domingo, 13 de diciembre de 2020

El villancico del El Covid-19 por la Navidad: (Silencio de zambombas). En el Portal de Belén han entrado unos ladrones y en el Pacto de Toledo igual que en Torrelodones. Ande, ande, ande, la Marimorena, que como no espabiles la llevamos buena (Entran las zambombas): ¡Rum, rum, rum!

 

Alemania decreta un "confinamiento duro" para frenar la pandemia del coronavirus

·         Sólo los comercios esenciales podrán abrir a partir de este miércoles

·         Alemania registra en las últimas 24 horas 20.200 nuevos contagios por Covid-19 y 321 muertes


Angela Merkel anuncia un "confinamiento duro" en Alemania, este domingo. / RAINER KEUENHOF / POOL


DIARIO DE SEVILLA

R. D.13 Diciembre, 2020

 

El Gobierno alemán y los estados federados han acordado este domingo decretar un "confinamiento duro" a partir de este miércoles para tratar de atajar la propagación de la pademia del coronavirus, se informó oficialmente.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de los 16 estados federados consensuaron en una teleconferencia dar este paso, que supone un endurecimiento con respecto a las restricciones a la vida pública y la actividad comercial vigentes desde noviembre.

Tan sólo los comercios esenciales podrán abrir a partir del 16 de diciembre. Los colegios también cerrarán sus puertas como tarde este miércoles y prolongarán sus vacaciones navideñas tres semanas y media, hasta el 10 de enero (frente al 4 de enero inicialmente previsto).

Las reuniones, también en Navidad, se limitarán a cinco personas de dos domicilios (sin contar los menores de 14 años). Además se recomienda el trabajo desde casa y se mantiene la prohibición de viajar.

El ministro de finanzas, Olaf Scholz, anunció que en breve se aprobará un nuevo paquete de ayudas para apoyar a la economía, en la línea de las aprobadas hasta el momento durante las restricciones previas.

Merkel defendió el pasado miércoles un endurecimiento de las restricciones a la vida pública y la actividad económica, también en Navidad, ante el elevado número de muertos. Pero las competencias en ese ámbito recaen en los estados federados, que hasta el momento se habían mostrado reticentes o no habían sido capaces de consensuar una postura unificada.

Alemania registró en las últimas 24 horas 20.200 nuevos contagios por covid-19 y 321 muertes, según cifras del Instituto Robert Koch (RKI), centro epidemiológico de referencia.

El récord en ambas categorías se produjo este viernes, con 29.875 nuevos casos y 598 víctimas mortales. Este sábado se comunicaron unas cifras ligeramente inferiores: 28.438 nuevos casos de covid y 496 muertes.

En los últimos siete días se han contabilizado 140.383 casos en Alemania -el país más poblado de la UE con 83,2 millones de habitantes-, con lo que la incidencia acumulada en ese período para el conjunto del país es de 169,1 casos por cada 100.000 habitantes.

En total, Alemania ha registrado 1.320.716 contagios por coronavirus (más del 1,5 % de la población), de los que 21.787 han fallecido. El RKI estima que la cifra de recuperados se eleva ya a 967.900 personas, mientas que unos 330.000 están ahora mismo infectados por el Sars-CoV2.

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sábado, 12 de diciembre de 2020

Sobre lo que esconde el Covid-19 y la información que no nos proporciona el gobierno, ni la oposición ni los denominados medios de comunicación dominantes, ni los tertulianos y tertulianas de postín ¿por qué esto es así? Por qué tanto énfasis en amedrentarnos y tan poca información de lo que es el Covid-19 y las consecuencias que tendrá en el futuro inmediato que inexcusablemente se traducirá en un mayor empeoramientos de las condiciones de vida para los trabajadores A lo mejor la cosa podría empezar a cambiar cuando seamos los trabajadores, sin intermediarios de representación representacional representativa política, comencemos a responder a las preguntas antes expuestas.

 

Covid 19: negras perspectivas económicas y la vacuna

 Michael Roberts

El Viejo Topo

11 diciembre, 2020



La noticia de que una vacuna para el COVID-19 podría estar disponible a principios de 2021 hizo que los mercados de valores del mundo se dispararan a nuevos niveles récord. Sin embargo, la recuperación se vio atenuada rápidamente por el aumento vertiginoso de las infecciones por COVID-19 a medida que el hemisferio norte entra en su invierno. El aumento de casos se manifiesta con mayor intensidad en los EEUU y la mayor parte de Europa. La tasa de mortalidad por estas nuevas infecciones puede ser más baja que en la primera ola de marzo a abril pasado, pero las hospitalizaciones están alcanzando nuevos picos en los EEUU y partes de Europa.

Esto es grave para la sanidad, porque la capacidad hospitalaria ya era baja en muchos países después de las privatizaciones, los recortes del gasto del sector público y la subcontratación de servicios de salud llevada a cabo por la mayoría de los gobiernos capitalistas avanzados durante los últimos 30 años antes de la pandemia. India está al final de la lista de camas de hospital por cada 1.000 habitantes, lo que no es sorprendente, pero tengase en cuenta que, entre las ‘economías desarrolladas’, Suecia, el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Dinamarca también están a la cola, mientras que EEUU está mejor.

Eso explica por qué estos países tuvieron que recurrir a «confinamientos» prolongados y severos en la primera ola. Nueva Zelanda y Dinamarca lo hicieron con relativo éxito, pero Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia no lo hicieron en la primera ola, con un relativo fracaso a la hora de mantener bajas las muertes. Los países con tasas de mortalidad relativamente bajas en la primera ola de COVID también fueron los que tenían mucha capacidad de camas de hospital: Japón, Corea y Alemania.

En esta nueva «ola invernal», los sistemas de salud están mejor preparados y dotados de recursos, pero aun así, el número de pacientes está aumentando rápidamente. Y ahora, muchos sanitarios se han infectado y se han visto obligados a autoaislarse, lo que reduce la capacidad de los sistemas de salud para hacer frente a la ola invernal de COVID-19. Esto está obligando a muchos gobiernos de Europa y en EEUU a nuevos confinamientos de diversa gravedad. Al mismo tiempo, la gente vota con los pies y millones se quedan en casa, no viajan, ni compran, y tele-trabajan, no van a cafés, restaurantes, etc. Esta combinación de confinamientos y de autoaislamiento ha frenado la recuperación de la actividad económica que se inició en el verano. La actividad económica, medida por las tendencias de movilidad y gasto, está retrocediendo en las principales economías del hemisferio norte.

Es probable que la crisis del Covid empeore antes de mejorar. Las tasas diarias de infección, hospitalización y pruebas positivas apuntan en esa dirección. La tasa de R0 (infección) se mantiene muy por encima de 1,5 a nivel mundial y más cercana a 2,0 en Estados Unidos y Europa. Las historias sobre la vacunación no proporcionarán ningún paliativo en los próximos seis meses.

