir la subida de los precios y empezaban a mostrar altos beneficios.
Muestra de ello fue la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a
propuesta de José María de Oriol Urquijo. Unesa era una empresa privada que
agrupaba capital de las grandes eléctricas y cuya función era coordinar la
producción y distribución a nivel estatal, una auténtica autorregulación. Una
función que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia recaía en el
propio Estado.
Esta
autorregulación generaba enormes beneficios y convirtió a la industria
eléctrica en un mercado muy interesante para la banca. Así, los grandes bancos
se lanzaron a la caza de las eléctricas y Banco Vizcaya, Banco Bilbao, Banco de
Santander, Banco Central y el Urquijo fueron los mayores inversores de las
eléctricas en este periodo. De esta manera los grandes banqueros de la época
pasaron a formar parte de los accionistas con más peso en las principales
compañías de electricidad. Fue así como los lazos entre las eléctricas, el
capital financiero y el Régimen se estrecharon formando un bloque compacto.
La ayuda de
Franco a los magnates ibéricos fue más allá de sentar las bases para que hagan
y deshagan a su antojo; el dictador también se encargó de “expropiar” a las
empresas internacionales que tenían capital en la industria eléctrica española
desde el siglo XIX para beneficiar a los empresarios autóctonos. Es el caso de
la Barcelona Traction Light and Power, una empresa de capital internacional que
poseía la red de suministro en gran parte de Catalunya. Juan March trató de
comprarla sin éxito hasta que finalmente un tribunal la declaró en quiebra a
pesar de que sus cuentas estaban en orden y el Estado obligó a subastarla. El
resultado de la subasta fue previsible: Juan March logró adquirir la compañía a
precio de saldo. Se podría decir que Franco nacionalizó algunas eléctricas y
las “socializó” entre unos pocos capitalistas.
Coexistiendo con
estas empresas privadas se desarrolló Endesa. Al tratarse de una empresa
pública desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos extender la red de
distribución y fortalecer técnicamente el suministro diversificando los modos
de producción. Esto la convirtió en una empresa pública “rentable” algo que
como veremos más adelante será generosamente regalado en “democracia” a los
capitalistas.
La privatización completa de la
electricidad: de González a Aznar
El modelo
eléctrico español es definido por un evidente oligopolio de unas pocas empresas
que controlan la producción y la distribución y que tiene su origen en el
reparto que se hizo del mercado entre los empresarios amigos de Franco.
Este oligopolio está conformado por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola,
Naturgy, EDP y Repsol. Estas multinacionales controlan más del 90 % del
mercado eléctrico. Tan solo las tres más grandes, Endesa, Iberdrola y Naturgy
acaparan el 85 % de usuarios.
La llegada de la
“democracia” no hizo más que acelerar la liberalización de este sector y
aumentar la capacidad de controlar a su antojo los precios, el suministro y el
mercado en general por parte de estos gigantes de la energía.
Un hito en este
proceso fue la privatización de la mayor empresa pública, Endesa. Es habitual
ver como los dos grandes partidos del régimen, PP y PSOE, se cruzan acusaciones
sobre quién fue realmente el responsable de que no exista una compañía pública
en el sector y por qué se perdió la que había. Y aunque las dos formaciones
políticas estuvieron involucradas, lo cierto es que fue el PSOE quien dio
inicio a la salida a bolsa de Endesa.
El 16 de abril de
1988 el Gobierno de Felípe González inició la primera fase de la privatización
de Endesa sacando a bolsa el 20,35% de las acciones de la empresa pública, y
estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo al 25%. Pero entregar
un cuarto de la empresa les pareció poco a los socialistas y años después, en
1994, Felípe González en su segunda legislatura volvió a sacar a bolsa parte de
las acciones propiedad del Estado. En concreto un 8,7% de ellas.
Con un discurso
marcado por la demagogia, el Gobierno de González decía en ese momento que con
esto se avanzaba en la “modernización del sector”. Esta decisión provocó que el
Estado perdiese progresivamente el control de la principal empresa pública de
electricidad.
