lunes, 28 de junio de 2021

La fragmentación de las luchas de clases

 

Hoy hace tres años fallecía el insigne filósofo marxista italiano Domenico Losurdo. Comunista militante, crítico radical del liberalismo, el capitalismo y el colonialismo e infatigable investigador de cuestiones políticas contemporáneas.

La fragmentación de las luchas de clases



Domenico Losurdo

El Viejo Topo

28.06.2021

No es el supuesto cambio de paradigma lo que caracteriza la situación creada a raíz de la crisis y posterior derrumbe del «campo socialista». Al contrario, la contraposición entre paradigma de la redistribución (cuyo intérprete sería el movimiento obrero) y paradigma del reconocimiento (cuya primera encarnación sería el movimiento feminista) es más bien el indicador del cambio real producido. Para comprenderlo no hay que perder de vista un aspecto que he señalado varias veces. Los sujetos de la lucha de clases son varios, y las luchas por el reconocimiento y la emancipación son múltiples. Entre ellas no hay una armonía prestablecida: por razones objetivas y subjetivas puede haber incomprensiones y divisiones. Los momentos más altos de la historia que se inició con el Manifiesto del partido comunista son aquellos en que se evitó la fragmentación, de modo que las distintas luchas confluyeron en una sola y poderosa ola emancipadora.

Pero esta situación es más bien excepcional. Por avanzada que sea, no hay lucha de clases que no pueda ser manipulada por el poder para incluirla en el ámbito de un proyecto global de signo conservador o reaccionario. No es ningún fenómeno nuevo, pero se acentuó y adquirió un nuevo valor cualitativo a raíz del desencanto por el resultado de las revoluciones del siglo XX y la consiguiente desorientación teórica.

Disraeli extendió el sufragio a las clases populares y promovió así su emancipación política, pero lo hizo a cambio de su respaldo a la política de expansión colonial de Inglaterra. Fue una maniobra exitosa: Marx y Engels tuvieron que reconocer que hasta la clase revolucionaria por excelencia, el proletariado, puede sucumbir a la seducción de la sirena colonialista. Hoy este fenómeno, con el neocolonialismo y el «imperialismo de los derechos humanos» –como lo llama, entre otros, un politólogo estadounidense que presta especial atención a las razones de la geopolítica–, está mucho más acentuado (Huntington 1997, p. 284). El país opresor y agresor puede envolver fácilmente en una niebla mistificadora la violencia que ejerce sobre el país oprimido y agredido.

Pero esta no es la única causa de la fragmentación de la lucha de clases. Echemos un vistazo a su tercer frente, es decir, al movimiento de emancipación femenina. El movimiento obrero reclamó durante mucho tiempo la extensión de los derechos políticos a las mujeres como parte integrante del proyecto de derrocamiento o superación del antiguo régimen capitalista. En 1887 Eleanor Marx, cuando aborda junto con su marido Edward Aveling la «cuestión femenina» y reclama los derechos políticos para las mujeres, además de comparar la «opresión» y la «humillación» de las mujeres con las que sufren los obreros, añade que «las relaciones entre hombres y mujeres» son la expresión más clara y repugnante de la «cruel bancarrota moral» de la sociedad capitalista como tal (Marx-Aveling, Aveling 1983, pp. 16 y 13). En la misma época hay exponentes o ideólogos de las clases dominantes que sopesan el sufragio femenino desde una perspectiva política y social completamente distinta, e incluso opuesta. El sufragio femenino, sugiere un autor francés, podría ser «la mayor reserva conservadora». Sí, tanto en Europa como en Estados Unidos se invoca a menudo el voto de las mujeres como contrapeso de la temida influencia política de las masas populares debido a la relajación de la discriminación censitaria (Losurdo 1993, cap. 6, § 3). En otras palabras, vemos que el poder dominante usa la lucha de clases y por el reconocimiento protagonizada por las mujeres para neutralizar o combatir la lucha de clases y por el reconocimiento promovida por las clases populares. También se puede crear otra situación: a comienzos del siglo XX, en un país como Gran Bretaña, no faltaron las mujeres que apoyaron con entusiasmo el expansionismo colonial y asumieron el papel de «Cruzadas del Imperio», ni faltaron feministas que reivindicaron la emancipación de las mujeres en nombre del lugar que les correspondía, justamente, en la construcción del Imperio (Callaway, Helly 1992 y Burton 1992). En este caso el movimiento de emancipación de las mujeres choca con el movimiento de emancipación de los pueblos colonizados.

Todas estas contradicciones, que reflejan una compleja situación objetiva (cuando no son el resultado de los manejos del poder), solo en ocasiones especiales, gracias a convincentes síntesis teóricas o a la influencia de grandes revolucionarios o de proyectos revolucionarios maduros, se resuelven y desembocan en la unidad, no sin oscilaciones y dificultades de todo tipo. Durante la primera guerra mundial, Lenin, por un lado, emplaza al proletariado de Occidente a levantarse contra la burguesía y transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, y por otro saluda las luchas y las guerras de liberación nacional de los «pueblos coloniales» y los «países oprimidos» en general, y llama la atención sobre la permanente condición de «esclava doméstica» a la que está sometida la mujer (LO, 23; 31 y 70), excluida de los derechos políticos junto con los «pobres» y «el estrato inferior propiamente proletario» (LO, 25; 433 y LO, 22; 282). En este caso sí convergen los tres frentes de la lucha de clases.

Con cerca de un decenio de diferencia, a partir de las áreas rurales, Mao (1969-1975, vol. 1, pp. 41-43) promueve una revolución que, en el ámbito de una profunda renovación nacional y social de China, también cuestiona «el poder marital», la otra «gruesa cuerda» que llevan las mujeres al cuello además de las que estrangulan al conjunto del pueblo chino. Otras veces la unificación de los frentes de la lucha de clases resulta más difícil. Ciertamente, también para Frantz Fanon «la libertad del pueblo argelino se identifica […] con la liberación de la mujer, con su ingreso en la historia». No es una mera declaración de principios. Con su participación activa en la guerrilla, la mujer deja de ser una «menor», pues esta participación cuestiona la segregación sexual y el «tabú de la virginidad»; en todo caso, «el viejo miedo a la deshonra resulta completamente absurdo comparado con la inmensa tragedia del pueblo» (Fanon 2007, pp. 94-96). Pero no conviene perder de vista otro aspecto de la cuestión:

Los responsables de la administración francesa en Argelia, nombrados para destruir la originalidad del pueblo, encargados por las autoridades de disgregar a toda costa unas formas de existencia capaces de evocar con más o menos fuerza una realidad nacional, centran al máximo sus esfuerzos en el uso del pañuelo, entendido en este caso como símbolo de la condición de la mujer argelina […]. La agresividad del ocupante, y por lo tanto sus esperanzas, se multiplican a punto de desvanecerse con cada rostro descubierto […]. Con cada pañuelo quitado, es como si la sociedad argelina aceptara ingresar en la escuela del amo y cambiar sus costumbres bajo la dirección y con el patrocinio del ocupante (Fanon 2007, pp. 40 y 44-45).

En un contexto objetivo bien determinado, la liberación nacional, al menos en lo inmediato, puede entrar en conflicto con la emancipación de la mujer. Este riesgo ha aumentado claramente hoy en Oriente Próximo donde, tras la crisis de comunismo y el marxismo, son los partidos de orientación religiosa los que llevan las riendas de los movimientos de liberación y resistencia nacional. En el pasado, las potencias coloniales (incluyendo la Italia de Mussolini) promovieron su expansión en nombre de la emancipación de la esclavitud, todavía vigente en África, pero impusieron el trabajo forzado con formas aún más odiosas y no a una clase determinada, sino al conjunto de la población indígena. Hoy en día el proyecto neocolonialista a veces levanta, no sin éxito, la bandera de la emancipación de la mujer, pero no para atacar a países como Arabia Saudí –donde la segregación y la esclavitud doméstica de la mujer persisten en su forma más rígida y obtusa–, sino a países que se rebelan contra Occidente como Irán, donde las discriminaciones contra las mujeres, aunque siguen siendo fuertes y odiosas, han disminuido de forma considerable (las muchachas constituyen la mayoría de la población universitaria y gozan de una notable movilidad social).