Las esperanzas de una mayor recuperación económica en el último trimestre de este año y en 2021 se están desvaneciendo. La Comisión Europea ha reducido su pronóstico del PIB de la zona euro para 2021 a + 4,2% desde + 6,1%. La Comisión recortó la previsión del PIB debido a la nueva ola de COVID-19 y la vuelta de los confinamientos. «En el futuro, se espera que la capacidad ociosa restante en los sectores intensivos en capital, la menor rentabilidad y la elevada incertidumbre influyan en las intenciones de inversión». La Comisión continúa: “El bajo impulso del crecimiento esperado implica un nivel de producción anual en 2022 que es ligeramente inferior al de 2019 tanto para la zona del euro como para la UE y, por lo tanto, muy por debajo de la tendencia de crecimiento prepandémica, como la derivada del pronóstico de otoño de 2019 «. Por lo tanto, no habrá recuperación en forma de V para Europa a medida que aumenta la ola pandémica.

Es un mensaje similar para EEUU, Oxford Economics reconoce que la «recuperación» se está estancando e, incluso con una vacuna, ¡no hay perspectivas de que la economía estadounidense vuelva a la senda del PIB anterior al virus (débil como ya era) en un futuro previsible!

Y eso incluso teniendo en cuenta las medidas políticas futuras de la nueva administración Biden para ‘estimular’ la economía con más gasto público. Tal como están las cosas, incluso el paquete de gastos paliativos de emergencia que se discute en el Senado republicano y la Cámara demócrata parece estar bloqueado para 2021.

La «recuperación» estancada real dejará cicatrices permanentes en el «mercado laboral» (es decir, en los medios de vida de las personas). Las últimas cifras de empleo en Estados Unidos para octubre sugieren que la esperanza de un regreso al trabajo de millones de personas ha comenzado a desvanecerse. En abril pasado, 22 millones de estadounidenses habían perdido sus trabajos o habían sido despedidos. Hasta ahora, menos de la mitad han regresado a esos trabajos.

El resto depende de prestaciones por desempleo y / o asistencia de emergencia.

El número de desempleados subestima el problema, ya que millones de personas han abandonado la fuerza laboral. Muchos se reincorporaron durante el verano, pero la fuerza de trabajo potencial total ha caído hasta reducirse más de cuatro millones de trabajadores que antes de la crisis, y se contrajo en septiembre, un inquietante estancamiento de la recuperación.

El número de personas que dicen estar en paro permanente también ha crecido considerablemente, de 1,5 millones en marzo a 3,8 millones en septiembre. Este aumento de los despidos permanentes es inusualmente rápido. En los primeros seis meses de la Gran Recesión, el número de despidos permanentes creció apenas en medio millón. Además, la investigación sugiere que las personas sobrestiman la probabilidad de volver a trabajar y cada mes que están sin trabajo se reducen las posibilidades de que su despido sea de hecho «temporal». A medida que pase el tiempo, las mejoras en el mercado laboral se harán más difíciles.

Un factor que ha mantenido a algunos a flote durante los despidos ha sido el aumento relativo de los ingresos reales de los hogares en los dos años anteriores a la pandemia en 2020. Según la Oficina del Censo de EEUU, los ingresos reales de los hogares medios de EEUU aumentaron un 6,8% entre 2018 y 2019. Este aumento puede cuestionarse ya que se basa en encuestas inadecuadas. Además, el aumento solo implicaba que los hogares habían recuperado su nivel de vida después de grandes pérdidas tras la Gran Recesión hace diez años. En 2019, la tasa de desempleo estaba en un mínimo histórico, mientras que la inflación también había caído a mínimos históricos. Como resultado, los hogares tenían dos o incluso tres asalariados, tal vez con salarios bajos pero que se sumaban, y eso mejoraba los niveles de ingresos del hogar.

También hubo un aumento en los niveles salariales a partir de los mínimos posteriores a la Gran Recesión, y en los dos años anteriores a la pandemia de 2020, que benefició más al cuartil peor pagado, aunque con aumentos salariales todavía muy por debajo del período anterior a la Gran Recesión.

Pero la pandemia ha puesto fin a esa recuperación relativa de los ingresos reales, especialmente para los peor pagados. Es el empleo de bajos salarios en servicios e industrias clave el que está sufriendo el mayor impacto, ya que los trabajadores técnicos y profesionales mejor pagados pueden quedarse en casa y trabajar y han sufrido menos pérdidas de empleo.

Con la oferta de las economías retrocediendo a medida que nos adentramos en el invierno y en 2021, la demanda de productos básicos aún fuerte y algo de ‘demanda efectiva’, ya que algunas personas agotan sus ahorros y otras continúan trabajando, también hay muchas posibilidades de que los muy bajos niveles de inflación de 2020 vuelvan a subir en 2021. Por ejemplo, Oxford Economics pronostica un aumento de la inflación anual hasta el 3% en EEUU a medida que suben los precios de los alimentos y de los productos básicos, porque la oferta irá por detrás de la demanda y el crecimiento del comercio internacional será débil. Incluso la ‘inflación básica’ (excluyendo alimentos y energía) podría subir al 2% en 2021. Esto coincide con un reciente pronóstico tentativo realizado en este blog utilizando un modelo marxista de inflación.

Por lo tanto, en 2021 el crecimiento de los salarios se desacelerará, se mantendrá un alto desempleo y la inflación se recuperará. Es un triple golpe para el nivel de vida de la familia estadounidense promedio y lo mismo se aplica a Europa.

Pero, ¿qué pasa con los miles de millones que viven en las llamadas ‘economías en desarrollo’ del llamado Sur Global? Muchos de estos países se han visto aún más afectados por la pandemia de COVID-19. Los países de América Latina lideran las tasas de mortalidad por COVID (Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, México), porque sus sistemas de salud, en general privatizados, no pueden hacer frente y porque millones de personas con trabajo ocasional se han visto obligadas a ir a trabajar, si pueden, para sobrevivir. Solo una población relativamente más joven y más dispersa geográficamente (como en India, Sudáfrica, etc.) ha mantenido bajas las tasas de mortalidad.

Pero no hay escapatoria económica. Las economías del sur global han sido aplastadas por la pandemia de COVID cuando el comercio internacional se congeló (-10%) y la actividad económica nacional colapsó. Por primera vez en los registros, las llamadas economías emergentes sumadas sufrirán una contracción del PIB real, y ese promedio incluye al gigante chino, cuyo éxito a la hora de lidiar con el COVID ha significado que China es uno de los pocos países que crecerá en 2020 (aunque solo sea aproximadamente un 1,5%). Las más afectadas han sido las economías capitalistas emergentes, supuestamente dinámicas, como India (-10%), Brasil (-6%), México (-9%), Sudáfrica (-9%).

Inevitablemente, esto está dando lugar a incumplimientos por parte de varios gobiernos nacionales de las deudas contraídas con los acreedores del sector privado (bancos, fondos de cobertura, etc.). Y esto a pesar de las afirmaciones del FMI y el Banco Mundial de que salvarían a esos países de la carga de pagar el servicio de su deuda durante la pandemia. Esta semana se espera que Zambia incumpla sus pagos, sumándose así a una larga lista de países en quiebra en las «economías emergentes». Como he explicado antes, el desastre de deuda ya está aquí, no es una hipótesis.