Cuando llegó
Aznar a la presidencia recibió una empresa semipública y una herencia
privatizadora que por supuesto no iba a desaprovechar. Así, en 1997, poco
tiempo después de ganar las elecciones privatizó un 35% más de las acciones
quedando ahora en manos del Estado poco más del 40% de la compañía, una
minoría. Solo será el pistoletazo de salida de la Era Aznar, este gobierno
lanzará una y otra vez ofertas públicas de acciones de Endesa hasta quedar
totalmente en manos privadas. Diez años después, será la multinacional italiana
Enel la que pase a controlar el 70% de las acciones. Paradójicamente esta
empresa tiene una historia similar a Endesa. Se trata de una empresa creada por
el Estado Italiano en la década de los 60 y que en los 90 fue igualmente
privatizada, pero en este caso, el Estado vecino aún se mantiene como el
principal accionista con un 25,5% de participación. Hoy Enel es una gran
multinacional.
La expansión
internacional de estas empresas energéticas, y en concreto de las españolas,
fue un fenómeno que se dio en la década de los 90 y que sólo pudo darse tras
las privatizaciones de los 80 y 90, momento en el que acumularon un importante
volumen de capital para expandirse. En su mayoría el lugar elegido fue
Latinoamérica en donde las reformas neoliberales en esos años, derivadas de la
aplicación del consenso de Washington, les ofrecía «oportunidades» a precio de
saldo. Así Repsol, Endesa o Gas Natural «compraron» empresas públicas o
privadas con el apoyo de las instituciones financieras y los planes aplicados
por el imperialismo.
Llegados a este
punto, y habiendo visto la generosidad del Régimen hacia la burguesía, no
podemos pasar por alto el tema de las puertas giratorias. El Régimen del 78 y
en especial su sistema de partidos está estrechamente vinculado con el
oligopolio energético, prueba de ello es que tres expresidentes; más de 20
ministros (a partes iguales entre el PSOE y el PP); y una larga lista de
secretarios de Estado pasaron directamente de diseñar el actual mercado
eléctrico a cobrar sueldos millonarios de estas mismas empresas.
El fenómeno de
las puertas giratorias fue muy cuestionado en el 15M y a partir de entonces,
este método se mantuvo, pero ahora los partidos burgueses tratan de disimular
más poniendo en los consejos de administración a figuras de segunda o tercera
fila y esperando un tiempo más prudente desde el final del cargo. Quedaba así
atrás la época en la que pudo darse la llamativa situación en que los dos
principales responsables de la privatización y presidentes del gobierno,
González y Aznar terminarían recibiendo sueldos millonarios de las eléctricas.
Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural en
cuatro años. Todo un despropósito.
No puede haber
mayor muestra de lo que Marx ya definió cuando la electricidad aún no llegaba a
las ciudades, que “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra
los negocios comunes de la clase burguesa”.
Un modelo hecho “a dedo” para el control
de unos pocos capitalistas
Pero la
privatización no ha sido el único regalo que han hecho los gobiernos a las
eléctricas. También han tomado una serie de medidas que son las que han
determinado un modelo de negocio que blinda por encima de todo los beneficios
de estas empresas.
En 1997 bajo el
Gobierno de Aznar, a la vez que se inicia la venta total de Endesa también se
legisla para que el precio de la luz fuese determinado en una subasta, dando
lugar al llamado mercado mayorista o “pool”, en donde se vende y compra energía
para cada una de las horas del día siguiente. Como son las grandes eléctricas
las que producen y distribuyen la electricidad tienen un control absoluto de
estas subastas y por tanto son capaces de manipular a su antojo el precio de la
luz. Con los años tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han ido dando
paulatinamente mayor margen de maniobra a las grandes empresas en este mercado.
Cinco años más
tarde, en 2002, el ministro de economía de ese momento, Rodrigo Rato, decidió
fijar el precio de la luz por ley, para supuestamente paliar la inflación. Sin
embargo esto se ha terminado convirtiendo en un regalo envenenado para los
usuarios, ya que como contrapartida el ministro-banquero establecía el
denominado “déficit tarifario”. Con esto el Estado contrae una deuda con las
empresas por no recibir el precio real de la electricidad y por tanto la
Administración Pública iba acumulando una deuda con las eléctricas que sería
cobrada con intereses.
Es decir, el
gobierno del PP dejaba decidir a las eléctricas el precio de la luz que todos
consumimos y al mismo tiempo le terminaba pagando intereses por una deuda que a
todas luces es ilegítima, porque se da en base a unos costes sobre la energía
que determinan estas multinacionales y que en todos estos años se han negado a
mostrar de forma transparente cuánto auténticamente les cuesta producir la
electricidad. Desde luego se trata de un negocio redondo para el oligopolio
eléctrico.