Fuente: Apartado 4 del capítulo XI del libro de Domenico Losurdo La lucha de clases. Una historia política y filosófica.

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domingo, 27 de junio de 2021

Adelante Andalucía se «refunda» con la presentación de un nuevo logo y elige a Teresa Rodríguez como portavoz con un 97% de los votos

 

Adelante Andalucía se «refunda» con la presentación de un nuevo logo y elige a Teresa Rodríguez como portavoz con un 97% de los votos

  • Adelante Andalucía ha celebrado este fin de semana su Asamblea Constituyente en Granada, con una nueva imagen gráfica y un discurso en el que destaca un mayor peso de la reivindicación andalucista.

Teresa Rodríguez muestra el nuevo logo de la organización / AA

 

Tercerainformación / 27.06.2021

 

Granada ha acogido este sábado la apertura de la Asamblea Constituyente de Adelante Andalucía tras un proceso en el que han participado más de 2.000 personas, gracias al cual la confluencia andalucista marca su «renacer sin tutelas de nadie», para trabajar por «un horizonte de soberanía» en Andalucía en favor de las mayorías sociales, ante quienes «hablan de izquierda pero luego hacen políticas de derechas».

El alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, ha sido el encargado de conducir el acto de «refundación» de la confluencia Adelante Andalucía de la mano de Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, Defender Andalucía y Anticapitalistas, después de que la misma arrancase en 2018 principalmente con las dos primeras formaciones junto a Podemos e IU, partidos estos últimos ajenos a este proceso de reconstrucción de la marca.

En ese sentido, el alcalde de Cádiz ha señalado el objetivo de conformar «una sola organización» en pro de «una Andalucía soberana, libre y como la que más» en los planos político, económico y social, con «la igualdad y el reparto de la riqueza» como principales ejes. «Somos la esperanza», ha defendido.

A tal efecto, ‘Kichi’ ha mostrado el nuevo logotipo de Adelante Andalucía, junto a la parlamentaria autonómica Teresa Rodríguez, excoordinadora regional de Podemos y quien junto con otros siete diputados autonómicos fue expulsada del Grupo de Adelante en el Parlamento andaluz a instancias de Podemos, tras abandonar todos ellos dicho partido por diferencias con la entonces dirección nacional de Pablo Iglesias, pero conservar los escaños cosechados a través de la confluencia Adelante.

Nueva imagen

El nuevo logotipo de Adelante Andalucía, así, conserva los colores originales de la marca, incorporando un símbolo inspirado en la estrella tartésica de ocho puntas o Gadeiro.

Ha intervenido además la senadora por Andalucía, dirigente de Primavera Andaluza y exsecretaria general del extinto Partido Andalucista (PA), Pilar González, quien ha celebrado este «nuevo trayecto», gracias al cual Adelante Andalucía aglutina «el andalucismo del siglo XXI», conservando eso sí «el legado de Blas Infante y de los primeros andalucistas».

El coordinador nacional de Izquierda Andalucista, Antuán Vargas, ha celebrado igualmente este «proyecto netamente andaluz», destinado a crear «un horizonte de soberanía» para Andalucía, para que la región «tome las riendas de su propio futuro» haciendo además frente «al fascismo». «Adelante Andalucía renace», ha enfatizado, señalando que en la confluencia «cabe mucha más gente».

Curro Cubero, portavoz de Defender Andalucía, ha apostado de su lado por la confluencia de Adelante Andalucía como «casa común de la izquierda andalucista», una «casa diversa» marcada por conceptos como el municipalismo y el feminismo, entre otros.

En el caso de Anticapitalistas, la diputada autonómica Ángela Aguilera ha apostado por una acción política desde Andalucía, sin «ser la sucursal de ningún partido de Madrid o la filial del PSOE de Andalucía», para así «servir» plenamente a la sociedad de la región. Por eso, ha defendido la convergencia de Adelante como «herramienta para la emancipación del pueblo andaluz».

«Decidir desde el pueblo andaluz»

Ha cerrado las intervenciones Teresa Rodríguez en calidad de «portavoz interina de la asamblea», según ha precisado. Teresa Rodríguez ha llamado a enarbolar «la bandera de la libertad», para «no dejar que la derecha siga manoseando ese término que pertenece a las mayorías sociales y ciudadanas, no a quienes restan libertades a las mayorías para conceder privilegios a una minoría».

En ese contexto, ha abogado por «decidir desde el pueblo andaluz», «con soberanías en plural» respecto a lo económico, lo energético o lo alimenticio, por ejemplo, «sin miedo a la palabra» soberanía.

Invocando las consignas del movimiento ciudadano 15M, Teresa Rodríguez ha puesto sobre la mesa la lucha de «los de abajo frente a los de arriba», incorporando a esa idea «una vuelta de tuerca más», en alusión a «los del sur frente a los del norte, los de la periferia frente a los del centro».

Además, ha apostado por «no asumir el juego de trileros de los que hablan de izquierda pero luego hacen políticas de derechas». «Que no nos engañen», ha aseverado, insistiendo en alertar sobre quienes se cuelgan «la chapa de la izquierda y luego van a un pacto con las élites, ya sean las élites madrileñas, catalanas o vascas, retrasando la justicia» social y la consecución «del futuro» por parte del pueblo.

«Renacemos sin tutela de nadie», ha enfatizado Teresa Rodríguez, defendiendo que la convergencia de Adelante Andalucía constituye «un arma en manos del pueblo andaluz».

Tras ello, el acto ha contado con la proyección de vídeos personales en los que diversas figuras de la política, la cultura y el activismo han saludad la refundación de Adelante Andalucía, como Fernando Madina, músico de la banda sevillana de rock Reincidentes; el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien ha aplaudido el «muy bonito camino a recorrer por las izquierdas más allá de las banderas»; la actriz y activista Pamela Palenciano; la activista española por los derechos trans Mar Cambrollé; las lídetes de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, respectivamente; la vicepresidenta de Valencia Mónica Oltra (Compromís); el director de cine Benito Zambrano o el actor Antonio de la Torre, entre otras personas.

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FAO muestra éxitos de agricultura sostenible en América Latina

 

FAO muestra éxitos de agricultura sostenible en América Latina


Fuentes: IPS

Rebelión

26/06/2021 

Incrementar la producción de leche en Ecuador, reducir el uso de pesticidas en Uruguay o mermar la emisión de gases de efecto invernadero en México, son logros de algunos proyectos de agricultura sostenible que presentó este jueves 10 la oficina regional de la FAO en Santiago.

El reporte, “Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe” da cuenta de siete proyectos en nueve países, desarrollados por productores nacionales con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esas iniciativas “muestran que no es necesario elegir entre crear empleo y cuidar el ambiente, o entre la transformación sostenible de la agricultura y la reactivación económica pospandemia, porque los proyectos y políticas ambientales también generan múltiples beneficios económicos y sociales”, según el reporte.

Julio Berdegué, director regional de la FAO, dijo al presentar el informe que “ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia, para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”.

En Ecuador, un proyecto de ganadería climáticamente inteligente, en más de 800 fincas, permitió que 1056 ganaderos incrementaran su producción de leche, aumentaran sus ingresos y mejoraran la calidad de los suelos en 40 000 hectáreas.

