domingo, 25 de octubre de 2020
El Pacto de Toledo no es un camelo, ES UN ROBO, que comienza con las reformas iniciadas por el gobierno del PSOE en 1985 contra las condiciones de vida de los trabajadores que representamos la inmensa mayoría de la población, que a su vez somos los que creamos la riqueza que otros no trabajadores (una exigua minoría de la sociedad) disfrutan, y que culminará en 2022 con que un pensionistas cobrará el 30% menos de la pensión que le correspondería de no haberse llevado a cabo la reforma de 2011. Estos son hechos y no juicios de valor, y a los hechos hay que responderles con hechos. Cuestión nuestra, de los trabajadores, es descubrir con qué hechos y de qué forma podemos responder al hecho de que hoy nos roban más que ayer pero menos que mañana. Y para ello no hay fórmulas mágicas ni soluciones milagrosas del primer milagrero que aparezca, sino acción política consciente, acción política desde el punto de vista e intereses de las clases trabajadoras (porque los jefes del PSOE, PP, VOX, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y otros también hacen política, pero esa política la hacen desde el punto de vista e intereses de los capitales que con contrarios a los intereses de los trabajadores). La forma de empezar a ver qué podemos hacer y cómo tiene su comienzo en los casos particulares de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, son las Agrupaciones locales; Círculos y Asambleas locales, respectivamente. Y como el funcionamiento efectivo de las Agrupaciones locales, Círculos y Asambleas locales no lo han hecho ni lo van a hacer los correspondiente jefes, lo tenemos que empezar a hacer nosotros, y mientras más tardemos en empezarlo peores cosas veredes amigo Sancho, porque Sanchico mío, esos 140 mil millones de euros (140.000.000.000) venideros de la Unión Europea como tética monja para salir de la situación, según los más volanderos políticos, no son más que otros 140.000.000.000 de euros que saldrán de las costillas de los trabajadores para asegurar el crecimiento de los capitales, con lo que las condiciones de vida de los trabajadores y, en consecuencia, de la inmensa mayoría de la población necesariamente empeorará. Que se me olvidaba: blanco y en botella.
¿Mejora realmente el acuerdo del ‘Pacto de Toledo’
las pensiones públicas y el derecho a la jubilación?
KAOSENLARED
25.10.2020
El viernes La Comisión Parlamentaria
denominada ‘Pacto de Toledo’ aprobó por consenso un conjunto de recomendaciones
sobre el Sistema de Pensiones en el Estado Español que, más que probablemente,
acabarán convirtiéndose en una una nueva ley de reforma de las Pensiones, tras
el correspondiente trámite parlamentario y su aval por la llamada Mesa de
Diálogo Social.
En un primer análisis crítico de su contenido, al contrario de lo que hacen los medios convencionales de prensa, conviene resaltar:
-El acuerdo no deroga la ley de 2011
(la del PSOE de Zapatero y apoyada por CCOO y UGT) ni la de 2013 (la del PP),
aunque algunos aspectos sustanciales de esta última sí se modificarían (la
actualización anual de las pensiones volvería a ser según el IPC y
desaparecería el factor de sostenibilidad). Es decir, la edad de
jubilación ordinaria seguirá en los 67 años y el cálculo de la pensión se hará
en base a 25 años cotizados. Esto último supone que, en 2022, cuando
concluya su aplicación, la bajada estimada de la pensión inicial habrá sido de
un 30%.
–Se penalizará todavía más la
jubilación anticipada, con el objetivo de forzar el retraso de la edad
efectiva de jubilación, aproximándola a la legal.
-¿Pensiones dignas? La
mayoría de las pensiones, en torno al 60%, seguirán sin alcanzar el SMI
y menos todavía los 1084 euros que establece la Carta Social
Europea, ni se reducirá la brecha de género.
-El texto contiene un elemento
fundamental que profundizará en la privatización del Sistema
Público de Pensiones ante la perspectiva de pensiones públicas
claramente insuficientes. Se trata de los planes de pensiones
complementarios o colectivos, es decir, la desviación de una parte del
salario directo del trabajador a salario diferido mediante fondos de pensiones
negociados en los convenios de empresa o sector que, siguiendo
el modelo vasco (en realidad británico) que se toma como referencia, servirá
para que los gestores de esos fondos (banca, aseguradoras y, atención, los
‘sindicatos representativos‘) hagan negocio o se financien a través de
ellos.
Su contenido queda lejos de las reivindicaciones
principales del movimiento de pensionistas agrupado en torno a la COESPE que
no reconocía como legítimo el ‘Pacto de Toledo’ y que, con su movilización
sostenida, es la que verdaderamente obligó al PP a hacer marcha atrás en sus
planes, cediendo en su pretensión de recortar las pensiones sin aplicar el
IPC. Y lejos también de la posición de IU y Podemos que, cuando estaban
fuera del gobierno, decían defender.
Finalmente, conviene no olvidar que
el Pacto de Toledo nació para el «análisis de los problemas estructurales
del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse» según
constaba en el documento aprobado en el Congreso de los Diputados el 6 de abril
de 1995. Después, ya en 1999, se transformó en una Comisión permanente de
seguimiento y evaluación de los acuerdos de ese documento inicial. Es decir, se
creó para justificar el mantra tantas veces repetido de que las pensiones
públicas son insostenibles y, por lo tanto, hay que recortar el derecho
de jubilación para garantizar su futuro. Un discurso neoliberal hecho a la
medida de los empresarios y muy particularmente del capital financiero,
interesado en la privatización del jugoso negocio multimillonario que supone su
gestión (como la educación o la sanidad, por ejemplo). Y el acuerdo del pasado
viernes es una etapa más en esa trayectoria de largo recorrido (que tuvo un
primer momento en 1985 con la reforma que realizó el gobierno de Felipe
González), a la que se prestan tanto la izquierda institucional como los
dirigentes de los sindicatos burocratizados.
