TERCERA INFORMACION
06/08/2020
El país se dirige hacia su peor
recesión desde la crisis financiera de 2003, con más de un millón de
trabajadores cancelados o suspendidos, con la pandemia de covid19 haciendo
estragos debido a la desastrosa gestión gubernamental y con un sistema de salud
en gran medida privatizado. Sin embargo, los capitalistas de la industria
azucarera están de fiesta.
En el período 2019-2020, los
trabajadores de la industria azucarera lograron altísimos niveles de
producción: Central Romana, la mayor empresa del sector, anunció una zafra de
tres millones, doscientos cincuenta y ocho mil (3,258,000) toneladas cortas de
caña, produjo trescientos ochenta y dos mil (382,000) toneladas cortas de
azúcar; ciento treinta y un mil (131,000) toneladas cortas de azúcar refino y
veinte millones de galones de melaza. Se trataría de la tercera mayor zafra de
su historia. Los trabajadores del segundo mayor productor del país, el
Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), hizo su segunda mayor
molienda, para producir ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos veinte
(145,420) toneladas métricas de azúcar, la más alta de su historia. El azúcar
es uno de los rubros de exportación con mayor crecimiento este año en República
Dominicana y está bajo control de dos poderosos entramados capitalistas.
Central Romana, del grupo
cubano-estadounidense Fanjul, tiene más de doce mil (12,000) trabajadores en la
industria azucarera; por su parte CAEI, del grupo Vicini, cinco mil quinientos
(5,500) trabajadores. Ninguna de las dos empresas hizo públicas las cifras de
trabajadores contagiados y fallecidos por la pandemia o accidentes laborales en
sus comunicados celebrando las cifras de producción. Con su demagogia habitual,
los comunicados empresariales se refieren a los trabajadores como “héroes” y
“colaboradores”. Pero lo cierto es que todo el mérito y el riesgo ha sido de
los trabajadores, dominicanos y haitianos, mientras que toda la ganancia es
para los capitalistas.
Al no haber libertad sindical en
nuestro país, los dirigentes de los pocos sindicatos oficialmente reconocidos
en la industria azucarera acuerdan con los capitalistas las condiciones
laborales y salariales a espaldas de los trabajadores y los latifundios azucareros
funcionan como Estados dentro del Estado, con su propia seguridad, sus propios
toques de queda y limitaciones al libre movimiento, sometiendo a miles de
trabajadores a condiciones de semiesclavitud con la complicidad del gobierno.
Por ejemplo, en Central Romana se continuó trabajando en horarios distintos a
lo estipulado en los decretos de estado de emergencia.
El año pasado, el gobierno fijó el
salario mínimo de los empleados de la industria azucarera en 7,633.42 pesos
mensuales. La jornada de trabajo de ocho horas para los trabajadores del campo
del sector azucarero, los cañeros, está fijada oficialmente en la irrisoria
cifra de 198.24 pesos. Mientras tanto, en mayo de este año la canasta básica
promedio estaba en 31,049.91 pesos mensuales. Esto nos da una idea de la
superexplotación aplicada por este sector de la burguesía con el apoyo del
gobierno.
A la altísima exigencia del trabajo
físico bajo el sol en temperaturas extremas hay que agregar que los empresarios
suelen incurrir en trampas al pesar la caña para no honrar los pagos que
corresponden por cuotas de producción. El capitalista se queda con lo que
produce el trabajo ajeno y retribuye al trabajador con una ínfima porción de la
riqueza que ha generado. Por eso, y por los vínculos con distintos gobiernos,
es que estos latifundistas y explotadores se han hecho con otras empresas y
bienes. Insólitamente, miles de trabajadores cañeros inmigrantes haitianos han
tenido que salir a las calles sistemáticamente durante la última década para
exigir que se les reconozca su derecho a la seguridad social, luego de haber
dedicado largos años de trabajo a la industria, con sus respectivas
cotizaciones para la seguridad social, pero los distintos gobiernos se niegan a
acceder a esta justa exigencia.
La Unión de Trabajadores Cañeros, que
ha organizado esta pelea por el derecho a las pensiones, también ha venido
exigiendo para las comunidades de los 411 bateyes existentes la construcción de
instalaciones de salud y educación pública, construcción y reparación de viviendas,
así como el acceso a la electricidad y agua corriente, el respeto a la libertad
sindical y aumentos salariales. Nos solidarizamos con estas exigencias y
llamamos al conjunto del movimiento obrero y popular a apoyarlas de cara a la
llegada del nuevo gobierno, ante el cual no tenemos ninguna confianza. Solo con
la lucha unitaria podremos hacer valer estas justas reivindicaciones. Desde el
Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores consideramos que ningún
salario mínimo debería ser inferior al costo de la canasta básica promedio y
que toda persona asalariada debe gozar del derecho a organizarse sindicalmente
de manera autónoma respecto de los patronos y el Estado, para negociar
colectivamente las condiciones salariales y laborales. Para hacer valer esos
elementales derechos democráticos debemos organizarnos y luchar.
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Movimiento Socialista de los Trabajadores (República Dominicana).
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