Los tenedores de bonos del sector privado exigen sus pagos y hay poca ayuda de las agencias internacionales. La economista en jefe del Nuevo Banco Mundial, Carmen Reinhart, advirtió que el sur global se enfrenta a “una ola sin precedentes de crisis de deuda y reestructuraciones”. Según Reinhart: «en términos de cobertura, de qué países se verán implicados, estamos en niveles que ni siquiera se habían visto en la década de 1930». “Es impensable que en una pandemia mundial, los países más pobres del mundo tengan que elegir entre hacer los pagos del servicio de la deuda o mantener sus economías a flote”, señala Gayle Smith, presidenta de One Campaign against Poverty. Es impensable, pero está sucediendo.

Como expliqué en un artículo anterior, este desastre revertirá los pocos avances logrados en la reducción de la pobreza mundial, con cerca de 4 mil millones de personas viviendo con menos de 5$ al día (un umbral de pobreza más realista que el del Banco Mundial).

Y ahora tenemos el impactante informe que acaba de publicar UNICEF. UNICEF calcula que aproximadamente 150 millones de niños más viven en pobreza multidimensional, sin acceso a servicios esenciales, debido a la pandemia del COVID-19. Alrededor del 45 por ciento de los niños carecían gravemente de al menos una de esas necesidades críticas antes de la pandemia del coronavirus. Según UNICEF: «Es probable que la situación de los niños que viven en pobreza multidimensional empeore, a menos que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional den un paso al frente para suavizar el golpe». 188 países han impuesto cierres de escuelas en todo el país durante la pandemia, lo que afectó a más de 1.600 millones de niños y jóvenes.

Al menos un tercio de los escolares del mundo,  463 millones de niños en todo el mundo, no pudieron acceder al aprendizaje remoto cuando el COVID-19 cerró sus escuelas. Los escolares de los países más pobres ya han perdido casi cuatro meses de escolaridad desde el inicio de la pandemia, en comparación con seis semanas en los países de ingresos altos. “Incluso las interrupciones breves en la educación de los niños pueden tener impactos negativos duraderos debido a factores que incluyen la falta de programas estructurados para ponerse al día. En el pasado, el cierre de escuelas ha provocado un aumento del matrimonio infantil y el trabajo infantil que a menudo impiden que los niños continúen su educación”.

Según un  estudio que abarcó 118 países de ingresos bajos y medios realizado por la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, podrían producirse 1,2 millones de muertes adicionales de menores de cinco años en solo seis meses debido a las reducciones en los niveles de cobertura de los servicios de salud habituales y de un aumento de emaciación infantil. Hasta 132 millones de personas pueden pasar hambre en 2020, de los cuales 36 millones son niños. Y 370 millones de niños pueden perder las nutritivas comidas escolares. La pesadilla del capitalismo global que ya sufren miles de millones en los ‘países en desarrollo’ se intensificará en los próximos años.

Pero ¿qué pasa con la vacuna? ¿No llega como un caballero blanco para salvar al mundo, o como una bala de plata para matar la enfermedad de los murciélagos ‘vampiros’? La historia está plagada de vacunas que una vez introducidas tuvieron que ser retiradas porque fallaron y, la mayoría de las veces, causaron daño. Es más probable que las vacunas fracasen si se desarrollan bajo una gran presión del gobierno y la población, y los ensayos y aprobaciones se aceleran en nombre de la conveniencia. En el desarrollo de las vacunas para el Covid-19 cabe destacar que gran parte de las pruebas se están realizando en países pobres donde «la vida es barata». Además, gran parte de la ciencia original fue realizada por institutos financiados con fondos públicos, pero son los gobiernos los que pagarán millones por los precios exorbitantes que cobran las grandes farmacéuticas por las vacunas.

La intención de cualquier vacuna es lograr la «inmunidad colectiva». Esto requiere que la tasa de infección R0 caiga por debajo de 1,0 y que la pandemia desaparezca. En una suposición, la inmunidad colectiva podría lograrse con el 50% de la población (aunque algunos dicen que el 70%). Para lograr la inmunidad colectiva para los mil millones de personas en los países ricos, por lo tanto, se necesitarían 1.200 millones de inoculaciones si se necesitan dos dosis por persona, o 600 millones de dosis si solo se requiere una. Esto supone una tasa de eficacia del 80-90% para la vacuna. Una tasa de eficiencia cercana al 50% necesitaría el doble de personas a inocular y muchas más vacunas.

La extensión de la cobertura a los países de ingresos medios y pobres multiplicaría las dosis necesarias entre tres y seis mil millones. En teoría, sobre la base del desarrollo de cinco a seis vacunas con éxito para mediados de 2021, la inmunidad colectiva en la mayoría de los países ricos y de ingresos medios podría lograrse mediante la producción de mil millones de dosis de cada vacuna anualmente. Esto podría ser posible en 12 o 18 meses, según declaraciones de las compañías farmacéuticas involucradas. Todas las vacunas ‘pioneras’ se darán a conocer o se rechazarán en junio de 2021. Si tienen éxito, aumentar la producción a mil millones de unidades por vacuna podría llevar otros 6-12 meses.

Un desafío importante a la hora de pasar del laboratorio a la producción en masa es preservar la pureza y eficacia del producto. La distribución también es un gran problema. Algunas de estas vacunas necesitan una distribución y un transporte de larga duración y congelación. La vacuna de Pfizer-BioNtech, por ejemplo, debe mantenerse a temperaturas muy bajas antes de su uso (tan bajas como 70° C bajo cero).

Luego está la disposición de las personas a vacunarse. Aparentemente, el 30-50% de las personas en los EEUU y en Europa dicen que no aceptarán inocularse. ¡Hasta el 30% de las enfermeras estadounidenses han indicado que no se vacunarían! También está la cuestión de la eficacia de cada vacuna. Es más fácil lograr la inmunidad colectiva con una relación de efectividad del 80% al 90% que con el 50%. Y, por supuesto, también está la cuestión de cuánto tiempo es eficaz. Las indicaciones actuales para la mayoría de las vacunas pioneras en desarrollo es que duren de uno a dos años.

Y aquí está el gran problema. El COVID-19 surgió, como otros patógenos nuevos para los cuales los seres humanos no tenían inmunidad desde su transferencia de animales salvajes en partes remotas del mundo a animales que se ‘crían industrialmente’ y los mercados de alimentos para humanos. Todavía hay muchos otros patógenos por ahí, sin que se haga nada para detener el mecanismo de transferencia, porque no se está haciendo nada para frenar o detener las exploraciones de combustibles fósiles, la tala, la deforestación para plantaciones y ganado, todo en la búsqueda de más ganancias para la agricultura y las industrias de energía.

Además, igualmente preocupante es que parece que estos virus pueden mutar a medida que los humanos infectan a los animales en un círculo vicioso, lo que llevaría a más infecciones en humanos contra las que las vacunas actuales no pueden ser efectivas. El impactante ejemplo de la industria danesa del visón confirma este grave riesgo.  Parece que los visones enjaulados (mantenidos en pequeñas jaulas para ser sacrificados para el comercio internacional de pieles) se contagiaron de un COVID-19 que luego mutó en una variante del virus, infectando a los trabajadores de las granjas peleteras. El gobierno se ha visto obligado, con la oposición de los productores de pieles, a sacrificar a más de 15 millones de animales, debido al temor de que una mutación del Covid-19 pase de los visones a los humanos y pueda poner en peligro futuras vacunas.