Kaos. Laboral y Economía
Acuerdo en el Pacto de Toledo
Tras más de cinco años de debates,
el Pacto de Toledo, en el que están presentes los partidos del arco
parlamentario, ha acordado sus recomendaciones para la reforma de las pensiones.
Propuestas como subir las prestaciones con el IPC, garantizar su
solidaridad, suficiencia o equidad o un plan de saneamiento de
las cuentas deberán ser ratificadas el próximo martes.
Con el acuerdo, se pone fin a un
camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la
presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició
el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de
pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.
Aumento de las pensiones con la
inflación
Entre las principales aportaciones
del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia
para las revalorizaciones anuales de las pensiones, ya logrado en la última
legislatura hábil.
Respecto al cálculo de
la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo
en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión –hasta 25
años en 2022–, pero apuesta por la elección de los mejores años con
el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.
Finalmente, además respalda medidas
para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto
también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada
forzosa con largas carreras de cotización. El Pacto de Toledo emplazará al
Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas
penalizaciones.
Respecto a los planes
complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por
los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos
en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y
legales para este tipo de sistemas.
Sobre el plan de saneamiento,
consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios
–como bonificaciones, prestaciones de desempleo o maternidad, entre otras– para
empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado,
y no desde las cuentas de la Seguridad Social. Para el 2023 se contempla acabar
con el déficit.
Asimismo, las recomendaciones aluden
a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde
la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la
deuda del sistema.
De igual forma, el Pacto, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de “encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”.
Fuente: Agencias
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sábado, 24 de octubre de 2020
Coronavirus. Lo que no se ha dicho de la epidemia de coronavirus
Lo que no se ha dicho de la
epidemia de coronavirus
Público.es
MARZO 3, 2020
Una profesora imparte clase en un aula
preparada para evitar el contagio del coronavirus en Taipei (Taiwán). EFE/
David Chang
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas,
Universitat Pompeu Fabra
Hay tres dimensiones de la propagación
de la epidemia del Coronavirus (Covid-19) que apenas se han citado en los
mayores medios de información y que tienen, sin embargo, una
enorme importancia para poder prevenir y proteger a la población del gran daño
que este tipo de fenómenos están causando.
Una de ellas es la creciente frecuencia de epidemias de virus. En un período
relativamente corto hemos sido testigos de varias epidemias, algunas de ellas
con potencial para convertirse en pandemias: Ébola, SARS, MERS y
ahora el Coronavirus. Este crecimiento en la frecuencia ha sido objeto de gran
atención por parte de expertos en salud pública, que en parte predijeron la
epidemia actual en el año 2018. Según uno de ellos, Peter
Daszak, presidente de la EcoHealth Alliance de Nueva York, la
causa de este incremento es el aumento del contacto de los seres humanos con
animales (todos ellos portadores de virus) como resultado de
muchos factores, entre los cuales se incluyen, según Daszak, desde la agresión ecológica a la naturaleza (con un
incremento del acceso a lugares antes inhóspitos) hasta una mayor movilidad de personas y animales a nivel mundial.
La relación personas-animales es clave, pues todas estas epidemias están
causadas por virus cuyo hábitat normal es entre los animales. Todas estas epidemias han comenzado, pues, con virus que viven en
animales y que se adaptan al ser humano. Otro factor que contribuye
a ello ha sido el escaso desarrollo de las medidas
higiénicas, tanto de los animales como de los seres humanos, lo cual
explica que todas estas epidemias se iniciaran en países en vías de desarrollo.
La respuesta predecible y errónea a la aparición de las epidemias
Ahora bien, como bien indica el mismo
Daszak en su artículo en The New York Times,
"Welcome to the age of pandemias" (28 de febrero de
2020), una de las principales causas del crecimiento de tales epidemias ha sido
que las sociedades no están preparadas para hacerles frente, como
demuestra la manera en cómo se está respondiendo a cada una de estas epidemias.
La respuesta más común es intentar encontrar fármacos o vacunas que puedan
prevenir o curar tales enfermedades, una vez estas han aparecido (asumiendo
erróneamente que se pueden producir en cuestión de días). Cuando por fin se desarrollan, la epidemia ya se ha convertido en
pandemia. Lo que debería hacerse es producir tales vacunas antes, no después de
que ya se hubiera propagado la enfermedad. Esto es lo que no ocurre,
y ahí está el gran error. La falta de preparación para evitar que la epidemia
tenga lugar. Lo que urge hacer es desarrollar vacunas
frente a los posibles virus que ya existen en la fauna animal, para estar
preparados tan pronto como aparezcan los primeros casos. Ello, junto con la
necesaria mejora de los servicios preventivos, tanto en salud humana como
animal, sería un elemento fundamental para prevenir tales epidemias.
Todas ellas han comenzado, como ya he mencionado antes, en animales sujetos a
unas condiciones escasamente higiénicas, hecho característico de los países en
vías de desarrollo. Y, de nuevo, no es por casualidad que todas estas epidemias
comiencen en estos países, los cuales sufren condiciones de gran pobreza. Estas medidas, juntamente con el desarrollo de nuevas vacunas
preventivas y nuevos tratamientos, podrían terminar con tales epidemias.
En realidad, hoy es conocido que solo en los murciélagos hay aproximadamente 50
virus relacionados con el Coronavirus, algunos de los cuales podrían saltar a
los seres humanos, y estos continúan siendo ignorados.
La parte más ignorada y más culpable de lo que ocurre: la falta de
sensibilidad social de los fabricantes de fármacos y vacunas
Lo cual toca la tercera dimensión,
ignorada en la descripción de tales epidemias: quién conduce y lidera la
investigación farmacéutica y clínica hoy en el mundo. Los productores de tales
sustancias (vacunas y fármacos) son las empresas farmacéuticas, en su mayoría
radicadas en los países ricos, que tienen como objetivo principal optimizar sus
beneficios, lo cual quiere decir que solo producen vacunas o fármacos para enfermedades
que les son rentables, según el criterio de lo que llaman "mercados".