Dos de las
últimas medidas polémicas que también han encarecido el precio de la luz y
beneficiado a las empresas han sido el impuesto al sol y los llamados
“beneficios caídos del cielo”. La primera penaliza el autoconsumo de quien
quiera instalar paneles fotovoltaicos, y en los hechos otorga el control de la
energía solar a las grandes eléctricas. Y la segunda supone un regalo en toda
regla por el cual los consumidores terminan pagando los costes de emisión de
CO2 a estas empresas. Costes que en la mayoría de ocasiones ni siquiera las
empresas han de asumir pero sí los reciben como beneficios. Esto se debe a que
en el «pool» del mercado energético el precio de la luz es determinado por el
coste de producción de la tecnología más cara. Esta tecnología suele ser la que
utiliza el Gas Natural para generar electricidad, a la cual se aplican los impuestos
por emisión de CO2 que encarecen aún más su precio. Este tipo de producción
eléctrica termina imponiendo el precio general de la luz y de toda la
producción eléctrica -desde la generada con energía eólica, hidráulica o solar-
así las empresas venden todas sus energías al mismo precio (el marcado por la
producción con Gas Natural que incorpora impuestos por emisión de CO2).
Otra de las
polémicas del último periodo se desató con las primeras noticias sobre el
reparto de los fondos europeos. Una parte muy importante de los mal llamados
«fondos para la recuperación» irán destinados a modo de transferencia directa
para empresas del IBEX35, varias de ellas grandes eléctricas. Muchas de las
cuales hoy son grandes contaminantes que ya han diseñado distintos planes
millonarios para participar del reparto de los fondos bajo la etiqueta de
«eficiencia energética» o «transición ecológica». Endesa por ejemplo ha
presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones.
Un sector estratégico
Nos encontramos
por tanto ante un sector de la economía estratégico con unas multinacionales
fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y
partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras son
empresas para las cuales se tiene una política de Estado que blinda sus
intereses y beneficios.
Estos privilegios
no son anecdóticos sino que forman parte esencial del funcionamiento de esta
democracia para ricos. Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener
una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de
la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.
Es por esto que
los planteamientos de formaciones políticas como Unidas Podemos se muestran
totalmente impotentes, dando muestra una vez más de su adaptación al Régimen y
a los poderosos. Durante la campaña electoral el partido morado hizo del
combate contra las eléctricas y la bajada de la factura de la luz una de sus
principales banderas. Pablo Iglesias llegó a afirmar que «disparar la factura
de la luz solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo
consiente, será cómplice».
Sin embargo, como
hemos podido ver cuando han llegado al Gobierno ha sido precisamente eso lo que
ha sucedido, incluso con subidas nunca antes vistas. Lo único que han alcanzado
a proponer
tímidamente los ministros de Unidas Podemos es la creación de una empresa pública
en el sector. Pero esta medida, que Unidas Podemos propone de cara a
la galería sin ninguna intención de llevarla a cabo realmente, es planteada de
manera absolutamente limitada. Incluso reconocen que no tendría ningún efecto
sobre la factura de la luz y que habría que esperar a que expiren las
concesiones de las plantas hidroeléctricas en manos privadas, algunas de ellas
con duración de más de 30 años.
El oligopolio de
las eléctricas, que es capaz de hacerse oír con fuerza en los principales
medios de comunicación, ha logrado sembrar la idea que estas subidas de la luz
son fruto de los azares del mercado y que poco se puede hacer. El Gobierno
también contribuye a difundir este mensaje, dando a entender que se trata de
una cuestión complicada y “sin soluciones simples y a corto plazo”. Esto es una
manera de decir que no piensan hacer nada significativo y mucho menos si va en
contra de los intereses de los dueños de las eléctricas.
Pero la solución
es relativamente sencilla, es necesario expropiar sin indemnización a las
grandes empresas que tienen el control del mercado energético y ponerlas bajo
el control democrático de trabajadores y usuarios. La complejidad de la que se
ha dotado el sistema eléctrico no es para hacerlo más racional, sino para justificar
por múltiples vías cómo el Estado garantiza los beneficios de estas
multinacionales.
¿Por qué son las eléctricas las que determinan el precio de la luz mediante una
subasta? ¿Por qué hay que pagarles a las empresas los gastos de emisión de CO2
cuando generan electricidad que no genera estos gases? ¿Por qué hay que pagar
una deuda que es ilegítima a empresas con millones de beneficios cada año? ¿Por
qué el sol y la energía que genera es propiedad de Endesa, Iberdrola y Naturgy?