Por lo tanto, a medida que nos acercamos a 2021, la tasa de infección pandémica no muestra signos de detenerse o incluso disminuir. Los hospitales del hemisferio norte están bajo presión y la actividad económica está retrocediendo. Los niveles de empleo siguen siendo bajos y los ingresos reales están destinados a caer, especialmente para los peor pagados a medida que desaparecen los puestos de trabajo y aumenta la inflación. Para miles de millones de personas en el «sur global» se hará realidad el espectro de la pobreza, la enfermedad y la explotación. Las cicatrices serán a largo plazo.

¿Qué se puede hacer? Algunos han pedido una «economía de guerra» en la que el estado reemplace al sector capitalista y dirija y controle los recursos nacionales y globales en beneficio de las personas, sin fines de lucro. Prefiero el término «economía social».

Esto significaría: 1) medidas de emergencia para proporcionar fondos a millones del norte y del sur que han perdido sus medios de vida; y cancelación inmediata de las deudas «adeudadas» por los gobiernos del sur pobre; 2) planes nacionales e internacionales a través de proyectos estatales para emplear personas, restaurar sistemas adecuados de salud y educación gratuitos en el punto de uso e invertir en industria, en particular en la industria «verde»; 3) situar a las principales instituciones financieras bajo propiedad y control público, junto con las grandes farmacéuticas y otras compañías estratégicas de energía, alimentos, manufactura y comunicaciones y 4) a largo plazo, iniciar planes estatales coordinados internacionalmente para satisfacer las necesidades sociales y lograr objetivos ambientalmente armoniosos (es decir, detener la deforestación y la exploración de combustibles fósiles, etc.) en lugar de la expansión para obtener ganancias privadas que generarán aún más desastres.

Por supuesto, nada de esto está previsto que suceda en un futuro cercano, y mucho menos en 2021, por lo que seguiremos avanzando hacia más calamidades.

Vacunas COVID: tomar la decisión

Antes de que la pandemia de COVID-19 se extendiera por el mundo, las grandes compañías farmacéuticas invertían poco en vacunas para enfermedades y virus globales. Simplemente no era rentable. De las 18 compañías farmacéuticas más grandes de Estados Unidos, 15 habían abandonado totalmente ese objetivo. Los medicamentos para el corazón, los tranquilizantes adictivos y los tratamientos para la impotencia masculina eran el grueso de sus ganancias, no el tratamiento de las infecciones hospitalarias, las nuevas enfermedades y los asesinos tropicales tradicionales. Una vacuna universal contra la gripe, es decir, una vacuna que se dirija a las partes inmutables de las proteínas de la superficie del virus, ha sido una posibilidad durante décadas, pero nunca se consideró lo suficientemente rentable como para ser una prioridad. Todos los años nos ponen vacunas que son solo un 50% eficientes.

Pero la pandemia de COVID-19 ha cambiado la actitud de las grandes farmacéuticas. Ahora se pueden ganar miles de millones vendiendo vacunas eficaces a los gobiernos y los sistemas sanitarios. Y en la mitad de tiempo ha surgido un lote de vacunas aparentemente efectivas con todas las perspectivas de que estén disponibles para las personas dentro de los próximos tres a seis meses, algo sin precedentes.

Las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna pueden estar autorizadas a fin de año en la UE y el Reino Unido, con la producción de 10-20 millones de dosis iniciales cada una (5-10 millones de tratamientos) en marcha en un año. Es probable que la vacunación generalizada contra el COVID-19, más allá de los grupos de alto riesgo, se lleve a cabo en toda Europa antes de primavera, con una proporción suficientemente grande de poblaciones europeas vacunadas para fines del verano.

Según las noticias, la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 tiene una eficacia superior al 90%. Moderna informó que su vacuna reduce el riesgo de infección por COVID-19 en un 94,5%. Entre otros desarrolladores líderes de vacunas, se espera que AstraZeneca publique los resultados de la Fase III de las pruebas para Navidad, y otras compañías también están realizando ensayos en fases avanzadas. A finales de año, la UE y el Reino Unido deberían tener dosis suficientes para tratar a unos 5 millones de personas cada uno (con un único tratamiento de dos dosis). Y hay otros: Gamaleya, Novavax, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK; así como la vacuna Sputnik de Rusia y la China.

¿Cómo ha sido posible tan rápido? No fue gracias a que las grandes farmacéuticas lograran la solución mediante su investigación científica. Para crear las fórmulas de la vacuna dependen de algunos entregados científicos que trabajan en universidades e institutos gubernamentales. Y fue posible porque el gobierno chino proporcionó rápidamente las secuencias de ADN necesarias para analizar el virus. En resumen, fueron el dinero y los fondos públicos los que proporcionaron la solución médica.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Departamento de Defensa y los laboratorios académicos financiados con fondos federales realizan la investigación básica de las vacunas estadounidenses. Las vacunas fabricadas por Pfizer y Moderna se basan en gran medida en dos descubrimientos fundamentales que surgieron de la investigación financiada con fondos federales: la proteína viral diseñada por los NIH; y el concepto de modificación del ARN desarrollado por primera vez en la Universidad de Pennsylvania. De hecho, los fundadores de Moderna en 2010 dieron nombre a su empresa a partir de este concepto: “Modificado” + “ARN” = Moderna.

Por lo tanto, la vacuna de Moderna no ha salido de la nada. Moderna había estado trabajando en vacunas de mARN durante años con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), una parte de los NIH. El acuerdo consistió en cierto nivel de financiación de Moderna al NIH, junto con una hoja de ruta para que los investigadores del NIAID y Moderna colaboren en la investigación básica de las vacunas de mARN y, finalmente, en el desarrollo de dicha vacuna.

El gobierno de los Estados Unidos ha invertido 10,5 mil millones $ adicionales en varias compañías de vacunas desde que la pandemia comenzó para acelerar la entrega de sus productos. La vacuna de Moderna surgió directamente de una asociación entre Moderna y el laboratorio de los NIH.

El gobierno de los EEUU y dos agencias en particular, el NIH y la  Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), han invertido mucho en el desarrollo de la vacuna. BARDA es una rama del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se formó en 2006 en respuesta al esperado SARS-CoV-1  (y otras amenazas para la salud). Proporciona  inversión directa en tecnologías a las empresas, pero también participa en asociaciones público-privadas (APP) y coordina agencias. Una parte específica de la misión de BARDA es desarrollar las tecnologías a través del «valle de la muerte» entre su creación y la comercialización.