“Ahora más que nunca es fundamental aprovechar las inversiones que requerirá la reconstrucción luego de la pandemia para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de la huella ambiental de la agricultura”: Julio Berdegué.

El proyecto evitó la emisión de 24 000 toneladas de gases de efecto invernadero (GEI) con técnicas como el pastoreo rotativo y la producción de compost para pastos. Además, los ganaderos aprendieron a producir sus propios piensos, y también aplicaron herramientas digitales para monitorear sus emisiones de GEI.

En México, un proyecto de fomento de tecnologías eficientes en la agricultura y la agroindustria permitió que 1842 agronegocios –fincas de ganado de vacuno, porcicultura y avicultura, y las industrias agroprocesadoras– redujeran sus emisiones netas de GEI en seis millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

En Uruguay, un proyecto de buenas prácticas y alternativas al uso de plaguicidas trabajó con más de 2000 técnicos y productores, y demostró que es posible reducir hasta en 70 por ciento el uso de herbicidas en un ciclo de producción de soja.

No se afectó el rendimiento ni se aumentaron los costos, y se encontró un ahorro promedio de 40 dólares por hectárea.

En Chile, acuerdos de producción limpia permitieron a 340 miembros de la agricultura familiar en la central región de El Maule aumentar en 15 por ciento sus beneficios, reduciendo el uso de energía, sus emisiones de GEI, sus residuos y empleo de plaguicidas, además de mejorar el uso del agua y del suelo.

En Guatemala y Colombia, proyectos de manejo forestal comunitario permitieron impulsar la conservación de los bosques, generar empleo y aumentar la inversión en desarrollo social y productivo.

En Guatemala participaron 1233 familias en 350 mil hectáreas de la Reserva de la Biósfera Maya en Petén (norte), mientras que en Colombia participaron 25 comunidades y dos asociaciones madereras.

Un proyecto de gestión sostenible de las pesquerías de arrastre en Brasil, Surinam y Trinidad y Tobago, permitió reducir en hasta 36 por ciento la pesca no intencionada, gracias a nuevas redes y tecnología, protegiendo a especies amenazadas, como tortugas y rayas, y disminuyendo su impacto ambiental.

En Colombia, mesas técnicas agroclimáticas permitieron que un gremio bananero en los norteños departamentos de Magdalena y La Guajira redujera en 15 por ciento sus pérdidas por efectos climáticos, y en 25 por ciento el uso de fertilizantes.

La FAO recordó que casi la mitad de las soluciones viables para alcanzar los objetivos climáticos internacionalmente acordados se relacionan con el sector agrícola y, en la región, la pobreza se concentra mayormente en zonas rurales, donde 48,6 por ciento de la población es pobre y 22,5 por ciento extremadamente pobre.

Fuente: https://ipsnoticias.net/2021/06/fao-muestra-exitos-de-agricultura-sostenible-en-america-latina/

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viernes, 25 de junio de 2021

Miles protestan en París contra la privatización de la electricidad el 23.06.2021

Los indultos y las perspectivas de la mesa de diálogo

 

Los indultos a los nueve líderes independentistas en prisión resultan el paso previo para el inicio de la mesa de diálogo. ¿Cuáles son los horizontes abiertos por esta medida de gracia y las posibilidades de negociación entre ambos ejecutivos?

Los indultos y las perspectivas de la mesa de diálogo


Antonio Santamaría

El Viejo Topo

24 junio, 2021 

Los indultos a los nueve líderes independentistas en prisión resultan el paso previo para el inicio de la mesa de diálogo. Aquí se exploran los horizontes abiertos por esta medida de gracia y las posibilidades de la negociación entre ambos ejecutivos.

 La partida del proceso soberanista se juega en tres tableros: el catalán, el español y el europeo o si se prefiere en Barcelona, Madrid y Bruselas. Examinemos los efectos de los indultos concedidos por el gobierno español a los nueve presos independentistas en cada uno de estos escenarios. Hemos de tener en cuenta que los indultos resultan el primer paso de cara a propiciar condiciones favorables a la mesa de diálogo entre los ejecutivos español y catalán y cuyo corolario sería la reforma del Código Penal respecto a los delitos de rebelión y sedición.

En Catalunya, los indultos han provocado cierta división en el movimiento independentista. Aunque todos comparten la reclamación de la amnistía y la autodeterminación, la concesión de los indultos es percibida por los sectores más hiperventilados del secesionismo, representados por la ANC, CUP y la mayoría puigdemontista de Junts per Catalunya como una maniobra del gobierno estatal para quitarles argumentos, sobre todo en la escena internacional, donde el independentismo, en gran parte a causa de la obtusa represión del ejecutivo del PP durante el referéndum del 1-O, ganó muchos apoyos internacionales. Asimismo, los indultos les arrebatan una de las bazas victimistas más efectivas para su electorado, como no dejan de insistir un día sí y otro también sus terminales mediáticas. No obstante, en sentido contrario, para el movimiento secesionista cada concesión del gobierno central es percibida como un signo de debilidad y una meta volante para conseguir sus objetivos máximos.

ERC, como suele ser habitual, se mueve en una ambigüedad estructural que evoca a la vieja Convergència con un discurso en Madrid y otro en Barcelona. Hace unos meses, Oriol Junqueras, su máximo dirigente encarcelado, manifestó que el gobierno podía meterse los indultos por donde les cupiera. No obstante, el 7 de junio publicó la carta, Mirando al futuro, donde valora positivamente los indultos, que consideraba insuficientes, desechaba la vía unilateral y pedía disculpas a los catalanes que se habían sentido excluidos por el proceso soberanista. Una misiva que fue recibida con alivio por el gobierno español, que se hallaba asediado por las feroces descalificaciones de la derecha tripartita, pero también por dirigentes históricos y barones territoriales del PSOE. Éstos argumentaban que, frente al elevado coste político de los indultos, no se había producido ningún gesto por parte de los independentistas beneficiados por la medida de gracia quienes, por el contrario, ni los habían solicitado, ni manifestaban ninguna voluntad de arrepentimiento e insistían que cuando pudieran lo volverían a hacer. Por ello, la carta de Junqueras operó como un bálsamo en La Moncloa.

Sin embargo, días después, el 20 de junio, Junqueras se manifestó en sentido contrario, afirmando que los indultos eran un “triunfo” del secesionismo y una muestra de la “debilidad de los aparatos del Estado”. Así, si la primera carta iba dirigida al público español, las segundas declaraciones se enviaban al electorado independentista. Se trata de la misma actitud del president Pere Aragonès, que acudió al acto del Cercle d’Economia donde también asistía Rey, levantando la interdicción del expresident Torra a la Corona, para desplazarse un par de días después a Waterloo para entrevistarse con Puigdemont, en un clásico mecanismo de compensación. En efecto, ERC se halla atenazada por la contradicción entre abrir la vía de diálogo y de negociación en Madrid y el impacto de las críticas de los sectores más hiperventilados, prestos a tacharlos de traidores en Barcelona.

En cualquier caso, ERC necesita tiempo para, desde la presidencia de la Generalitat, incrementar su distancia con Junts. También para gestionar los fondos europeos intentando a través de medidas sociales ampliar su base social, algo imprescindible para volver a intentar acceder a la independencia. El movimiento independentista ha alcanzado prácticamente el techo de apoyos entre las clases medias catalanohablantes; por tanto, la única manera de obtener una clara mayoría social en Catalunya es ganando adeptos entre la ciudadanía castellanohablante de los barrios obreros de la periferia. Pero para ello se necesita tiempo, y desplegar toda una serie de medidas sociales para convencerles de que en la hipotética Republica catalana mejorarían sensiblemente sus condiciones laborales y de vida.