¿Por qué en otros países de la zona, también con criterios capitalistas, la
electricidad es significativamente más barata?
Son preguntas,
que más allá de cuestiones técnicas, no son difíciles de responder, y todas
tienen la misma respuesta: para garantizar los beneficios exorbitantes del
oligopolio energético.
La única
complejidad que sí admitimos, es que para conseguir recuperar estas empresas
bajo control obrero es necesario desarrollar un combate frontal no solo contra
estas empresas sino contra el Estado que sostiene su modelo de negocio. Por
tanto se trata de una lucha en la que se debe implicar a amplios sectores de
las clases populares.
La vinculación
íntima de las eléctricas con la dictadura en su momento, y ahora con los
principales partidos políticos, tiene que ver con que se trata de un sector
clave de la economía. Los trabajadores y el movimiento obrero en particular
tienen que abordar esta cuestión de la misma manera que lo hace la burguesía.
Siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro de un puñado
de millonarios y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que
también para poder golpear de manera más contundente a nuestros enemigos de
clase.
La importancia de
estos sectores en los embates de la lucha de clases la hemos podido observar en
las llamadas “huelgas
Robin Hood” de los trabajadores de las eléctricas francesas. En
las que al mismo tiempo que se movilizaban en contra de la privatización del
sector se solidarizaban con trabajadores de otras empresas cortando el
suministro a aquellas que despedían a su plantilla. También reconectaban el
servicio a aquellas personas sin recursos. Esto provocaba una enorme simpatía y
solidaridad obrera y fortalecía los múltiples conflictos sindicales.
También es el
caso de la heroica resistencia de quienes se movilizaron en contra del golpe de
Estado en Bolivia en el 2019. Con un enorme instinto de clase los manifestantes
se jugaron a bloquear la
estratégica planta de Senkata, que suministraba hidrocarburos a La Paz,
la capital boliviana.
Estos ejemplos
son los que realmente muestran cual es el único camino posible de quebrar la
voracidad implacable con la que las empresas eléctricas se lucran a costa de
nuestro empobrecimiento. Pensar los vínculos estrechos entre este sector y el
Régimen de conjunto y su importancia estratégica a la hora de luchar contra
ellos es una tarea que tenemos que abordar los revolucionarios. Con este
artículo tratamos humildemente aportar al respecto.
En
las últimas semanas a raíz de la subida histórica de la factura de la luz, se
ha puesto encima de la mesa cuál es el papel de uno de los sectores
empresariales más importantes del Estado español: las eléctricas. Llama la
atención que incluso Nadia Calviño (la ministra más neoliberal del Gobierno) ha
tenido que admitir que las eléctricas están teniendo “excesivos beneficios”.
Este hecho
refleja la enorme influencia de estas empresas, sin embargo su poder no ha
caído del cielo y Calviño parece omitir que el modelo de impunidad del que
gozan y que les permite conseguir esos «excesivos beneficios» ha sido
construido minuciosamente y en cuya construcción, el PSOE ha supuesto un
capítulo importante. Sin figuras como Felipe González o Aznar no se entiende el
actual mercado energético español.
Se trata sin duda
de compañías que forman parte del núcleo duro del capitalismo español y que
muestran cómo el Régimen del 78, sus instituciones y distintos partidos están
al servicio de un puñado de capitalistas.
Un mercado repartido entre los amigos del
dictador
En el caso de la
patronal de las eléctricas y el actual modelo del mercado eléctrico tiene su
origen en el franquismo y en su política de entrega de sectores estratégicos de
la economía a los empresarios afines a la dictadura. A pesar de sus tendencias
intervencionistas, Franco mostró enorme respeto por los intereses económicos
privados, especialmente con los de algunas figuras que habían contribuido
significativamente a financiar el golpe que inició la Guerra Civil.
De esta manera el
papel del régimen franquista fue clave para que Juan March, empresario que
financió notoriamente al ejército sublevado, se hiciera con el control de Fecsa
(Fuerzas Eléctricas de Cataluña S.A.), grupo que con los años será parte
importante de la actual Endesa.