Y, por lo general, no se obtienen grandes beneficios de enfermedades que
afectan a sectores de la población con poca capacidad de consumo en países
pobres. Es cierto que hoy, como estamos viendo, nadie se escapa de tales
epidemias, pero para cuando llega el momento en el que se han expandido ya es
tarde para desarrollar vacunas o fármacos. La previsión no es el punto fuerte
de estas empresas, cuya rentabilidad tiene que ser inmediata para justificar
tales inversiones. La indefensión de la población mundial está basada en
el modus operandi de las empresas que controlan la producción
de estos fármacos y vacunas. En realidad, la población debería concienciarse de
que su salud y calidad de vida no pueden depender de empresas que, por
definición, no tienen como principal objetivo mantener en buen estado esa salud
y calidad de vida, sino que buscan ante todo, optimizar sus beneficios,
característica del orden (o mejor dicho, desorden) económico internacional, que
se reproduce en los mayores bloques económicos hoy existentes en el mundo, un
"orden" responsable tanto de la crisis climática como de la crisis
epidémicas que frecuentemente ocurren y que afectan primordialmente a las
clases populares, tanto de los países pobres como de los países ricos. Así de
claro.
Coronavirus. Las ciencias sociales y la gestión e investigación de la Covid-19. /MANIFIESTO/
LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA COVID-19
MANIFIESTO
Sociología
Crítica
04.10.202
Las ciencias
sociales y la gestión e investigación de la COVID-19
La
declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, acompañada de las
medidas de confinamiento y control poblacional para la gestión de la crisis
ocasionada por la COVID-19, apenas tienen precedentes en la historia reciente
de nuestro país y del mundo. La pandemia ha sacudido nuestras sociedades,
poniendo al descubierto a las personas más vulnerables y desprotegidas, a la
par que llevando al límite las capacidades de respuesta de administraciones,
empresas y sociedad civil.
Con razón,
las miradas y preguntas de nuestros representantes políticos se dirigieron en
primera instancia hacia el mundo de las ciencias de la vida y la salud.
Especialistas en epidemiología, virología y salud pública tenían las claves de
la expansión de la pandemia y su control asistencial, y sus contribuciones
fueron fundamentales durante los primeros esfuerzos de contención.
Pero los
efectos de la COVID-19 no se limitaron al ámbito clínico o epidemiológico.
Desde el primer momento la pandemia demostró la virulencia de su dimensión
social: sobre el empleo y el sistema productivo, sobre las geografías formales
(renta, movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de nuestras
ciudades, sobre la gestión de los datos, la gestión hospitalaria, las
estructuras familiares o los procesos de gobernanza de la administración
pública. El mundo que la COVID-19 desplegó ante nuestros ojos resultó ser,
desde el primer momento, un mundo social.
Llama la
atención, por tanto, la relegación y abandono a que han sido sometidas las
ciencias sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-19. La
convocatoria de proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III,
la única convocatoria del sistema nacional de ciencia que a la fecha ha
destinado fondos públicos a la investigación sobre la COVID-19, no seleccionó
ningún proyecto de ciencias sociales entre el centenar de proyectos
financiados. Dotada de un presupuesto cercano a los 24 millones de euros no
puede sino sorprender que no se estimara necesario estudiar las dimensiones y
efectos sociales de la pandemia.
El olvido
para con las ciencias sociales se ha reproducido en otras instancias
consultivas y de gestión. La participación de científicos/as sociales en
comités u órganos de asesoramiento, en universidades, organismos de
investigación o administraciones públicas, ha sido anecdótica cuando no
inexistente, y en casi todos los casos atendiendo a razonamientos inexplicados
u opacos.
Cuando a
principios de agosto un grupo de científicos/as del ámbito de la salud pública
y las ciencias biosanitarias solicitaron una auditoría de la gestión de la
crisis de la COVID-19 en nuestro país, los ámbitos sobre los que
incidieron—gobernanza y sistemas de decisión, cultura científica y capacidades
logísticas—señalaban problemáticas consabidas en las ciencias sociales,
respecto de las cuales, en algunos casos, llevábamos meses reclamando atención.
Por todo
ello, lejos de hacer un simple llamado de atención o cuestionamiento, queremos
hacer constar que no hay salida posible a la crisis de la COVID-19 que no
incluya los saberes y experiencia de las ciencias sociales. Necesitamos apoyar
urgentemente la investigación en ciencias sociales sobre la COVID-19.
Necesitamos incorporar las sensibilidades y perspectivas de estas disciplinas a
la gestión política de la pandemia en sus distintos ámbitos territoriales y
administrativos (central, autonómico, municipal). Necesitamos escuchar los
saberes situados que las ciencias sociales han aprendido a conjugar de la mano
de movimientos sociales y comunidades vulnerables. La pandemia está
transformando nuestra sociedad. Las investigaciones biomédicas ayudan a salvar
vidas. Las investigaciones sociales mantienen vivas nuestras esperanzas y
voluntades.
Firmantes
Asociación
de Antropología del Estado Español (ASAEE)
Asociación
Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA)
Asociación
Española de Geografía (AGE)
Asociación
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)
Federación
Española de Sociología (FES)
Contactos
Alberto
Corsín Jiménez (Coordinación Comunicado)
Cristina
Sánchez Carretero (Presidenta ASAEE)
Arantxa
Elizondo (Presidenta AECPA)
Jorge Olcina
(Presidente AEG)
Enrique
Bustamante Ramírez (Presidente AE-IC)
Manuel
Fernández Esquinas (Presidente FES)
viernes, 23 de octubre de 2020
Bojaraloz, Zaragoza. La organización económica y social por los propios trabajadores a pesar de la situación de guerra en la que se estaba. Una evidencia más de que en la producción la figura del capitalista es absolutamente innecesaria. Otra cosa es la función de dirección, imprescindible, pero que puede ser desempeñada por cualquier trabajador que reúna una determinada preparación técnica.