En el tablero español el anuncio de los indultos desencadenó la feroz reacción de la derecha tripartita en una respuesta semejante a la emprendida por el PP, cuando se tramitó la aprobación del Estatut d’Autonomia del 2006, y con la famosa foto de Colón de febrero de 2019. Ahora bien, no parece que esta actitud beligerante esté cosechando el mismo eco social que en el pasado. Así, la asistencia a la plaza de Colón fue sensiblemente inferior a la anterior convocatoria y la recogida de firmas no está funcionando con la masividad esperada. Si la vía unilateral auspiciada por el independentismo fracasó, también lo hizo la opción de Rajoy de delegar en la administración de justicia el combate contra el movimiento independentista, de modo  que no consiguió ni impedir el 1-O, ni reducir sus apoyos sociales y electorales.

El movimiento secesionista carece de la suficiente fuerza dentro y fuera de Catalunya para materializar su objetivo de constituir un Estado independiente, pero el Estado español tampoco ha sido capaz de reducir la implantación y la fuerza del separatismo. Así se diseña una perspectiva de empate infinito, en una sociedad fracturada y enfrentada, donde la convivencia resulta cada vez más complicada.

En principio, como hemos apuntado, daba la impresión de que el PSOE arrostraría un coste político exorbitante por la concesión de los indultos, cuando desde el independentismo, a excepción de la carta de Junqueras, apenas se aprecian gestos de concordia y reconciliación –por parafrasear al presidente Sánchez– y cuando sectores importantes de la sociedad catalana y española se muestran contrarios a estas medidas de gracia. Sin embargo, en los últimos días, da la impresión de que el coste podría ser inferior al que en principio se preveía. Así, líderes socialistas como el expresidente Felipe González, que mostraron su rechazo a los indultos, han matizado su posición e incluso la gran patronal catalana y española han manifestado su apoyo, en el segundo caso más matizadamente, a las medidas de gracia, provocando un notable revés a la estrategia frentista auspiciada por la derecha nacionalista española encarnada por Vox, PP y Cs. Acaso, entre importantes sectores de la población española y catalana, se esté abriendo paso la idea que, tras el relativo fracaso de la vía judicial y represiva, se debe al menos probar la vía del diálogo político, a pesar de las escasas facilidades que está dando el movimiento independentista.

El PSOE, al igual que ERC, necesita tiempo para acabar una legislatura en la que, armado con los importantes fondos europeos, pueda liderar la recuperación económica postCovid. Para ello necesita la estabilidad parlamentaria que le pueden proporcionar ERC y sus aliados en la cámara legislativa española. También, en la estela del ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero en sus negociaciones con ETA, tantear las posibilidades de un gran acuerdo que eventualmente desactivara, al menos temporalmente, la crisis catalana, que se alarga desde hace una década y que sería percibido como un gran éxito.

Sin duda, es en el tablero internacional donde se aprecian los mayores beneficios para el gobierno español por la concesión de los indultos. La eficaz campaña propagandística de las fuerzas independentistas en el extranjero, que enlazaba con la famosa leyenda negra española, unida a la errática política del PP, condujeron a que amplios sectores de la opinión pública internacional simpatizasen con la causa secesionista. No ocurrió lo mismo con los gobiernos extranjeros, ninguno de los cuales reconoció la autoproclamada independencia de Catalunya. No obstante, tanto las resoluciones de los tribunales alemanes y belgas, negando las extradiciones de los líderes independentistas fugados, como la reciente resolución del Consejo de Europa, indican que el ejecutivo español tiene un problema en el ámbito internacional en este tema. Por tanto, la concesión de los indultos, la reforma de los delitos de rebelión y sedición y la apertura de la mesa de diálogo pueden ser instrumentos eficaces para encarrilar esta cuestión, así como para arrebatar a los independentistas uno de sus argumentos favoritos.

Las expectativas de la mesa de diálogo

La concesión de los indultos es solo un primer paso. En realidad, el éxito o fracaso de esta operación se dirimirá en la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán. Desde el lado independentista, la posición de partida radica en la reclamación de la amnistía y la autodeterminación. Ahora bien, el ejecutivo estatal no puede conceder ninguna de estas reivindicaciones.

En vez de la amnistía, el ejecutivo puede ofrecer los indultos y la reforma de los delitos de rebelión y sedición, puesto que no puede ni debe interferir en la acción de los tribunales de justicia donde están abiertas diversas causas contra otros dirigentes secesionistas. Aquí no es la primera vez que se observa cómo las mismas formaciones políticas independentistas y sus terminales mediáticas, que critican al Estado por la inexistencia de la separación de poderes, reclaman a ese mismo Estado que vulnere este principio. Como hemos apuntado en otras ocasiones, los secesionistas operan según un uso instrumental de los mecanismos democráticos y del Estado de derecho, los cuales se invocan cuando favorecen su causa y se rechazan cuando la perjudican.

Por otro lado, queda pendiente la situación de los líderes fugados en el extranjero y especialmente la del expresident Puigdemont, a quienes no afecta el indulto y solo podrían beneficiarse de la citada reforma de los delitos de sedición y rebelión si se personasen en España para aceptar ser juzgados. Así las cosas, está circulando el rumor en determinados círculos políticos y periodísticos de que Puigdemont –a quien recientemente se le ha levantado cautelar y provisionalmente la retirada de la inmunidad en su condición de europarlamentario– estaría dispuesto a volver a España. De este modo reventaría el clima de cierta distensión creado por los indultos, sabotearía la mesa de diálogo comprometiendo seriamente la estrategia de ERC y pondría en un aprieto jurídico al Estado español al invocar su inmunidad parlamentaria en un territorio que forma parte de la Unión Europea.

Tampoco el gobierno español puede conceder la autodeterminación que, como es sabido y según la legislación internacional, únicamente es aplicable a los pueblos colonizados o bajo ocupación militar, lo cual obviamente no es el caso de Catalunya. Aquí el ejecutivo estatal puede ofrecer una mejora del sistema de financiación y un nuevo Estatut d’Autonomia. De hecho, en Catalunya existe la anomalía política de ser la única comunidad autónoma que no dispone del Estatut que fue votado por la ciudadanía en referéndum. La tramitación de un nuevo Estatut, que mediante las reformas legislativas oportunas recuperase el texto del 2006 y que debería ser votado en referéndum, resolvería esa anomalía política. De hecho, para amplios sectores del independentismo la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Estatut significó la ruptura del pacto constitucional e inauguró el proceso soberanista. La restitución de ese Estatut, en la argumentación del PSOE y el PSC, vendría a cauterizar esta herida. Ciertamente y a tenor de lo expuesto sobre el uso instrumental de los procedimientos democráticos, resulta difícil concebir que los sectores más hiperventilados del independentismo aceptasen esta oferta que considerarán una pantalla pasada y cuando para ellos lo único factible es la implementación de la República o en su defecto el referéndum de autodeterminación pactado con el Estado y reconocido internacionalmente.

En esta tesitura, la mesa de diálogo no parte con los mejores augurios. Por el lado del PSOE, sus ofertas se verán impugnadas por la derecha nacionalista española, para la cual el combate contra el independentismo catalán resulta su principal banderín de enganche ideológico y electoral y el arma de destrucción masiva contra el gobierno de coalición progresista. Por otro lado, ERC se verá sometida a las fuertes presiones de Junts y CUP para no ceder un ápice en las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación y en caso contrario serían acusados de traidores.