Otro de los
empresarios beneficiados, y que también fue amigo personal del dictador y
promovió la adquisición por parte de la familia Franco del polémico Pazo de
Meirás, fue Pedro Barrie. Este personaje se hizo con el negocio eléctrico en el
noroeste de la península a través de Fenosa.
Al sur también la
lealtad al Régimen fue recompensada. En Andalucía se le otorgó el monopolio del
mercado eléctrico a los Benjumea a través de la empresa “Compañía sevillana de
Electricidad”. Esta familia tuvo una fuerte vinculación y colaboración con uno
de los generales más sanguinarios del bando sublevado, Queipo de Llanos.
Organizaron con mano de hierro y represión la retaguardia en Andalucía durante
los momentos álgidos de la Guerra Civil para que el llamado “carnicero de
Sevilla” tuviera las manos libres para desempeñar su papel en el frente.
A pesar del
modelo autocrático, Franco no apostó por la nacionalización de este sector
estratégico, sino por una cierta liberalización. Y no solo se dió la
liberalización, sino el nulo control del Estado sobre los precios de la
electricidad. Al mismo tiempo que el Instituto Nacional de Industria fundaba
Empresa Nacional de Electricidad, SA, (Endesa), se daba margen a las grandes
eléctricas para que esquivasen el control de tarifas que el Estado les imponía
para combatir la subida de los precios y empezaban a mostrar altos beneficios.
Muestra de ello fue la creación de Unesa (Unidad Eléctrica, SA), en 1944, a
propuesta de José María de Oriol Urquijo. Unesa era una empresa privada que
agrupaba capital de las grandes eléctricas y cuya función era coordinar la
producción y distribución a nivel estatal, una auténtica autorregulación. Una
función que en otros países como Francia, Inglaterra o Italia recaía en el
propio Estado.
Esta
autorregulación generaba enormes beneficios y convirtió a la industria
eléctrica en un mercado muy interesante para la banca. Así, los grandes bancos
se lanzaron a la caza de las eléctricas y Banco Vizcaya, Banco Bilbao, Banco de
Santander, Banco Central y el Urquijo fueron los mayores inversores de las
eléctricas en este periodo. De esta manera los grandes banqueros de la época
pasaron a formar parte de los accionistas con más peso en las principales
compañías de electricidad. Fue así como los lazos entre las eléctricas, el
capital financiero y el Régimen se estrecharon formando un bloque compacto.
La ayuda de
Franco a los magnates ibéricos fue más allá de sentar las bases para que hagan
y deshagan a su antojo; el dictador también se encargó de “expropiar” a las
empresas internacionales que tenían capital en la industria eléctrica española
desde el siglo XIX para beneficiar a los empresarios autóctonos. Es el caso de
la Barcelona Traction Light and Power, una empresa de capital internacional que
poseía la red de suministro en gran parte de Catalunya. Juan March trató de
comprarla sin éxito hasta que finalmente un tribunal la declaró en quiebra a
pesar de que sus cuentas estaban en orden y el Estado obligó a subastarla. El
resultado de la subasta fue previsible: Juan March logró adquirir la compañía a
precio de saldo. Se podría decir que Franco nacionalizó algunas eléctricas y
las “socializó” entre unos pocos capitalistas.
Coexistiendo con
estas empresas privadas se desarrolló Endesa. Al tratarse de una empresa
pública desde sus inicios tuvo como uno de sus objetivos extender la red de
distribución y fortalecer técnicamente el suministro diversificando los modos
de producción. Esto la convirtió en una empresa pública “rentable” algo que
como veremos más adelante será generosamente regalado en “democracia” a los
capitalistas.
La privatización completa de la
electricidad: de González a Aznar
El modelo
eléctrico español es definido por un evidente oligopolio de unas pocas empresas
que controlan la producción y la distribución y que tiene su origen en el
reparto que se hizo del mercado entre los empresarios amigos de Franco.
Este oligopolio está conformado por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola,
Naturgy, EDP y Repsol. Estas multinacionales controlan más del 90 % del
mercado eléctrico. Tan solo las tres más grandes, Endesa, Iberdrola y Naturgy
acaparan el 85 % de usuarios.
La llegada de la
“democracia” no hizo más que acelerar la liberalización de este sector y
aumentar la capacidad de controlar a su antojo los precios, el suministro y el
mercado en general por parte de estos gigantes de la energía.