En octubre de
1936 se constituyó el Consejo Regional de Defensa de Aragón, fundado en la
localidad aragonesa de Bujaraloz.
El Saltodiario.com
23 OCT 2020 06:00
El 6 de octubre de
1936, un pueblo zaragozano donde residían unos cientos de personas llamado
Bujaraloz pasaba a la historia. Desde ese día entraría definitivamente en la
memoria de quienes simpatizan con la creación de un nuevo orden social basado
en la igualdad. Allí se fundó el Consejo Regional de Defensa de Aragón (CRDA).
Durante la Guerra
Civil se produjo la Revolución Española, en la que pasó a control obrero una
gran parte de la economía de la zona republicana. Campos e industrias quedaron
libres del control capitalista, sustituido por la gestión de los propios
trabajadores y trabajadoras que las hacían funcionar. Sin embargo, este extenso
experimento socialista no se vio, por lo general, correspondido con la creación
de instituciones políticas que lo acompañaran, manteniéndose, con matices según
los territorios, la estructura del Estado republicano. Bujaraloz iría más allá,
pues el CRDA suponía el único organismo regional autónomo encargado de
gestionar la vida social. La zona oriental de Aragón (la occidental, incluida
la ciudad de Zaragoza, estaba en manos de los golpistas) pasaba así a la
vanguardia revolucionaria en España.
La localidad aragonesa fue elegida por
ser el cuartel general de la Columna Durruti, que contaba con 6.000
combatientes y estaba dirigida por el legendario revolucionario leonés
La localidad
aragonesa fue elegida por ser el cuartel general de la Columna Durruti, que
contaba con 6.000 combatientes y estaba dirigida por el legendario
revolucionario leonés. El nombre oficial del evento del 6 de octubre era Pleno
Extraordinario de Sindicatos y Columnas del Comité Regional de Aragón, Rioja y
Navarra de la Confederación Nacional del Trabajo. Acudieron 174 personas en
representación de los sindicatos de 139 pueblos, así como representantes de
otras columnas, aparte de la mencionada, que actuaban en el Frente de Aragón,
como la Columna Roja y Negra o la Carod-Ferrer.
LA
COORDINACIÓN DEL ARAGÓN REVOLUCIONARIO
Uno de los objetivos
principales del pleno fue tomar la decisión de si Aragón quedaría encuadrado en
la estructura republicana o si, siguiendo las directrices cenetistas sobre el
papel, formaría una organización propia encargada de mantener las conquistas
revolucionarias de los últimos meses. La reunión opta por lo segundo y así nace
el CRDA, con siete integrantes de la CNT pero dejando la puerta abierta a la
participación de dos miembros de UGT y uno de los partidos republicanos.
El presidente,
elegido días después, será Joaquín Ascaso, uno de los militantes más conocidos
del Sindicato de la Construcción de Zaragoza y primo de Francisco Ascaso, el
compañero de luchas de Durruti fallecido el verano anterior. La secretaría la
ostentará Benito Pabón, diputado a Cortes por el Partido Sindicalista, además
de afiliado a la CNT. Como es lógico, la autonomía proclamada por el CRDA y su
hegemonía cenetista serán objeto de duras críticas desde otros sectores del
bando republicano fuera de Aragón. El CRDA se defenderá: “Nosotros hemos nacido
sin pedir permiso a nadie más que al pueblo soberano (…) La actuación de este
Consejo no tendrá matiz partidista. Defenderá por igual a republicanos,
socialistas, comunistas y anarquistas”.
Desde la revolución de julio no son
pocos los conflictos entre el sector civil y el militar, por ejemplo con
destacamentos militares vinculados a diversas organizaciones políticas que
ignoran sistemáticamente las disposiciones de los nuevos organismos locales
Otra de las
cuestiones fundamentales es aclarar la relación entre el sector civil (los
pueblos y colectividades) y el militar (las columnas). Desde la revolución de
julio, y también según se van conquistando nuevas plazas, no son pocos los
conflictos entre ambos, por ejemplo con destacamentos militares vinculados a
diversas organizaciones políticas que ignoran sistemáticamente las
disposiciones de los nuevos organismos locales. En este sentido, se plantea si
el esfuerzo de guerra debe quedar también bajo control del CRDA, lo que
finalmente es rechazado: se crea un Comité de Guerra con los representantes de
las columnas y dos delegados del Consejo. Respecto a los atropellos de los
cuerpos armados sobre la vida civil, Ascaso —él mismo combatiente hasta
entonces— los denunciará en repetidas ocasiones.
Los esfuerzos del
CRDA se dedicaron a varios ámbitos. En cuanto al orden público, acabó con la
violencia indiscriminada en la retaguardia. También contribuyó a mejorar la
sanidad y la enseñanza (varios de sus componentes eran maestros). En la parte
económica, una de sus metas era combatir el abuso que se producía en el
comercio exterior hacia los trabajadores agrícolas, así como apoyar las
colectividades (muchas de la CNT, pero también mixtas). En febrero de 1937 se
celebró en Caspe el congreso extraordinario de colectividades, que da cuenta de
su implantación: existen en ese momento 280, con 141.794 afiliados.
VIDA EFÍMERA
El Consejo no duró
mucho. Reconocido por el Gobierno poco después de su creación, meses después
fue perdiendo competencias, a medida que el Estado iba sofocando el clima
revolucionario en toda la zona antifranquista. Finalmente, en agosto de 1937 el
Gobierno de Indalecio Prieto disolvió la experiencia aragonesa manu
militari, y sus responsables cenetistas fueron detenidos.