Ahora bien, tanto PSOE como ERC, por los motivos apuntados, necesitan tiempo y la mesa de diálogo puede proporcionárselo; aunque, según consta en el acuerdo de legislatura entre ERC y CUP, este periodo se cifra en dos años, después del cual se evaluarán los resultados de esta mesa y Aragonès se sometería a una moción de confianza.  Ciertamente, PSOE y ERC se juegan mucho en el envite, pues si fracasan en esta apuesta compartida por el diálogo y el acuerdo pueden ser desalojados del poder estatal y autonómico, respectivamente, por la derecha nacionalista española y catalana partidarias de llevar hasta final el conflicto político e identitario con el correspondiente riesgo para la convivencia ciudadana y la paz civil.

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miércoles, 23 de junio de 2021

Etiopía: las elecciones no pueden tapar un genocidio

 

Etiopía ha celebrado elecciones este 21 de junio, pero no han sido unas elecciones libres y justas. La gente fue a votar entre asesinatos, violaciones masivas y hambre. Los intereses empresariales marcan la actitud de la U.E.

Etiopía: las elecciones no pueden tapar un genocidio


El Viejo Topo

23.06.2021


Etiopía ha celebrado elecciones este 21 de junio, pero no han sido  libres y justas. La gente fue a votar entre asesinatos, violaciones masivas (hay más de 500 verificadas) y hambre. Abiy Ahmed quería poner una fachada democrática a un gobierno que descansa cada vez más en militares y milicias. No creo que lo haya conseguido y la violencia es muy probable que continúe. Baste decir que de 547 distritos electorales que hay en todo el país, en 110 situados en Tigray, Oromia y Benishangul-Gumuz no se ha podido ejercer el derecho al voto. La propia Unión Europea rechazó mandar observadores a unas elecciones que consideraba no podían ser aceptadas como democráticas.

Hace dos años Abiy Ahmed, un joven militar encuadrado en el aparato de seguridad del Estado y líder de segunda fila en la sección oroma del EPRDF –un partido federal liderado por el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF)– fue elegido primer ministro. Jóvenes oromos, la minoría étnica más numerosa, llevaban tres años en una rebelión contra la corrupción y la falta de oportunidades que asociaban con el gobierno “tigriño” del TPLF y el régimen optó por resolver la crisis entregando el poder a un joven líder oromo –apenas había cumplido los 40 años– que podría resolver la crisis de manera diferente a lo habitual.

Abiy Ahmed prometió democratizar el régimen y neoliberalizar una economía que había seguido a su manera pero con éxito el camino de los tigres asiáticos. El régimen instaurado en 1991 en bases federales había convertido a Etiopía en uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo y una esperanza para industrializar África. En sus primeros días de gobierno el país conoció una primavera política que coincidió con la revolución sudanesa. Parecía que había espacio en el Cuerno de África, donde la política ha estado secuestrada por militares y mercaderes, para la movilización popular. Abiy liberó a los presos políticos, permitió el regreso de exiliados, detuvo la represión contra los jóvenes oromos, hubo prensa libre y prometió unas elecciones libres y justas.

A pesar de que mucho del éxito económico se debía a China, Etiopía era el socio más importante de Estados Unidos y Europa en la región. Hasta hace poco, cuando el orden económico mundial neoliberal no estaba en crisis, era algo normal que un país hiciera negocios con China y se alineara políticamente con Occidente. China hacía negocios donde consideraba oportuno pero intervenía lo menos posible en la geopolítica; un esquema que parece estar acabando. Etiopía era importante porque además de ser el segundo país más poblado de África, (115 millones), respetado en el continente por no haber sido colonizado, poseía el mayor ejército en el Cuerno de África, una región estratégica para controlar el Mar Rojo –una ruta petrolera–, sus zonas altas alimentan de agua al Nilo y sobre todo el Cuerno es la puerta al centro de África donde se consiguen minerales necesarios para la industria militar.

En una coyuntura cambiante, cuando Estados Unidos empezaba a no ver bien que China hiciera negocios en África, el ascenso al poder de Abiy fue visto como una oportunidad y tanto Washington como Bruselas decidieron apoyarlo. Hace dos años le concedieron el Premio Nobel de la Paz.  Veían a Abiy como la expresión de lo que ellos esperaban que iba a traer a África el neoliberalismo. Una nueva clase media consumista y emprendedora iba a resolver con negociaciones y votos las acostumbradas crisis violentas africanas que condenaban al continente a la pobreza.

Bajo este paradigma fantasioso fue como interpretaron su acuerdo con Isaías Afewerki, el dictador de Eritrea, el único presidente que ha conocido el país desde su independencia de Etiopía en 1991. Abiy Ahmed e Isaías Afewerki, bajo la iniciativa del primero, según los del premio Nobel, habrían llegado a un acuerdo para traer la paz a dos países hermanos que vivían de espaldas, abriendo una manera diferente de resolver conflictos en el continente africano.[1] La realidad era otra. Ahora sabemos que Abiy Ahmed e Isaías Afewerki habían llegado a un acuerdo no para traer la paz, sino para aplastar al TPLF, que se oponía al poder total de Abiy en Etiopía, con una nueva guerra. Isaías Afewerki, un hombre que es famoso por sus venganzas, aprovechaba el acuerdo para resarcirse de la humillación de su derrota en la guerra de 1998-2000. Los ejércitos de Etiopía y Eritrea junto a milicias amharas están coordinando sus operaciones en la guerra de Tigray.

El acuerdo entre Abiy Ahmed e Isaías Afewerki traía además de regreso a escena el militarismo y la política como mercancía ofrecida al mejor postor. Los rasgos históricos de la política en el Cuerno de África la hicieron famosa por sus oscilaciones durante la guerra fría. El acuerdo establecido en base a una colaboración entre los ejércitos –el eritreo está activo dentro de Etiopía no solo en Tigray, también en Oromía–  enterraba la primavera política que estaba conociendo el Cuerno de África, cerrando la posibilidad de regenerar democráticamente la política. Abiy empezó aplastando al movimiento de los jóvenes oromos con el asesinato hace un año del cantante y activista Haacaaluu Hundeessaa, que ha llevado a muchos jóvenes a la guerrilla oroma, y continuó con la guerra de Tigray.

La semana pasada Pekka Haavisto, el ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia –la Unión Europea lo envió en febrero a Addis Abeba para encontrar una salida política a la crisis de Tigray– lo confirmó dejando en ridículo a los del premio Nobel de la paz de Oslo. Pekka Haavisto dijo públicamente que en sus conversaciones con Abiy Ahmed y otros altos funcionarios etíopes le dijeron que con la guerra de Tigray querían  “acabar con los tigriños para los próximos 100 años”.

Etiopía lo ha negado, pero ¿por qué se iba a inventar algo así un enviado especial de la Unión Europea? ¿No estarían ofreciendo estos mercaderes neoliberales de la política el silencio ante sus crímenes a cambio de intereses estratégicos frente a otros actores globales en un Cuerno de África controlado por ellos? ¿No estamos entrando en una nueva guerra fría?

La información que llega de la guerra de Tigray parece estar más acorde con lo que dice Pekka Haavisto que con lo que dice el gobierno etíope. La guerra parece estar diseñada para borrar del mapa al movimiento político-popular más que para hacer cumplir la ley como aseguró Abiy Ahmed al principio de la campaña el pasado noviembre. Hace unos días el jefe humanitario de Naciones Unidas aseguró que la situación en Tigray es peor de lo que se pensaba. La guerra está mutando en una crisis humanitaria a gran escala, señaló. Se estima que han sido asesinados miles de personas, dos millones han sido obligados a abandonar sus hogares y sus campos. Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de estar cometiendo en Tigray ¨crímenes contra la humanidad” y “masacres”. Human Rigth Watch le acusa de “limpieza étnica”. Naciones Unidas dice que 350 mil tigriños pasan ya hambre y hasta 5,2 millones, el 91% de la población de Tigray, puede sufrirla en septiembre, cuando es tiempo de cosecha.