El gobierno alemán invirtió fondos en BioNTech por una suma de 375 millones €, con otros € 252 millones para apoyar el desarrollo de CureVac. Alemania también aumentó su contribución a la Coalición para las Innovaciones en la Preparación de Epidemias (CEPI) en 140 millones de euros y planea aportar 90 millones de euros adicionales el próximo año. CEPI se lanzó en Davos, Suiza, en 2017 como una asociación global innovadora entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil para desarrollar vacunas para contrarrestar epidemias, y Alemania prometió 10 millones de euros anuales durante un período de cuatro años para apoyar la iniciativa. CureVac es uno de los nueve institutos y empresas comisionados por CEPI para investigar una vacuna para el COVID-19. Uno de sus accionistas es el banco estatal Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Pero son las grandes farmacéuticas las que desarrollan la vacuna a partir del trabajo científico de los institutos públicos. Son ellas las que toman las decisiones. Las compañías farmacéuticas realizan los ensayos clínicos globales, luego producen y comercializan el resultado. Y venden las vacunas a los gobiernos con enormes ganancias. Así es como se hacían las cosas antes de la pandemia y también ahora. En los EEUU, en el período de 10 años entre 1988 y 1997, los gastos del sector público para la compra de vacunas se duplicaron de $ 100 a $ 200 por niño hasta los 6 años. El costo acumulado del sector público se duplicó nuevamente en menos de 5 años entre 1997 y 2001 , de $ 200 a casi $ 400 por niño.

Todavía se sabe muy poco sobre los términos de los contratos de vacuna para el COVID-19 que los gobiernos de la UE han firmado con grupos farmacéuticos como AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sanofi-GlaxoSmithKline y CureVac. Pero una vez que se elimine el secreto, lo que veremos es una privatización masiva de miles de millones de dólares de fondos gubernamentales. Se calcula que AstraZeneca ha vendido su vacuna a los gobiernos por unos $ 3 a $ 4 la dosis, mientras que la inyección de Johnson & Johnson y la vacuna desarrollada conjuntamente por Sanofi y GSK tenían un precio de unos $ 10 la dosis. AstraZeneca ha prometido no beneficiarse de su vacuna durante la pandemia, pero eso se aplica solo hasta julio de 2021. Después podrán cobrar. La biotecnología estadounidense Moderna cobrará $ 37 por dosis, o $ 50 a $ 60 por el tratamiento de dos inyecciones.

Es probable que las vacunas contra el coronavirus valgan miles de millones para la industria farmacéutica si resultan seguras y eficaces. Se necesitarían hasta 14 mil millones de vacunas para inmunizar a todos en el mundo contra el COVID-19. Si, como anticipan muchos científicos, disminuye la inmunidad producida por la vacuna, se podrían vender miles de millones de dosis más como dosis de refuerzo en los próximos años. Y los laboratorios de tecnología y producción mantenidos con la ayuda de toda esta generosidad gubernamental podrían dar lugar a otras vacunas y medicamentos rentables.

Así que, aunque gran parte del trabajo pionero sobre las vacunas de mARN se ha llevado a cabo con dinero público, los fabricantes de medicamentos de propiedad privada obtendrán grandes ganancias, mientras que los gobiernos pagan por las vacunas que ayudaron desarrollo ayudaron a financiar.

La lección de la respuesta a la vacuna contra el coronavirus es que unos pocos miles de millones de dólares al año gastados en investigación básica adicional podrían evitar mil veces más pérdidas en muertes, enfermedades y destrucción económica. En una conferencia de prensa, el asesor de salud de EEUU, Anthony Fauci, destacó el trabajo innovador en proteínas. “No debemos subestimar el valor de la investigación en biología básica”, dijo Fauci. Exactamente. Como han demostrado muchos autores, como Mariana Mazzacuto , la financiación y la investigación estatales han sido vitales para el desarrollo de tales productos.

¿Qué mejor lección podemos aprender de la experiencia de la vacuna para el COVID que las compañías farmacéuticas multinacionales deben ser de propiedad pública para que la investigación y el desarrollo puedan dirigirse a satisfacer las necesidades médicas y de salud de las personas y no los beneficios de estas compañías? Y además, las vacunas necesarias pueden llegar a miles de millones de personas en los países y sectores más pobres en lugar de solo a aquellos países y personas que pueden pagar los precios establecidos por estas empresas.

“Esta es una vacuna del pueblo”, señaló Peter Maybarduk, director del programa de Acceso a los Medicamentos de Public Citizen, criticando a las empresas. “Los científicos federales ayudaron a inventarlo y los contribuyentes están financiando su desarrollo… Debería pertenecer a la humanidad».

Publicado originalmente en el blog de Michael Roberts como: «Covid 2021: more calamity ahead?» y «COVID vaccines: calling the shots«.Traducción de G. Buster en Sin Permiso.

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viernes, 11 de diciembre de 2020

Sobre la continua bajada de las pensiones. Mientras la productividad del trabajo se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de los años las pensiones bajaban. En otras palabras, el trabajador a medida que producía más ganaba menos. Esto será legal, pero lógico no lo es.

 

Pacto de Toledo. Trabajos penosos y jubilación

Las reformas de pensiones de 1985, 1997 y 2011 han endurecido sustancialmente el acceso a la jubilación y dificultado el derecho a una pensión digna


Por Raúl Navas Y Mikel De La Fuente 

Kaosenlared

Publicado el 10 Dic, 2020

La tendencia desde los años 80 y 90 por parte de los gobiernos es legislar para endurecer el acceso a la jubilación: elevando los años mínimos de cotización necesarios, elevando la edad legal de jubilación, exigiendo más años trabajados para poder jubilarse con el 100% de la pensión, reformulando los cálculos de vida laboral para que la pensión sea menor, penalizando las jubilaciones anticipadas, etc. Se aprueba una ley tras otra y nunca tienen suficiente. Que las pensiones deben ser atacadas se ha convertido en un dogma gubernamental y de los partidarios del orden neoliberal. Insisten en que el sistema es “insostenible” y que para “salvar las pensiones” hay que dificultar poder ser pensionista, y cuando más tarde lo consigas, mejor. Algunos han llegado más lejos en sus propuestas. El ministro de Finanzas de Japón en 2013 elevó sus quejas llegando a pedir a las personas jubiladas que se “den prisa en morir”[1].

En el Estado español las reformas de pensiones de 1985, 1997 y 2011 han endurecido sustancialmente el acceso a la jubilación y dificultado el derecho a una pensión digna. Lejos queda la promesa electoral del PSOE de 1982 de jubilación a los 64 años. Lejos queda la reivindicación de jubilación a los 60 años de UGT y CCOO, cuando han pactado elevarla a 67. La última reforma de 2011 se continúa aplicando por fases, año a año, hasta 2027, de forma que cada año es más difícil jubilarse. Cada año se exige más edad para jubilarse y más años cotizados para alcanzar el 100% de la pensión, de forma que nos jubilemos lo más mayores posibles y que las pensiones tengan menores cuantías. Hasta 1985 el periodo de cálculo para establecer la cuantía se encontraba en dos años a elección, pero aquel año se elevó a ocho. Con Aznar se elevó a quince. La reforma del PSOE de 2011 supone elevarlo progresivamente hasta 25 años en 2022. Y la versión del Pacto de Toledo de 2020 plantea aumentarlo más aún, que según alguna declaración del ministro Escrivá podría llegar hasta la totalidad de la vida laboral.