Sin embargo, muchas
colectividades se reorganizaron en cuanto pudieron para seguir funcionando
hasta la caída de Aragón, para seguir poniendo en práctica lo que destacaba el
anarquista maño Félix Carrasquer: “Lo que sorprende o debería sorprender, al
estudiar con rigor aquellos hechos, es la capacidad de autoorganización que
demuestran obreros y campesinos, iletrados en su mayoría; la eficacia en
satisfacer por ellos mismos sus necesidades, máxime en tiempo de guerra; el
talante profundamente libertario con el que acometen la convivencia colectiva,
sin imponer a nadie la revolución y respetando las minorías disidentes, fueran
estas del tipo que fueran. ¿Cuándo se ha visto una revolución de este tipo?”.
jueves, 22 de octubre de 2020
Pensionistas. Pero en realidad no son tales, sino que forman parte de la inmensa mayoría de la población que son Sus Señorías, Excelentísimas, Ilustrísimas y siempre heroicas clases trabajadoras, las que con su sacrificio, abnegado trabajo ( y en esto del trabajo, sin cachondeitos. Vamos a llevarnos bien y a tener la fiesta en paz) y amor a sus familias, han levantado a la Patria y parte del extranjero, porque estas Sus Señorías (no como otras) también trabajaron en Francia, Alemania, Suiza y otras partes del mundo, y por si no fuera poco, además, con sus dineros no disfrutados han financiado a la mamporrera de las finanzas. Por ejemplo, con el dinero de sus pensiones. Ay, dinero dinerito de mis pensiones, ¿Que pa donde se te me han llevado que no te veo?, dinero dinerito de mis pensiones toledanas. Va siendo hora de que por lo menos sepamos no sólo a dónde ha ido el dinero nuestro de las pensiones de los trabajadores, sino también de los chiquilicuas que lo han estado manejando; el pellízquete que se llevaban por el manejo, etc. A lo mejor hay hasta que reformar el Código penal para que el des enladrillador que se haya llevado un solo ladrillo del ladrillar lo devuelva a su sitio, con la catecuménica pena de ir a la cárcel hasta que yo diga o, hasta que cante el lúcano. Un lúcano que sea mudo de nacimiento, no sea que tengamos mala suerte y nos aparezca uno, demócrata de toda la vida, que como caso excepcional cante.
Los pensionistas suman ya más de 141.000 firmas para exigir una auditoría de la Seguridad Social
KAOSENLARED
22 Oct, 2020
Más de 141.000 personas han firmado
ya la petición abierta en la plataforma Change.org para forzar al Gobierno y
al Parlamento a realizar una auditoría de la Seguridad Social, para
determinar su realidad financiera y esclarecer, entre otras cuestiones,
«a dónde han ido a parar los más de 103.690 millones de
euros que entre 1989 y 2013 pertenecían a la hucha de las
pensiones y que se destinaron a otras cuestiones. Fue una práctica
aparentemente legal pero incorrecta que hizo desaparecer los
excedentes de cotizaciones que hoy debían nutrir esa hucha de las
pensiones tan esquilmada en épocas de paro y crisis como la que
hoy vivimos», denuncian desde la Coordinadora Estatal por la
Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE @CoespeOficial),
que hace tres semanas dio un paso más en su lucha por conseguir que se auditen
las cuentas del sistema público, al abrir la citada petición en la plataforma
ciudadana.
“Los pensionistas queremos saber
qué se ha hecho con las aportaciones de los trabajadores, con el salario
diferido. Por ello exigimos que antes de realizar cualquier reforma de
la Seguridad Social, se realice una auditoría pública de
todas las cuentas, para que el Estado realice las compensaciones necesarias”,
reclama Juan Miguel Fernández, portavoz de la Coordinadora de
Pensionistas de Madrid (@Coorpenmadrid) e integrante de Coespe,
quien advierte de que «las cotizaciones que han desaparecido estaban
protegidas por la Ley General de la Seguridad Social, formaban parte del
Patrimonio de la Seguridad Social, y ningún gobierno puede utilizarlo para lo
que mejor le convenga, ya que su función exclusiva es atender a las
prestaciones de la Seguridad Social, y no a otros gastos, que deberían ser
sufragados por el Ministerio de Hacienda».
Además de iniciar el movimiento de apoyo ciudadano en Change.org, los pensionistas han enviado una carta al ministro de Inclusión y Seguridad Sovial, José Luis Escrivá, en la que denuncian lo que califican de «saqueo de las cotizaciones sociales» de los trabajadores a la Seguridad Social.
Tal y como explica el portavoz de Coorpen Madrid a 65Ymás, «el déficit de la Seguridad Social es un falso déficit, y dicen que no hay dinero, pero ocultan que los excedentes de la Seguridad Social se destinaron a gastos ajenos a la misma o la rebaja del déficit público”. Juan Miguel Fernández critica asimismo la tardanza del Gobierno y del Pacto de Toledo en separar las fuentes de financiación del sistema («hace 25 años que lo venimos reclamando») y en eliminar los gastos impropios de la Seguridad Social, que deberían correr a cargo de los Prespuestos del Estado.
Fernández pone un ejemplo actual: «Con la crisis,
el Gobierno ha colocado con cargo a la Seguridad
Social conceptos como los ERTE, la exoneración de pagos
patronales a la Seguridad Social, parte del salario mínimo vital, etc.».
Urge «reingresar los gastos impropios detraídos»
Las plataformas de pensionistas de
Coespe se amparan en la reciente auditoría que publicó el Tribunal de
Cuentas, donde este organismo constataba que durante años se ha
venido cargando a la Seguridad Social improcedentemente algunos pagos
que representan más de 105.000 millones de euros y que el Estado
debería reingresar a las cuentas de la Tesorería de la Seguridad social. “Lo
mismo sucede con otros cargos impropios por más de 23.000 millones de
euros de los que el ministro Escrivá informó recientemente», detallan
desde Coespe.