La paradoja que Pekka Haavisto enfrentaba durante sus negociaciones en Addis Abeba es la misma que está encontrando Joe Biden con la guerra de Yemen. Las armas suministradas por Estados Unidos han sido cruciales para crear la mayor crisis humanitaria en el planeta en los últimos años.  Estados Unidos necesita a Ryad y Abu Dhabi para controlar las costas del Yemen, vitales en las rutas del petróleo, a pesar de su violación brutal y sistemática de los derechos humanos. Ryad acaba de ejecutar a Mustafa bin Hashem bin Issa Al Darwish, un adolescente, por participar en manifestaciones políticas hace unos años. Joe Biden quiere poner bozales a sus operadores en Arabia pero no sabe cómo. ¿Mientras dure la guerra de Yemen hacia donde deben mirar Biden y Blinken cuando hablan con los chinos de derechos humanos?

En el cuerno de África empieza a ocurrir algo similar. Necesitan operadores que controlen la región en consonancia con sus intereses estratégicos. Es la apuesta de la alianza entre Abiy Ahmed e Isaías Afewerki contra el TPLF. Saben la importancia vital de su mercancía para los intereses imperialistas. Conocen bien el valor estratégico del Cuerno de África en la nueva guerra fría que flota en el aire. Tiene costas cruciales, agua dulce, orillas fértiles y es la entrada natural al centro de África. Isaías Afewerki, un luchador político durante décadas, sabe por experiencia propia que  los intereses del capitalismo son más poderosos para los gobiernos que la vida de las personas y los derechos humanos. Por eso hablaban sin tapujos a Pekka Haavisto. Saben que al final Europa acabará aceptando su oferta si llegan a consolidar su poder. Los intereses de las empresas son los que deciden nuestra política en Bruselas avergonzándonos con la complicidad de nuestros gobiernos en masacres y genocidios.

Nota:

[1] Etiopía y Eritrea seguían técnicamente en guerra desde hacía veinte años al negarse Etiopía a reconocer la delimitación fronteriza acordada internacionalmente entre los dos países. Etiopía había derrotado a Eritrea en una guerra que duró dos años (1998-2000) y que tanto resentimiento había creado entre los gobiernos de los dos países.

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Así explica el inspector jefe de la UDEF que Rajoy está "indiciariamente...

martes, 22 de junio de 2021

El feminismo de las jornaleras de Huelva. [Esto del feminismo ya verán como al final resulta que es cosa seria, o sea, cosa de seres humanos que tienen problemas específicos (no los que a mí se me ocurran) que le impiden el pleno desarrollo de todas las facultades y potencialidades que poseen por ser sujetos tanto físicas como espirituales y que por tanto, necesitan ser liberados de esas trabas (lo mismo que yo necesito ser liberado de las mías), lo cual ya no es una palabra ni unos las, les, lis, los, lus sino un hecho concreto que hay que tratar como tal, para lo que quizás haya que empezar por des-semantizar la cuestión, o sea, mirando qué subyace bajo la superficie del problema que se expresa lógicamente con palabras para actuar sobre el origen de ese problema y no sobre la hojarasca de la fonía que produce la dicción de las mismas, que para abrir boca, a mi juicio, se encuentra en las relaciones de explotación que están en la base del sistema al que los que no nos andamos con remilgos palabreros llamamos modo de producción capitalista porque ese es su nombre Capitalismo salvaje, capitalismo humanizado, capitalismo verde, capitalismo con cantos redondeados, neoliberalismo…, ¡no! Llamamos modo de producción capitalista, pero solamente para saber de qué estamos hablando.]

 

La organización de las jornaleras, su lucha y resistencia, su feminismo sindicalista interpela la capacidad del movimiento feminista para ser inclusivo y articular la lucha por las condiciones materiales de vida de mujeres víctimas de las violencias.

El feminismo de las jornaleras de Huelva

Justa Montero Corominas

El Viejo Topo

22 junio, 2021 

Cada año, y durante tres meses, en los campos de Huelva, alrededor de 13.000 mujeres recogen esas fresas que tanto nos gustan cuando llegan a nuestras mesas: son “fresas sin derechos”. Así nos lo dijeron las jornaleras a la brigada feminista de observación que, de la mano de la Asociación de jornaleras de Huelva en lucha, recorrió durante tres días los campos de la agroindustria fresera.

Ana Pinto, de familia jornalera, trabajadora en el campo desde los 16 años “hasta que en 2018, tras denunciar las condiciones de trabajo de las temporeras y reclamar derechos, se me empezaron a cerrar las puertas”. Y así, explica Ana, en condiciones adversas donde las haya, luchando por derechos frente a una patronal que emplea todos los mecanismos legales y no legales imaginables de explotación y control, se fue formando Jornaleras de Huelva en Lucha, y tomó cuerpo un sindicalismo feminista basado en la autoorganización de las trabajadoras.

Escucharlas supone adentrarse en un feminismo que lucha por mejorar las condiciones materiales de vida de mujeres sometidas al abuso sistemático y en un contexto patriarcal, racista, capitalista y ecocida. Pastora Filigrana, de la cooperativa de abogadas de Sevilla lo aclara: “Alguna vez ya dije que la comarca fresera de Huelva es un laboratorio donde podemos ver cómo funciona este sistema que entrecruza la violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la explotación de la tierra y los recursos naturales. Todas las vertientes del sistema neoliberal en una sola comarca”.

Las tramas de la explotación

Las jornaleras contratadas en Huelva tienen salarios míseros, jornadas de siete horas con un descanso de veinte minutos y, en ocasiones, sin posibilidad de consolidar derechos, incluso llevando dieciséis años en la fresa con contratos continuados de obra y servicio. Muchas veces, teniendo que compatibilizarlo con otros trabajos porque el salario no llega, no ya para un mínimo ahorro, sino para la supervivencia diaria. Trabajan bajo una normativa laboral, la del Convenio del campo de Huelva, cuyos incumplimientos resultan difíciles de denunciar por el temor, fundado, a duras represalias y por la inacción de la Inspección de Trabajo. Sus condiciones de trabajo incluyen la vigilancia para controlar su producción (para lo que les ponen un chip), el control de sus movimientos, de la vestimenta, de lo que hablan, incluso del momento para ir al baño (para lo que tienen que apuntarse en una lista).

Hay que hablar de esta nueva esclavitud del siglo XXI (que a veces raya con la trata), tramada con la migración y el sistema de fronteras. Las jornaleras que llegan a Huelva con contrato en origen, en Marruecos (a donde tienen que regresar al finalizar la campaña), lo hacen bajo una oferta específica de trabajo que ni tan siquiera alcanza las condiciones del convenio colectivo, y que incumple derechos humanos básicos. Y ya se sabe, cuando no hay derechos hay impunidad y los abusos no tienen límite.

Llegan para trabajar durante tres meses con un salario algo superior a 40 euros/día más horas extras (que no siempre pueden hacer), pero sin garantías de volver con lo acordado, que es lo que les permitiría mantener a su familia en su país. Las cuentas no salen, porque si un día el empresario dice que no hay producción, no trabajan y no cobran; si decide contratar a otras jornaleras directamente y sustituirlas, no cobran; si se ponen enfermas y no pueden trabajar, no cobran.