Si en 2020 la edad ordinaria de jubilación se encuentra en 65 años y 10 meses, en 2021 estará en 66 años, y en 2027 en 67. En ese año solo será posible jubilarse sin penalización a los 65 años si se tienen cotizados al menos 38 años y 6 meses. Una tarea complicada con los problemas estructurales de paro en general y desempleo juvenil en particular (el 44% en el 2020). Sin olvidar la extensión de los contratos basura y cada vez mayor ausencia de empleos estables. La jubilación parcial con contrato relevo cada vez es más dura. Si en 2013 se exigía una edad de 61 años y un mes con 33 años y 3 meses cotizados para poder acceder a ella, en 2021 ya son 62 años de edad y 35 años y tres meses cotizados los exigidos. En 2027 serán 63 años y seis meses, y 36 años y 6 meses exigidos. Hay excepciones para acceder a la jubilación parcial con menor edad, pero exigen más años cotizados, y estos requisitos también se endurecen cada año, hasta 2027. Pero quizá, algunas de estas previsiones legislativas pueden cambiar próximamente (a mejor o a peor), dado que el Congreso ha aprobado recientemente las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo.

Hablamos de una pretensión de reforma de pensiones que no se aleja sustancialmente de la filosofía dominante de los últimos años. Se sigue hablando de aumento en la edad de jubilación y de reducirla ni se tiene en cuenta. El Pacto de Toledo amaga con considerar la posibilidad de que quienes hayan cotizado durante muy amplios períodos puedan descartar algunos años en el período de cálculo, “siempre que ello no ocasione un quebranto grave sobre la sostenibilidad futura del sistema” (sic). No es aceptable que después de haber trabajado durante tantos años, en muchos casos en trabajos penosos o insalubres no reconocidos como tales, quienes se jubilan antes de los 65 años puedan sufrir reducciones que pueden llegar al 32% de la pensión. El texto de las recomendaciones dice textualmente que “La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable”. Es decir, la tendencia no es rebajar la edad de jubilación, sino lo contrario. Pese a que hablamos de recomendaciones difusas, no se pretende revertir las últimas reformas de pensiones de gran calado neoliberal.

En todo este debate y trámite parlamentario, también parece que puede tratarse y/o reformarse el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores en empleos penosos e insalubres.  Hasta la fecha, el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Esta norma establece que el gobierno puede rebajar la edad ordinaria de jubilación en actividades profesionales y trabajos de “naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de movilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca”. Hablamos de un procedimiento poco concreto y de aplicación arbitraria. Desde la aprobación de esta norma, numerosos colectivos de trabajadores han pedido su inclusión y aplicación sin éxito. Hasta hace unos pocos años solo ocho profesiones podían acceder a esta modalidad de jubilación anticipada: mineros, trabajadores del mar, ferroviarios, artistas, toreros, bomberos y personal de vuelo.

La extensión de estos colectivos es muy reducida: en el 2020 (hasta el 31 de agosto) por cada trabajador que se jubila anticipadamente sin penalización en la pensión, se jubilan más de ocho con penalización por aplicación de coeficientes reductores[2]. No existe norma que considere los efectos en la salud de los factores típicos de la penosidad industrial clásica y que en los últimos se extienden a parte del sector servicios: trabajo en cadena, trabajo de noche, trabajo a turnos, trabajo en fin de semana, que frecuentemente se acumulan en los mismos asalariados y asalariadas y que dificultan el descanso y la vida saludable. A estos factores propios de la organización industrial se agregan los resultantes del actual modo de producción mercantil: just in time, plazo de entrega al cliente, etc. Como demuestran los estudios de ergonomía, la repercusión en la salud de las constricciones varía según la posibilidad de los asalariados de realizar su trabajo con autonomía y reconocimiento, incrementándose cuando carecen de margen de maniobra en cuanto al cómo y el cuándo de realización de las tareas[3].

Están en auge las exigencias de reducir la edad de jubilación por parte de grupos profesionales que realizan trabajos de tipo penoso o peligroso, alguno de los cuales lo ha logrado (los bomberos, policías locales, Ertzaintza) pero no otros, como los trabajadores de la construcción. Estas reivindicaciones pueden deberse a dos razones complementarias: la primera consistiría en la conciencia del despropósito que supone que otros trabajadores con condiciones de trabajo mucho más cómodas cesan en el trabajo –por planteamientos empresariales- a edades muy inferiores (trabajadores del sector financiero, etc.); la segunda sería la existencia de ejemplos muy favorables en la Unión Europea (aunque en fase de restricción).

En las  Recomendaciones del Pacto de Toledo hace mención a este importante asunto, indicando que se debe “mejorar el marco normativo para favorecer la identificación de estos colectivos”, para que se cumpla la función de proteger la salud y/o vean reducida su esperanza de vida y que “mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas —atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Nada más se concreta en un grave y complejo problema. Para empezar no deberían existir trabajos de naturaleza penosa e insalubre. Pero esa es una reivindicación nada fácil, ni inmediata. Dicho esto, el retiro anticipado debe ser el último eslabón de la lucha reivindicativa, o al menos no el único factor a tener en cuenta. Aun en el caso hipotético de conseguirlo, no podemos conformarnos en que los trabajadores que lleguen a los 55 o 60 de edad con la salud maltrecha a causa de unas malas condiciones de trabajo estructurales, se puedan jubilar. Por supuesto que es necesario, pero tendremos que abordar el problema globalmente y a largo plazo, exigiendo una respuesta política para abolir los empleos insalubres, mediante medidas concretas y acciones de mejora como la reducción de la jornada laboral y mejoras amplias y concretas en la legislación de prevención de riesgos laborales. Por tanto, urge mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del empleo, sobre todo en los sectores donde existe mayor explotación, penosidad y peligrosidad. Dicho esto, mientras existan, cualquier mejora es bienvenida, incluida la jubilación anticipada sin la aplicación de coeficientes reductores en la cuantía de la pensión.

Por otro lado, no existe tratado o legislación internacional que defina concretamente este tipo de trabajos. Se suele entender que hablamos de trabajos duros, de grandes exigencias físicas, y exposición a diferentes y serios riesgos laborales. Son actividades laborales en las que existe una alta tasa de siniestralidad. Pueden ser trabajos en los que se está expuesto a agentes físicos, químicos o biológicos nocivos y tóxicos. Tareas en las que se realizan operaciones sumamente peligrosas en los que el trabajador o trabajadora se juega la vida con frecuencia. La historia del movimiento obrero está repleta de grandes dramas y catástrofes colectivas a causa de este tipo de trabajos.