Un hito en este
proceso fue la privatización de la mayor empresa pública, Endesa. Es habitual
ver como los dos grandes partidos del régimen, PP y PSOE, se cruzan acusaciones
sobre quién fue realmente el responsable de que no exista una compañía pública
en el sector y por qué se perdió la que había. Y aunque las dos formaciones
políticas estuvieron involucradas, lo cierto es que fue el PSOE quien dio
inicio a la salida a bolsa de Endesa.
El 16 de abril de
1988 el Gobierno de Felípe González inició la primera fase de la privatización
de Endesa sacando a bolsa el 20,35% de las acciones de la empresa pública, y
estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo al 25%. Pero entregar
un cuarto de la empresa les pareció poco a los socialistas y años después, en
1994, Felípe González en su segunda legislatura volvió a sacar a bolsa parte de
las acciones propiedad del Estado. En concreto un 8,7% de ellas.
Con un discurso
marcado por la demagogia, el Gobierno de González decía en ese momento que con
esto se avanzaba en la “modernización del sector”. Esta decisión provocó que el
Estado perdiese progresivamente el control de la principal empresa pública de
electricidad.
Cuando llegó
Aznar a la presidencia recibió una empresa semipública y una herencia
privatizadora que por supuesto no iba a desaprovechar. Así, en 1997, poco
tiempo después de ganar las elecciones privatizó un 35% más de las acciones
quedando ahora en manos del Estado poco más del 40% de la compañía, una
minoría. Solo será el pistoletazo de salida de la Era Aznar, este gobierno
lanzará una y otra vez ofertas públicas de acciones de Endesa hasta quedar
totalmente en manos privadas. Diez años después, será la multinacional italiana
Enel la que pase a controlar el 70% de las acciones. Paradójicamente esta
empresa tiene una historia similar a Endesa. Se trata de una empresa creada por
el Estado Italiano en la década de los 60 y que en los 90 fue igualmente
privatizada, pero en este caso, el Estado vecino aún se mantiene como el
principal accionista con un 25,5% de participación. Hoy Enel es una gran
multinacional.
La expansión
internacional de estas empresas energéticas, y en concreto de las españolas,
fue un fenómeno que se dio en la década de los 90 y que sólo pudo darse tras
las privatizaciones de los 80 y 90, momento en el que acumularon un importante
volumen de capital para expandirse. En su mayoría el lugar elegido fue
Latinoamérica en donde las reformas neoliberales en esos años, derivadas de la
aplicación del consenso de Washington, les ofrecía «oportunidades» a precio de
saldo. Así Repsol, Endesa o Gas Natural «compraron» empresas públicas o
privadas con el apoyo de las instituciones financieras y los planes aplicados
por el imperialismo.
Llegados a este
punto, y habiendo visto la generosidad del Régimen hacia la burguesía, no
podemos pasar por alto el tema de las puertas giratorias. El Régimen del 78 y
en especial su sistema de partidos está estrechamente vinculado con el
oligopolio energético, prueba de ello es que tres expresidentes; más de 20
ministros (a partes iguales entre el PSOE y el PP); y una larga lista de
secretarios de Estado pasaron directamente de diseñar el actual mercado
eléctrico a cobrar sueldos millonarios de estas mismas empresas.
El fenómeno de
las puertas giratorias fue muy cuestionado en el 15M y a partir de entonces,
este método se mantuvo, pero ahora los partidos burgueses tratan de disimular
más poniendo en los consejos de administración a figuras de segunda o tercera
fila y esperando un tiempo más prudente desde el final del cargo. Quedaba así
atrás la época en la que pudo darse la llamativa situación en que los dos
principales responsables de la privatización y presidentes del gobierno,
González y Aznar terminarían recibiendo sueldos millonarios de las eléctricas.
Felipe González llegó a cobrar cerca de medio millón de euros de Gas Natural en
cuatro años. Todo un despropósito.
No puede haber
mayor muestra de lo que Marx ya definió cuando la electricidad aún no llegaba a
las ciudades, que “el gobierno del Estado no es más que la junta que administra
los negocios comunes de la clase burguesa”.
Un modelo hecho “a dedo” para el control
de unos pocos capitalistas
Pero la
privatización no ha sido el único regalo que han hecho los gobiernos a las
eléctricas. También han tomado una serie de medidas que son las que han
determinado un modelo de negocio que blinda por encima de todo los beneficios
de estas empresas.