Esta utilización impropia del excedente
que durante años registró la Seguridad Social es lo que «ha creado el déficit,
lo que ahora siembra el miedo de los recortes, lo que empuja a
los bancos y servicios de estudios a dudar de la sostenibilidad de las
pensiones, lo que les sirve para justificar que no se puedan subir las
pensiones mínimas», resalta el portavoz de Coorpen Madrid. «Si esos
recursos se hubieran constituido en reservas, serían suficientes para abordar
todos los problemas actuales”, remacha.
Sin salarios dignos, no habrá pensiones dignas
Muy críticos con la Comisión del Pacto de Toledo y con los “discursos de la banca, aseguradoras, patronales, AIREF o el Banco de España», la Coordinadora Estatal de Pensionistas augura un otoño caliente para combatir «los mismos tópicos de otros años», en referencia al abultado déficit del sistema, a las propuestas de impulsar las pensiones privadas, y están radicalmente en contra de los «estudios actuariales catastrofistas, de la mochila austriaca y de la prolongación de la edad de jubilación», entre algunas de las medidas que están sobre la mesa de negociación del Pacto de Toledo.
Otra de las reclamaciones de los
pensionistas, en la que coinciden los sindicatos CCOO y UGT, es que las
aportaciones puntuales de fondos a la Seguridad Social se hagan mediante transferencias,
«y no mediante préstamos, para que se deje de asignar un déficit a la
Seguridad Social, que en realidad es del Ministerio de Hacienda», defiende Juan
Miguel Fernández, portavoz de Coorpen Madrid.
La Coordinadora Estatal recuerda que
la propia Ley General de la Seguridad Social (art. 109) establece que si para
atender las pensiones faltan cotizaciones sociales, el Estado hará las
aportaciones que sean necesarias.
La solución a los problemas de la
Seguridad Social «no la va a dar el Pacto de Toledo, sino que tiene que
empezar por la devolución de esos más de 100.000 millones que se han
sacado de la Seguridad Social de forma indebida, y por la derogación de
la reforma laboral y de las pensiones. Porque sin salarios dignos, no
habrá pensiones dignas», remachan portavoces de Coespe.
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miércoles, 21 de octubre de 2020
BANKIA. Problema de regla de dos aplicado a la ciencia directa del mangui mango sin vaselina y sin nada: ¿Cuántos camiones de los grandes cargados hasta los topes de mascarillas contra el coronavirus se podrían comprar con 23.466.000.000 de euros, si cada mascarilla cuesta 1 mierda partida por 100? Quien resuelva el problema que nos lo diga, porque esos son los camiones cargados de mascarillas que nos han robado los de siempre, chispa más o menos.
Bankia: la
inoperancia de los controles financieros
PUBLICADO EL21 OCTUBRE, 2020 POR DAVID DURÁN/ La Marea.com
A pesar de las
ingentes pérdidas que ocasionó la operación y el rescate público –23.465
millones de euros según los cálculos más conservadores–, la jueza
de la Audiencia Nacional Ángela Murillo decidió cerrar el caso
eximiendo de cualquier responsabilidad al equipo de gestores y consejeros del
banco. Además, en la resolución destaca que la decisión de salir a bolsa
«fue percibida como la más adecuada por las autoridades económicas», siendo el
proceso «intensamente supervisado con éxito por el Banco de
España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando con la aprobación de todas las
instituciones”.
Es el último
capítulo de una serie de impunidades que deja una de las mayores
estafas de la historia de España –en palabras de la Fiscalía Anticorrupción– con todos sus responsables absueltos.
Lo ocurrido en Bankia, específicamente durante las etapas de Miguel Blesa y
Rodrigo Rato, se podría escenificar como un supermercado donde un buen número
de encargados, guardias de seguridad, responsables de lineal, cámaras y
policías, vigilan durante años mientras las estanterías van quedando
progresivamente desvalijadas sin que nadie observe nada sospechoso, hasta
que el comercio quiebra.
Sobre el papel, el
banco madrileño había contado durante todos esos años con una gran diversidad
de controles, a nivel interno y externo, encargados de velar por el
adecuado funcionamiento de las entidades financieras. A saber:
·
Departamento de Control Interno: dependiente de la
Intervención General de la entidad, dedicado al control operativo y contable de
las actuaciones de las oficinas.
·
Departamento de Auditoría Interna: dependiente de la
Dirección General o de la presidencia del Consejo de Administración, según la
entidad. Verifica la bondad de las actuaciones llevadas a cabo por el
departamento de Control Interno, además de comprobar la existencia de manuales
de funciones y procedimientos, así como el correcto seguimiento de los mismos.
·
Banco de España: organismo encargado de la
supervisión de las entidades financieras, mediante la realización de
inspecciones orientadas a garantizar el correcto cumplimiento de las prácticas
bancarias a todos los niveles. En el caso de Bankia, el Banco de España tenía
ubicados a varios funcionarios de forma permanente en el seno de la entidad,
con acceso a todas las operaciones, documentos, actas y decisiones.
·
Instituto de Contabilidad y Auditoría Contable: adscrito al
Ministerio de Economía y Hacienda, vela por la correcta aplicación de la
función auditora en las entidades financieras.
·
Empresas auditoras independientes: sus informes
certifican que los estados de cuentas de las entidades auditadas reflejan
fielmente su situación financiera. Dichos informes son incluidos en las
memorias anuales presentadas en las asambleas de accionistas. Un clásico de las
auditorías como Deloitte ejerció esa labor en Bankia durante
las etapas de Blesa y Rato.
A estos habría que
añadir la presencia adicional de otros organismos de control, como son la Intervención
General de la Administración del Estado y la Agencia
Tributaria, dependientes del Ministerio de Hacienda, así como la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dependiente del Ministerio de
Economía, los cuales, en el caso Bankia, han intervenido de una u otra forma en
función de sus competencias.