Echemos cuentas: el empresario solo paga el billete del ferry de vuelta, pero el billete del traslado desde su pueblo lo pagan ellas; el ferry de ida, lo pagan ellas, igual que el visado. Pagan también un seguro con la Caixa, que están obligadas a contratar, y que firman sin que nadie les aclare su contenido y sin poderse fiar de los intérpretes contratados por la empresa, cuando los hay. La cobertura del seguro es un misterio y su coste puede llegar a los 150 euros. Suma y sigue: la comida la pagan ellas, también los cincuenta euros por el barracón que comparten entres seis u ocho mujeres, cuando la vivienda debería estar garantizada por convenio. Las cuentas no les salen. Antes, explican, les abrían una libreta y podían comprobar los movimientos, pero ahora no tienen una forma accesible de comprobar los movimientos de sus cuentas bancarias. Los mecanismos de control se van refinando.

Las y los capataces de las fincas también controlan su movilidad. Hablar con nosotras fue un acto de generosidad y valentía porque se arriesgaban a represalias y les podía costar hasta la rescisión del contrato. Por eso no pueden dar su nombre ni pueden salir en ninguna foto, y nuestro encuentro tuvo que ser “clandestino”, transitando por carreteras secundarias y alejado de cualquier espacio público.

Los asentamientos

En los asentamientos, las mujeres y hombres, la mayoría subsaharianos, malviven, como en el de Palos de la Frontera (uno de los 11 que hay en Andalucía). Con papeles o sin ellos, viven en chabolas construidas a base de palés por los que también pagan un euro y medio cada uno, que recubren con cartones y plásticos (por los que también les cobran). Sin acometida de agua ni saneamiento ni luz. Sin nada. Con el miedo y la angustia metida en el cuerpo por la situación en la que se les fuerza a vivir en aplicación de la ley de extranjería, que les deja en una situación de ilegalidad, lo que da a los empresarios tres años de margen (tiempo que necesitan para solicitar el permiso de residencia) para convertirlas en fuerza de trabajo esclava y someterles a condiciones de vida insoportables.

Esto sucede en un pueblo como el de Palos de la Frontera, un pueblo rico, gobernado por el PP y donde el voto a Vox experimentó una fuerte subida en las últimas elecciones, con un gran presupuesto municipal, gracias a los impuestos que recaba de las empresas y refinerías del puerto exterior de Huelva. Pocos días antes de visitarlo, un incendio había acabado con parte de las infraviviendas y con lo poco que tenían, porque los bidones con los que acarrean el agua no podían sofocarlo y esperar a los bomberos supuso acabar con sus pocas pertenencias calcinadas. Este drama solo es posible por la connivencia social de las entidades, de todas las administraciones públicas, desde las locales, las autonómicas y las estatales, y la ineficacia de los sindicatos.

El coste de ser mujer y racializada

Existe porque interesa, como señala Pastora Filigrana: “Mientras haya bolsas de pobreza de gente sin papeles, ninguna lucha sindical va a llegar a buen puerto, porque siempre habrá una mano de obra con miedo, barata y explotable con la que intercambiarnos si protestamos”. Y a las más pobres son a las que se les puede desposeer de derechos más impunemente: esas son las mujeres racializadas con estatus migratorios, que las hace vulnerables.

La patronal lo tiene claro, no hay más que ver cómo ha ido cambiando los criterios de contratación. Porque de contratar a hombres se pasó a hacerlo a mujeres de países del Este, y de éstas a mujeres marroquíes con las que ya se establecieron normas: deben tener entre 18 y 45 años, familia en origen con al menos un o una hija menor de edad. Se supone que los mandatos de género y el vínculo familiar garantiza su supuesta “docilidad” y la vuelta asegurada a Marruecos.

Es un racismo de clase que, apoyándose en el discurso de odio a las personas migrantes, busca el máximo beneficio económico sobreexplotando su fuerza de trabajo y tratando de dividir a autóctonas y migrantes. La acción de sindicalismo feminista de la Asociación de Jornaleras de Huelva en lucha anima a las temporeras a organizarse. “Luchamos por cambiar las condiciones de trabajo y de vida de todas las temporeras, para conseguir derechos para todas porque es de justicia y necesario para enfrentar la estrategia patronal del ‘divide y vencerás’”, un viejo mecanismo para que el miedo frene la protesta y para arrastrar a la baja los salarios y precarizar todavía más las condiciones de vida y de trabajo de todas, según explican.

Unas condiciones de vida para las que necesitan tener información, asesoramiento, acceso a los servicios públicos, a la salud, a la vivienda, a la justicia, a la protección en caso de violencia sexual y a tener vidas libres de violencias. “Trabajamos unidas desde los feminismos, el antirracismo y el ecologismo”, señala Ana Pinto.

El coste ecológico de la agroindustria fresera

Ana Pinto mira al futuro, a la necesidad de replantear este modelo de producción intensiva, insostenible social y medioambientalmente, y de avanzar hacia una agricultura ecológica. Pero lejos de plantear otro modelo de producción sostenible con los derechos de las personas y el sostenimiento de la tierra y los recursos, los empresarios están apostando por la expansión a otras zonas con otros cultivos (de arándanos, naranja o aguacate) en las mismas condiciones.

Según Iñaki Olano, responsable de agua de Ecologistas en Acción de Huelva, la agroindustria supone la explotación de las personas, del agua y la tierra de forma intensiva en todos los casos para obtener un beneficio alto. De la tierra, a base de deforestación de pinares y de cambios de usos del suelo; del agua, con extracciones de agua de pozos ilegales, muchos denunciados, localizados, y teóricamente algunos cerrados. “O hay un replanteamiento o hay colapso, y el colapso viene por el agua porque no hay, y le sigue el colapso del empleo. Es un proceso extractivista que deja un desierto de empleo y de tierra”, señala Olano.

Por eso, la apuesta es ir a una agricultura ecológica, que prime la calidad y los mercados de cercanía y el cambio de la concepción del consumo de los productos frescos. Quizá así las fresas vendrían con derechos.

Mensaje a otros feminismos

En 2018, saltó a los medios y las redes sociales la denuncia de varias jornaleras por abuso sexual. Se interpeló a un feminismo que, a diferencia de lo que había sucedido en el caso de la violación “de la manada”, apenas se movilizó. ¿Acaso no valen lo mismo todas las vidas o todos los cuerpos? La organización de las jornaleras, su lucha y resistencia, su feminismo sindicalista interpela la capacidad del movimiento feminista para ser inclusivo, con capacidad para articular la lucha por las condiciones materiales de vida de todas las que están atravesadas por las violencias.

Antes de volver a Madrid, le pregunté a Ana Pinto qué le diría a otros feminismos. Esta fue su respuesta: “Que dejen la violencia de algunos debates, que miren las condiciones de vida de las mujeres, que se sumen a nuestras luchas, feministas, antirracistas y ecologistas, que son también las luchas de las kellys, de las trabajadoras sexuales, de las empleadas de hogar, de las trabajadoras sanitarias, y que deberían ser también las luchas de todas”. Un feminismo de base que no deje a ninguna fuera y ponga la vida digna de todas las mujeres en el centro.

Artículo publicado originalmente en Contexto.

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El pacto Ribbentrop-Molotov. [Quien dice una mentira corriente y moliente de andar por casa es un embustero corriente y moliente de andar por casa. El historiador que miente a sabiendas de que miente y que por lo general cobra de a riñón cubierto por mentir es un historiador embustero que cobrar de a riñón cubierto por mentir, y quien se cree todo el pienso ideológico que le echan, así por las buenas, sin vaselina y sin nada, es un crédulo credulín. Es decir, que la URSS no fue la responsable de la II Guerra Mundial ni leches en vinagre]

 

El pacto de no agresión entre soviéticos y alemanes se firmó en respuesta a la política anglo-francesa de apaciguamiento y luego de que estos países renunciaran a cualquier intento de frenar el expansionismo alemán. ¿Por qué no debe afirmarse que este tratado desencadenó la guerra?