Pese a los cambios conocidos en las estructuras productivas y la organización del trabajo, continúan existiendo empleos y actividades laborales de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa e insalubre. El carácter de los trabajos y las tareas laborales cambian permanentemente y nos enfrentamos a viejos y nuevos problemas. Proliferan empleos con ritmos de trabajo extremadamente intensos donde están presentes factores psicosociales desfavorables como el estrés, ansiedad, presión temporal, órdenes contradictorias, gran carga física y mental, tensión, nerviosismo, sensación de apremio en el tiempo, etc. Existe una carencia de estudios psicosociales y pautas preventivas claras en la materia en sectores como el de limpieza o reparto a domicilio. Las propias condiciones en las que se realizan las tareas influyen decisivamente. Hablemos por ejemplo de las denominadas kellys, cuyas tareas suponen un gran desgaste físico. No es lo mismo poder limpiar una habitación con o sin presiones desmesuradas. No es lo mismo limpiar habitaciones continuas, a tener que desplazarse de una a otra casa turística cargada con el material por todo tipo de cuestas y escaleras. En ocasiones, uno de los principales factores de que un trabajo sea un infierno consiste en la carga de trabajo y su intensidad. Pero es evidente que si se trabaja durante años bajo unas condiciones laborales penosas es muy probable que se sufran accidentes laborales y se desarrollen enfermedades profesionales. Esperemos que la nueva norma incluya a cuantos más colectivos de riesgo mejor. Pero, es necesario que en el actual debate sobre acceso a jubilación anticipada para profesiones de riesgo, no solo se hable de cuales deben incluirse sino de mejorar las condiciones de trabajo desde ya en todas las profesiones y empleos, sobre todo en los más precarios.

Raúl Navas, trabajador de Correos y delegado sindical.

Mikel de la Fuente, profesor (jubilado) de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU y miembro de la redacción de viento sur.

[1] “El ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir”. El Mundo, 22/01/2013, https://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/22/internacional/1358870209.html

“Que se den prisa y se mueran”, El País, 22/01/2013,  https://elpais.com/sociedad/2013/01/22/actualidad/1358865219_550162.html

[2] 5.468 frente a 46.968 según el Informe Económico-Financiero a los Presupuestos de la Seguridad Social para 2021, p. 202.

[3] Véase el modelo teórico, con importante refrendo empírico, sobre los riesgos psicosociales en el trabajo desarrollado por el Instituto ISTAS de Barcelona, que ha adaptado el método del prestigioso Instituto de Salud Laboral de Copenhague.

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A los militares españoles le pagamos los trabajadores (los únicos que pueden generar riqueza), incluido los 18 mil millones de euros que anualmente le pagamos a los Ejércitos de la OTAN más la deuda pública atribuida al Ejército que se sitúa entre 20 y 30 mil millones de euros. ¿Qué tiene de especial el servicio a la Patria prestado por un militar que no tenga el servicio a la Patria que presta un peón de albañil, un tractorista, un licenciado universitario que repone productos en las estanterías de un supermercado o un catedrático de Universidad pública, etc? ¿Qué tipo de derecho especial tienen y en base a qué?

 

Cartas de militares a Felipe VI: Un régimen entre la reforma y la contrarreforma

 

Jaime Pastor

El Viejo Topo

10 diciembre, 2020 



“¿Cómo se puede hacer una democracia con gente que ha estado toda la vida al servicio de la dictadura franquista? ¿Hasta dónde llegará la ingenuidad, por no decir otra cosa como tontería, jactancia, autosatisfacción, conformismo de la izquierda del país”,

Raimon, 1 de marzo de 1981, La vida inmediata.1981. Diario de trabajo

La publicación de las cartas de 39 militares retirados de la XIX promoción del Ejército del Aire (con el ya famoso Francisco Beca a la cabeza) y de otros 73, también retirados, pertenecientes a la XIII promoción del Ejército de Tierra -a las que han seguido otras de militares en situación similar pero con postulados compartidos[1]-, dirigidas a Felipe VI y al Presidente del Europarlamento y amplificadas por el contenido del grupo de Whatsapp del que formaban parte muchos de ellos, ha vuelto a poner de actualidad algo que era un secreto a voces. El ex militar de la UMD y ahora vicepresidente del Foro Milicia y Democracia, José Ignacio Domínguez, ha venido a recordárnoslo denunciando abiertamente en distintos medios, entre ellos infolibre.es: que “el franquismo tiene una gran implantación en el Ejército y Franco es respetado”. Una constatación compartida por otro miembro del mismo Foro Miguel López en el mismo medio digital (“Yo soy uno de esos 26 millones de hijos de puta”) alertándonos de que“aún está pendiente la entrada de la democracia en los cuarteles”.

Ya había precedentes relativamente recientes de este tipo de manifiestos, como el que en agosto de 2018 protagonizaron más de mil oficiales retirados (de ellos 70 generales y almirantes), con el título suficientemente expresivo de “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España”. Un documento que provocó una modesta respuesta de militares antifranquistas y que costó una sanción disciplinaria a uno de los firmantes, el cabo Marco Santos. Por eso no tiene sentido alguno que, frente a ese cúmulo de evidencias, la actual ministra de Defensa se empeñe en decir que los firmantes “sólo se representan a sí mismos”, en lugar de, como bien dice otro ex militar sancionado, Luis Gonzalo Segura, reconocer que éste es un problema estructural y como tal ha de abordarse.

Las descalificaciones, insultos y llamamientos a un pronunciamiento que se expresan en esas cartas y whatsapps contra “el gobierno social-comunista, secundado por filoetarras e independentistas”, acompañadas de amenazas -como la de fusilar a 26 millones de españoles…-,no sólo reflejan una visión interesadamente distorsionada de la realidad política española, sino sobre todo la pervivencia de una cultura política reaccionaria en esta institución clave del Estado.

Una institución cuyo mando supremo, no lo olvidemos, está en una monarquía que ha demostrado en más de una ocasión situarse por encima de los otros poderes del Estado. Por eso no cabe extrañarse de que los sucesivos manifiestos se hayan dirigido a Felipe VI y que éste siga sin responder públicamente a esas cartas golpistas, a diferencia de lo que hizo ante el referéndum celebrado en Catalunya el 1 de octubre de 2017. Habrá que darle toda la razón al gran periodista Alfredo Grimaldos, recientemente fallecido, cuando sostenía que “el franquismo no es una dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de poder específica que integra a la nueva monarquía”.

De nuevo, de aquellos polvos estos lodos

Así que no nos sorprende a quienes fuimos y seguimos siendo críticos de la modélica Transición la ausencia dentro de esta institución de una cultura política democrática –y, por tanto, antifranquista- a lo largo de las más de cuatro décadas de vida de este régimen.

Esa tarea de socialización política era difícil cuando el régimen surgido de aquella Transiciónhabía sido resultado de una transacción asimétrica con unos poderes fácticos, entre ellos el propio Ejército, que lograron imponer a la mayoría de la oposición unos límites intocables al proceso de democratización que se quiso impulsar desde la movilización popular y que pronto quedó bloqueado. Uno de esos límites era precisamente que esa voluntad democratizadora no entrara en los cuarteles y fuera generosa con las intentonas golpistas, como pudimos comprobar con ocasión de la Operación Galaxia y, luego, del golpe de estado del 23F de 1981. Porque esa fue la oportunidad histórica para emprender una depuración radical de las Fuerzas Armadas, totalmente desaprovechada por el gobierno de Felipe González, confiando (¿ingenuamente?) en que la modesta reforma de Narcís Serra y la incorporación a la OTAN desviaran la atención de la jerarquía militar sobre la política interna.Como si la participación activa en las guerras imperialistas –en las que se deshumaniza al enemigo- sirviera de instrumento de educación democrática. Por eso no debería llamar la atención que entre los firmantes de las cartas figuren militares implicados en esas operaciones presuntamente humanitarias.