Así pues, será
necesario elevar sustancialmente los niveles de ingenuidad para considerar a
todos estos departamentos e instituciones, dotados generalmente de
profesionales de primer nivel, incapaces de detectar anomalías tan
gruesas como las surgidas en Bankia.
Banco de España, el colaborador
necesario
La inverosimilitud de que los equipos de inspección de este organismo regulador no fueran capaces de advertir los fallos continuados de la gestión de Bankia es señalada por algunas voces como la del juez Elpidio José Silva, inhabilitado por el juicio a Miguel Blesa, “no resulta creíble que el Banco de España ignorase lo que estaba sucediendo mientras se iba a pique el sistema financiero”.
A pesar de que sí
existieron informes por parte de los inspectores del Banco de España
denunciando malas prácticas en la gestión de Bankia, éstos no pasaron de meras
recomendaciones que eran suavizadas y matizadas por sus jefes de equipo y por los
dirigentes del banco, algo señalado en su momento por la Intervención General
de la Administración del Estado.
Al contrario de lo
que ocurría con los inspectores de la Agencia Tributaria, una modificación
introducida en 2003 en la ley de autonomía del Banco de España determinaba
que sus inspectores dejaban de ser funcionarios del Estado y
pasaban a ser simples contratados laborales. Carecían, por lo tanto, de la
condición de autoridad pública y sus actos no tenían valor jurídico alguno.
Este colectivo señaló a la cúpula del Banco de España en 2015 por emitir
un informe cuestionando las conclusiones periciales del caso
Bankia y adhiriéndose a las argumentaciones de Rodrigo Rato.
En 2014, dos peritos
independientes del Banco de España designados por el juez Fernando
Andreu, concluyeron que la salida a Bolsa de la entidad madrileña fue
fraudulenta. En su informe pericial califican de “falsa la información
contenida en el resumen del folleto de emisión para la salida
a Bolsa de Bankia”. Igualmente, añaden que las cuentas anuales presentadas por
Rato y reformuladas por Goirigolzarri en 2012 “son falsas”, ya que “no
expresaban la imagen fiel de la situación económica y financiera de dichas
entidades” añadiendo aquí a la empresa matriz, Banco Financiero y
Ahorros (BFA).
En este
sentido, los peritos apoyan los informes emitidos por los inspectores José
Antonio Casaus, que proporcionó pruebas a la fiscalía de haber advertido de la
inviabilidad de Bankia, y José Antonio Delgado, que calificó la salida al IBEX
35 como “el maquillaje de un muerto” que contaba con la necesaria
colaboración del supervisor bancario.
El jefe de
Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, el
director general de Supervisión, Mariano Herrera, el jefe de grupo
de inspección en Bankia, Pedro Comín y el director de
inspección por aquellos años, Pedro González González, dimitieron en
2017 después de ser imputados por permitir la salida a Bolsa de
la entidad, “pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de
España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de
salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para
accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000
millones de euros)”.
El gobernador del
Banco de España por aquellos años, Miguel Ángel Fernández Ordóñez –alias
MAFO–, fue igualmente imputado. Meses después la Audiencia Nacional
cambió de criterio y todos estos directivos fueron exonerados. La CNMV y la auditora Deloitte quedaron
igualmente libres de responsabilidad.
El propio González
reconoció en 2019 que se ocultaron los informes oficiales sobre la salida a
Bolsa, aunque negó que existieran presiones hacia los inspectores. Pedro
González ya había declarado como testigo en 2013 por el caso Blesa,
en relación al crédito concedido a Díaz Ferrán, afirmando que no les fue
facilitada ninguna información y que no sabía nada de ese asunto.
También tuvo que comparecer años atrás por irregularidades relacionadas
con otras cajas de ahorros, como en el caso CAM o en el polémico proceso de fusión de NovaCaixaGalicia.
Como jefe del grupo
de inspectores, Pedro Comín fue quien recibió los correos de
Casaus que alertaban sobre la inviabilidad de Bankia. Admitió con posterioridad
que no hizo caso de los mismos, ya que eran “unos cálculos muy básicos”. Finalmente Mafo, el hombre
que apretó al gobierno de Rajoy para que aprobase una reforma laboral que
redujera los costes a las empresas, resolvió endosar la responsabilidad en la
caída de Bankia a una “monstruosa segunda recesión”, que, por razón no determinada,
afectó a este banco mucho más que a otros.
Con este panorama,
ha resultado profético lo escrito en el año 2015 por Elpidio Silva en su
libro El caso Blesa, donde explica que un regulador inactivo no es
solamente inútil, sino que además “se convierte en un comodín para
fortalecer la posición de los malos gestores: “afirmarán que el Banco de
España no actuó contra ellos precisamente porque no han cometido ninguna
infracción y lo prueban sencillamente manifestando una triste realidad, que el
supervisor –efectivamente- nunca los sancionó”.
El bipartidismo en la CNMV:
inversores desprotegidos
En la misma línea
que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
también fue acusada de tener una actitud relajada en el proceso de
capitalización de Bankia. El inspector Víctor Sánchez elaboró un
informe en 2006 donde señaló que el folleto de emisión de nuevas acciones,
aprobado por este regulador, contenía irregularidades y resultados
contables ficticios, incluyendo unas provisiones por insolvencia de 6.913 millones de euros.
En Bankia se colocaron preferentes a sus clientes y, con la
salida a Bolsa, acciones en las sucursales. Fernando Zunzunegui, abogado y
profesor de Derecho del mercado Financiero de la Universidad Carlos III de
Madrid, afirma que la CNMV “se debería haber encargado de gestionar las
indemnizaciones” a los afectados por estas prácticas.
Ernesto Ekaizer
señala en su Libro Negro de Bankia que “la CNMV no vio nada.
O quizá vio todo. Porque había decidido embarcarse en un proyecto cuyo timón,
bien lo sabían Julio Segura y Fernando Restoy, hombres del Banco de España,
estaba en manos de la institución dirigida desde la madrileña Plaza de
Cibeles”.