El pacto Ribbentrop-Molotov

Diario Octubre

15.06.2021

El pacto de no agresión entre soviéticos y alemanes se firmó en respuesta a la política anglo-francesa de apaciguamiento y luego de que estos países renunciaran a cualquier intento de frenar el expansionismo alemán. ¿Por qué no debe afirmarse que este tratado desencadenó la guerra?

Momento de la firma del pacto de no agresión entre nazis y soviéticos el 23 de agosto de 1939

Grupo de Investigación Histórica

Entre 1933 y el 23 de agosto de 1939 la Alemania nazi firmó diversos acuerdos con Gran Bretaña, Francia y Polonia. Así pues, la Unión Soviética, con el pacto Ribbentrop-Molotov, fue el último país en firmar un acuerdo con los alemanes.

La confrontación fue el resultado del proyecto de expansión imperialista del nazismo, fuerza política que a su vez fue apoyada por industriales y financieros alemanes que encontraron funcional la retórica hitleriana. Las potencias occidentales creyeron que el militarismo alemán desataría una guerra contra los bolcheviques, y por ello fueron permisivas con el nazismo.

El Pacto de no Agresión entre soviéticos y alemanes se firmó ante la política anglo-francesa de apaciguamiento, y luego de que estos países renunciaran a cualquier intento de frenar el expansionismo nazi, quienes se habían apoderado ya de Renania, Austria y Checoslovaquia.

La Unión Soviética y la seguridad europea

Desde 1933, cuando la Alemania nazi se retiró de la Liga de Naciones, los soviéticos le habían planteado a las potencias occidentales la necesidad de crear un sistema de seguridad colectiva para enfrentar al régimen de Hitler, al que consideraban una amenaza común.

Los soviéticos mantenían que los países imperialistas se podían agrupar en dos bloques. Uno compuesto por Alemania, Japón e Italia, países con poder económico pero carentes de mercados y por lo tanto dispuestos a una agresiva política expansionista; el otro estaba compuestos por Inglaterra y Francia, que controlaban vastos mercados por lo que estarían más dispuestos a mantener la paz. Por eso se podría lograr un acuerdo con el segundo bloque para contener la agresividad del primero.

En Francia esta idea tuvo eco, y se propuso el Pacto Oriental para alinear a este país con la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia y los países bálticos. Pero varias de estas naciones no mostraron interés y el acuerdo nunca se concluyó.

No obstante, la Unión Soviética logró con Francia y Checoslovaquia acuerdos bilaterales de asistencia mutua, firmados en marzo y mayo de 1935. Ambos pactos planteaban que las naciones firmantes se prestarían apoyo militar en caso de agresión, la cual probablemente provendría de Alemania.

Sin embargo, los acuerdos contenían cláusulas que dificultaban su puesta en práctica. Los franceses, reacios a aliarse con los soviéticos, firmaron el acuerdo ante el anuncio del rearme alemán. Por este motivo, el tratado con la URSS preveía que toda acción militar fuera avalada por Gran Bretaña y la Liga de Naciones. Mientras tanto los checoslovacos restringieron toda acción militar a la aprobación francesa. Si Francia no declaraba su apoyo a la parte agredida, el acuerdo de asistencia con los soviéticos no entraba en vigor.

Checoslovaquia y el aislamiento soviético

Las potencias occidentales no solo presionaron a Checoslovaquia para que cediera los Sudetes. Más aún, afirmaban que Bohemia y Moravia habían sido una posesión histórica del imperio alemán, legitimando así el expansionismo nazi.

Ahora bien, al permitir la violación de la soberanía checoslovaca, las potencias occidentales expresaban su negativa a enfrentar a los nazis en alianza con los soviéticos.

El 23 de septiembre de 1938, siete días antes de los acuerdos de Múnich, el gobierno checoslovaco ordenó la movilización general del ejército ante la amenaza alemana, y recibió el apoyo soviético. Pero Praga rechazó el apoyo por la negativa francesa de asistirlos militarmente. Así, la URSS entendió que occidente rechazaba su apuesta por la seguridad colectiva, pretendiendo aislarla en el escenario internacional.

Los checoslovacos finalmente cedieron a las demandas alemanas, perdiendo las formidables defensas allí instaladas, así como las industrias Skoda, que fabricaron buena parte de las municiones alemanas durante los primeros años de la Guerra. Además, Polonia y Hungría también se apropiaron de partes del territorio checoslovaco. Finalmente, el país se acabó de fracturar con la aparición de un gobierno eslovaco autónomo. Por ello, cuando en marzo de 1939 Alemania ocupó el territorio checo restante, no encontró resistencia.

Con todo, los soviéticos siguieron insistiendo a las potencias occidentales en un acuerdo para enfrentar a los nazis. Dos semanas antes de la invasión alemana a Polonia, el cuerpo diplomático soviético ofreció a ingleses y franceses recursos militares para forjar una alianza contra los nazis. Pero las potencias europeas no respondieron. Además, Polonia, país que los soviéticos debían atravesar para poder enfrentar a los alemanes, se negó a permitir el tránsito del Ejército Rojo por su territorio. Para los polacos Rusia representaba una mayor amenaza que los nazis.

El Pacto de no Agresión

Una semana después de su proposición a las potencias occidentales, los soviéticos, presionados por la situación internacional, y ante la inminencia de un conflicto europeo a gran escala -en el XVIII Congreso del PCUS, de marzo de 1939, Stalin afirmaba que tal guerra ya estaba en marcha-, decidieron lograr un acuerdo de no agresión.

Los nazis, que querían evitar una alianza de la URSS con las potencias del oeste, recibieron con beneplácito la diplomacia soviética. Desde abril se dieron negociaciones comerciales entre soviéticos y alemanes, las cuales permitieron llegar al acuerdo que potenció la industria soviética, especialmente la militar.

Finalmente, el 23 de agosto de 1939, los ministros de exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, y soviético, Viacheslav Molotov, firmaron el Pacto de no Agresión. El acuerdo obligaba a ambos países a desistir de acciones agresivas entre ellos y de formar parte de cualquier alianza internacional que amenazara a los firmantes; en general, el Pacto comprometía a los firmantes a solucionar toda diferencia de manera pacífica mediante un contacto diplomático constante.

El Pacto no constituyó de ninguna forma una alianza entre alemanes y soviéticos, ni contemplaba un plan para repartirse Polonia. Por el contrario, los soviéticos lo consideraron como una garantía para que el país no se viera envuelto en una guerra ni del lado alemán ni del lado británico; y con este se dotaban de una herramienta para mantener a los alemanes, en caso de que estos invadieran a la vecina Polonia, lejos de la frontera soviética. Además, el Pacto se firmó en un momento en que los soviéticos luchaban contra los japoneses en Mongolia, conjurando cualquier riesgo de una guerra en dos frentes.

Aunque con el Pacto se abandonó la idea de la seguridad colectiva, este se mantenía en la línea de la política exterior soviética de la década de 1930, que buscaba garantizar la paz manteniendo los equilibrios europeos. Con el Pacto los soviéticos reconocían que las negociaciones militares con Inglaterra y Francia habían llegado a un punto muerto por las evasivas y dilaciones occidentales, por lo que buscaron mantenerse al margen de un conflicto a gran escala por sus propios medios.

Pero la URSS no podía evitar lo que era ya un hecho, la guerra. Para el momento de la invasión alemana a la URSS, las tropas nazis acumulaban ya casi dos años de experiencia. Habían probado, y perfeccionado, con éxito las tácticas de guerra moderna en Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, los Balcanes, Grecia, Escandinavia y Polonia. Aunque el Pacto de no Agresión les compró tiempo a los soviéticos, dándoles la oportunidad de potenciar su industria, este no fue suficiente para preparase adecuadamente para enfrentar semejante máquina de guerra.

FUENTE: semanariovoz.com