En 1997 bajo el
Gobierno de Aznar, a la vez que se inicia la venta total de Endesa también se
legisla para que el precio de la luz fuese determinado en una subasta, dando
lugar al llamado mercado mayorista o “pool”, en donde se vende y compra energía
para cada una de las horas del día siguiente. Como son las grandes eléctricas
las que producen y distribuyen la electricidad tienen un control absoluto de
estas subastas y por tanto son capaces de manipular a su antojo el precio de la
luz. Con los años tanto los gobiernos del PSOE como los del PP han ido dando
paulatinamente mayor margen de maniobra a las grandes empresas en este mercado.
Cinco años más
tarde, en 2002, el ministro de economía de ese momento, Rodrigo Rato, decidió
fijar el precio de la luz por ley, para supuestamente paliar la inflación. Sin
embargo esto se ha terminado convirtiendo en un regalo envenenado para los
usuarios, ya que como contrapartida el ministro-banquero establecía el
denominado “déficit tarifario”. Con esto el Estado contrae una deuda con las
empresas por no recibir el precio real de la electricidad y por tanto la
Administración Pública iba acumulando una deuda con las eléctricas que sería
cobrada con intereses.
Es decir, el
gobierno del PP dejaba decidir a las eléctricas el precio de la luz que todos
consumimos y al mismo tiempo le terminaba pagando intereses por una deuda que a
todas luces es ilegítima, porque se da en base a unos costes sobre la energía
que determinan estas multinacionales y que en todos estos años se han negado a
mostrar de forma transparente cuánto auténticamente les cuesta producir la
electricidad. Desde luego se trata de un negocio redondo para el oligopolio
eléctrico.
Dos de las
últimas medidas polémicas que también han encarecido el precio de la luz y
beneficiado a las empresas han sido el impuesto al sol y los llamados
“beneficios caídos del cielo”. La primera penaliza el autoconsumo de quien
quiera instalar paneles fotovoltaicos, y en los hechos otorga el control de la
energía solar a las grandes eléctricas. Y la segunda supone un regalo en toda
regla por el cual los consumidores terminan pagando los costes de emisión de
CO2 a estas empresas. Costes que en la mayoría de ocasiones ni siquiera las
empresas han de asumir pero sí los reciben como beneficios. Esto se debe a que
en el «pool» del mercado energético el precio de la luz es determinado por el
coste de producción de la tecnología más cara. Esta tecnología suele ser la que
utiliza el Gas Natural para generar electricidad, a la cual se aplican los impuestos
por emisión de CO2 que encarecen aún más su precio. Este tipo de producción
eléctrica termina imponiendo el precio general de la luz y de toda la
producción eléctrica -desde la generada con energía eólica, hidráulica o solar-
así las empresas venden todas sus energías al mismo precio (el marcado por la
producción con Gas Natural que incorpora impuestos por emisión de CO2).
Otra de las
polémicas del último periodo se desató con las primeras noticias sobre el
reparto de los fondos europeos. Una parte muy importante de los mal llamados
«fondos para la recuperación» irán destinados a modo de transferencia directa
para empresas del IBEX35, varias de ellas grandes eléctricas. Muchas de las
cuales hoy son grandes contaminantes que ya han diseñado distintos planes
millonarios para participar del reparto de los fondos bajo la etiqueta de
«eficiencia energética» o «transición ecológica». Endesa por ejemplo ha
presentado 110 proyectos por un valor de 19 mil millones.
Un sector estratégico
Nos encontramos
por tanto ante un sector de la economía estratégico con unas multinacionales
fortísimas y una vinculación orgánica con las principales instituciones y
partidos del Régimen del 78. Al igual que la banca o las constructoras son
empresas para las cuales se tiene una política de Estado que blinda sus
intereses y beneficios.
Estos privilegios
no son anecdóticos sino que forman parte esencial del funcionamiento de esta
democracia para ricos. Romper con la dictadura de las eléctricas, para obtener
una producción y distribución racional con precios razonables y al servicio de
la mayoría social significa enfrentarse al actual régimen político.
Es por esto que
los planteamientos de formaciones políticas como Unidas Podemos se muestran
totalmente impotentes, dando muestra una vez más de su adaptación al Régimen y
a los poderosos. Durante la campaña electoral el partido morado hizo del
combate contra las eléctricas y la bajada de la factura de la luz una de sus
principales banderas. Pablo Iglesias llegó a afirmar que «disparar la factura
de la luz solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo
consiente, será cómplice».