La plataforma 15MpaRato señaló
en su día que este organismo se dedicó a “aprobar y amparar” las malas
prácticas del sector en general y de Bankia en particular, relacionadas con las
preferentes y la salida a Bolsa. Para este colectivo, la CNMV “es un organismo
generador de puertas giratorias con la banca”. A diferencia de lo que
sucede en países como el Reino Unido, donde los puestos de los reguladores
financieros son nombrados mediante concurso libre, en España son elegidos
invariablemente por el poder político.
Julio Segura fue nombrado presidente de la CNMV por el PSOE en 2007 tras la
dimisión de Manuel Conthe, mientras que Fernando Restoy sustituyó
a Carlos Arenillas como vicepresidente un año después. Ambos fueron imputados en 2017 por el caso Bankia.
Segura, que en su día integró el equipo que diseñó la política económica de
Zapatero, es miembro desde ese mismo año del consejo asesor de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Restoy aterrizó aún mejor y
pasó en 2012 a ocupar el cargo de subgobernador del Banco de España.
Actualmente es presidente del Financial Stability Institute,
organismo europeo dependiente del Banco de Pagos Internacionales.
Con la entrada en
el Gobierno de Rajoy sucede el oportuno relevo en la CNMV. Elvira
Rodríguez Herrera, que ha ido encadenando altos cargos públicos con el PP
desde el siglo pasado, llega a la presidencia en 2012, año de la
nacionalización de Bankia. Actualmente ejerce como vicesecretaria
general de Acción Sectorial del Partido Popular. Ese mismo año se nombra
vicepresidenta a Lourdes Centeno, abogada del Estado de la
promoción de La Gloriosa. A los pocos meses de abandonar el cargo se
pasó al sector privado, como socia en Ernst & Young (EY),
la auditora que relevó a Deloitte en Bankia y firma sus cuentas desde entonces.
En octubre de 2020 ha recibido una sanción de 776.850 euros por parte de la ICAC, debido
a infracciones graves en las cuentas anuales de Bankia.
Miopía contable en Deloitte
La empresa auditora
cuyos informes debían certificar la bondad de los estados de cuentas de Bankia,
estuvieron año tras año presentando informes que obviaban una situación
financiera manipulada. En 2012, cuando Bankia ya estaba a punto de reventar con
la salida a Bolsa, se negaron a firmar las cuentas del ejercicio anterior,
precipitando el escándalo y la dimisión de Rato. Era tarde, la
Audiencia Nacional les imputó en 2017 por presunta complicidad y participación directa en el
diseño de la estafa de la salida al índice bursátil.
Como sucede con
frecuencia en el mundo financiero, la independencia de una firma auditora se ve
empañada desde el momento en que ejerce para la empresa auditada labores
ajenas a la auditoría. Esta empresa de origen británico, una de las
llamadas Big Four del mundo de las consultoras, auditaba a
Bankia al mismo tiempo que le cobraba casi cuatro millones de euros
anuales por labores de asesoría y consultoría.
De forma
cristalina, como dice Alberto Lardiés en La democracia borbónica, “la misma
empresa que elaboraba las cuentas se dedicaba a auditarlas. Así ocurrió
después, claro, cuando Deloitte aprobó las cuentas que presentó Bankia para
justificar su salida a Bolsa. Una salida que fue ruinosa porque las cuentas
eran una patraña”. Esta práctica –habitual en las auditoras– colisiona con el
artículo 14.2 de la Ley 22/2015, que
determina que las sociedades de auditoría “deberán abstenerse de participar de
cualquier manera en la gestión o toma de decisiones de la entidad auditada”.
En el instante de
su imputación, Deloitte echó balones fuera y trasladó la responsabilidad a su socio, el auditor Francisco
Celma. Por su parte, el representante de Deloitte en Bankia hacía
constar que nadie le había convocado en los encuentros anteriores del
comité de auditoría, y que por tanto no había tenido forma de hacerles ver la
gravedad de las salvedades que tendrían las cuentas. El Ministerio de Economía
impuso una fuerte multa a Deloitte en 2016 por “infracciones
continuadas muy graves”.
La trayectoria de
esta consultora cuenta con un dilatado currículum de irregularidades. Fue
sonado el caso de Abengoa en 2015, donde un chico de 17 años descubrió
el agujero contable que Deloitte pasó por alto en varios años de auditoría a la
empresa sevillana. En su día también fue una de las promotoras, junto con otras
grandes consultoras, del escándalo de los papeles de Luxemburgo (LuxLeaks),
la red de evasión de impuestos más grande descubierta en Europa.
Recientemente ha sido multada con 17,2 millones por amañar concursos
públicos
La intervención general del Estado elaboró en 2013 un contundente
informe sobre las inspecciones realizadas a Bankia –por entonces Caja Madrid–
entre 2006 y 2010. En el documento se afirma que la gestión durante los años de
Miguel Blesa fue “imprudente e incompetente”, permitiendo un progresivo
deterioro de la entidad bancaria. Hubo créditos fallidos e inversiones donde se
perdieron “más de 1.200 millones de euros adquiriendo el CNBF, Su
Casita, Mecalux, Sos, Iberia o NH Hoteles, entre otras adquisiciones
atropelladas y ruinosas para la Caja”.
Los interventores
de este órgano de control estatal consideran que estas actuaciones han motivado
que la situación de Bankia fuera “mucho peor que la de otras entidades
financieras similares, a las que también afectó la crisis”. En otro de los
puntos del informe señala también la actitud del Banco de España, que “debió
haber sido más severo, frenando un crecimiento desquiciado el cual
dificultó e hizo ineficaces la reconducción de los problemas”.
Todas estas
consideraciones parecen haber sido marginadas en el momento de dictar la
sentencia absolutoria.
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