Ha sido esa política del avestruz ante la pervivencia de un conservadurismo de matriz franquista en el seno del Ejército la que ha permitido que ahora, estimulados por el contexto internacional de ascenso de la extrema derecha, del trumpismo y de fuerzas como Vox, muchos de los que eran altos mandos hasta fechas recientes no muestren ningún complejo en expresar su ideario reaccionario en el espacio público.

Si a todo esto sumamos la crisis de legitimidad de la monarquía, derivada tanto de los escándalos de corrupción como del creciente intervencionismo político de Felipe VI, con la unidad de España como metavalor a defender por encima de los derechos y libertades de la ciudadanía, no es difícil entender sus temores a ver amenazados ese enclave ultraautoritario y los sagrados valores en los que se han (de)formado, convencidos de que todo estaba “atado y bien atado”.

Un Estado no tan profundo y cada vez más visible

En una entrevista reciente en la revista Contretemps, Pierre Dardot y Christian Laval expresaban sus reticencias al concepto de Estado profundo argumentando que esa noción “tiene el inconveniente de dar a pensar que el gobierno supondría un Estado superficial, situado por encima del primero [el profundo], que actuaría en la sombra con maquinaciones secretas que el segundo ignoraría”. Y, en efecto, por mucho que continuemos bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, el gobierno español ya no puede decir que ignora todo lo que ocurre en el seno del Estado: del mismo modo que las cloacas han sacado a la luz nuevos escándalos, ahora lo que pasa en el Ejército no se puede decir que no se conocía.

No se puede entender estas iniciativas más que como una forma de visibilización pública de la participación activa de un sector significativo del Ejército como parte de un bloque reaccionario (el de la foto de Colón, con Vox a la cabeza) que no se resigna a abandonar una estrategia de tensión que permita frenar cualquier veleidad reformista del régimen por parte del gobierno de coalición PSOE-UP. Por eso Vox los ha recibido con orgullo (“Son nuestra gente”) y el líder del PP ha tardado en desmarcarse…de las barbaridades del grupo de Whatsapp, pero no de los manifiestos.

Es el PSOE, partido que ha sido clave para la construcción y estabilización del régimen, el que se encuentra ahora en medio de un fuego cruzado entre, por un lado, ese bloque reaccionario y, por otro, el que quiere ir construyendo UP con el PSOE, ERC y EHBildu, pero también con el PNV y otras de menor peso parlamentario. Un bloque que en el caso de UP ya no aspira a la ruptura con el régimen sino, más bien, a un proyecto reformista con sentido de Estado que marque el inicio de una nueva modernización de la sociedad española y del régimen. Proyecto que no parece que implique poner en cuestión la política de concertación social con la gran patronal, como estamos viendo con los fondos europeos, ni romper con la élite tecnocrática que mantiene el hilo directo con Bruselas, pero sí con las derechas españolas. Así se desprende de declaraciones de su líder, Pablo Iglesias, cuando propone “una mayoría de dirección de Estado que va a mantener a la derecha fuera del gobierno por muchos años”.

Con todo, esos propósitos son ya demasiado peligrosos para un bloque que mantiene una concepción patrimonial del Estado y de la Constitución y no se resigna a ser oposición parlamentaria mientras estén en peligro pilares fundamentales para ella, como son su idea de una España uniforme o una monarquía que pueda ejercer su falsa neutralidad ante momentos conflictivos que puedan surgir en el futuro. En estas líneas rojas, que también ha compartido históricamente el PSOE, se va a apoyar el PP para dirigirse a la izquierda patriótica de ese partido, y de ellas es consciente el resiliente Pedro Sánchez, alguien capaz hasta ahora de superar todas las pruebas que se ha encontrado por delante para mantenerse en el gobierno, aun a costa de desmentirse constantemente respecto a sus propias promesas y declaraciones anteriores.

La última y la más importante prueba de la nueva legislatura, la de los Presupuestos, ha sido ya saldada con éxito, si bien esto no ha sido sin renuncias importantes tanto por UP como por ERC y EH Bildu, no siendo entre las menores la ausencia de una reforma fiscal progresiva o el aumento de los gastos militares y de la Casa real, como en un análisis crítico ha señalado Daniel Albarracín.

¿A dónde va el PSOE?

Así que, una vez superada esta batalla parlamentaria, habrá que ver cuál es la orientación que va a adoptar el líder del PSOE, la única formación política que, como bien saben -y presionarán a favor de ello- los grandes poderes económicos, puede reconstruir un nuevo extremo centro, capaz de dividir a las derechas y subalternizar a las fuerzas a su izquierda para emprender un nuevo camino hacia la recomposición del régimen.Todo esto sin cuestionar el paradigma neoliberal y sin ninguna garantía de estabilidad política en medio de una crisis pandémica, ecosocial, político-institucional, nacional-territorial y de derechos –en primer lugar, los que está negando la Europa fortaleza ahora en Canarias- que tiende a profundizarse.

Un proceso de recomposición que, ahora que se conmemora el 42 aniversario de la Constitución y pese a la desmovilización social de las clases populares, no podrá obviar que el debate sobre reforma o ruptura destituyente siga estando en la agenda política y, con ella, la exigencia creciente, como demostró la encuesta de la Plataforma de Medios Independientes el pasado 12 de octubre, de un referéndum sobre la forma de Estado. Junto a ellas, el reconocimiento de la plurinacionalidad con todas sus consecuencias, como el derecho a decidir su futuro de pueblos como el catalán, confrontado una vez más al gobierno de las togas (Martín Pallin) y su derecho penal del enemigo, como hemos visto ahora con el nuevo castigo a las presas y presos del procés.

Cuestiones todas ellas que el conjunto del establishment sigue viendo con terror y que, sin embargo, tampoco el PSOE muestra voluntad de abordar, como su líder ha reiterado recientemente: “Mientras el PSOE empuñe el timón del Gobierno, la Constitución regirá en España de un punto a otro y de principio a fin. Vamos a defender la Constitución a las duras y a las maduras (…). El PSOE se siente plenamente comprometido con el pacto constitucional en todos sus términos y extremos”. Léase, “seguiré aceptando el espíritu y la letra de la Constitución y de los consensos de la Transición”. Por ello,  es difícil esperar de este gobierno algo que vaya más allá de un reformismo sin reformas en su sentido fuerte, que son las que harían falta en estos tiempos de malestar popular y de disputa por el espacio público frente a una extrema derecha cada vez más envalentonada.

 

Notas

[1] La última, hecha pública este sábado 5 de diciembre, de 270 militares: https://www.publico.es/politica/otros-270-militares-retirados-advierten-del-deterioro-democracia-y-acusan-al-gobierno-imponer-pensamiento-unico.htm

Artículo publicado originalmente en Viento Sur.