Sin embargo, como
hemos podido ver cuando han llegado al Gobierno ha sido precisamente eso lo que
ha sucedido, incluso con subidas nunca antes vistas. Lo único que han alcanzado
a proponer
tímidamente los ministros de Unidas Podemos es la creación de una empresa pública
en el sector. Pero esta medida, que Unidas Podemos propone de cara a
la galería sin ninguna intención de llevarla a cabo realmente, es planteada de
manera absolutamente limitada. Incluso reconocen que no tendría ningún efecto
sobre la factura de la luz y que habría que esperar a que expiren las
concesiones de las plantas hidroeléctricas en manos privadas, algunas de ellas
con duración de más de 30 años.
El oligopolio de
las eléctricas, que es capaz de hacerse oír con fuerza en los principales
medios de comunicación, ha logrado sembrar la idea que estas subidas de la luz
son fruto de los azares del mercado y que poco se puede hacer. El Gobierno
también contribuye a difundir este mensaje, dando a entender que se trata de
una cuestión complicada y “sin soluciones simples y a corto plazo”. Esto es una
manera de decir que no piensan hacer nada significativo y mucho menos si va en
contra de los intereses de los dueños de las eléctricas.
Pero la solución
es relativamente sencilla, es necesario expropiar sin indemnización a las
grandes empresas que tienen el control del mercado energético y ponerlas bajo
el control democrático de trabajadores y usuarios. La complejidad de la que se
ha dotado el sistema eléctrico no es para hacerlo más racional, sino para justificar
por múltiples vías cómo el Estado garantiza los beneficios de estas
multinacionales.
¿Por qué son las eléctricas las que determinan el precio de la luz mediante una
subasta? ¿Por qué hay que pagarles a las empresas los gastos de emisión de CO2
cuando generan electricidad que no genera estos gases? ¿Por qué hay que pagar
una deuda que es ilegítima a empresas con millones de beneficios cada año? ¿Por
qué el sol y la energía que genera es propiedad de Endesa, Iberdrola y Naturgy?
¿Por qué en otros países de la zona, también con criterios capitalistas, la
electricidad es significativamente más barata?
Son preguntas,
que más allá de cuestiones técnicas, no son difíciles de responder, y todas
tienen la misma respuesta: para garantizar los beneficios exorbitantes del
oligopolio energético.
La única
complejidad que sí admitimos, es que para conseguir recuperar estas empresas
bajo control obrero es necesario desarrollar un combate frontal no solo contra
estas empresas sino contra el Estado que sostiene su modelo de negocio. Por
tanto se trata de una lucha en la que se debe implicar a amplios sectores de
las clases populares.
La vinculación
íntima de las eléctricas con la dictadura en su momento, y ahora con los
principales partidos políticos, tiene que ver con que se trata de un sector
clave de la economía. Los trabajadores y el movimiento obrero en particular
tienen que abordar esta cuestión de la misma manera que lo hace la burguesía.
Siendo conscientes que no solo es un sector estratégico para el lucro de un puñado
de millonarios y para el funcionamiento de la economía capitalista, sino que
también para poder golpear de manera más contundente a nuestros enemigos de
clase.
La importancia de
estos sectores en los embates de la lucha de clases la hemos podido observar en
las llamadas “huelgas
Robin Hood” de los trabajadores de las eléctricas francesas. En
las que al mismo tiempo que se movilizaban en contra de la privatización del
sector se solidarizaban con trabajadores de otras empresas cortando el
suministro a aquellas que despedían a su plantilla. También reconectaban el
servicio a aquellas personas sin recursos. Esto provocaba una enorme simpatía y
solidaridad obrera y fortalecía los múltiples conflictos sindicales.
También es el
caso de la heroica resistencia de quienes se movilizaron en contra del golpe de
Estado en Bolivia en el 2019. Con un enorme instinto de clase los manifestantes
se jugaron a bloquear la
estratégica planta de Senkata, que suministraba hidrocarburos a La Paz,
la capital boliviana.
Estos ejemplos
son los que realmente muestran cual es el único camino posible de quebrar la
voracidad implacable con la que las empresas eléctricas se lucran a costa de
nuestro empobrecimiento. Pensar los vínculos estrechos entre este sector y el
Régimen de conjunto y su importancia estratégica a la hora de luchar contra
ellos es una tarea que tenemos que abordar los revolucionarios. Con este
artículo tratamos humildemente aportar al respecto.
